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POLITICA

Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado

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El proyecto que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby encendió alarmas en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y controlar la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público, una definición que, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y monitoreo del poder.

“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen.

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“Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, planteó.

Ese es uno de los principales cuestionamientos que las organizaciones formulan al proyecto. La iniciativa define como “gestión de intereses” a toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera gratuita u onerosa. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros.

Según pudo saber , la medida genera reparos, además, en asociaciones de magistrados que observan que la redacción puede confundir el ejercicio profesional con lobby.

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En Poder Ciudadano advierten que el texto no diferencia entre actividades de lobby orientadas a obtener beneficios particulares y acciones de incidencia vinculadas al interés público. Temen que organizaciones que promueven reformas legislativas, monitorean políticas públicas o buscan mejorar mecanismos de transparencia queden sujetas a las mismas obligaciones que empresas o consultoras especializadas en representación de intereses.

“Con esa información el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores, o asesores que se reúnen con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensaPresidencia

Las preocupaciones también aparecen en la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), una federación que nuclea a más de 280 organizaciones de todo el país. En un comunicado, tras la presentación del proyecto oficial, advirtió que la amplitud de las definiciones podría abarcar buena parte de las actividades habituales de incidencia que realizan. Entre los riesgos identificados menciona posibles situaciones de estigmatización pública, sobrecarga administrativa, incremento de controles, campañas de desinformación y una eventual utilización política de los registros.

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“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, advierten.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico comparte parte de esas objeciones. Si bien considera legítimo que exista una regulación de la actividad de lobby y señala que existen antecedentes internacionales en esa materia, cuestiona que el proyecto someta bajo un mismo régimen a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, sostuvo.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF

También cuestionó la severidad del régimen sancionatorio. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, afirmó. Según señaló, el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como el tráfico de influencias para sancionar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos.

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Talerico agrega otro elemento: la desconfianza que genera que la iniciativa provenga de un gobierno que ha hecho de la desregulación una de sus principales banderas. Según plantea, existe además una tensión con la reforma política impulsada por el oficialismo, sobre todo el punto de financiamiento político, donde observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta oficial

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue girada a la Cámara de Diputados la semana pasada. Este miércoles iniciará su debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

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La regulación alcanzaría tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué asuntos. Para ello propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y temas tratados.

El presidente Javier Milei y Elon Musk, en Nueva York

El régimen obligaría además a informar quiénes son los clientes o beneficiarios finales de cada gestión, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. También establece la presentación de reportes trimestrales con el detalle de las actividades realizadas.

Uno de los puntos que se observa con atención es el listado de actividades excluidas. El proyecto establece que no estarán alcanzadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general. Sin embargo, introduce una aclaración que genera reparos: la excepción rige únicamente cuando esas actividades no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada.

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Otro de los capítulos sensibles es el referido a los llamados “intereses extranjeros”. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando una gestión se realiza por cuenta, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior y habilita requerimientos adicionales de información en determinados casos.

La iniciativa prevé además un régimen de sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir de cinco a 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos agravados. También contempla penas de prisión para quienes realicen gestiones sin inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.




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POLITICA

Realismo libertario: Milei reclama a su tropa una defensa cerrada del plan económico y busca reactivar sus proyectos

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Desde que retomó la actividad en la Casa Rosada, Javier Milei suma encuentros con ministros y legisladores, y los dedica centralmente a la marcha de la Economía, no con sentido académico sino para reclamar una defensa activa, y cerrada, del plan de Gobierno. Lo acaba de repetir en el inicio de esta semana, marcada además por la intención de reactivar proyectos propios en el Congreso. El oficialismo tiene pendiente una extensa lista de iniciativas, algunas por ahora realmente complicadas, como la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO. Y añade también como objetivos prioritarios el Presupuesto 2027, desde este martes, y el texto sobre Malvinas. En el fondo, es un clásico: intensidad política cuando los números no acompañan, al menos como se esperaba. Algo así como realismo libertario.

Las reuniones referidas y la significativa actividad presidencial en redes sociales asoman en espejo con la economía. La batería está dirigida a contrarrestar lo que el círculo de Olivos percibe como preocupación en el interior del oficialismo, alimentada por el olfato de algunos libertarios y variadas encuestas, no sólo ni principalmente las que circulan de manera pública. Es llamativo, pero para aplacar las inquietudes propias no alanza ya con lo ocurre en las otras veredas: el peronismo/kirchnerismo embarrado en sus internas y otras franjas políticas dispersas, fragmentadas.

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La reiteración del mensaje de Milei ante funcionarios, diputados y senadores se produjo después de una semana que dejó a la vista un cuadro de datos contrapuestos, pero distante del concepto de economía con dos velocidades. Algunos, aún con los cuidados del caso, prefieren la figura de la K para describir sectores en alza y rubros en caída. El Gobierno celebró la desaceleración del IPC de agosto (1,7%) dos días después de la difusión de los informes del INDEC con registro de derrumbe en la industria y en la construcción. Pero además, en los últimos días se consolidó entre economistas de diverso perfil que el PBI cerrará el 2026 con un crecimiento módico, algo por encima de los 2 puntos porcentuales, lejos del cálculo inicial del oficialismo, que lo ubicaba en 5 puntos y tal vez un poco más.

Eso remite directamente al Presupuesto. El texto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso para el 2026 fue superado por la realidad no sólo en cuanto a aquella cifra de crecimiento económico, sino además en materia de inflación anual, estimada en 10,1%. El acumulado en los ocho meses ya cerrados trepa a 21,3%.

Por supuesto, no serán los únicos puntos de atención en el Presupuesto 2027. Están los más tradicionales, cruzados por las tensiones de estos tiempos, como Educación y en particular, financiamiento universitario. Del mismo modo, con similar eco de las disputas legislativas, serán considerados los montos proyectados para el área de discapacidad. Y esta vez, un foco se lo llevará Defensa. Importa qué partida será asignada al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

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Pablo Quirno y Carlos Presti, en su reciente viaje a Ushuaia

Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron el lugar la semana pasada. El viaje del canciller y del ministro de Defensa a Tierra del Fuego buscó destacar el giro del Gobierno sobre el reclamo de soberanía por Malvinas. También expuso que recién ahora pasó a ser una prioridad. Es una obra anunciada en el 2022 y que en la práctica, tuvo nulo o muy escaso avance desde entonces. Al regreso a Buenos Aires, en una entrevista, Presti expresó indignación por ese estado de cosas. Significativo, porque es una historia que involucra a la gestión de Alberto Fernández/CFK y también a la actual.

En lo inmediato, fuera de la cuestión presupuestaria, el Congreso espera el texto específico sobre Malvinas, bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional. La redacción del articulado demandaría unos días más para su “pulido”, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, según se dejaba trascender desde el oficialismo. En buena medida, tiene que ver con que Milei realizó un giro en este terreno.

El proyecto va al Congreso con categoría de prioritario, al igual que el Presupuesto 2027, de acuerdo con las indicaciones de Olivos a sus legisladores. Eso no significa que sean desatendidos los objetivos planteados desde hace tiempo. En ese lote, se destaca la reforma electoral y, en especial, la intención de anular las PASO, en función del proyecto reeleccionista de Milei. La decisión de retomar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, este martes, no significa que esté asegurado el trámite.

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Por el contrario, se trata de un tanteo, que incluye el tratamiento de Ficha Limpia como gesto de LLA a sus aliados. Parece contemplar también y más seriamente alternativas para evitar que las primarias sean obligatorias. De todos modos, los trascendidos que se hacen circular desde oficinas libertarias no desarman los recelos de socios y dialoguistas. Por ahora, resultan confusas las señales a los jefes provinciales de buen trato con el Gobierno. El Presupuesto también debe ser contemplado en ese marco.

Menos complicada pinta esta semana la posibilidad de que el Senado tenga sesión, después de algunas frustraciones del oficialismo. Está previsto que el jueves sean tratadas en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. Las prevenciones tienen que ver con “errores de cálculo” en anteriores intentos de sesionar. El último ejemplo: la caída de la sesión motorizada por LLA para debatir la ley de biocombustibles, hace una semana. No les dio el número, por desacuerdos con varios gobernadores.

Con todo, los encuentros encabezados por Milei no habrían girado en torno del trabajo legislativo. El Presidente utilizó la reunión con legisladores para señalar la necesidad de defender la política económica. Y el Gobierno difundió fotos que lo muestran utilizando un pizarrón para desarrollar sus argumentos. Campaña, ya sin vueltas.

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Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Tierra del Fuego

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POLITICA

El Gobierno reúne a la mesa política y busca avanzar con proyectos clave en el Congreso

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.

El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.

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Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.

El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.

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El debate de la reforma electoral

Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.

En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.

“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.

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Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.

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El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio

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El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.

La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.

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La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

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En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.

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La iniciativa declara de interés nacional el acuerdo de difusión entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela en España

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.

De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.

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La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.

La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.

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El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.

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