ECONOMIA
Cómo la historia de un puente roto de más de 50 años puso en foco el destino de los impuestos provinciales y las tasas municipales
Construido en 1972, el puente Héctor Ligorria, sobre lo que algunos lugareños llaman arroyo y otros río Piray Miní, fue refaccionado en 1992, y tras la última crecida estaba al borde del colapso, como muestran fotografías más adelante. El hormigón sumergido sufrió 54 años de embate de crecidas, impacto de troncos, socavamiento de la corriente.
El puente está emplazado en el Municipio 9 de Julio, del Departamento de Eldorado, cerca de la Ruta Provincial 226, zona de Valle Hermoso y el río abastece de agua a Eldorado. Alfredo Gruber cuenta: “Uno de los pilotes se hundió y otro se quebró y se fue hundiendo la plataforma de hormigón, que está bien hecha”.
El arreglo correspondía al Municipios de 9 de Julio (del otro lado está la localidad de Colonia Victoria), o a la Provincia, pero hace dos años, dice Gruber, “aparecieron 5 ingenieros de Vialidad Provincial, dijeron que al puente había que hacerlo de nuevo y echaron tierra a ambos lados, para que no se pueda usar”. El tiempo pasó y del puente nuevo no hubo noticias.
Un grupo de productores autoconvocados formado a raíz del robo de ganado y otros problemas que no solucionaba la policía y -menos aún, la Justicia- juntó 150 firmas y pidió audiencia al gobernador misionero, Hugo Passalacqua, al ministro Coordinador, Carlos Sartori, y al director de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal, por el tema del puente. No tuvieron respuesta.
Cincuenta kilómetros de rodeo
”Teníamos que dar una vuelta de 50 kilómetros para llegar a nuestra chacra”, recuerda Alfredo a Infobae. “Empezaron a pasar primero motos y después se fue sacando la tierra y se volvió a usar, pero era peligroso, en cualquier momento se caía un camión o un colectivo”, dice el productor misionero, que junto a sus hermanos Aldo y Gerardo son dueños de Gruber Hermanos SRL y del Establecimientos Guillermo -productores integrados que plantan pino, tienen aserradero, producen sorgo, maíz y girasol y hacen feedlot y cría de cerdos-.
“Cada vez que bajaba el agua Aldo me presionaba para arreglar el puente”, cuenta Alfredo. Este verano los Gruber hicieron lo que por años no hicieron ninguna de las instancias estatales: pusieron maquinaria, grúas, palas, camiones, cemento, hicieron encofrados, arreglaron los pilotes y repararon lo que localmente llamaban “Puente 4 Caminos”, por el número de canales, que se redujo a tres. Ahora quieren que la provincia les reconozca la reparaciónmediante una compensación impositiva.
¿A quién le corresponde el arreglo?
Recientemente, un grupo de 20 diputados kirchneristas calculó que Economía retuvo ilegalmente 1,16 billones (esto es, millones de millones) de pesos que debería asignar por ley al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Alfredo Gruber no sabe a quién le corresponde, pero sostiene que la reparación debería estar a cargo de la Nación, que cobra impuesto a los Combustibles e IVA, o -más cerca del problema, a la Provincia (que cobra impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliarios, Patentes), o al Municipio corresponde (que cobra tasas viales).
“La zona tiene pino y yerba; ahora, por los bajos precios, los yerbales de baja producción tendrán que reconvertirse, pero para eso hacen falta créditos a tasa razonable”, señala a Infobae. Del otro lado de la frontera, compara, los productores brasileños “tienen créditos al 4%, 8% o 10% anual a 6 a 10 años, con 3 de gracia. Y no tienen IIBB”. El productor recordó además que en las últimas décadas, pese a las tasas municipales e impuestos provinciales, “muchos caminos rurales se cerraron, dejaron de existir”.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera?, pregunta el empresario y economista Gustavo Lazzari, que llamó la atención sobre el caso, ejemplo de las “peripecias” que deben atravesar las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.
La historia es aún más llamativa por ocurrir en Misiones, caso paradigmático de uso y abuso de las “retenciones” de IIBB, impuesto del que en 2023, según la última información disponible, debía devoluciones por entre 12 y 14 meses.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera? (Lázzari)
Jorge Colina, presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) dijo a Infobae: “Debe seguir siendo lo mismo, yo pude hacer ese cálculo por información que me pasaron de una Dirección de Rentas Provincial que integra la Comisión Arbitral, conformada por la mayoría de las provincias argentinas”.
La Justicia, las tasas viales y las provincias
Colina detalló que “todas las provincias tienen IIBB, con una tasa que no parece muy alta, 3%, 4% o 5%, pero al afectar todos los eslabones de la cadena productiva llega a pesar hasta 12% o 15% en el costo final de un bien o servicio. Más dañino aún es que las provincias hacen retenciones a las empresas no solo por las ventas que hagan en su territorio, sino también por ventas en otras provincias. Es el caso de Misiones, de Catamarca: a los contribuyentes inscriptos en sus direcciones de renta, aunque no sean de esas provincias, le hacen retenciones por ventas que son muchas veces fuera de la provincia. Eso genera un crédito al contribuyente, que si no tiene suficientes ventas allí no puede recuperar. Así Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia”.
Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia (Colina)
La Comisión Arbitral de rentas provinciales estableció un esquema unificado para una sola retención de IIBB que el contribuyente use en cualquier provincia. Sin embargo, provincias como Misiones retienen por su cuenta.
“Una empresa puede netear esos créditos solo si vende en la provincia; si no, se transforma en un costo. Eso disgusta a otras provincias, pero sobre todo a las empresas. Hay algunas que decidieron no operar más en Misiones”, aclaró Colina a Infobae.
Un caso significativo es el de Las Marías, productora de yerba y té y dueña de marcas de yerba mate muy conocidas presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: dice que los “anticipos de Ingresos Brutos” que le retiene Misiones superan en más de 17.000% lo que le corresponde de pago anual. La vecina Corrientes se presentó como “tercero interesado” con el argumento de que lo que hace Misiones conspira contra planes de inversión de la empresa en su territorio.
Según un estudio de Idesa, en 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de 1 mes del impuesto. En 6 equivalen a entre 1 y 2 meses y en las 8 restantes los anticipos equivalen a más de 2 meses del impuesto. Misiones y Catamarca son de lejos las provincias que más dinero se quedan, en meses de la recaudación total de IIBB.
Ordenar la anarquía
“Cuando se habla de reforma impositiva: antes de hablar de si bajamos un poco la alícuota de Ganancias o las retenciones hay que ordenar la anarquía de las provincias con IIBB. Eso quita productividad. Algunos dicen que el tipo de cambio está apreciado un 15%, pero si arregláramos IIBB los insumos bajarían el 15%, porque no habría ese efecto cadena. Ni qué hablar con las retenciones que hacen y no devuelven nunca”, dijo Colina.
El esperto considera que una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias”. Sobre el caso del puente sobre el Piray Mini, Colina acotó: “aún si la provincia le reconoce a los productores el gasto del puente, el problema sigue, porque la provincia va a seguir haciendo retenciones espurias a todos los demás”.
Una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias” (Colina)
Lo cierto es que los abusos de algunos municipios en tributos como la “tasa vial” empezaron a multiplicar reclamos y generar fallos a favor de los demandantes. Recientemente el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen dictó que el municipio bonaerense de Daireaux devuelva sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial al comprobar, tras más de dos años de pericias judiciales e ingenieriles, graves deficiencias de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines.
La sentencia, del juez Pablo Germain, un extributarista, consideró nula la tasa vial para un grupo de contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso reducciones proporcionales.
Y esta semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, falló contra el municipio de Baradero (también en territorio bonaerense), conminándolo a informar sobre el uso de $1.000 millones de tasa vial pagada por productores rurales.
Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que combate la sobre-tributación y la imposición ilegal, dijo a Infobae que el fallo de Germain es ejemplar pues reafirma 3 aspectos centrales de las tasas municipales:
- deben fundarse en una prestación efectiva,
- su monto debe basarse en el costo (proporcional) del servicio prestado, y
- su recaudación no puede asignarse a otros fines.
Las demandas de los productores, dijo, no son una “rebelión fiscal”, sino reclamos a favor de justicia fiscal.
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ECONOMIA
Se vendieron estaciones de servicio Shell: Manzano y Mercuria compran activos de Raízen en Argentina
El traspaso fue informado por Raízen, controlante de la marca, a las autoridades bursátiles de Brasil. La operación se cerró en más de u$s1.400 millones
04/06/2026 – 09:47hs
Tras meses de tratativas y largas negociaciones, finalmente el traspaso tuvo lugar: la sociedad entre José Luis Manzano y Mercuria abrochó la compra de los activos de Shell en la Argentina en una suma de 1.420 millones de dólares. La operación comprende un paquete integrado por 894 estaciones de servicio, una refinería, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles. La venta fue informada por la brasileña Raízen, propietaria de la marca Shell a nivel local, en una notificación a la Bolsa de Sao Paulo. Con esta operación, Raizen busca enderezar su mal momento financiero producto de una combinación de fuertes inversiones que no dieron los resultados esperados, clima errático e incendios forestales que afectaron las cosechas.
En su comunicación a las autoridades bursátiles, Raízen afirmó que los fondos se utilizarán para «gestionar la estructura de capital de la empresa, fortalecer su posición financiera y respaldar sus prioridades estratégicas a largo plazo». La empresa atraviesa una crisis debido a su elevado nivel de endeudamiento.
Venta de los activos de Shell: controlante de la marca, con dificultades
Fuentes en Brasil como el prestigioso O Globo detallan, además, que en los últimas horas Raízen también «presentó a sus acreedores su plan de reestructuración financiera, con el objetivo de alcanzar un acuerdo extrajudicial para reorganizar su deuda de 65 mil millones de reales. La compañía tiene hasta el próximo lunes para finalizar el acuerdo, en el que espera obtener el apoyo de más del 70% de sus acreedores».
La operación de traspaso de activos fue anticipada por iProfesional a inicios de esta semana. La empresa brasileña viene ejecutando un amplio programa de desinversiones para reducir su elevado nivel de endeudamiento cercana a los u$s12.600 millones y reforzar su estructura de capital.
Desde hace ya varios meses, este medio viene anticipando que la trading internacional Mercuria Energy Group firmó un preacuerdo para comprar estos activos. Pero, este gigante europeo no está solo, sino que participa en las negociaciones junto con Manzano y con su socio Daniel Vila.
El perfil de Mercuria
En el ámbito de los hidrocarburos y refinados se señala que Mercuria comenzó a transformarse en un candidato firme a partir de la segunda parte de 2025. De origen suizo, el grupo es aliado de Manzano y su par Daniel Vila en Vaca Muerta a través de la petrolera Phoenix Global Resources.
Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, la firma señala en su sitio institucional que opera en más de 50 países de los 5 continentes. «Empleamos a más de 1.300 personas de más de 60 nacionalidades y generamos ingresos superiores a los 100.000 millones de dólares», declara la compañía.
Mercuria declara u$s6.700 millones de patrimonio y alrededor de u$s2.000 millones invertidos en el negocio de la transición energética. La compañía también opera en el nicho de los servicios mineros e interviene, además, en el negocio de los commodities agrícolas.
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ECONOMIA
Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país: un grupo suizo pagó USD 1.420 millones
Después de una larga negociación, se confirmó hoy la venta de las estaciones de servicio Shell en argentina.
El comprador, según se informó oficialmente, es el fondo suizo Mercuria Energy Group.
En negocio estaban en manos del Grupo Raízen, un joint venture propiedad al 50% de la propia petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan, e involucra a todo el negocio de downstream en Argentina: la red de 894 estaciones de servicio, que representan un 18% del mercado de venta de combustible, la refinería de Dock Sud (PBA), una planta de lubricantes en CABA, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fé.
Shell dividió sus negocios hace varios años en el país: mientras sigue operando el upstream, o la producción de petróleo en Vaca Muerta, había dejado el negocio de venta de combustible en manos de Raízen.
“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, declaró Brian Falik, director global de inversiones de Mercuria. “Nos comprometemos a garantizar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios, al tiempo que invertimos de forma responsable en el desarrollo futuro de la plataforma”.
La empresa aseguró que la adquisición refleja el compromiso a largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la consolidada presencia de la compañía en Latinoamérica. “Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Mercuria tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el éxito y el desarrollo continuos del negocio en Argentina”, expresó un comunicado, que también agregó que el grupo “cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio«.
“El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, dijo Raízen a la bolsa en Brasil.
“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”, agregó.
Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año fiscal y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.
Mercuria se define como uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Nació en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países y genera ingresos superiores a los USD 140.000 millones.
“Participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales”, destacó la empresa.
Tiene negocios en México, Panamá, Argentina y otros países de la región. “La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe”, explicaron.
Mercuria, además, es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources. , que opera en Vaca Muerta.
Manzano, por otra parte, es uno de los dueños, junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti, de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. En el sector aseguran que el ex ministro del Interior fue el nexo para este negocio con Raízen, por las bocas de expendio Shell, que ahora quedó en manos de sus socios.
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El consejo directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a las políticas de tercerización y despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El conflicto estalló al tiempo que renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Lamboglia, en medio de «una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo», indicaron fuentes de la actividad.
El secretario General del gremio, Guillermo Mangone, repudió «las cesantías injustificadas que se están llevando a cabo en todo el país«, señaló y subrayó que estas medidas resultan «particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros».
Cómo la tercerización amenaza la seguridad del servicio de gas
Según explicó la Federación del Gas, «en lugar de invertir en recursos humanos y capacitación, las ganancias son utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio», remarcando que «la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas».
Mangone advirtió que esta práctica «no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo» y relató que «en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial».
En este marco, manifestó su preocupación por lo que consideró una «pasividad de los organismos de control» frente a estas situaciones, apuntando que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
La FETINGRA avisó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria «pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones» y exigió:
- El cese inmediato de los despidos injustificados
- La preservación de los puestos de trabajo
- El respeto por los derechos laborales adquiridos
La pelea interna que hizo explotar al regulador del gas
En la actividad, la renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE -organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país- fue sorpresiva y algunas versiones se refieren a las constantes peleas palaciegas libertarias. A menos de un mes de asumir dejó el cargo en manos de su segundo, Vicente Serra.
Trascendió que el desencadenante de la salida de Lamboglia fue producto de una fuerte interna dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Las diferencias entre los funcionarios comenzaron con las renovaciones de contratos. Lamboglia proponía no realizarlos hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció esa solicitud y días después renovó por 6 meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio, al tiempo que impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.
También había discrepancias sobre las nuevas oficinas del ENRGE, ubicadas en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.
La semana pasada, el directorio convocó a una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que desató el enojo de Lamboglia, quien argumentó que la constante tensión estaba afectando su estado de salud por su condición de diabético.
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