El Gobierno trabaja en un acuerdo de ciberseguridad con los Estados Unidos con el objetivo de conseguir financiamiento, programas de cooperación y equipamiento para reforzar los sistemas de protección del Estado.

La intención del Ejecutivo es robustecer la capacidad de prevención y respuesta ante ataques informáticos y cerrar parte de las vulnerabilidades que hoy reconocen en distintas áreas de la administración pública.

En la Casa Rosada sostienen que el plan no está atado formalmente a una coyuntura puntual, pero admiten que existe inquietud por las capacidades reales del Estado para enfrentar intrusiones, filtraciones y brechas internas.

En Balcarce 50 aceptan que hay ataques que hoy no pueden evitar por completo y que tampoco se puede neutralizar del todo el riesgo de fuga de información por parte de personal con acceso a documentación sensible. La evaluación oficial es que esos “grises” no desaparecen, pero que sí pueden reducirse con mejores protocolos, tecnología y coordinación.

La base administrativa de ese rediseño quedó formalizada a fines de 2025. El decreto 941/2025 creó el Centro Nacional de Ciberseguridad y dispuso el traspaso de bienes, activos, derechos y obligaciones vinculados a la ciberseguridad que estaban asignados a la exagencia federal de Ciberseguridad, que dependía de la SIDE.

El texto oficial justificó esa mudanza en la necesidad de separar las tareas de ciberinteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional de las funciones específicas de ciberseguridad, que pasaron a Innovación.

El entendimiento que busca cerrar Nación se inscribe, además, en una agenda más amplia de alineamiento con Washington en materia de seguridad. En julio de 2025, el oficialismo anunció la firma de instrumentos con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y antecedentes, con el argumento de mejorar las capacidades operativas frente a amenazas transnacionales.

Ese acercamiento se extendió también al plano militar. El ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó en Washington con gestiones para la compra de blindados Stryker, helicópteros Black Hawk y cooperación técnica y tecnológica para prevenir y responder a ciberataques sobre infraestructuras críticas, como puertos, centrales nucleares, gasoductos y yacimientos estratégicos.

En esa misma línea, el Gobierno ya había oficializado en 2025 un acuerdo integral con los Estados Unidos que incluyó cooperación en ciberdefensa, protección de fronteras, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico, además del avance en etapas para la adquisición de vehículos Stryker.

La agenda bilateral también alcanzó al sistema de inteligencia. El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, mantuvo en Washington una reunión privada con el director de la CIA, John Ratcliffe, que abrió una agenda de cooperación centrada en capacitación técnica, fortalecimiento de capacidades y mecanismos de trabajo conjunto, con foco en terrorismo, financiamiento ilícito e interoperabilidad entre agencias.

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En paralelo, la Casa Rosada busca darle encuadre legal a otro tramo de esa relación estratégica. Nación prepara el envío al Congreso del acuerdo de defensa firmado con los Estados Unidos en el marco de la alianza de seguridad impulsada por Washington contra amenazas externas.

En el oficialismo remarcan que ese entendimiento no implica el envío de tropas argentinas a escenarios de conflicto como el estrecho de Ormuz, pero admiten que forma parte del esquema de alineamiento militar y de seguridad que Milei viene profundizando con la Casa Blanca.

La intención oficial es consolidar una red de cooperación con Washington que abarque ciberseguridad, defensa, inteligencia y fuerzas de seguridad, con acceso a capacitación, tecnología, equipamiento y financiamiento.

En Balcarce 50 no dan detalles todavía sobre los sistemas que quieren adquirir, pero insisten con que buscan reforzar la seguridad informática del Estado y profundizar un vínculo estratégico.

Gobierno, ciberseguridad, Estados Unidos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la ley que blinda la propiedad privada que Javier Milei envió semanas atrás al Congreso. El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.

Sturzenegger fue el principal expositor del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado -presidió el libertario fueguino Agustín Coto, que por momentos se dejó manejar los tiempos por cristinistas-, que comenzó a analizar una iniciativa que consta de seis capítulos y 53 artículos. La ,misma también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y cambios en el Registro de Propiedad para fomentar la incorporación de tecnología.

“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró en los primeros minutos de su disertación.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.

Además, el funcionario habló de compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.

Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En dicho capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.

No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.

“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas que, hasta ahora, no sirvieron de nada.

Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó el régimen como un “dislate”.

Tras la exposición, los primeros senadores en preguntar fueron kirchneristas: José Mayans (Formosa-jefe del espacio), Martín Soria (Río Negro), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). Varios de ellos lanzaron varios dardos venenosos por su pasado amarillo y el endeudamiento, más su gestión actual en Desregulación. No obstante, el último alertó sobre desalojos con juicios sumarísimos a personas “que no puedan pagar el alquiler”.

Salino fue al único de este lote al que Sturzenegger le agradeció un requerimiento concreto. Más tarde, a modo general, resaltó que el objetivo es “un país sin cercos que nos hemos puesto a la inversión”. Para esta altura, la libertaria y titular de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), pareció tomar el control del plenario, que le correspondía en realidad a Coto. Luego, esto se reacomodó.

Otra senadora opositora, la peronista riojana Florencia López, castigó a quien Milei califica de “coloso” y lo halagó por su “capacidad para la creación de términos faranduleros”, en relación con el nombre de su Ministerio, y por haber tomado medidas que afectaron “a los más vulnerables”. “El estado atrasa”, replicó Sturzenegger.

Por el oficialismo, uno de los que hizo uso de la palabra fue el exjefe de la bancada, Ezequiel Atauche, quien se refirió a “privados que tenían que salir a proteger sus tierras en Jujuy por grupos políticos sostenidos por el gobierno anterior”, con “gente encapuchada con palos entrando a la privada a robártela”, y recordó a la condenada Milagro Sala. “No hubo nunca voluntad política de proteger”, finalizó el legislador.

Una de las espadas cristinistas, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, consultó al jerarca libertario “qué estimación oficial tiene ante el -eventual- aumento de extranjerización de la tierra que generará proyecto en 10 y 20 años, desagregado por provincia y departamento”, así como un análisis geopolítico por los dichos del ministro sobre “seguridad nacional”, y mostró su preocupación por acuíferos y zonas fronterizas. Este último punto fue aclarado por otro funcionario nacional, que ratificó continuará igual. En cuanto a tierras extranjeras, la senadora kirchnerista llevó un mapa del Conicet y dijo que, del límite de 15%, hoy hay un 5%.

Pedido por el ReNaBaP

El Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, sugirió no aplicar modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que hundió Sturzenegger horas atrás. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”. Tras sus palabras, Mayans y Márquez mantuvieron un intercambio entre religión y teología.

Justo a un mes del viaje a Nueva York que inauguró la etapa de mayor desgaste para el Gobierno, Diputados abrió el recinto para avanzar con la reforma de la ley de glaciares. Le permitió al oficialismo recuperar algo de temario y, a la vez, mostrar la decisión de cerrar filas y eludir debates como forma de protección a Manuel Adorni. Evitó que la oposición -con arrastre de debilidades propias– lograra la convocatoria del funcionario y también la exposición de la causa $LIBRA. Quedó en claro que la pelea de fondo será en tres semanas, cuando el jefe de Gabinete deba dar su informe de gestión. Hasta entonces, nada hace prever otra sesión de la cámara baja. Un camino realmente largo, con la mirada puesta en la investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario.

Esta especie de freno para motorizar de forma efectiva otros proyectos no impide, por supuesto, algunos pasos en comisión, pero sí posterga la anunciada ofensiva del Gobierno para sancionar una serie de reformas. Anoche mismo, fuentes experimentadas del Congreso señalaban que de máxima podrían dar algunos pasos la ley de Hojarasca y la iniciativa para reforzar la propiedad privada, esta última en el Senado.

El objetivo de bajarle el volumen al caso Adorni quedaría por encima de los varios intentos por ganar renglones de la agenda pública y repetir la idea de “retomar la iniciativa”. En las últimas dos semanas, los gestos del oficialismo estuvieron limitados en buena medida a ratificar el apoyo al jefe de Gabinete.

La reforma a la ley de Glaciares corría ya con cuerda propia y, además, es parte de un entendimiento con los “gobernadores mineros”, que resultan piezas importantes para los acuerdos legislativos. Es además una sanción que afirma las fisuras en el peronismo. Olivos vuelve a moverse para repetir entendimientos con jefes provinciales, tarea retomada por Diego Santilli en un contexto difícil, tensionado por la persistente baja de la recaudación de impuestos, que afecta a la coparticipación, y también por la caída de los ingresos locales.

La sesión de este martes expuso, como era previsible, algunos intentos opositores para avanzar con una interpelación de Adorni, para emplazar el tratamiento del tema en comisión y para citar a Karina Milei por el criptogate. Las votaciones terminaron como se anticipaba al imponerse el criterio violeta sobre cuestiones reglamentarias: números -en algún caso muy ajustados- a favor, pero insuficientes para constituir mayorías especiales.

Más que frustración, los resultados generaron cierto malestar en filas opositoras, que exhiben desarticulación para encarar temas delicados como los que se expusieron en el arranque del debate sobre la reforma a la ley de glaciares. Con todo, no faltaban consideraciones sobre el objetivo de llegar en mejor posición a la cita del último miércoles de este mes. Falta mucho para el 29 y también la oposición dura sigue de cerca los pasos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. Las versiones sobre un clima denso con jueces de Comodoro PY, tras el cambio en el ministerio de Justicia, alimentan las especulaciones.

El oficialismo, por lo pronto, optó por una estrategia básica que se resume en señales de apoyo al funcionario y el intento de amortiguar las novedades con foco en el patrimonio del jefe de Gabinete. En Diputados, eso fue traducido con la decisión de evitar el “ruido” en el recinto. La línea había sido transmitida al bloque de LLA y a los socios. Del mismo modo, se impuso frenar las respuestas frente a los créditos hipotecarios a legisladores, además de funcionarios.

En paralelo, desde el oficialismo se hizo trascender cierta tranquilidad sobre la declaración de Adriana Nechevenko en Comodoro Py. En realidad, la versión violeta fue una respuesta rápida frente a los titulares que dejó la escribana a cargo de las operaciones inmobiliarias de Adorni: el departamento de Caballito y la casa en un country de Exaltación de la Cruz. A eso se sumó la información menos conocida sobre el departamento en la calle Asamblea.

El punto ahora sería que, aún en caso de ser ratificado con otras medidas de prueba lo dicho por la escribana, se reforzarían los interrogantes sobre las deudas tomadas por el funcionario con las hipotecas no bancarias. Es decir, su capacidad real para enfrentar esos compromisos. Todo, claro, atado además a las dudas sobre las prestamistas y otras cuestiones que motivaron visitas a una inmobiliaria. El añadido sería la citación de nuevos protagonistas en la operación de compra de la propiedad de Miró al 500.

Según lo que habría expuesto Nechevenko, la hipoteca sobre el departamento de Caballito, de US$ 200.000, sería sin intereses y a cancelar en un plazo de un año. Y la hipoteca sobre la propiedad en el barrio de Parque Chacabuco, por US$ 100.000, fue establecida con un interés del 11% y habría sido cancelada parcialmente. El pago de tales deudas demandaría ingresos que el funcionario deberá demostrar. Todo podría quedar sujeto a peritajes que extenderían los tiempos de esta etapa judicial.

Por lo pronto, ahora se espera una nueva tanda de declaraciones ante el fiscal. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos mujeres que aparecen en la venta del departamento de Caballito, tienen reprogramas sus citas para el miércoles de la semana próxima. Antes, el lunes, será el turno de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hija -comisaria retirada de la Policía Federal y agente-, por el préstamo hipotecario sobre la propiedad de Parque Chacabuco.

El oficialismo oscila así entre la atención a las novedades judiciales y los movimientos propios para respaldar al jefe de Gabinete, junto al intento de correrlo del foco principal. El Congreso no escapa a ese juego. Y en Diputados, ya tienen agendada la presentación del funcionario.