La última semana comenzó con la noticia de que una de las tres grandes calificadoras de riesgo soberano mejoró la nota para los bonos de la deuda de Argentina de CCC- a B-, A priori, “solo” sería subir un escalón y tres subcategorías, y constituye un paso en la búsqueda del desbloqueo de ingreso de un mayor universo de inversores que podrán colocar fondos en este tipo de riesgos, y por eso se redujo el índice de riesgo país en más de 40 puntos básicos.

Además, se conoció la desaceleración de la caída real de la recaudación tributaria y la aproximación a la inflación de lo ingresado por IVA Impositivo y la superó lo percibido por el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, indicadores de recuperación de la actividad productiva y comercial, en un mes en que el consenso del mercado pronosticó una suba del Índice de Precios al Consumidor muy inferior al pico de 3,4% que alcanzó en marzo.

Con ese escenario, Infobae entrevistó al economista Aldo Abram, director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, quien delineó un diagnóstico de la coyuntura y sus expectativas para lo que resta de 2026 y el próximo año.

— Se cumplieron 10 meses desde que el ministro Luis Caputo respondió en una conferencia: “comprá, campeón”, a quienes consideraban que el tipo de cambio estaba barato. ¿Cómo evolucionaron los activos financieros y la demanda de dólares desde entonces?

— Creo que el ministro Luis Caputo apostó a que el tipo de cambio estaba en un valor realista, dada la unificación cambiaria y la parcial salida del cepo. Es cierto que, luego, la desprolija cancelación de las LEFI y la creciente incertidumbre electoral en 2025 pusieron en jaque su afirmación. Sin embargo, visto desde hoy, la realidad es que comprar dólares en aquel momento y durante el período previo a los comicios no terminó siendo la mejor opción.

El problema es que, entonces, había que tener una gran confianza en que la solidez fiscal y la solvencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podían aguantar la tromba por la que pasaron. De hecho, fue necesario el apoyo del Tesoro de Estados Unidos para contenerla. La realidad es que, al final, terminó siendo cierto que el que apostó a Argentina ganó y mucho.

— Algunos economistas afines a políticas liberales expresan preocupación por la apreciación cambiaria y su efecto contractivo en diversas industrias, y sugieren la necesidad de medidas correctivas. ¿Cuál es su visión sobre este planteo?

— Yo no creo que haya una apreciación cambiaria, por lo menos que sea relevante. De hecho, en 2025, con malos precios internacionales Argentina tuvo récord de cantidades exportadas; lo cual suena contradictorio con que, además, hubiera un dólar muy atrasado. El punto es que reclamar que el BCRA devalúe es equivalente a pedir que se genere una transferencia artificial y coyuntural de recursos desde los consumidores a los productores de bienes que se pueden exportar o importar. La prueba de ello es lo que sucedió antes de las elecciones; aunque dicha depreciación no la generó el BCRA, sino la gente que bajó fuertemente su demanda de pesos por temor.

A cualquier producto que le pase eso, verá su precio bajar. Lo mismo le pasó a la moneda argentina, perdió poder adquisitivo; que, inmediatamente, impactó en el tipo de cambio. Sin embargo, también esa alza se tenía que reflejar en el resto de los bienes y servicios que se miden en la unidad de cuenta local. Acá, eso lleva hasta nueve meses y, por eso, vimos una aceleración inflacionaria desde mediados de 2025. Los primeros que suben son los productos que se comercializan internacionalmente y que cotizan en dólares. Son la mayoría de los que están en la canasta básica; por lo que no extraña que a fines de año eso pegara duro en la pobreza. Luego, en la medida que van quedando menos bienes y servicios por verse plenamente impactados por la caída del peso, es lógico que se vea una desaceleración. Sobre todo, dada la estabilidad que mostró el peso desde los comicios de 2025, una vez recuperada la confianza por un resultado favorable al rumbo económico.

Esa pérdida de ritmo de aumento del índice de precios al consumidor (IPC) se empezó a notar en la segunda quincena de febrero y continuó hasta mediados de marzo; pero fue interrumpida por la suba del precio de los combustibles por la guerra en Irán.

Sin embargo, en abril volvió a moderarse y se estima que la inflación se habría acercado a 2,4% mensual y seguiría desacelerándose, si no hay nuevos ajustes por el alza del petróleo. Así que, en 2026, se acercará al 25% anual y será de menos del 20% en 2027.

Lo notable es que lo anterior lo vivimos recientemente y probó que una devaluación sólo genera un empobrecimiento de todos los argentinos, particularmente de los más pobres. Los único que ganaron coyunturalmente son los que venden bienes y servicios que se exportan o importan. Lo peor es que hoy estamos volviendo a discutir sobre atraso cambiario. O sea, pedir que sea ahora el BCRA el que devalúe; lo cual es absurdo.

— ¿Ve factible un escenario de recuperación sostenida sin un cambio en la política cambiaria actual?

— Creo que la economía se está reactivando. Sin embargo, que el BCRA no tenga que devaluar, no quiere decir que no haya cosas por hacer en materia de política cambiaria, que seguramente mejorarían muchísimo las perspectivas de actividad. Eso tiene que ver, por ejemplo, con sacar todas las condiciones de pago de las importaciones heredadas del cepo y que se pueda operar libremente. No tiene sentido pedirle competitividad a alguien que no puede comprar en el exterior a mejor precio lo que necesita para producir.

Una gran empresa puede respaldarse en su casa matriz para conseguir financiamiento. Una pyme tiene que pedirle a un empresario extranjero que confíe que le van a pagar, desde Argentina, después de que embarcó su producto con ese destino. Ya no debería haber más restricciones remanentes de este tipo u otras; aunque se puede entender cierta prudencia en el manejo del stock de dividendos que no se prohibió remitir al exterior en el pasado.

Sin embargo, hay que aprovechar el fuerte aumento de las exportaciones que se espera para normalizar el comercio exterior. Puede que eso traiga un aumento del tipo de cambio; pero sólo significará que habrá cambios en los precios entre los bienes y servicios. Algunos subirán con la cotización del dólar, otros bajarán por la mayor competencia externa o la mayor productividad de los productores locales o la menor demanda. En algún momento, hay que empezar a acomodar esta situación. Demorarlo, sólo complota contra la caída del índice de riesgo país y el crecimiento.

Sin lugar a dudas, las restricciones remanentes del cepo cambiario son un gran freno a las inversiones que no se pueden hacer a través del RIGI y se necesita crear mucho empleo hacia adelante. Para que continúe la desaceleración de la inflación, la única condición que tiene que cumplir el BCRA es hacer lo que prometió: solamente emitir para comprar reservas propias y en la medida que aumente la demanda de pesos, cosa que ya estaría sucediendo.

De todas formas, el BCRA debería priorizar utilizar el inicial aumento de la preferencia por el atesoramiento del sector privado con otro objetivo más urgente. Eliminar las medidas de emergencia que se tomaron para obligar a los bancos a demandar parte de la base monetaria que, antes de las elecciones, la gente decidió desatesorar.

— ¿Qué opinión le merece el mensaje del presidente Javier Milei y del ministro de Economía sobre que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas dos décadas”?

— Ojalá tengan razón, necesitamos que la recuperación sea lo más rápida posible para que la mejora del bienestar económico abarque una mayor una mayor proporción de argentinos. Sin embargo, hoy, parece difícil que sea así; por ejemplo, comparado con la reactivación que hubo desde mediados de 2024 hasta principios de 2025. De todas formas, hay que aclarar que a principios de esta gestión nadie apostaba a que esa mejora iba a ser tan fuerte. Quizás, también estemos siendo muy conservadores ahora.

Creo que la recuperación económica ya empezó y para eso es bueno conocer los mecanismos defensivos que los argentinos aprendimos para sobrevivir a tantas crisis. Cuando asoma una de ellas en el horizonte, residentes y extranjeros empezamos a sacar nuestros ahorros e inversiones del país, desfinanciando la economía.

Además, aquellos que pueden, empiezan a ahorrar y a armar un “colchoncito” de dólares para morigerar el impacto negativo en el bienestar económico en su familia de una eventual debacle. Eso significa que dejan de consumir e invertir y lo mismo harán las empresas. Por lo tanto, todos estos factores repercutirán en la demanda interna llevando el nivel de actividad a desacelerarse, a estancarse o, incluso, a la recesión. Es lo que pasó con la creciente incertidumbre prelectoral.

Al final, los comicios legislativos mostraron que había un fuerte apoyo al cambio de rumbo; por lo que los “nubarrones negros” empezaron a disiparse. Así que algunos comenzaron a traer sus ahorros e inversiones, aumentando el financiamiento doméstico, y aquellos que dejaron de consumir e invertir por temor están volviendo a hacerlo. Ahora, hay que ver a qué velocidad pasa todo esto. La guerra de Irán no ayuda; porque aumenta el riesgo internacional y nadie quiere invertir en países riesgosos. Antes de este evento, algunas provincias y empresas tuvieron una ventana para colocar deuda en el exterior que, luego, se cerró. Sería bueno que este conflicto termine pronto y, así, se vuelva a contar con financiamiento extranjero que, incluso, pueda tomar el estado nacional a tasas más bajas.

Por otro lado, el Gobierno se ha enredado en una serie de escándalos, errores no forzados y discursos agresivos que le restan confianza; lo cual también es un factor moderador del consumo y de la inversión. La solución de la guerra no está al alcance de esta gestión; pero, hacer lo posible para cambiar la percepción de la gente sobre ella, sí.

— ¿La caída en la recaudación tributaria podría forzar un mayor ajuste del gasto público, o responde principalmente a la reducción de impuestos al comercio tras la recuperación del superávit fiscal?

— La caída de la recaudación tiene dos componentes:

1. Con una economía estancada no se pagan más impuestos, sino menos. Sin embargo, en la medida que se recupere el nivel de actividad, este problema se resolverá.
2. La fuerte baja de la presión tributaria que gestó el Gobierno, como eliminación y baja de las retenciones, de Sellos y PAIS).

La realidad es que, cuando la economía se reactiva o crece, los ingresos impositivos lo hacen más rápido aún. Por lo tanto, si bien hay que seguir recortando todo gasto innecesario, hoy sólo bastaría con mantener la austeridad y esperar al alza de la recaudación para nuevas bajas de gravámenes.

El Gobierno prometió que mantendría el peso del Estado nacional en términos de la producción y asignar los recursos excedentes para bajar impuestos. Hasta ahora lo ha venido cumpliendo y lo seguirá haciendo.

Donde sigue el descontrol es en la mayoría de las provincias y municipios. Les corresponden unos 110 de los, alrededor, de 150 gravámenes que existen. Si el gobierno nacional elimina o baja los suyos y los otros niveles de administración estatal suben o crean más de los propios, vamos mal.

Los argentinos nos vanagloriamos de ser federalistas; pero, después, le pedimos todas las soluciones al Poder Ejecutivo Nacional. Absurdo. Tenemos que aprender, también, que tenemos que exigirles austeridad y baja de tasas e impuestos a nuestros gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Incluso, muchos de esos funcionarios son vecinos y viven más cerca que los de la Nación. En algunos lugares se está viendo que muchos ciudadanos empiezan a reclamar a quiénes corresponde, incluso por la vía judicial. Es un buen inicio para que se generalice asumir una mayor madurez cívica.

— ¿Por qué se ve tanta disparidad en la recuperación del nivel de actividad con el consecuente impacto heterogéneo en la evolución de los ingresos y el empleo de los argentinos?

— Lamentablemente, esta heterogeneidad va a ser inevitable. Son más de 80 años de creciente anormalidad a la que tuvieron que adaptarse para sobrevivir quienes trabajan y producen. Es imposible que esa estructura productiva sea exactamente la misma que la que será viable en el país normal que queremos ser. Un claro ejemplo son los sectores que hasta ahora han estado protegidos contra las importaciones. Ahora deberán invertir para ser competitivos o achicarse o desaparecer.

Sin embargo, hay sectores que van a prosperar, no sólo los vinculados al agro, petróleo y energía o minería. En la medida que la economía se ordene y crezca, también lo hará el poder adquisitivo de la población, incrementándose el consumo de los servicios, que es donde predominan los trabajos no registrados y han sido los más beneficiados en términos de aumento de sus ingresos. Por ello, no es casualidad que bajara la pobreza. Además, cuando se desacelera la inflación, la canasta básica que consumen los que tienen menos recursos, lo hace más rápidamente. Por eso es importante que la inflación siga bajando.

— ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el diagnóstico sobre la economía argentina que observa en el debate público?

— Uno de ellos, es no entender los cambios de la estructura de producción y trabajo que tienen que vivir los argentinos para ser un país normal. Si no cambia nada, es porque volvemos a la anormalidad. Por eso, es tan importante que se haya aprobado la reforma laboral y sería bueno que se profundice. Va a ser necesario pasar muchos trabajadores de los empleos inviables a los muchos que se van a ir generando.

Por otro lado, es lógico que en el AMBA se haya generalizado la sensación de que no alcanza la plata, más allá del impacto del estancamiento económico por el que pasamos. Durante muchas décadas, los gobiernos les sacaban la plata a los contribuyentes, principalmente del interior, para subsidiar a los que vivían en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No sólo a quienes estaban en sensación vulnerable, sino que a todos. Llegaron a pagar más del 60% de los servicios públicos que consumían los ciudadanos de la gran urbe; mientras que en las provincias se abonaba lo que correspondía. ¿Cómo muchos no iban a optar por venir a hacinarse al GBA?

Ahora, se bajan los impuestos y se suben las tarifas; por lo que el ajuste para pagar lo que se usa lo tiene que hacer uno y no un tercero. Como quedará más plata en donde se la genera, será allí donde estarán las oportunidades. Por lo que, sin subsidios absurdos, habrá muchos menos incentivos a la concentración de la población, como lo hubo hasta ahora y desde hace más de ocho décadas. Así que, a futuro, el AMBA debería perder participación en el total de la población de Argentina.

Por último, en un país donde se iba de crisis en crisis, la demanda de dólares tenía que ser mucho mayor que en uno normal. Acá la gente ahorra en moneda extranjera. Además, todos quieren sacar sus ahorros e inversiones de la economía local; por lo que demandan divisas del exterior. Así que el poder adquisitivo del dólar en Argentina tenía que ser mucho mayor que en un país estable.

En la medida que se avance hacia la normalidad, la demanda de dólares también lo hará y, además, los ahorros e inversiones que vendrán serán mayores que los que se irán. Por lo tanto, en el futuro las divisas extranjeras van a comprar menos de aquello que es “argentino”. La buena noticia es que nuestros ingresos van a ganar más poder adquisitivo.

— Si tuviera que resumir en una frase el momento económico actual, ¿Cuál elegiría?

— Estamos pasando los “dolores del parto” para llegar a ser una nación normal. A partir de los años 30 del siglo pasado, fueron muchos los países que tomaron el mismo rumbo económico de decadencia que Argentina. La única diferencia es que el resto lo fue abandonando y hoy son economías prósperas, que son las que nuestros hijos han estado eligiendo para buscar oportunidades de progreso. No les fue gratis; ya que implicó que una generación hiciera un gran sacrificio para cambiar su nación. Pues en ese proceso de “parto” estamos los argentinos. Tenemos dos opciones, abortarlo y dejarle el problema a los que vendrán, “disfrutando” de la decadencia como se hizo hasta ahora. La otra, hacemos nosotros el esfuerzo y sacamos a Argentina de décadas de empobrecimiento. La buena noticia es que, seguramente, quienes ahora afrontaremos este desafío también veremos que nuestra calidad de vida mejorará en los próximos años.

Aunque en los próximos años las grandes inversiones y -un poco más adelante- el grueso de exportaciones mineras provendrá del cobre, Argentina ya cuenta con un número de operaciones, una cartera de proyectos y un ritmo de expansión productiva que en pocos años la convertirá en el segundo productor mundial de litio, según proyecciones de Rystad, una consultora internacional.

Actualmente, el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE), producto y métrica con que se mide la producción mundial de este mineral, el tercero más liviano de la naturaleza, pero de alta densidad energética, lo que lo convirtió en uno de los “minerales críticos” de la “transición” hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos.

“Los datos recientes sobre producción global de litio dejan algo claro: el mercado ya está altamente concentrado y dominado por pocos actores, con Australia, Chile, China y la Argentina liderando la oferta. Al mismo tiempo, la expansión proyectada de capacidad muestra que el crecimiento vendrá principalmente de operaciones upstream (minería y procesamiento químico), no necesariamente de la fabricación de baterías, y que Argentina se posiciona como principal productor mundial de litio junto con Australia hacia 2030”, escribió Ernesto Díaz, Vicepresidente Senior para América Latina de Rystad Energy.

Según el experto, Argentina, que según recientes datos suministrados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Marcela Hernando, quien fuera ministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, ya había reconocido que la producción de litio chilena se fue rezagando respecto de la Argentina, aunque según las proyecciones de Cochilco (Comisión Minera del Cobre) el sobrepaso se produciría recién en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE. Esa cifra es inferior a las proyecciones del secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, que en foros internacionales señaló que para entonces el país ya produciría 600.000 toneladas de LCE.

A la ampliación de capacidad productiva se sumó hacia fines de 2025 y en lo que va de 2026 una fuerte mejora de los precios internacionales del litio, que de poco menos de USD 11.000 la tonelada en septiembre/octubre de 2025 remontó a cerca de USD 18.000 en abril de este año, aunque se trate de un mercado no tan sujeto a precios de contado, sino a precios contractuales entre productores y compradores. Estos últimos son, mayormente, productores chinos de baterías para vehículos eléctricos y, en crecimiento, fabricantes de grandes baterías “estacionarias” (BESS, por su sigla en inglés) de respaldo a sistemas dependientes de fuentes de generación intermitente de energía.

Según consultoras como Fast Markets, BMI y Trading Economics, el repunte más reciente coincidió con una recuperación de la demanda global, en especial de la industria de baterías para vehículos eléctricos en China y otros mercados asiáticos, que se solapó con restricciones de oferta debido a retrasos en nuevos proyectos de extracción y cuellos de botella logísticos en la cadena de suministro.

China es el principal destino del litio argentino, habiendo absorbido el grueso de las exportaciones litíferas de 2025, como muestra el gráfico de abajo, de un “compendio” de la Secretaría de Minería de la Nación que abarcó el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año.

La puja por los “minerales críticos” es uno de los frentes de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China y allí, como destacó Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política de Providence College y autora del libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del Capitalismo Verde) en una columna de Financial Times, ha ocurrido un cambio tectónico: Argentina, Chile y Bolivia, los tres países del llamado “Triángulo del Litio” (que alberga más de la mitad de los recursos mundiales de litio) pasaron de manos de gobiernos de izquierda a partidos de derecha, más cercanos a Washington que a Beijing. Incluso Brasil, que bajo el gobierno de Lula da Silva intenta una política exterior de equilibrio, acordó ser proveedor de “tierras raras” (uno de los ítems casi monopolizados por China) a Estados Unidos.

En este contexto, Ernesto Díaz, el experto de Rystad, plantea si Argentina debería avanzar hacia una “integración vertical” y competir con la fabricación de componentes de baterías o consolidarse como proveedor competitivo de carbonato y -eventualmente- hidróxido de litio.

Su respuesta, al igual que la de Joe Lowry, fundador y CEO de Global Lithium, es que antes de pensar en nuevos eslabones la Argentina “debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China”. Como “razones estructurales” para hacerlo, cita las siguientes:

• Ventaja comparativa real: Argentina tiene recursos de clase mundial y costos competitivos, por lo cual deberá escalar producción, mejorar eficiencia y capturar valor en el procesamiento químico (carbonato/hidróxido), donde ya existe demanda global sostenida.
• Barreras industriales en la cadena de baterías: La fabricación de cátodos, celdas y baterías requiere ecosistemas industriales integrados, proximidad a fabricantes de vehículos eléctricos, escala, tecnología y know-how acumulado, todos terrenos ampliamente dominados por China, que también controla la cadena de suministro.
• Intensidad de capital y riesgo: La integración vertical implica inversiones mucho mayores, ciclos de retorno más largos y mayor exposición a riesgos tecnológicos y de mercado. Para Argentina, dice Díaz, eso podría “diluir el foco y reducir la competitividad donde ya tiene ventaja”.
• Timing de mercado: La demanda de litio crece rápidamente y necesita oferta confiable. Hay una ventana clara para capturar valor expandiendo producción upstream; el downstream está más saturado y competitivo.
• Estrategia pragmática de desarrollo: Concentrarse en el upstream no implica renunciar a la industrialización, sino priorizar mejoras en la calidad, desarrollo de infraestructura, estabilidad regulatoria, atracción de inversión extranjera e integración selectiva, vía joint ventures y acuerdos tecnológicos.

Según Ernesto Díaz, “competir con China en baterías no es solo una cuestión de recursos, sino de ecosistema industrial completo. Argentina tiene una oportunidad histórica, pero el camino más eficiente es consolidarse como proveedor estratégico global de litio procesado, no replicar una cadena de valor donde otros llevan décadas de ventaja”. La clave, concluye, “no es subir en la cadena por aspiración, sino por competitividad”.

Según Sergio Barón, ingeniero electrónico argentino, CEO y cofundador de la startup Dynami Battery Corp, que en 2025 ganó un subsidio de USD 200.000 de la National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos para desarrollar el uso de solventes ecológicos en la producción de electrodos para baterías de ion de litio, la conclusión de Díaz es cuestionable, pues toma la tecnología en baterías de litio como algo fijo y, aparte, inalcanzable.

Dynami, dice, demostró lo contrario al crear y patentar una tecnología que hace que las baterías se carguen cinco veces más rápido y duren 140% más, sin cambios a la cadena de suministro ni a las gigafactories de baterías y vehículos eléctricos, sino simplemente cambiando los electrodos, la “ruta” entre ánodos y cátodos que recorren los iones de litio en los procesos de carga y descarga de una batería.

Barón, cuya historia ya fue contada aquí, dijo a Infobae que el subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano, solo a partir de vegetales y biodegradable”.

El emprendedor argentino destacó incluso un análisis sobre una patente similar presentada por Tesla, en el que Pradyumma Gupta, eminencia mundial en ciencia de materiales y tecnologías avanzadas para generación de energía, reconoce que el gran avance en la producción de baterías está en la microestructura de los electrodos y no en la química.

Gupta es fundador y director científico de Infinita Lab e Infinita Materials, dedicadas a la innovación en materiales y productos químicos especiales para industrias de vanguardia, asesora a empresas y organismos sobre captura de CO2, nanomateriales, procesos avanzados y materiales para las industrias automotriz y aeroespacial y colabora con el ejército de Estados Unidos en el desarrollo de materiales de alta resistencia y manufactura aplicada a la movilidad eléctrica.

Sea ampliando la producción de carbonato de litio “grado batería” y/o sumando eslabones en la cadena de valor, la realidad es que la producción litífera argentina ya recorrió un largo camino y tiene impulso para recorrer mucho más.

El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como la principal fortaleza del plan de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, lo que suelen calificar como “innegociable”, es considerado por el Gobierno como el pilar de su programa para bajar la inflación. No obstante esa convicción, la segunda parte de 2026 traerá más obstáculos para que se pueda conservar el equilibrio de las cuentas públicas.

Tres factores van a ejercer presión en contra de ese objetivo del Gobierno: la caída que vienen registrando los ingresos públicos, los gastos que impondrán las leyes ya aprobadas por el Congreso y la dificultad para continuar recortando el gasto después de un ajuste significativo, que ya alcanzó 5 puntos del PBI en la era Milei. Esos 3 problemas le esperan al equipo económico en la segunda mitad del año, según un informe de la Fundación Capital.

El documento señala que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo”.

La primera fuente de presión sobre las cuentas públicas es la caída en la recaudación, que viene extendiéndose en los últimos ocho meses. Según la Fundación Capital, “los ingresos del sector público acumulan caídas reales, afectados por recortes impositivos, menores importaciones y una actividad económica heterogénea”.

En el primer trimestre de 2026, la recaudación descendió 5,1% real interanual. El informe precisa: “El año pasado se redujeron de forma permanente las alícuotas de algunos derechos de exportación para diversos productos agroindustriales (-38,2% i.a. real en el primer trimestre de 2026)”. Además, la baja escalonada de las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y el régimen que permitió anticipar el pago del tributo implicaron un descenso del 13,1% i.a. real en el mismo periodo.

El segundo factor de presión sobre el equilibrio fiscal proviene de las leyes aprobadas por el Congreso, que aún no se implementaron plenamente y tienen impacto presupuestario. El informe enumera la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral como las principales. Casi todo ese ordenamiento legal está en medio de una pelea judicial iniciada por el Gobierno para no aplicarlo.

Según la Fundación Capital, la ley de financiamiento universitario tiene un impacto fiscal estimado del orden de 0,2% del PBI, la de emergencia pediátrica de 0,02% del producto, la de emergencia en discapacidad entre 0,20% y 0,50% del PBI y la de Modernización Laboral, en particular por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un costo estimado de 0,15% a 0,30% del PBI.

A pesar de que su aplicación permanece incierta, la presión potencial sobre las cuentas públicas es significativa. El informe advierte: “Diversas autoridades señalaron que su aplicación permanece suspendida hasta que se determinen las fuentes de su financiamiento y se incluyan en el Presupuesto Nacional las partidas correspondientes”.

El tercer factor que amenaza el objetivo de equilibrio fiscal es la dificultad para seguir reduciendo el gasto después de un ajuste intenso. El reporte explica que “el gasto ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”. Si la dinámica del primer trimestre se mantuviera durante todo el año, “las erogaciones volverían a reducirse en torno a medio punto del producto, luego de una baja acumulada de más de cinco puntos desde 2024”.

El documento advierte que “el gasto público se ubicaría en el nivel más bajo de los últimos diez años, lo que plantea un desafío para algunas partidas”. En ese contexto, el margen para nuevos recortes es cada vez más acotado, en especial en rubros sociales y salarios públicos, que ya mostraron retrocesos importantes.

El informe enfatiza que “sostener este ritmo de ajuste será complejo hacia adelante”. Para justificar la magnitud del esfuerzo requerido, la Fundación Capital afirma: “Sin repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que podría resultar demasiado exigente para algunas partidas”. El mismo documento detalla que “los salarios del sector público retrocedieron unos 20 puntos en términos reales desde el comienzo de la gestión”, y que las transferencias a provincias y los gastos de capital permanecen en niveles históricamente bajos.

Adicionalmente, el informe advierte que si bien el objetivo de resultado primario positivo para el año no parece en riesgo, la composición y la magnitud del ajuste necesario pueden tener consecuencias económicas y sociales. El informe señala: “la solvencia fiscal luce más comprometida. La deuda pública aumenta por la capitalización de intereses, mientras también se expande la deuda flotante y se profundiza la represión del gasto público, que parece responder más a una postergación de erogaciones que a una reducción sostenible”.

En cuanto a los recursos extraordinarios, el informe menciona que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como las represas hidroeléctricas del Comahue, por más de USD 700 millones, aunque aclara que “estos recursos contribuyeron a reforzar los ingresos del primer mes del año, aunque no son computables para las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional”. Otros procesos de privatización, como Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, permanecen en agenda con diferentes grados de avance.

El cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI, que para 2026 establece un superávit primario de 1,4% del PBI, depende entonces de que el Gobierno logre compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”.