POLITICA
Universidades y Gobierno acercan posiciones por los fondos, pero la disputa judicial frena el acuerdo
El Gobierno y los rectores de universidades nacionales mantuvieron este lunes una nueva reunión en busca de una solución al conflicto por los fondos. Las partes están más cerca de un acuerdo, pero todo está condicionado a qué hacer con el reclamo judicial de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que está bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), que integra el ministerio de Capital Humano, y los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y Anselmo Torres, de Río Negro (UNRN), en su rol de presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el encuentro se puso en consideración una “propuesta intermedia”, que permita recuperar puntos del 45,6% que perdió en términos reales el sistema universitario desde 2023.
Uno de los puntos críticos del reclamo es la cuestión salarial. La propuesta oficial es un ajuste superior del orden del 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según deslizaron varias fuentes a Infobae tanto de las negociaciones. Plantearon, además, un compromiso para no seguir perdiendo por la inflación de 2026.
El número surge de una recuperación teórica de 4 puntos de atraso correspondiente a 2024, y del orden del orden del 12% en 2025. Además, se prevé una suba del 20% para los gastos de funcionamiento, junto con una partida extra para los hospitales universitarios.
En principio, la oferta tendría cierto aval por los actores de la comunidad universitaria, pero el avance de las negociaciones se trabó porque el Gobierno quiere que los rectores retiren la medida cautelar que presentó en la Corte.
“Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones”, señaló una alta fuente universitaria al tanto de las negociaciones. Se está ajustando el texto que conforme a ambas partes, para que los abogados del Estado y del CIN puedan avanzar sin renunciar a los derechos en juego.
Para los rectores, no hay alternativa posible de resignar el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirman desde el CIN.
La demanda judicial de las universidades cuenta con una medida cautelar favorable, dos veces ratificada, aunque actualmente se encuentra suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. Ahora, la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo definido para expedirse.
Esa incertidumbre política es que la habilitó a los rectores a buscar algún tipo de solución. “El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte… y en el medio se te van los profesores”, graficó una autoridad universitaria.
El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera, que establece que toda ley debe especificar la fuente de los fondos. Por eso, insiste en que la continuidad de la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico de partes.
Por su lado, un sector de los sindicatos docentes y no docentes desconfían de estas tratativas. Incluso, los rectores reclaman que cualquier tipo de solución salarial debe incluir una “apertura de una instancia paritaria real y la construcción de un acuerdo con las organizaciones gremiales”.
“Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, indicaron desde Conadu.
Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones de la comunidad universitaria realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para visibilizar el conflicto y reiterar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la cautelar. En los últimos días, estudiantes de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires (CNBA) y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.
En estas instituciones de nivel medio, la situación del personal docente es especialmente crítica ya que también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). En las negociaciones también se está discutiendo una partida para este sector.
POLITICA
Los docentes bonaerenses convocaron a un paro de 24 horas: reclaman mayor seguridad en las escuelas
Los docentes bonaerenses realizarán este jueves un paro de 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires en rechazo a los hechos de violencia registrados contra trabajadores de la educación. La medida fue convocada por cuatro gremios y afectará el dictado de clases en las escuelas públicas.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron la protesta bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a las y los que enseñan”.
Según plantearon en un comunicado conjunto, durante los últimos días se produjeron agresiones físicas y episodios de hostigamiento digital en distintos distritos bonaerenses, a los que se sumó un nuevo caso en Trenque Lauquen. Frente a esa sucesión de hechos, reclamaron “medidas urgentes y concretas de consenso social” para proteger a quienes trabajan en las escuelas.
Los gremios advirtieron que esos episodios se suman a “un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector” y plantearon que la respuesta debe contemplar tanto la prevención como la intervención ante las situaciones de violencia.
El reclamo de los gremios
Los sindicatos reclamaron políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales para que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje libres de violencia. El planteo se produce después de distintos episodios que ya habían generado protestas y medidas de fuerza a niveles distritales.
Uno de ellos ocurrió en San Miguel, donde una docente denunció haber sido atacada por la madre de una alumna dentro de una escuela primaria. Otro caso se registró en Hurlingham, donde una directora fue agredida y el conflicto derivó en un paro local y una movilización de la comunidad educativa.
“Sostenemos que la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad”, afirmaron los sindicatos, y agregaron que, frente a escenarios de exclusión, miedo o desesperanza, “la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.
El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner rompió el silencio luego de haber sido demorado en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que contaba con un pedido de captura desde 2019 por la causa Hotesur, y calificó lo sucedido como un intento de disciplinamiento.
“Mientras rematan el país, la Policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, manifestó Kirchner a través de un comunicado.
El incidente ocurrió pasadas las 14 de este miércoles cuando el legislador nacional pasó con su camioneta marca Honda por el puesto limítrofe de la localidad de Justo Datract, en el ingreso a San Luis.
Luego de realizar la verificación correspondiente, la Policía demoró al líder de La Cámpora al descubrir que el vehículo en el que transitaba contaba con un pedido de secuestro desde 2019 por la causa Hotesur.
Tras lo sucedido, el diputado realizó un breve descargo, que también fue compartido por su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, inició el diputado.
A su vez, aseguró que en los últimos años circuló con el mismo vehículo sin inconvenientes por la Ciudad y por las autopistas bonaerenses y que recientemente lo utilizó para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.
“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.
Además, aclaró, que “como siempre”, se puso a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que “aclaren el entuerto”.
“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, agregó.
Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado, quien iba al volante, viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
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POLITICA
Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral
El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.
“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.
El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.
La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.
La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral
La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.
“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.
La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.
Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.
La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje
La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.
Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
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