POLITICA
La CGT afirmó que la situación de las obras sociales es “casi terminal”: los números que grafican una aguda crisis

Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.
En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.
Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.
“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.
Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.
“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad».
Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios».

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.
Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.
“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro».

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.
Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo».
El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.
Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.
CGT
POLITICA
Misiones: La Libertad Avanza busca eliminar un impuesto que se cobra a cada camión que ingresa con mercadería

POSADAS.– La Libertad Avanza (LLA) de Misiones presentó un proyecto de ley para eliminar el polémico sistema por el cual el fisco provincial le cobra anticipo de Ingresos Brutos a cualquier camión que ingresa al territorio provincial.
Estos puestos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) se asemejan a controles fronterizos y están en los tres límites que la provincia tiene con Corrientes: Ruta Nacional 2, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14.
“Queda terminantemente prohibido exigir cualquier pago como condición para ingresar mercadería a la provincia”, indicó el comunicado de LLA-Misiones, sobre el poryecto de Ley presentado por Adrián Nuñez.
Nuñez es el jefe político de LLA-Misiones y vicepresidente de la Legislatura. Su intención es impulsar el tema en la agenda en las sesiones ordinarias que arrancan el próximo 1° de mayo.
Hace una semana, Nuñez, presentó otro proyecto que apunta desarmar el esquema electoral que el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, utiliza con éxito para ganar elecciones en forma ininterrumpida hace más de 20 años: la Ley de Lemas.
Tanto la eliminación de la Ley de Lemas como ahora esta iniciativa para desarmar el polémico y eficaz esquema tributaria de Misiones, cuentan con aval explícito de la Casa Rosada, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.
Misiones es la 8° provincia que más recauda en Ingresos Brutos, y la eficacia de su sistema recaudatorio es tal, que su recaudación iguala a las de Corrientes, Chaco y Formosa juntas por este gravamen, que en cualquier provincia no petrolera explica más del 90% de los ingresos.
Conocido como la “Aduana Paralela”, este régimen es legendario en los ámbitos empresariales, políticos y tributarios que tienen algún vínculo con Misiones, porque no se replica en ninguna de las otras 23 jurisdicciones del país.
Muchas empresas extra zona, generalmente marcas de consumo masivo o proveedoras de insumos como cemento o acero, han cuestionado el sistema y hasta lo han llevado a los tribunales, obteniendo fallos a favor.
Saldos a favor
Misiones es conocida por la enorme acumulación de “saldos a favor” de Ingresos Brutos, que la tienen como la número 1° en el ranking, por lejos, desde hace años.
¿Qué son los saldos a favor? Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobran Ingresos Brutos y para percibirlo van realizando cobros por cualquier giro en una cuenta bancaria. A lo que, en el caso de Misiones, se suma los cobros de la “Aduana” por ingresar la mercadería física.
La única forma de achicar este saldo a favor es que el fisco lo devuelva (nunca lo hace en tiempo y forma) o conseguir la “exclusión”, que significa una suerte de permiso por el cual el fisco se abstiene de retener Ingresos Brutos por un tiempo. Misiones es conocida a nivel país por ser muy remisa a dar la “exclusión”.
“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció Núñez al explicar el espíritu del proyecto.
En el proyecto de Ley, Nuñez propone que los “saldos a favor” de Misiones se achiquen en más de 10 veces, y que representen no más de el equivalente a un mes (en promedio) de lo que el contribuyente paga en Ingresos Brutos (se tomará el promedio del pago de 6 meses).
El proyecto contempla que si se pasa ese límite, automáticamente el fisco provincial debe otorgar la “exclusión”.
“Esto no es ideología, es legalidad. El estado no puede cobrar más de lo que la ley dice. La aduana paralela y los saldos a favor se tienen que terminar”, concluyó Núñez.
Sin embargo, al ser consultado por LA NACIÓN sobre cómo puede sostener el superávit fiscal de la provincia, terminando con semejante fuente de ingresos, Nuñez admitió que no tenían aún pensado cómo resolver ese dilema.
“Los saldos a favor no son fondo legítimos de la provincia. Si vos lo tenes afectado al gasto operativo estás en serios problemas. No tiene sustento legal. Es exceso de impuesto. Otro tema es la deuda de 14 meses que habrá que ver como lo resolverá la provincia”, indicó Nuñez, en referencia a un estudio que se publicó hace dos años, que indicaba que Misiones tenía acumulado el equivalente a 14 meses en saldos a favor, contra entre 2 y 4 del resto de las jurisdicciones.
Desde el gobierno de Misiones evitaron confrontar con Nuñez, pero uno de los argumentos que esgrimen siempre las autoridades, es que Misiones está castigada con el reparto de la coparticipación federal, por la que tiene una alícuota incluso inferior a Formosa, que tiene menos de la mitad de los habitantes. También recibe menos que Corrientes y Chaco, con menos población.
La coparticipación es una de las reformas pendientes que aguarda el federalismo, con provincias que perderían y otra (como Misiones) que ganarían en un “barajar y dar de nuevo”.
La Constitución de 1994 mandó a hacer una nueva Ley a más tardar en 1996, pero pasaron 30 años y no se resuelve porque la reforma debe contar con el consenso de todas las provincias y aquellas destinadas a perder, no aprueban el debate.
El presidente Javier Milei volvió a introducir esa reforma en uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio de 2024.
“Si me arreglan la Coparticipación yo puedo bajar impuestos y bajar Ingresos Brutos”, le dijo a , en 2017, Miguel Ángel Thomas, considerado el “padre” de la Aduana Paralela.
Una curiosidad es que Adrián Nuñez, que ahora quiere terminar con el sistema, es un abogado experto en temas tributarios y ayudó a municipios de Misiones a creaer regímenes de percepción anticipada de tasas similares a los que ahora quiere terminar.
Conocido por ser implacable también en el cobro de deudas de empresas con la Municipalidad de Posadas, ahora Nuñez es el jefe Libertario en Misiones y está del lado del contribuyente.
“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció el abogado de 49 años, que desafía como nunca antes en este siglo al poder de Carlos Rovira y la Renovación misionera.
Martín Boerr,Misiones,La Libertad Avanza,Conforme a,,»Me toman como chivo expiatorio». La exfiscal Fein se defiende de las acusaciones por encubrimiento de la muerte de Nisman,,AFA-gate. Un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,Misiones,,“Enojados”. Una jugada de “Chiqui” Tapia con una empresa brasileña destapó una ola de críticas en la cuna de la yerba y un pedido al gobierno de Milei,,»Sentía un pálpito». Un misionero ganó $86 millones con la lotería y usará el dinero para hacerle un regalo a la abuela,,»Cerca de Dios». Carla Pereyra y Diego Simeone en las Cataratas del Iguazú: las mejores fotos y videos
POLITICA
Los detalles de la declaración jurada que Adorni presentó como candidato en 2025: sus propiedades, ahorros y presuntas omisiones

El patrimonio de Manuel Adorni está en la mira de la Justicia y de la opinión pública porque el Jefe de Gabinete evitó mostrar documentación mientras aparecen indicios de nuevos inmuebles. Ahora surge una declaración jurada que pasó desapercibida, pero que toma relevancia. Es la que Adorni presentó hace un año como candidato a legislador porteño y en la que habría omitido la casa en el country de Exaltación de la Cruz, que está a nombre de su esposa Betina Angeletti.
El argumento del jefe de Gabinete en la conferencia de prensa con la que rompió el silencio fue que las novedades aparecerán en la próxima declaración jurada y confirmó que vive en Caballito, un domicilio que no figura en el registro de bienes que presentó en la Oficina Anticorrupción. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, dijo.
El diario La Nación detalló que Adorni compró el departamento en Caballito por 230 mil dólares y dos jubiladas financiaron el 87%. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo.
Las dos jubiladas le entregaron el departamento a Adorni y pactaron como compromiso de pago un crédito hipotecario de 200 mil dólares.
Qué dice la declaración jurada que omite la casa en el country
En el Registro de la Propiedad bonaerense, la casa en el country Indio Cua figura con la titularidad de Angeletti desde noviembre de 2024. Cuatro meses después, el 29 de marzo de 2025, Adorni presentó ante la Justicia electoral de CABA una declaración jurada en la que omite esa propiedad.
Estaba obligado a declararla porque la guía que el Tribunal Electoral envió a todos los candidatos es clara: “Detallar la totalidad de bienes inmuebles, sean propios o gananciales”. Adorni declara los dos departamentos con los que ingresó a la función pública y un ingreso anual de $40.300.000.
Ante una consulta de TN, el Tribunal Electoral porteño respondió: “Este Tribunal Electoral recibe y resguarda las declaraciones juradas patrimoniales de los/as candidatos/as conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, cabe señalar que determinada información contenida en dichas declaraciones reviste carácter confidencial, en los términos del artículo 105 del citado cuerpo normativo. En consecuencia, su acceso solo puede ser habilitado a requerimiento de autoridad judicial competente. Las presentaciones que se encuentran disponibles públicamente son aquellas que se ajustan al régimen de publicidad previsto por la normativa electoral vigente, a la cual este Tribunal se sujeta estrictamente».
El artículo 104 refiere a las DDJJ de los candidatos: “La Declaración Jurada Patrimonial a la que refiere el inciso 4) del artículo 103 debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante».
En el inciso 4 indica: Los mismos bienes indicados en los incisos 1) -bienes inmuebles- y 2) -bienes muebles-, de los que, no siendo titulares de dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa. En este caso deberán detallarse datos personales completos de los titulares de dominio o propietarios; título, motivo o causa por el que se poseen, usan, gozan o usufructúan los bienes; tiempo, plazo o período de uso; si se ostentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia conducente a esclarecer la relación de los obligados con los bienes.
El artículo 105 remite a los datos confidenciales. “1) El nombre del banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero. 2) Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora, y sus extensiones en el país y el exterior. 3) La ubicación detallada de los bienes inmuebles. 4) Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables. 5) Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra sea igual o superior a la suma prevista. 6) La individualización de aquellas sociedades – regulares o irregulares-, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en las que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuotas partes, y/o se haya obtenido ingresos durante el año que se declara. 7) Los datos de individualización de los titulares de los créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno de ellos. 8) Cualquier otro dato confidencial que así fuera identificado por el resto de la normativa aplicable. La información precedente solo podrá ser revelada a requerimiento de autoridad judicial competente”.
TN intentó obtener respuesta de Adorni, pero al cierre de esta nota no había respondido.


El patrimonio del jefe de Gabinete quedó en la mira después de haber subido a su esposa al avión presidencial por la Argentina Week en Nueva York y cuando trascendió un video de un vuelo en familia en jet privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.
Adorni pidió disculpas por haber viajado con su esposa en el avión presidencial, pero apuntó que todo era una campaña en contra del gobierno para dañar la moral anticasta libertaria.
Después de días en silencio, convocó a una conferencia de prensa, en la que estuvo casi todo el gabinete, hasta Santiago Caputo, enfrentado a Karina Milei. No dio detalles, solo dijo que vive en Caballito, propiedad que no figura en ninguna de las DDJJ.
A las horas, el diario La Nación confirmó que el departamento en la calle Miró al 500 es propiedad de Adorni, según el Registro de la Propiedad Inmueble, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires. El otro es en el que vivió siempre en Chacabuco y que está declarado. Hay un segundo departamento declarado, en La Plata. Una donación del 100%. Esos dos departamentos son los que aparecen en la DDJJ que presentó el 29 de marzo de 2025 como candidato a legislador porteño.
En la conferencia, Adorni se defendió: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”.
“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, clausuró ante las preguntas de los periodistas.

Solo señaló: «Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.
Sobre el viaje a Punta del Este insistió: “La dádiva habría sido si es que hubiera sido un regalo. Al viaje lo pagué yo. Es un tema de investigación judicial. Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué. No es un dato menor. La dádiva es si yo no hubiese pagado. No veo tema de incompatibilidad y mucho menos de dádiva”.
El juez Ariel Lijo concentra las investigaciones sobre el patrimonio de Adorni -vuelos y country en Exaltación de la Cruz, y pidió a ARCA informes de Alpha Centauri -la empresa que hizo el vuelo- y del periodista Marcelo Grandio, que viajó con Adorni y tiene programas en la TV Pública. De acuerdo a un recibo que tiene la Justicia, y al que accedió TN, la empresa productora Imhouse SA, de la que Grandio es accionista, pagó el viaje de ida a Punta del Este.
El regreso, en cambio, formó parte de un paquete de diez vuelos contratado por el broker y piloto Issin a Alpha Centauri por 42.250 dólares en efectivo, con una factura emitida el 9 de marzo -cuando el periodista Carlos Pagni reveló la información del vieje- por unos 3000 dólares para ese tramo.
El piloto Agustín Issin que facturó el vuelo privado a Punta del Este pidió declarar ante Lijo, después del operativo del miércoles último en San Fernando, donde la justicia buscó más información de Alpha Centauri S.A., la empresa que hizo el vuelo. Declaró que los pasajes de ida y vuelta los pagó Grandio. La secretaria del piloto, Vanesa Tossi, ratificó esa versión y le dijo al juez que se sentía intimidada por Grandía, quien le había pedido en un primer momento evitar la facturación del viaje. En medio de la declaración, el periodista de la TV pública la llamó al celular. La Justicia ordenó medidas de protección a favor de Tossi.
Lijo, según pudo saber TN, requirió también informes a ANAC, Aduana, el banco Santander, UIF y ARCA. La mayoría de esas áreas del Estado reportan a Santiago Caputo.
Manuel Adorni, declaración jurada
POLITICA
La exfiscal Viviana Fein se defiende de las acusaciones por encubrimiento de la muerte de Nisman: “Me toman como chivo expiatorio”

Enojada, la exfiscal federal Viviana Fein se quejó ante el juez federal Julián Ercolini de que la toman “como un chivo expiatorio” al acusarla de encubrir la muerte del fiscal Alberto Nisman porque, supuestamente, no tomó recaudos para preservar las evidencias en el departamento de Puerto Madero donde apareció el cuerpo hace 11 años.
Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.
A lo largo de su exposición, Fein se mostró indignada frente a lo que considera una persecución selectiva y cuestionó duramente al fiscal Eduardo Taiano.
Según el acta que registró su declaración, Fein dijo ante el juez que “si porque es jubilada, retirada y no tiene cargo público, ni político, el acusador [e fiscal] la toma como chivo expiatorio”.
Asimismo, cuestionó la falta de equidad en el trato judicial: “¿Por qué el acusador no adoptó ningún temperamento procesal respecto de los coimputados en esta causa, quienes hace siete meses hicieron su descargo y nunca fueron escuchados?“.
Fein se refiere al resto de los imputados porque supuestamente no preservaron el departamento. Se trata del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, del exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler.
Para la exfiscal, la acusación en su contra resulta “un absurdo total y hasta delirante”. En su declaración, explicó que “el encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores”.
Fein argumentó que, al llegar al departamento del complejo de edificios Le Parc, de Puerto Madero, se encontró con el juez Manuel de Campos y su secretario esperando en el palier, por lo que llevar a cabo un encubrimiento habría implicado “un complot o un acuerdo de voluntades con todos los presentes para cometer semejante delito”.
Sobre este punto, se preguntó de forma retórica “si sólo fue ella una encubridora durante toda esa noche”.
Además de defender su tarea en la preservación de huellas y el trabajo de los peritos en criminalística, Fein expuso lo que considera una grave contradicción por parte de la fiscalía.
La exfiscal “refiere lo contradictorio del Sr. Fiscal [Taiano] cuando por un lado la acusa y por el otro hace alusión a que la dicente fue objeto de espionaje de parte de la AFI”.
Ante esta supuesta incongruencia, planteó: “Se puede ser encubridora y a la vez espiada por fuerzas de un gobierno”.
Sobre el cierre de su ampliación de indagatoria, la exfiscal se dirigió al juez Ercolini y le dijo: “Se llegó a un extremo que nunca esperó, en donde fue llamada encubridora”.
Angustiada, declaró que “lo que está viviendo actualmente es una pesadilla ya que tiene una familia y queda expuesta declarando sobre estos hechos, lo que le genera una impotencia que la supera”.
Frente a este escenario, donde siente que se convirtió en el “chivo expiatorio” de un caso de peso político y mediático, la exfiscal le solicitó formalmente al juez Ercolini “tener a bien adoptar una solución liberatoria o, en su defecto, dictar la falta de mérito”, exigiendo únicamente “total imparcialidad y justicia”.
Este es un expediente paralelo al que investiga la muerte de Nisman. Aquí la Justicia averigua sobre los responsables de haber arruinado la escena del crimen, el departamento de Puerto Madero donde fue hallado el cuerpo del fiscal con un tiro en la cabeza.
Allí el secretario de Seguridad Sergio Berni, para defenderse, apuntó para arriba, como hicieron los jefes policiales cuando presentaron sus descargos. Fein también aludió a las personas que ya estaban en el lugar cuando ella llegó, por ejemplo el juez De Campos.
En su presentación, Berni habló de un “escenario caótico” y culpó a Fein de la “falta de control”.
“La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”, afirmó Berni, que era secretario de Seguridad de la presidenta Cristina Kirchner en 2015.
Berni habló de una demora y dijo que “la ausencia de una autoridad judicial en la escena desde el momento en el que fue informada imposibilitó una preservación óptima desde el inicio”
En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. También están procesados los excustodios del fiscal.
El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban detrás del crimen.
El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre el 18 y 19 de enero de 2015, en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.
Viviana Fein,acusarla de encubrir,Hernán Cappiello,Viviana Fein,Alberto Nisman,Conforme a,,AFA-gate. Un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses,Viviana Fein,,La fiscal Fein, frente a la Justicia,,Presentación en la causa. Berni le echó la culpa a la exfiscal Fein por el descontrol en la escena del crimen de Nisman,,Zona liberada en Puerto Madero. Extraños descuidos y custodia relajada: la sorpresiva reactivación de la causa Nisman y la indagatoria a Berni
POLITICA1 día agoLa Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR
CHIMENTOS2 días agoParticipantes for export: Furia Scaglione y Coty Romero volverán a convivir en un reality español
INTERNACIONAL21 horas agoLos cuestionamientos a Manuel Adorni llegan a España, donde ya lo comparan con el caso de un ministro de Pedro Sánchez preso











