POLITICA
Tras la reunión de Kicillof y Monzó, el peronismo busca ampliar el frente anti Milei a Buenos Aires
La reunión que este martes mantuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el dirigente Emilio Monzó y el diputado nacional, Nicolás Massot, encendió cierta expectativa sobre cuál es la estrategia del mandatario provincial en pos de los comicios del año que viene. Si bien desde ambos sectores aseguran que la relación data de largo tiempo y que los encuentros tienen cierta periodicidad, esta vez se hizo público y se dio en el marco de una acción que Monzó, junto a otros dirigentes, busca desplegar: construir un gran armado opositor al gobierno de Javier Milei para las elecciones del 2027. Sin embargo, también hay allí otra arista a explorar y es saber si dicha construcción se decantará en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof no tiene reelección.
“Si efectivamente comienza a darse a nivel nacional, tendrá su guiño hacia algo provincial”, confió alguien que estuvo al tanto de las conversaciones entre el gobernador bonaerense y el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde el monzoísmo, admiten que “hay más apertura” para sentarse en una mesa.
En el acercamiento entre el universo kicillofista y el sector de Monzó hay distintos puntos de contacto: poner a la producción por encima de la importación y la laxitud desreguladora que promueve La Libertad Avanza. “Un modelo de producción nacional por sobre la especulación financiera”, dicen cerca del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
Kicillof habló post reunión. Fue este miércoles en el marco de la inauguración del Polo Judicial en la ciudad de Olavarría. Allí, en una rueda de prensa, remarcó: “Tengo el teléfono y el despacho abierto para juntarme con toda la dirigencia política. Nosotros siempre tuvimos la misma posición, no tenemos mucho que recapacitar, pero sí a los sectores que forman parte de la dirigencia política, los convocamos a ponerle un límite a Milei en el Congreso. Estamos muy lejos de un armado, es una etapa de construcción con quienes se oponen a estas políticas”.
Otra de las reuniones que manifiestan esta situación actual, pero con eje en el territorio bonaerense es la que mantuvo, días atrás, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, con el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto. El legislador que también trabaja en una reconciliación con el kirchnerismo -visitó a Cristina Kirchner en su departamento de calle San José- pidió reunirse con la jefa comunal y luego del encuentro aseguró sobre Fernández que “es importante que el peronismo tenga una figura como ella; una mujer talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”. “Para volver a tener un gobierno comprometido con la gente, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos”, agregó.
Fernández es una de las dirigentes que buscarán disputar una candidatura a la gobernación bonaerense en 2027. Un pelotón que en su momento brotó de nombres como el del intendente de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Merlo, Gustavo Menénedez; la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. Además de algunos funcionarios provinciales como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis o de Gobierno, Carlos Bianco. Hoy por hoy, los nombres que aparecen más comprometidos con una construcción bonaerense son los de Otermín, Alak y Katopodis.
El intendente de Lomas de Zamora aceleró un raid mediático en las últimas semanas. Alak tiende puentes con distintos dirigentes e intendentes. “Yo prefiero alguien del territorio en esta etapa”, dijo por ejemplo el intendente de Dolores, Juan Pablo García, al ser consultado por la postulación de algún intendente para la sucesión de Kicillof. Fue uno de los que se reunió con Alak, aunque está dentro del grupo de intendentes que moldea Otermín junto a sus pares Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar).
“El peronismo es un espacio político que nació para gobernar, no es un partido para tener la razón, y en ese sentido, cuanto más compañeros haya caminando el territorio me parece que lo que hacemos es poner en funcionamiento una maquinaria electoral que cuando está coordinada, cuando tiene estrategia, cuando tiene un buen discurso, es muy difícil de ganarle en la Provincia de Buenos Aires”, agregó dicho jefe comunal en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.
Kicillof sostendrá el acercamiento con Monzó. Este viernes, por ejemplo, mantendrá agenda de gestión en la Cuarta sección electoral; donde el dirigente de centro tiene su base política. A una de las actividades irá la diputada provincial del bloque UCR+Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, que responde directamente a Monzó. La legisladora, oriunda de Alberti, fue invitada por el senador provincial e intendente en uso de licencia de dicha localidad, Germán Lago. Es uno de los jefes comunales que promueven el Movimiento Derecho al Futuro.
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POLITICA
El Gobierno utilizará el sistema de alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina
El Gobierno planea aplicar el DNU que habilita a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos mediante el sistema de alertas que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. En el Ejecutivo aseguran que no está previsto crear una oficina específica ni modificar la arquitectura general de los controles fronterizos, sino incorporar la nueva conducta como una causal adicional de inadmisión y cancelación de residencia.
“El sistema es el mismo. Lo que se puede hacer es una alerta por la nueva causal prevista en el DNU”, expresan fuentes oficiales. La información podrá incorporarse a las bases que consulta Migraciones antes de autorizar el ingreso de un extranjero y durante los controles que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
La operatoria vigente combina el análisis documental, el escaneo de pasaportes y documentos de viaje y el cruce con distintas bases de información. Las incidencias detectadas pueden derivar en la inadmisión de una persona en la frontera, de acuerdo con las causales establecidas por la Ley de Migraciones.
El cambio central será, por lo tanto, jurídico y no tecnológico. A las alertas que actualmente pueden originarse por antecedentes penales, pedidos de captura, prohibiciones judiciales, documentación irregular u otras restricciones se podrá sumar una advertencia vinculada con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes a símbolos patrios.
En la Casa Rosada no precisan todavía quién deberá producir la información inicial, cuál será el procedimiento para validarla ni qué elementos tendrán que acompañar una alerta. Tampoco aclaran si alcanzará con publicaciones públicas en redes sociales, informes consulares, denuncias particulares, reportes periodísticos o comunicaciones de organismos de seguridad extranjeros.
La distinción operativa que realiza el Gobierno depende de la ubicación de la persona. Cuando el extranjero se encuentre fuera del país y pretenda ingresar, Migraciones deberá evaluar la causal en el puesto de control. Cuando la conducta se produzca dentro del territorio argentino, el monitoreo y la detección quedarán bajo la competencia de las fuerzas federales.
“Lo que pase en la Argentina relacionado con eso es competencia de las fuerzas federales”, sostienen en Nación. Ese punto es relevante porque el Ejecutivo reformó durante 2025 los marcos de actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con una ampliación de sus capacidades de prevención, análisis criminal y actuación en espacios digitales.
La nueva regulación de Gendarmería, por ejemplo, le asignó funciones específicas en materia de ciberdelito, ciberterrorismo e inteligencia criminal, además de su rol como policía auxiliar migratoria. También le reconoció capacidad para actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso abierto con fines preventivos frente a acciones criminales o terroristas.
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La reforma de la PSA fue más explícita respecto de la prevención en espacios públicos digitales sin autorización judicial. El alcance de esas facultades ya generó cuestionamientos por el riesgo de que el seguimiento de redes exceda la detección de delitos y avance sobre expresiones políticas, periodísticas o ciudadanas.
El Gobierno evita definir la futura aplicación como un sistema de vigilancia permanente de extranjeros. La explicación oficial es que las fuerzas federales detectarán conductas dentro de sus tareas habituales y comunicarán los antecedentes a Migraciones, que mantendrá la facultad administrativa de cancelar una residencia, intimar a la persona a abandonar el país o iniciar el procedimiento de expulsión.
El Decreto 681/2026 modificó los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. La norma incluyó entre las causales migratorias los mensajes de odio formulados en forma oral o escrita, la incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad y la participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El texto aclara que no deben quedar comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución. La reglamentación deberá establecer en la práctica dónde termina una manifestación crítica y dónde comienza una conducta que pueda activar una alerta, una inadmisión o la pérdida de la residencia.
En Balcarce 50 no dan detalles sobre el decreto reglamentario ni sobre los protocolos que deberán aplicar Migraciones y las fuerzas federales. Tampoco descartan que la medida sea judicializada por el instrumento utilizado, la amplitud de las nuevas causales y el margen de interpretación que deja la expresión “mensajes de odio”.
El Ejecutivo ya enfrentó un revés judicial por la reforma migratoria que impulsó mediante el DNU 366/2025. La Cámara Nacional Electoral anuló el capítulo que transfería a Migraciones la facultad de resolver pedidos de ciudadanía al entender que el Gobierno había avanzado mediante un DNU sobre una materia vinculada con derechos políticos y reservada al Congreso.
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El decreto de 2025 había sido más amplio: modificó reglas sobre ingreso, residencia, expulsión, ciudadanía y acceso a servicios públicos. El texto endureció los impedimentos migratorios y mantuvo un procedimiento administrativo con recursos de reconsideración, jerárquico y de alzada, además de la posibilidad de acudir a la Justicia.
El Gobierno había anunciado una transformación de la Dirección Nacional de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense. Patricia Bullrich promovió antes de dejar el Ministerio de Seguridad la creación de una estructura con mayor capacidad operativa, mientras que el diseño posterior contempló una Agencia Federal de Migraciones con áreas de Control Migratorio y Política Migratoria.
La reforma nunca terminó de instrumentarse. El esquema se trabó por diferencias sobre la estructura, los recursos, la convivencia con la PSA y las facultades que tendría Diego Valenzuela al frente del organismo. La idea de contar con una policía migratoria propia quedó postergada y, por eso, el nuevo DNU se aplicará inicialmente con Migraciones como autoridad administrativa y las fuerzas federales como brazo de detección y actuación territorial.
La Casa Rosada ubica la medida dentro de una secuencia política que comenzó después de la final del Mundial. En la lectura oficial, las críticas contra la Argentina y sus hinchas derivaron luego en cuestionamientos a símbolos nacionales, entre ellos la bandera argentina con la referencia a las Islas Malvinas, y reactivaron la discusión sobre los beneficios que reciben los extranjeros en universidades y hospitales públicos.
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POLITICA
Lula le respondió a Milei y calificó su presencia en el acto de Bolsonaro como un “disparate”
SAN PABLO (AFP).- En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le contestó el miércoles por la noche a su par argentino, Javier Milei, al calificar su asistencia a la convención de su rival electoral de derecha, Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario), como una “payasada”.
“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.
La tensión
En San Pablo, Milei llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que le negó al libertario visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio. El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.
Brasil, en ese marco, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. Tras ello, Milei redobló la apuesta y volvió a referirse el domingo a este socio estratégico de la Argentina. “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó en diálogo con radio Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales al país durante el Mundial 2026.
Aseguró además que la “campaña” fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
En respuesta, la Cancillería brasileña convocó al embajador de la Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” de Milei contra Lula.
Una fuente diplomática dijo que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura de Bolsonaro.
Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.
En tanto el lunes el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta. “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 una tensión con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que impuso aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en San Pablo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró “no estar a la altura del cargo que ocupa”. Además, el vicepresidente de Lula, Gerardo Alckmin, calificó los dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Lula tiene una fría relación con Milei. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
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POLITICA
Un testigo en la causa AFA negocia inmunidad con la Justicia de EEUU a cambio de revelar información clave
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.
La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.
De manera textual, la citación obligatoria establecía:
—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.
En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.
La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.
La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.
La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.
El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
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