POLITICA
La crisis del PAMI: deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse

El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.
El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a . El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.
La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.
Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.
Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.
Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.
En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.
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POLITICA
Escándalo en Neuquén: echaron por “ñoqui” a un exfuncionario que además aspiraba a una jubilación de privilegio

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, echó este sábado a Rodolfo Kaiser, exfuncionario y expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) acusado de “ñoqui”, en el marco de una política de saneamiento del Estado que impulsa desde el inicio de su gestión.
La decisión se inscribe dentro de la estrategia de “tolerancia cero” que el gobierno provincial viene aplicando desde diciembre de 2023 contra empleados que perciben salarios sin cumplir funciones, situaciones de privilegio dentro de la administración pública y prácticas que considera propias de la denominada “vieja política”.
Durante su discurso, Figueroa utilizó el caso de Kaiser como ejemplo de las transformaciones que busca impulsar en el Estado neuquino. “Lo que estaba pasando era político con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, afirmó el gobernador ante los vecinos presentes.
“Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, sostuvo Figueroa al justificar la medida, según publicó LM de Neuquén.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el despido de Kaiser forma parte de un proceso más amplio de revisión administrativa que ya provocó numerosas cesantías y sanciones desde la llegada de la actual gestión.
La administración provincial considera que durante años se consolidaron prácticas que generaron un crecimiento desmedido del gasto público, estructuras burocráticas ineficientes y beneficios que no respondían a criterios de transparencia ni de mérito.
En ese sentido, junto con los despidos, el gobierno implementó una reducción de los tiempos administrativos para agilizar los procedimientos disciplinarios y evitar que personas bajo investigación continúen percibiendo salarios del Estado durante largos períodos.
Según informaron fuentes oficiales, estas decisiones se complementan con un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos considerados innecesarios y una profunda disminución de cargos políticos dentro de la estructura gubernamental.
“Estas y otras medidas forman parte de las políticas de austeridad y de las acciones que se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política”, indicaron desde la Casa de Gobierno.

Uno de los datos que más destaca la administración provincial es la reducción de la planta política, que según cifras oficiales alcanzó el 87 por ciento respecto de la estructura existente antes del inicio de la gestión de Figueroa.
Quién es Rodolfo Kaiser
La figura de Rodolfo Kaiser no es desconocida en la política neuquina. Durante años ocupó cargos relevantes dentro de la administración provincial y llegó a presidir el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, organismo encargado de ejecutar políticas habitacionales en la provincia.
Su nombre también estuvo vinculado a distintas controversias administrativas y judiciales. Uno de los antecedentes más significativos se remonta a mayo de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén lo condenó a reintegrar al Estado más de 11 millones de pesos por no haber podido justificar gastos realizados durante 2011.
De acuerdo con aquella resolución, Kaiser no presentó la documentación respaldatoria necesaria para acreditar el destino de fondos públicos administrados durante su gestión. La falta de comprobantes y facturas derivó en la obligación de devolver una suma que en ese momento ascendía a 11.280.055 pesos.
Además de su trayectoria en la gestión pública, Kaiser tuvo participación electoral. En los comicios nacionales de 2015 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque los resultados estuvieron lejos de las expectativas del partido provincial.
Aquella elección terminó siendo especialmente adversa para el MPN, que no sólo no logró incorporar representantes al Congreso Nacional, sino que además perdió una de las bancas que ocupaba.
Por otra parte, el exfuncionario también fue mencionado en una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante su paso por el IPVU.
Aunque esos antecedentes corresponden a etapas anteriores, desde el actual gobierno consideran que forman parte de una forma de administrar el Estado que buscan erradicar.
POLITICA
El ministro de Transporte bonaerense habló sobre los accidentes fatales en las rutas tras un informe de la ANSV

Días después de que se conoció el informe anual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, habló sobre los accidentes trágicos en las rutas y cuestionó la falta de conciencia a la hora de tomar el volante.
El funcionario bonaerense participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y está organizado por la cartera que dirige junto a la Fundación Estrellas Amarillas, que tiene como objetivo generar un espacio de debate, formación e intercambio para fortalecer las políticas vinculadas a la prevención de siniestros viales.
Todo se dio después del informe anual de la ANSV en el que se reportó que la provincia de Buenos Aires fue el lugar en el que se registraron 1.281 fallecimientos producto de accidentes de tránsito. Además, junto a San Juan y Neuquén, tienen una tasa de mortalidad en siniestros viales de 7,3 mientras que la más baja es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 2,7.
El congreso abrió sus puertas este miércoles en el Museo MAR de Mar del Plata y continuará hasta el jueves 12 de junio con la participación de funcionarios, especialistas, legisladores y referentes de todo el país. Marinucci encabezó la apertura del encuentro y destacó la necesidad de que los distintos actores involucrados trabajen de manera conjunta para avanzar en soluciones concretas.

En ese marco, el ministro subrayó la dimensión política del problema: “Estamos todos comprometidos con una causa. El mensaje es claro: desde la política tenemos responsabilidades de hacer propio el dolor ajeno. Nos tienen que marcar el camino quienes tomamos decisiones”, expresó según la información difundida por la organización del evento.
Marinucci también apuntó al núcleo del problema con una de las frases más directas de su intervención: “Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”. En esa línea, remarcó que la reducción de la siniestralidad exige una transformación cultural que va más allá del marco normativo vigente.
El funcionario amplió su postura al señalar que la seguridad vial no se resuelve únicamente con controles: “Necesita educación, infraestructura, señalización, mantenimiento de rutas y un Estado presente que asuma la responsabilidad de cuidar la vida de cada vecino y vecina”, afirmó. Agregó que el objetivo del congreso era que sus participantes se llevaran “sensibilidad y empatía” para trasladar esa conciencia a quienes circulan por la vía pública.

En ese contexto, Marinucci destacó que la provincia de Buenos Aires fue pionera en la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante y señaló que los controles, la educación vial y la inversión en infraestructura conforman una estrategia integral para reducir los siniestros y preservar vidas.
La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también tomó la palabra durante la apertura y subrayó el carácter transversal del problema: “La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo. La inseguridad vial nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, sostuvo. González valoró además el trabajo territorial que permitió avanzar en políticas como la Ley de Alcohol Cero y el acompañamiento del Ministerio de Transporte bonaerense en las acciones de prevención.
Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló: “Sin una traza mantenida hay riesgo, hay siniestros. Lo que planteamos es avanzar en obras intensas y estar en todo tipo de evento de control”. El funcionario subrayó que la participación de la empresa en el congreso respondía a un compromiso con el aprendizaje y el intercambio entre los distintos actores del sistema vial.

El encuentro se desarrolla bajo la consigna “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros y promueven mayor conciencia al circular. Durante los días siguientes se desarrollarán paneles, exposiciones y mesas de trabajo sobre legislación, educación vial, infraestructura, justicia, salud mental y estrategias de prevención, además de actividades abiertas a la comunidad.
La jornada inaugural contó con la presencia del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el intendente de Colón, Waldemar Giordano; el senador provincial Marcos Pisano; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone; y el diputado provincial Roberto Vázquez, entre otras autoridades. También participaron los subsecretarios del Ministerio de Transporte bonaerense Damián Contreras, Eduardo Feijoo, Sandra Mayol, Patricio D’Angelo y Marcela Passo, junto a los directores provinciales Jorge Orzali, Facundo Coudannes, Sibila Botti y Cristian Vázquez.
POLITICA
Miguel Ángel Pichetto y Carlos Kikuchi encabezaron el encuentro “Argentina Productiva” en La Plata

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el senador bonaerense Carlos Kikuchi encabezaron este miércoles en La Plata el encuentro “Argentina Productiva”, una jornada de debate político y económico que reunió a economistas, empresarios y referentes de distintos sectores bajo el lema “Producción, trabajo y futuro”. El evento, realizado en el Hotel Brizo, se inscribió en la construcción de un nuevo espacio político de centro y convocó a actores públicos y privados en torno a una agenda común orientada al desarrollo de largo plazo.
La elección de La Plata como sede no fue casual. La ciudad, corazón administrativo de la provincia de Buenos Aires, concentra una densidad de poder político y económico que la convierte en escenario natural para este tipo de iniciativas. El encuentro buscó trascender las disputas coyunturales y poner el foco en lo que sus organizadores describieron como los pilares de una estrategia de crecimiento sostenida: inversión, competitividad y generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El diálogo entre legisladores nacionales, provinciales, técnicos y actores del sector productivo marcó el tono de una jornada que se presentó como una apuesta al consenso por encima de las diferencias partidarias.
Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, y Kikuchi, presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, coincidieron en el diagnóstico: la Argentina atraviesa un momento de tensión entre las señales macroeconómicas del gobierno nacional y las condiciones reales que enfrentan las familias y las empresas. Esa brecha entre los datos agregados y la experiencia cotidiana de la mayoría de la población fue el eje sobre el que giró gran parte del debate.
Pichetto trazó un cuadro preciso del estado de la economía popular. “La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno”, señaló el legislador. Fue más lejos al describir el vínculo de las familias con el sistema financiero: “Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”. El diagnóstico apuntó a una economía con indicadores macroeconómicos que no se traducen en mejoras concretas para amplios sectores de la sociedad.
Kikuchi, por su parte, planteó el encuentro como una expresión del tipo de política que, a su juicio, requiere el país. “Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, afirmó el senador provincial. En ese marco, presentó la jornada como una muestra del compromiso legislativo con la construcción de “una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población”.

El economista Eduardo Setti aportó el análisis técnico más directo de la tarde. Ante los presentes, cuestionó la estructura del modelo económico vigente y advirtió sobre sus límites: “Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo. Hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo”.
Setti también apuntó contra la política cambiaria: “Es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento. Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de Estados Unidos y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas”. El economista trazó un paralelo con la gestión anterior del ministro Luis Caputo y advirtió que en “el 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria”, con lo que proyectó un escenario de presión sobre el tipo de cambio en el mediano plazo.
Ante ese diagnóstico, Pichetto anunció dos proyectos de ley que presentará en el Congreso Nacional. El primero, es la Ley de Salvataje para las MiPyMES, justificada en que “las pymes son el 98% de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado”. El segundo, es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, orientado a aliviar la carga financiera de los hogares. “No hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles”, fundamentó el diputado nacional.
El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas, quien sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Es fundamental promover una agenda de consenso centrada en los desafíos que enfrenta la Argentina para recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional”.
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