El dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe declaró este martes en la Fiscalía N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana. La citación se dio por una investigación por presunto falso testimonio para acceder a una custodia policial en el marco de la “mega causa” que impulsó contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, procesado con un embargo de $350 millones por presunto lavado de activos de origen ilícito.

El referente del partido de Elisa Carrió en Pilar también es denunciante en la causa por la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

“No hay prueba alguna. La causa se construye a partir de dos testimonios y suposiciones del fiscal, nada más. Uno de esos testimonios es de un oficial de la Policía Bonaerense que era mi custodio, que decía a viva voz a todo el mundo que le ofrecían dinero por mi cabeza y que después al que termina denunciando es a mí por ‘hechos falsos’. El otro testimonio es de un periodista de Pilar que, como no pudo ser candidato por la Coalición Cívica, se dedica a atacarme con animosidad tanto desde su medio como en presentaciones judiciales”, afirmó Yofe a luego de declarar durante casi dos horas. Aseguró haber ratificado las amenazas recibidas “con pruebas contundentes”.

Señaló que su pedido de indagatoria responde a un “intento para amedrentar” por su involucramiento en casos judiciales de alto impacto para el poder. Desde su defensa argumentan que desde entonces comenzó a “ser blanco de una persecución con tintes mafiosos, que escaló desde mensajes intimidatorios hasta amenazas contra su familia, e incluyó el tajeo de las ruedas de su auto o haber matado a uno de sus perros”. A su vez, cuestionan la imparcialidad del fiscal Quintana ya que −afirman− “forma parte de una lista en el Colegio de Magistrados de San Isidro vinculada a Sergio Massa”.

Por sus denuncias, D’Onofrio −que proviene de las filas del Frente Renovador afronta otra causa junto con la concejala Claudia Pombo (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar) por montar un presunto esquema de recaudación paralelo en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que lleva el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata. La de lavado, por su parte, está radicada en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

“Dejé en claro que el tema del perro no lo denuncié porque tengo hijos chicos y era un proceso al que no los quería exponer, pero marqué que fue mi propio custodio con el personal de Prefectura quienes me dijeron ‘a tu perro lo embicharon’”, dijo Yofe.

En ese contexto, Yofe llegó a disponer de dos custodios de la Policía Bonaerense (uno por turno, que lo acompañaban constantemente) y en el perímetro de su casa en Pilar una posta de la misma fuerza (dispuesta por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires) y otra posta de la Prefectura (por pedido del juez federal González Charvay).

“Para entender la gravedad, la hija del chofer de D’Onofrio pertenece a la misma comisaría de los policías que custodiaban mi casa. La oficial Ormeño de la 6ta de Villa Rosa, Destacamento Zelaya. Ella misma llegó a custodiar el perímetro. Hay registro y está probado porque el fiscal se lo preguntó al comisario y se lo confirmó”, reveló el dirigente de Pilar, férreo opositor del intendente Federico Achaval, a quien le achaca “haber convertido el municipio en un antro de negociados”.

No es la única causa que enfrenta el referente de la CC. El 2 de enero de este año, la casa de Yofe fue allanada por orden del juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro (con asiento en Pilar), a pedido del fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, luego de que Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, lo denunciara por una supuesta “extorsión” para que declarase en contra de D’Onofrio.

Yofe en ese momento se encontraba de viaje en Mar del Plata y acusó un procedimiento violento e intimidante contra su esposa y su beba de meses, que estaban en la vivienda. Dos días después se presentó junto a Carrió en la fiscalía de Camafreita, donde realizaron un duro descargo por el desarrollo de la causa, en la que quedó imputado junto con el empresario Leandro Camani, titular de la compañía Secutrans –que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en municipios–, también denunciante en el caso de las fotomultas.

En esta segunda causa, según Yofe, también declaró “siempre en calidad de ciudadano” el periodista local, señalándolo de supuestos incentivos para reclutar testimonios en sus denuncias. A finales de enero, por su parte, se sumó una presentación judicial del propio Tapia contra Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (CC), también denunciante de la mansión de Villa Rosa; y Camani, a los que les atribuyó ser parte de una red de “maniobras de extorsión”.

Al respecto, Yofe apuntó contra el juez Saettone dada su pública simpatía por referentes kirchneristas, y también sembró dudas sobre la praxis de Camafreita.

“Se están sosteniendo causas en mi contra sin un solo material probatorio con uno de los fiscales que tendría relación con el universo de las fotomultas y con un juez como Seattone que tiene animosidad partidaria para amedrentar a quienes denunciamos a las mafias más grandes de la provincia de Buenos Aires”, cerró.