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La CGT afirmó que la situación de las obras sociales es “casi terminal”: los números que grafican una aguda crisis

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Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.

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Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

El Consejo Directivo de la CGT analizó la crisis de las obras sociales sindicales

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.

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Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad».

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Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios».

José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT (Foto: NA)

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.

Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.

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“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro».

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación (Foto: Adrián Escandar)

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.

Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo».

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El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.

Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.

CGT

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Revocaron la condena dictada contra cuatro periodistas de en Formosa

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Una jueza de Formosa revocó ayer las condenas dictadas contra cuatro periodistas de a quienes les habían impuesto una pena de cinco días de prisión tras publicar un informe sobre pobreza en la provincia. El argumento del fallo condenatorio había sido que ejercieron el periodismo sin los debidos permisos.

La nueva sentencia fue dictada por la jueza de apelaciones de Las Lomitas Gabriela Soledad Plazas, que absolvió de culpa y cargo a los periodistas Lautaro Martín Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán.

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Revocó lo dispuesto hace 20 días por el juez de Paz de Las Lomitas, Omar Padilla, exconcejal peronista ligado al gobernador Gildo Insfrán, que los había encontrado responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. Dos requisitos que no son exigibles. Padilla había condenado a cada uno a cinco días de cárcel sustituibles por una multa de $282.550.

En el fallo de hoy, Plazas advierte que la calidad o no de periodista se define “por actividad y no por la posesión de algún título habilitante” y recuerda que la Constitución de Formosa “señala enfáticamente que es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase” y que advierte que “ninguna ley ni autoridad podrán restringir la libre expresión y difusión de las ideas”.

La jueza entendió que, por ende, exigir credencial previa como condición para informar constituye una vía indirecta de censura y vulnera la propia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

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Los periodistas que ahora fueron absueltos habían viajado a Formosa y mostrado las condiciones precarias en las que vive un pueblo originario. Forman parte de “Hambre de Futuro”, una sección de que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y, para eso, sus periodistas recorren todos los rincones de la Argentina. “Hambre de Futuro” dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial.

La periodista Micaela Urdinez encabezó la cobertura de en Formosa

La sentencia que había fijado las penas fue apelada por la defensa de los periodistas, que denunció una “grave e inaceptable afectación a la libertad de expresión” mediante una forma de censura indirecta. Señaló que sus defendidos ejercieron la profesión de periodistas en forma lícita, amparados por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia.




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Los tres estados brasileños fronterizos con Argentina quedaron en manos del bolsonarismo: qué puede cambiar en el día a día

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San Javier y Porto Xavier son dos ciudades enfrentadas separadas por el río Uruguay. Hay un proyecto en marcha para construir un puente entre ambas márgenes y unir Misiones con Río Grande. Tendrá 950 metros de largo. Las proyecciones señalan que al entrar en funcionamiento, se triplicará el tránsito turístico y comercial.

El Gobierno federal brasileño cubrirá por completo los USD 43 millones que demandará su construcción. La obra es un ejemplo claro de que, para Misiones, Brasil puede ser más importante que Buenos Aires.

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Tras la primera vuelta del último fin de semana, el real se apreció casi un 5% frente al dólar. Eso implica que el cambio favorecerá las compras de brasileños en Misiones.

Cabe mencionar que además de los pasos legales, existen decenas de cruces clandestinos de la frontera. Y que la división de ambos países en algunos puntos es una mera formalidad. Entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cequeira, por caso, una calle divide los países.

Los comicios del domingo pasado no solo dejaron a Flavio Bolsonaro a nada de derrotar a Lula Da Silva en la puja por la presidencia. También hubo elecciones estaduales. Y los tres estados que tienen frontera con Argentina se pintaron del azul profundo del Partido Liberal.

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El Partido Liberal, liderado por Flavio Bolsonaro, contará con 121 diputados y 28 senadores: será la principal fuerza legislativa de Brasil (REUTERS/Diego Herculano)

“Seguiremos con los contactos correspondientes en esta transición”, dijo a Infobae el ministro Coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori. El funcionario tiene a su cargo la relación con las gestiones estaduales brasileñas.

Las preocupaciones en la tierra colorada pasan por los cambios políticos que puede llegar a introducir Brasilia con la nueva administración. El cruceLul de argentinos a trabajar en los campos brasileños aprovechando la diferencia de cambio puede ser una. Las restricciones en la obra pública, que pongan en jaque proyectos como el puente con Rio Grande, es otra.

Por otro lado, en la región existen diversos organismos internacionales de cooperación integrados por gobiernos subnacionales. En el caso ambiental, por ejemplo, más de 40 municipios misioneros coordinan acciones con medio centenar de gobiernos locales brasileños.

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Sartori también destacó que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantiene un vínculo personal con el actual mandatario de Rio Grande, Eduardo Leite. Ahora la relación con las nuevas autoridades comenzará de cero porque no habrá continuidad política.

Qué Estados ganó el Partido Liberal

Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD). En el primero, hubo una victoria aplastante de Sérgio Moro, el exjuez de la Operación Lava Jato que terminó con Lula Da Silva tras las rejas. Moro logró el 50,1% de los votos y venció a Sandro Alex, candidato del PSD apoyado por el gobernador en ejercicio, Ratinho Júnior.

Los estados de Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD), liderados por Lula Da Silva (REUTERS/Brian Snyder)

En Rio Grande, Juliana Brizola del PDT (Partido Democrático Laborista o Trabalhista, en portugués) fue la aliada de Leite que cayó frente a Luciano Zucco (PL). Cabe destacar que el PSD es opositor al PT de Lula Da Silva. El giro político, por tanto, es de un signo de la oposición a otro.

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En Santa Catarina, mientras, hubo continuidad del PL. Jorginho Mello ganó la reelección con el 69% de los sufragios. Eso implica que seguirá al frente del Gobierno estadual por cuatro años más.

Los Bolsonaro en el Partido Liberal

El PL fue fundado por Álvaro Valle en la vuelta a la democracia en Brasil ocurrida en 1985. Su premisa era el “liberalismo social” que combinaba libertad económica y justicia social. Se caracterizó por ser un partido de centro pragmático. Uno de los dirigentes principales del espacio, José Alencar, fue vicepresidente de Lula en sus dos primeros mandatos (2003 – 2010).

En 2021, la afiliación del entonces presidente Jair Bolsonaro implicó un giro rotundo. El mandatario buscaba la reelección en 2022. Había sido electo en 2018 por el Partido Social Liberal, fuerza con la que rompió. Luego intentó crear un espacio propio y no resultó. Entonces se sumó al PL. Su hijo Flavio, actual candidato a la presidencia, siguió el mismo camino. A partir de ese momento, el sello contiene al bolsonarismo.

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En aquel entonces, el PL tenía una representación acotada en el Parlamento brasileño: controlaba apenas 48 bancas de las 512 de la Cámara de Diputados y solo 2 de las 81 del Senado. Hoy se convirtió en la principal fuerza legislativa. Contará con 121 diputados y 28 senadores.

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Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para apoyar a Donald Trump y reunirse con empresarios

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Envalentonado por el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, y por el continuo crecimiento de la “ola azul”, de la que se considera precursor, el presidente Javier Milei viajará la semana próxima a Estados Unidos. El viaje, que durará tres días y tendrá a la ciudad de Washington como sede de sus actividades y compromisos, servirá para escenificar un nuevo respaldo para el presidente Donald Trump, tres semanas antes de los comicios de medio término en ese país, que definirán el último tramo de la administración republicana.

En principio, desde el Gobierno confirmaron la presencia de Milei, el miércoles próximo, en la Official Hispanic Heritage Gala, organizada en el auditorio Andrew Mellon por el Latino Wall Street y La Derecha Diario, que controlaba el empresario de medios Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre. Además de Milei, que ya participó en viajes anteriores de galas de organizaciones con similares perfiles ideológicos liberales, como el Instituto Milken o el Atlantic Council, están invitados los líderes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Matt y Mercedes Schlapp, el exsenador republicano y actual tesorero del gobierno trumpista Brandon Beach, y Eduardo Bolsonaro, hermano de FlAvio e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que vive actualmente en Estados Unidos.

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“El evento nucleará a líderes políticos, empresarios, inversionistas, diplomáticos y figuras influyentes para impulsar la libertad económica, el liderazgo hispano y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América latina”, afirma en redes sociales La Derecha Diario en la promoción del evento militante. Las entradas para participar de la gala, en la que no se prevé la presencia del mandatario norteamericano, van desde US$ 3000 hasta US$ 10.000, precio que permite una ubicación cercana al presidente argentino, según el sitio de la Gala Hispánica.

La probable foto de Milei con Bolsonaro también tendrá fines electorales, de cara al balotaje entre el dirigente liberal y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 25 del mes en curso. “En un momento en el que las encuestas le daban derrota a Bolsonaro, el Presidente viajó, brindó su apoyo y el resultado fue el que todos conocen en el balotaje. Por supuesto, hay un apoyo del Presidente y hay un deseo y un anhelo de que Brasil también elija las ideas de la libertad”, afirmó ayer el vocero presidencial Adrián Ravier, sin descartar un eventual viaje del Presidente durante o después de la segunda vuelta electoral en Brasil.

La agenda

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Para el jueves 15, Milei tiene en agenda una reunión con la Cámara de Comercio norteamericana, cuya sede queda a pocas cuadras de la Casa Blanca, que nuclea un nutrido grupo de grandes empresarios, reunión en la que brindará un discurso. Y por la tarde, está invitado (sin confirmación por el momento) a una reunión en la sede de la embajada argentina, que encabeza Alec Oxenford, de la que participarán el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Ihra), y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo.

Será este el quinto viaje presidencial a los Estados Unidos en lo que va del año, y el número 19 desde que asumiera la Presidencia. Su último paso por ese país fue hace pocos días, oportunidad en la que participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en la que criticó duramente a esa organización, definió como “causa nacional” la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas. Se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sin encuentro con Trump, dialogó con el secretario de Estado Marco Rubio en los márgenes de la asamblea.

Allí, Milei llegó junto al canciller Pablo Quirno, actualmente en Singapur de visita oficial, y que también participará de ese viaje. No viajaría Karina Milei, que sí formó parte de la delegación oficial a la Argentina Week, y que prevé quedarse en Buenos Aires para afrontar en la mesa política temas que el Poder Ejecutivo considera urgentes, como los proyectos de reforma política y el Presupuesto, que se debaten en el Congreso y que el Gobierno busca aprobar con la ayuda de los gobernadores y partidos aliados.

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Pocos días después de su regreso, proyectado para el viernes 16, Milei volverá a viajar, pero esta vez a España. Desde el Gobierno confirmaron que el primer mandatario viajará el lunes 19 a ese país, para participar de una actividad junto al gurú liberal Jesús Huerta de Soto, pero sobre todo para apoyar a su aliado, el partido Vox, en la previa de las elecciones convocadas por el presidente socialista Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.




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