POLITICA
Colectivos: el Gobierno armó una mesa de diálogo, pero las empresas preven que se van a agravar las demoras

La reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.
En un marco de conflicto creciente entre las partes, funcionarios de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves por la mañana a los representantes de las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de un ámbito de discusión, del que participarán todos los sectores involucrados, para avanzar en una reestructuración integral del esquema, que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.
“En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, precisó el Poder Ejecutivo.

La primera reunión de ese grupo se realizará el próximo martes por la mañana y la misma estará orientada en buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”.
“Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señaló la Secretaría.
Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120 mil millones de pesos.
“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible», cuestionó uno de los representantes de las compañías que participaron en la conversación de hoy.
Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

“No vemos un panorama realmente alentador en lo inmediato y, concretamente, con el tema de la racionalización del servicio, de mínima, si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando. Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivo porque no tenemos posibilidades”, advirtieron desde las organizaciones privadas.
Durante el encuentro de este jueves, los funcionarios nacionales recordaron que “ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026”.
En el plano tarifario, las autoridades destacaron que “desde enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%”, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.
La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo declarado de “consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas”.
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POLITICA
Etiquetado Frontal: el cruce de una diputada del PRO que busca derogar la ley con una nutricionista

En Infobae a la Tarde, la diputada Daiana Fernández Molero y Ana Cáceres, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), protagonizaron un debate sobre el proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021.
El eje de la discusión giró en torno a la presencia obligatoria de advertencias sobre nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados y las implicancias para la salud pública y el comercio.
El Gobierno propone eliminar los octógonos de los alimentos ultraprocesados
“Lo que quiere el Gobierno es borrar de un plumazo la Ley de Etiquetado Frontal, terminar con los octógonos”, sintetizó Maia Jastreblansky al presentar el tema. La diputada Daiana Fernández Molero, promotora de la derogación, defendió la iniciativa: “La verdad de lo que está pasando en el país y la verdad de lo que contienen los alimentos. La ley fue resultado de un amplio debate democrático […] basado en la evidencia científica libre de conflictos de interés”, señaló.
Según Fernández Molero, “cuando todo tiene sello, nada tiene sello. Se convierte en una parte del paisaje. Si yo tengo un semáforo que está permanentemente en rojo, después lo cruzo, porque ya está, no funciona el semáforo”.
Planteó que el perfil de nutrientes adoptado por Argentina —basado en la OPS— es más restrictivo que el de otros países del Mercosur, lo que “condiciona a que casi todos los productos lleven sellos, sin distinguir matices nutricionales”.
Ana Cáceres, por su parte, defendió el espíritu de la ley: “El sistema de perfil de nutrientes de OPS es el más riguroso, es el que impacta en la mayor cantidad de productos ultraprocesados. Los sellos informan, no prohíben. Es una herramienta para proteger a las infancias y a los sectores vulnerables”. Subrayó que “la ley argentina no es sólo el etiquetado, también regula la publicidad, los entornos escolares y avanza sobre las compras públicas”.
El impacto en los hábitos de consumo y la opinión pública
Durante el intercambio, se repasaron datos del Ministerio de Salud que muestran el efecto de la ley en el comportamiento de los consumidores: “El 43% de los consumidores tiene en cuenta los sellos a la hora de comprar, el 90% está de acuerdo con los sellos en los paquetes”, detalló el panel. “El 58% dejó de comprar un paquete de galletitas al ver los sellos, el 57% lo tuvo en cuenta al elegir bebidas, y el 48% en yogures”.

Cáceres reforzó el valor social de la normativa: “Los hogares más vulnerables son los que más valoran la ley, porque les permite tomar decisiones rápidas e informadas en la góndola. Los adultos mayores también se benefician, porque ya no necesitan leer la letra chica: el octógono les indica claramente qué nutrientes pueden afectar su salud”.
Fernández Molero, en cambio, cuestionó la utilidad real de los sellos: “No informa mejor al consumidor. Elegimos un perfil de nutrientes basado en la OPS que es muy distinto al de Chile, Brasil y Uruguay, y que termina generando que casi todos los productos tengan sellos. No hay incentivos para que la industria reformule sus productos, y además se dificulta la exportación porque cada país del Mercosur tiene un sistema distinto”.
El dilema entre salud pública y armonización comercial
El debate abordó el trasfondo regional y las presiones del comercio internacional. “En el Mercosur se está discutiendo una posible armonización del sistema de etiquetado”, explicó Fernández Molero. “Argentina quedó atada por ley a un perfil de nutrientes muy rígido, lo que nos resta capacidad de adaptarnos y negociar con otros países. Si queremos vender alimentos al mundo, necesitamos un sistema que nos permita dialogar”.

Cáceres respondió: “No estamos en contra de la armonización, siempre que no implique un retroceso en la protección de la salud. Si los estándares bajan, perdemos una herramienta que es modelo en la región y que costó años de debate y consenso”.
La polémica alcanzó incluso a la definición de qué es un alimento ultraprocesado y cómo debe informarse al consumidor. “No es lo mismo comparar almendras con papas fritas”, remarcó Cáceres, mientras Fernández Molero insistió en la necesidad de revisar los parámetros: “Las grasas y las calorías no deben ser demonizadas, son necesarias en la alimentación. El sistema actual no distingue entre diferentes calidades nutricionales”.
Ambas coincidieron en que la ley es perfectible, pero mientras una defiende su mejora, la otra impulsa la derogación como camino hacia un nuevo marco normativo. El Gobierno espera que el Congreso trate la propuesta en las próximas semanas.
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POLITICA
Detuvieron al ex titular de ARSAT: hallaron drogas y más de US$ 2,5 millones en efectivo

El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, a partir de una causa identificada como “NN s/ Robo”, originada tras una denuncia presentada por ARSAT.
Según pudo saber Infobae, los investigadores ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas vinculadas al expediente.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, pendrives, documentación y distintos elementos considerados de interés para la pesquisa. Sin embargo, uno de los allanamientos terminó abriendo un nuevo capítulo dentro de la investigación.
El operativo más relevante se realizó en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, domicilio vinculado a Leal. Allí los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.
Además de las drogas, los investigadores secuestraron cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras, grabadoras y anteojos, además de documentación considerada relevante para la causa.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.
A partir del hallazgo de los estupefacientes y del dinero, la Secretaría actuante dispuso la detención de Leal en calidad de incomunicado. Posteriormente fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.
Horas más tarde, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza.
El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza. En ese inmueble los agentes secuestraron otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular.
De esta manera, entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las restantes divisas extranjeras y los pesos argentinos encontrados durante los procedimientos.
La causa que derivó en la detención de Leal no estaba enfocada inicialmente en él ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.
Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Fue en ese contexto que se dispusieron los quince allanamientos realizados en el marco de la causa, entre ellos los procedimientos efectuados en propiedades vinculadas a Leal.
La detención del ex funcionario también generó repercusión por la trayectoria que desarrolló dentro de la administración pública nacional.
Con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Leal construyó gran parte de su carrera en ARSAT, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia de la compañía estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.
Permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.
Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.
POLITICA
Rechazo a la decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El grupo de abogados Será Justicia publicó este sábado un comunicado en el que cuestionó la reciente decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon. Desde la entidad sostuvieron que la medida del oficialismo implica “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”.
“Desaprobamos la improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo la organización en un documento firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico.
El Gobierno bloqueó el avance del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. El pliego cuenta con nueve firmas, lo que representa a la mayoría de los miembros de la Comisión de Acuerdos y las suficientes para convertirse en dictamen. Sin embargo, el oficialismo se niega a habilitar su tratamiento, una decisión que podría frustrar su designación.
“El referido pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, reclamaron desde el grupo de abogados que, según se describe, vela por el respeto a las instituciones y a la democracia.
“Se trata, pues, de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”, analizaron.
La objeción de parte del Gobierno es que Michelli es la cuñada de Alconada Mon, quien realizó investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones. El principal representante de esta postura es Juan Carlos Pagotto, senador riojano y presidente de la Comisión de Acuerdos. Llegó a la Cámara alta en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y tiene línea directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La nota que pide el rechazo de la postulación fue también firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido para ese cargo por el presidente Javier Milei y su hermana.
“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.
En paralelo, el Gobierno decidió dar luz verde a los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, jueces del fuero penal económico que anteriormente habían sido objetados por la gestión libertaria debido a sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.
Quienes integran el grupo de abogados exhortaron a los senadores a que “rechacen el pedido de retiro del pliego” de Michelli y “denieguen aprobación a los pliegos correspondientes” a Galván Greenway y Catani. “Evitando así la indebida afectación de la independencia del Poder Judicial y desactivando la sospecha de la vigencia de un inadmisible sistema de premios y castigos que no hace sino resentir la calidad democrática de nuestra República”, concluyeron.
vetar el ascenso de una candidata a jueza,María Eugenia Talerico,sobre el caso $LIBRA,el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni,anteriormente habían sido objetados por la gestión libertaria,Senado de la Nación,Javier Milei,Conforme a,,Qué tenía el exfuncionario detenido. Así encontraron fajos de US$100.000 termosellados, cocaína rosa y pastillas en los domicilios de Facundo Leal,,Polémica. El intendente de Bariloche se puso al hombro la poda de pinos y los cortó con una motosierra,,Sobreprecios. Detuvieron a un expresidente de ARSAT con US$ 2.300.000 dólares y drogas,Senado de la Nación,,Tensión en el Senado. Pro y otros aliados se diferencian del oficialismo y buscan sostener el pliego de la jueza Michelli,,Falsas denuncias. Por primera vez un informe oficial cuantifica el fenómeno, en medio del debate para aumentar penas,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas
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