POLITICA
Universidades y Gobierno acercan posiciones por los fondos, pero la disputa judicial frena el acuerdo
El Gobierno y los rectores de universidades nacionales mantuvieron este lunes una nueva reunión en busca de una solución al conflicto por los fondos. Las partes están más cerca de un acuerdo, pero todo está condicionado a qué hacer con el reclamo judicial de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que está bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), que integra el ministerio de Capital Humano, y los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y Anselmo Torres, de Río Negro (UNRN), en su rol de presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el encuentro se puso en consideración una “propuesta intermedia”, que permita recuperar puntos del 45,6% que perdió en términos reales el sistema universitario desde 2023.
Uno de los puntos críticos del reclamo es la cuestión salarial. La propuesta oficial es un ajuste superior del orden del 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según deslizaron varias fuentes a Infobae tanto de las negociaciones. Plantearon, además, un compromiso para no seguir perdiendo por la inflación de 2026.
El número surge de una recuperación teórica de 4 puntos de atraso correspondiente a 2024, y del orden del orden del 12% en 2025. Además, se prevé una suba del 20% para los gastos de funcionamiento, junto con una partida extra para los hospitales universitarios.
En principio, la oferta tendría cierto aval por los actores de la comunidad universitaria, pero el avance de las negociaciones se trabó porque el Gobierno quiere que los rectores retiren la medida cautelar que presentó en la Corte.
“Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones”, señaló una alta fuente universitaria al tanto de las negociaciones. Se está ajustando el texto que conforme a ambas partes, para que los abogados del Estado y del CIN puedan avanzar sin renunciar a los derechos en juego.
Para los rectores, no hay alternativa posible de resignar el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirman desde el CIN.
La demanda judicial de las universidades cuenta con una medida cautelar favorable, dos veces ratificada, aunque actualmente se encuentra suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. Ahora, la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo definido para expedirse.
Esa incertidumbre política es que la habilitó a los rectores a buscar algún tipo de solución. “El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte… y en el medio se te van los profesores”, graficó una autoridad universitaria.
El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera, que establece que toda ley debe especificar la fuente de los fondos. Por eso, insiste en que la continuidad de la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico de partes.
Por su lado, un sector de los sindicatos docentes y no docentes desconfían de estas tratativas. Incluso, los rectores reclaman que cualquier tipo de solución salarial debe incluir una “apertura de una instancia paritaria real y la construcción de un acuerdo con las organizaciones gremiales”.
“Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, indicaron desde Conadu.
Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones de la comunidad universitaria realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para visibilizar el conflicto y reiterar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la cautelar. En los últimos días, estudiantes de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires (CNBA) y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.
En estas instituciones de nivel medio, la situación del personal docente es especialmente crítica ya que también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). En las negociaciones también se está discutiendo una partida para este sector.
POLITICA
Cruces en Diputados por la Ley de Soberanía Nacional: el oficialismo consiguió dictamen con apoyo de sus aliados
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta. El Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre.
El plenario fue encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones. Las firmas del dictamen oficialista correspondieron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.
El peronismo reunió 38 firmas para su dictamen de minoría. Además, hubo otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Fuertes cuestionamientos de la oposición durante el plenario
El debate estuvo marcado por las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes cuestionaron el procedimiento y el contenido de la iniciativa.
“Es un dictamen entre gallos y medianoche”, afirmó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, agregó.
En la misma línea, Juan Marino cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar el texto a los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Juan Grabois interrogó al titular del plenario, Carlos Zapata, sobre las modificaciones incorporadas al proyecto: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”. “No le puedo contestar”, respondió el legislador libertario.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se tuvieran en cuenta las propuestas de su bancada.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó que la oposición se enterara por los medios sobre la firma de los dictámenes. “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, afirmó.
En tanto, el socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó como “invotable” la propuesta del oficialismo.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de legisladores libertarios, entre ellos Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Antes del plenario, y a propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, participaron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, encabezados por Martín D’Alessandro.
Los cambios negociados con los bloques aliados
La diputada libertaria Silvana Giudici encabezó las negociaciones con los sectores aliados para introducir modificaciones al texto. Entre los cambios se incorporaron precisiones sobre las funciones del Consejo de Seguridad y mecanismos de control parlamentario.
A partir de un planteo del MID, el dictamen establece una prohibición expresa para que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas vinculadas con infraestructuras críticas y protección marítima.
También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. De esta manera, no incluye al titular de la Cámara alta, cargo que ocupa Victoria Villarruel, quien incrementó sus críticas a la gestión presidencial.
Otro de los cambios se refiere al control parlamentario de las decisiones del Consejo. La Comisión Bicameral deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Además, se prevé un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos.
El organismo estará integrado por cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.
Modificaciones al delito de desinformación
El proyecto también introduce cambios en la figura penal vinculada con la denominada “desinformación masiva”.
El texto reemplaza la referencia expresa a “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la figura de “campaña de injerencia extranjera”. Esta última se define a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo extranjero.
POLITICA
Caso $LIBRA: reclaman que una fiscalía especializada en delitos de funcionarios actúe contra los sobreseimientos
Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como “amicus curiae” solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo .
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar “de forma prematura”, con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados.
“Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia.”
En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa “a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.
Tal como informó , la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.
Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación “garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito”, tal como establece la ley, dijeron.
Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano “no estuvo a la altura del caso”, al que debió imprimirse la “máxima diligencia”, con “coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad”. De acuerdo con las entidades, “ocurrió lo contrario”.
En ese sentido, sostuvieron que:
Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron “prematuros” porque “la propia investigación no está agotada”, pidieron que la PIA se involucre.
“No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad”, remarcaron. “La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar”.
Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.
pidió su cierre,como informó LA NACION,,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados – Nexofin
El bloque de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras recolectar 60 firmas en el plenario de comisiones, la “Ley Malvinas” quedó lista para debatirse en el recinto.
La iniciativa establece penas severas para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur. No obstante, la discusión legislativa quedó fragmentada con la presentación de cinco dictámenes de minoría opositores.
Para atender reclamos de la administración Trump, el oficialismo acotó el alcance del régimen de sanciones para las empresas extranjeras. Ante las objeciones, la dirigencia eximió de responsabilidad penal a los fondos de inversión indirectos y accionistas minoritarios.
El texto prevé crear el Consejo de Seguridad Nacional, órgano conducido por Javier Milei e integrado por figuras de la Casa Rosada. Asimismo, se confirmó el funcionamiento de una Comisión Bicameral parlamentaria encargada de auditar la entidad.
Aunque los libertarios proyectan tratar el proyecto el 12 de noviembre, aliados anticipan nuevos retoques a la norma.
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