POLITICA
Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado

El proyecto que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby encendió alarmas en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y controlar la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público, una definición que, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y monitoreo del poder.
“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen.
“Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, planteó.
Ese es uno de los principales cuestionamientos que las organizaciones formulan al proyecto. La iniciativa define como “gestión de intereses” a toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera gratuita u onerosa. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros.
Según pudo saber , la medida genera reparos, además, en asociaciones de magistrados que observan que la redacción puede confundir el ejercicio profesional con lobby.
En Poder Ciudadano advierten que el texto no diferencia entre actividades de lobby orientadas a obtener beneficios particulares y acciones de incidencia vinculadas al interés público. Temen que organizaciones que promueven reformas legislativas, monitorean políticas públicas o buscan mejorar mecanismos de transparencia queden sujetas a las mismas obligaciones que empresas o consultoras especializadas en representación de intereses.
“Con esa información el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores, o asesores que se reúnen con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.
Las preocupaciones también aparecen en la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), una federación que nuclea a más de 280 organizaciones de todo el país. En un comunicado, tras la presentación del proyecto oficial, advirtió que la amplitud de las definiciones podría abarcar buena parte de las actividades habituales de incidencia que realizan. Entre los riesgos identificados menciona posibles situaciones de estigmatización pública, sobrecarga administrativa, incremento de controles, campañas de desinformación y una eventual utilización política de los registros.
“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, advierten.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico comparte parte de esas objeciones. Si bien considera legítimo que exista una regulación de la actividad de lobby y señala que existen antecedentes internacionales en esa materia, cuestiona que el proyecto someta bajo un mismo régimen a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, sostuvo.
También cuestionó la severidad del régimen sancionatorio. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, afirmó. Según señaló, el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como el tráfico de influencias para sancionar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos.
Talerico agrega otro elemento: la desconfianza que genera que la iniciativa provenga de un gobierno que ha hecho de la desregulación una de sus principales banderas. Según plantea, existe además una tensión con la reforma política impulsada por el oficialismo, sobre todo el punto de financiamiento político, donde observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta oficial
La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue girada a la Cámara de Diputados la semana pasada. Este miércoles iniciará su debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La regulación alcanzaría tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué asuntos. Para ello propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y temas tratados.
El régimen obligaría además a informar quiénes son los clientes o beneficiarios finales de cada gestión, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. También establece la presentación de reportes trimestrales con el detalle de las actividades realizadas.
Uno de los puntos que se observa con atención es el listado de actividades excluidas. El proyecto establece que no estarán alcanzadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general. Sin embargo, introduce una aclaración que genera reparos: la excepción rige únicamente cuando esas actividades no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada.
Otro de los capítulos sensibles es el referido a los llamados “intereses extranjeros”. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando una gestión se realiza por cuenta, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior y habilita requerimientos adicionales de información en determinados casos.
La iniciativa prevé además un régimen de sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir de cinco a 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos agravados. También contempla penas de prisión para quienes realicen gestiones sin inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.
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POLITICA
Insaurralde mantiene su huella bonaerense con legisladores, funcionarios del juego oficial y cargos políticos

Martín Insaurralde dejó de lado toda exposición política desde que renunció a la Jefatura de Gabinete bonaerense tras difundirse sus imágenes a bordo de un yate que navegaba por el Mar Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clerici. La publicación, el último sábado, de videos en los que su exesposa, Jesica Cirio, muestra un vestidor repleto de dólares, lo encuentra en el mismo ostracismo político. Sin embargo, la profunda huella de poder que tejió en la provincia de Buenos Aires durante más de una década se mantiene en estructuras estratégicas como la Legislatura bonaerense, las áreas que controlan el juego y controlan a los municipios, y la intendencia de Lomas de Zamora.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue durante años un reducto de poder para Insaurralde, que controló con la presidencia de Federico Otermín, su alfil político y sucesor como intendente de Lomas de Zamora. Para el exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof (el cargo se eliminó en 2023, luego del escándalo del “Yategate”), esa Cámara sigue siendo un sitio de referencia. Responden a él diputados provinciales como Juan Pablo De Jesús, exintendente del partido de La Costa. De Jesús fue una de las personas que fueron al country Fincas de San Vicente, donde Insaurralde tiene una casona, el 30 de septiembre de 2023, cuando estalló el caso del yate, según reveló en mayo de 2024.
Marcela Basualdo, del distrito de San Miguel del Monte, es otra diputada provincial que responde a Insaurralde dentro del bloque de Fuerza Patria. El titular de la Cámara, Alejandro Dichiara, es un dirigente de vinculado con el exintendente de Lomas de Zamora y con Máximo Kirchner, a quien Insaurralde ayudó a llegar a la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, cargo que dejó este año. La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto de $222.800.000.000.
En el Senado provincial tiene una banca otro alfil de Insaurralde, Adrián Santarelli, otro de los dirigentes políticos que el 30 de septiembre de 2023 ingresaron al country de San Vicente, según consta en los registros de entradas y salidas del barrio privado. Hasta diciembre pasado, integraba esa Cámara Gabriela Demaría, una dirigente del Partido de La Costa que responde al exintendente de Lomas de Zamora y que es síndico del Banco Provincia (fue nombrada en ese cargo en diciembre de 2025, como resultado de las negociaciones de Kicillof en la Legislatura para lograr que la aprobación de su pedido de endeudamiento).
En las intendencias bonaerenses, además de Otermín en Lomas, responde a Insaurralde el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. En ese distrito está el Museo Histórico 17 de Octubre, en la quinta que fue propiedad de Juan y Eva Perón. Lo dirige Cristian Scollo, otro hombre ligado a Insaurralde.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos fue un resorte que controló Insaurralde a través de Omar Galdurralde, actual concejal de Lanús perteneciente a su estructura política. La titularidad del instituto que maneja el juego legal en la provincia de Buenos Aires está ahora en manos de Gonzalo Atanasof, un dirigente vinculado a Julio Alak. No obstante, en el organigrama permanecen funcionarios que provenían de la gestión de Galdurralde, como Sebastián Silvestre (director jurídico y legal), Diego Etcheverry (director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales) y María Laura Spinelli (directora de Sistemas).
En el Tribunal de Cuentas, organismo que controla los gastos y rendiciones de los municipios, se mantienen los Insaurraldistas Juan Pablo Peredo, exdirectivo de la firma de bingos Codere, como titular de la Vocalía de Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales. Peredo estuvo entre los dirigentes que ingresaron al country de San Vicente el día que estalló el yategate.
También es cercano a Insaurralde el subsecretario Pablo De Rosa que está dentro del Tribunal de Cuentas como subsecretario de Jurisprudencia, Doctrina y Consultas. En la órbita de Pablo De Rosa está Florencia Stamato (directora general de Legislación y Jurisprudencia), exsecretaria de Insaurralde y sobrina del exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, a quien Insaurralde reemplazó en el cargo en 2009, cuando inició su seguidilla de mandatos municipales, que se extendió hasta 2021.
La única aparición pública que se conoce de Insaurralde luego de su salida del gobierno bonaerense fue en diciembre de 2025, cuando concurrió al cumpleaños de la hija del abogado Fernando Burlando.
En la Municipalidad de Lomas de Zamora, que tiene al frente a Otermín, su delfín político durante años, se observa desde 2023 un paulatino reacomodamiento de figuras en el gabinete local con mayor presencia de dirigentes que juran una lealtad mayor a Otermín que a Insaurralde. Si bien dejaron el puesto figuras relevantes del insaurraldismo como Martín Choren (era jefe de Gabinete), un lugar que ahora ostenta Sol Tischik (alineada con Otermín), otros leales a Insaurralde permanecen, como el caso de Matías Gasparrini, que es secretario de Gobierno. Permanecen también en el organigrama Matías Gasparrini y Mariano Ortega, aunque con papeles distintos a los de las épocas de Insaurralde. Las áreas de Ambiente, Obras Públicas, Educación y Seguridad tienen nuevos titulares.
Bajo el ala de Insaurralde, el actual intendente Otermín fue el encargado de los asuntos de prensa de Insaurralde, desde cargos municipales como el de secretario de Comunicación y Cultura. Dio el gran salto cuando fue electo diputado provincial y titular de la Cámara de Diputados bonaerense. El 30 de septiembre de 2023, fue otro de los dirigentes que concurrieron al country de San Vicente en el que vivía Insaurralde.
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POLITICA
Locutor y especialista en comunicación institucional: quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Prensa

Fabián Fernández, locutor nacional y especialista en comunicación institucional, fue designado este lunes como el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. El nombramiento fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, donde le dio la bienvenida al funcionario y le deseó éxito “en esta nueva etapa”. La vocería presidencial, ahora conducida por Adrián Ravier, también formalizó el anuncio mediante un comunicado oficial.
Fernández llega al cargo con un perfil construido a lo largo de más de una década en el cruce entre los medios de comunicación, la gestión pública y el sector privado. Su trayectoria abarca desde las radios y canales de televisión de la zona sur del Gran Buenos Aires hasta la conducción del área de prensa de YPF, la principal empresa energética del país. Tiene 35 años, nació en Valentín Alsina, partido de Lanús, y es hincha de Racing Club de Avellaneda.
El nombramiento se produce tras la salida de Javier Lanari, quien ocupó la Secretaría durante dos años y medio desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
Fernández se formó como Locutor Nacional en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), donde obtuvo la matrícula número 10067. Sus primeras experiencias profesionales las desarrolló en medios locales de radio y televisión del sur del conurbano bonaerense. En paralelo a esa etapa, colaboró en las áreas de comunicación y prensa de entidades como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.
De acuerdo a la información oficial difundida luego de su nombramiento, en diciembre de 2015 fue designado Director de Prensa del Municipio de Lanús, cargo desde el que luego ascendió a Subsecretario de Prensa y Nuevos Medios. Durante ocho años al frente de esa dependencia, tuvo bajo su responsabilidad la relación con medios locales, provinciales y nacionales, la administración de la pauta publicitaria, la agenda pública del intendente, el ceremonial, el protocolo y las redes sociales oficiales. También participó en campañas electorales de alcance provincial y nacional durante ese período.

En diciembre de 2023, fue convocado por el entonces CEO de YPF, Horacio Marín, para asumir como Gerente de Prensa y Medios de la compañía. Esa área evolucionó hasta convertirse en la Dirección de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas. Desde ese rol, tuvo a cargo la relación con la prensa nacional, la administración de publicidad en medios, la comunicación pública de la empresa y de su máximo ejecutivo, la agenda institucional, el ceremonial, las redes sociales y la coordinación comunicacional de las empresas del Grupo YPF.
La vocería presidencial subrayó en su comunicado que Fernández trabajará “de manera coordinada” con Ravier para “acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa”. El texto oficial enmarcó la designación en lo que el Gobierno denomina un proceso de “consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido”. Adorni, por su parte, valoró públicamente al nuevo funcionario sin dejar de reconocer a su predecesor: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión”, publicó en X.
El cambio se inscribe en una reorganización más amplia del área comunicacional del Poder Ejecutivo, que venía atravesando dificultades desde marzo. Ravier, economista y diputado nacional por La Pampa, fue designado vocero presidencial el viernes previo por el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos y deberá presentar un pedido de licencia en la Cámara de Diputados para asumir formalmente en el Ejecutivo. Entre los desafíos inmediatos que enfrenta la nueva conducción figura el levantamiento de las restricciones a la prensa acreditada, vigentes desde el 4 de mayo, que impiden a los periodistas circular por los pasillos de Casa Rosada.
POLITICA
El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno anunció este lunes a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Su designación es en reemplazo de Javier Lanari, que dejó su puesto en las últimas horas. Fernández, especialista en comunicación política, era hasta ahora gerente de Medios en la petrolera YPF.
El cambio es el segundo que se da en el área, después de que el viernes pasado el presidente Javier Milei eligiera como nuevo vocero al hasta ahora diputado, Adrián Ravier. El cambio, con el que se desplazó a Manuel Adorni del cargo, uno de los que detentaba junto al de jefe de Gabinete.
Adorni anunció este atardecer: “Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.
Fernández tiene reconocimiento en la comunicación política en general y tiene muy buena valoración interna. Su designación, de hecho, era celebrada este lunes internamente.
Adorni quedó hackeado para seguir ejerciendo la comunicación del gobierno desde que en marzo pasado quedó en el centro de una serie de develaciones sobre su patrimonio, por lo que es investigado por la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.
Este lunes, luego de reunirse con Ravier en Casa Rosada, Adorni usó su cuenta de la red social X y consignó: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su reemplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial».
Ravier se reunió este lunes con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para repasar los términos de su incorporación. Su designación fue una decisión del propio presidente Milei, quien mantiene con Ravier un vínculo directo y una relación personal con el primer mandatario.
El nuevo vocero y Milei se mostrarán juntos mañana en un evento de la Fundación Faro, de la que Ravier es uno de sus directivos. Será en la charla: “Ideas para una sociedad libre”, lo que oficiará como un debut junto al mandatario en su flamante cargo.
La designación de Ravier buscó saldar, en la práctica, un problema puntual, pero a la vez compensar la interna libertaria.
El primer problema para los libertarios es, desde hace tres meses, la falta de un vocero. Adorni quedó completamente hackeado para ese cargo en medio de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
El problema comunicacional se había extendido a las diferentes dependencias del oficialismo.
La elección de Ravier también buscó conformar a ambos lados de la feroz e infatigable interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo.
De hecho, el nombre de Ravier fue bien recibido tanto entre los territoriales que responden a la secretaría General de Presidencia como a las filas celestiales que responden al asesor.
“Mi agradecimiento al presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina», dijo Ravier, en su mensaje posterior al anuncio.
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