Por orden de la jueza Alicia Vence, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, efectivos de la Policía Federal realizaron un nuevo allanamiento en la municipalidad de San Martín. La medida de acción se enmarca en la investigación de un modus operandi similar al caso de “Chocolate” Rigau en La Plata.

Según trascendió, durante el operativo en el edificio de Belgrano 3747 se confiscaron los legajos de 889 empleados municipales que fueron designados en el año 2023 y no lo sabían. Se trata del segundo allanamiento ordenado por la jueza Vence, después de que el primero se realizara a mediados de mayo. 

La investigación se inició en diciembre del año pasado a raíz de la denuncia de una persona que descubrió que le habían suspendido el plan social debido a que figuraba como empleado de la municipalidad de San Martín, aunque nunca desempeñó dichas funciones. En este sentido, la Justicia ya ha confirmado dos casos con estas características.

A su vez, se está investigando un listado de diez nombres que supuestamente son empleados “fantasma”, quienes habrían estado cobrando salarios de $300.000.

Según fuentes oficiales, el operativo es parte de una investigación destinada a determinar si los 889 empleados municipales designados el año pasado efectivamente desempeñaron sus funciones o si son empleados fantasma que nunca se presentaron a trabajar, mientras que sus salarios eran cobrados por funcionarios del Poder Ejecutivo local.

Hasta el momento, la Justicia federal está examinando si en el Municipio de San Martín se llevó a cabo una maniobra similar a la que se descubrió en la Legislatura provincial, la cual salió a la luz con las detenciones de Julio Segundo Rigau, conocido como “Chocolate”, así como de Claudio y Facundo Albini.

El sumario que resultó en los dos allanamientos en la Municipalidad de San Martín fue iniciado por el fiscal federal Paul Starc y tiene como imputado al intendente Fernando Moreira. El jefe comunal fue acusado de presunta defraudación pública y se le ha prohibido salir del país, junto con otros cinco funcionarios del municipio, quienes también están imputados.

Además de la prohibición de salida del país para el intendente y los cinco funcionarios, la jueza los ha notificado sobre la formación de una causa en su contra por presunta defraudación al Estado. Hace un mes, se llevó a cabo el primer allanamiento, durante el cual la Policía Federal secuestró los legajos de 13 empleados municipales cuyos salarios supuestamente fueron cobrados por, entre otros, Sergio González, quien ocupaba el cargo de presidente del Concejo Deliberante de San Martín.

Según consta en el expediente, al igual que “Chocolate” Rigau, González fue captado por las cámaras de seguridad de las sucursales San Martín y Villa Lynch del Banco Provincia mientras retiraba dinero de cuentas sueldo que no le pertenecían, a través de cajeros automáticos, el 4 y 7 de septiembre de 2023. A pesar de su responsabilidad como máximo responsable del órgano legislativo de San Martín, nunca fue imputado y falleció en noviembre pasado.

Fernando Moreira, intendente de San Martín.

En cuanto a las pruebas que la Justicia consideró para fundamentar la imputación contra el intendente Moreira, una de ellas fue la contratación del damnificado y de otras doce personas mediante el decreto municipal 916/2023. De hecho, un detalle que llamó particular atención de la justicia fue que estas personas fueron contratadas como personal temporario mensualizado para desempeñarse en la categoría de “Experto”, y dicho decreto fue firmado por el propio jefe comunal.

Al presentar la acusación, el representante del Ministerio Público tuvo en cuenta una inconsistencia detectada al cotejar la información del mencionado decreto y del Memorándum N° 164120/2023, firmado por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Martín el 8 de junio de 2023.

“Se estableció que los trece agentes nombrados por el decreto 916/2023 comenzaron a prestar servicios, a partir del 20 de abril de 2023, de lunes a viernes, de 8 a 15. Pero toda la documentación incorporada en dichos legajos fue expedida e incorporada con posterioridad a la fecha de designación, por lo que se desprende que los mismos fueron nombrados y supuestamente comenzaron a prestar servicios, sin tener acreditado si cumplían o no con los requisitos para su designación”, se consignó en el sumario judicial.

En el allanamiento de este miércoles, desde el municipio destacaron su colaboración durante el operativo judicial y afirmaron ser los principales interesados “en que se esclarezca el hecho”. En este sentido, mediante un comunicado oficial expresaron: “En todo este tiempo respondió y colaboró con todo lo solicitado por la Justicia. De hecho, el 22 de marzo, se presentó como querellante en la causa”.