POLITICA
El fiscal pidió indagatorias en la causa por presuntas irregularidades en los contratos de una obra social intervenida por el Gobierno
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del exinterventor de la obra social OSPRERA, Marcelo Petroni, y de empresarios vinculados a la firma HTECH Innovation S.A., en el marco de una investigación por presuntas contrataciones irregulares que habrían beneficiado a esa compañía con fondos millonarios.
La empresa fue vinculada en la causa con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque desde su entorno lo negaron en reiteradas oportunidades.
El requerimiento alcanza a María Casandra Mirabelli, Sergio Andrés Aguirre, Stéfano Antonio Zanetti, Virginia Montero y el propio Petroni. Según el dictamen, la firma HTECH Innovation S.A. habría sido beneficiada con contrataciones por parte de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), intervenida por el Gobierno desde fines de 2024 hasta principios de este año.
De acuerdo con la investigación, la empresa fue constituida en abril de 2024 por Zanetti y Aguirre. Mirabelli fue designada como presidenta de la sociedad, mientras que Aguirre figura además como director suplente.
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El fiscal detalló que las primeras facturaciones de la firma a OSPRERA fueron por 47 millones de pesos en concepto de servicios de software. Sin embargo, con el correr de los meses se habrían sumado nuevos contratos que elevaron el monto total percibido por la empresa a más de 262 millones de pesos.
En su presentación, Marijuan también señaló que varios de los empresarios implicados registraron ingresos a la Subsecretaría Legal de la Presidencia de la Nación, área que está a cargo de Eduardo “Lule” Menem.
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La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre presuntos negociados en OSPRERA, intervenida el 29 de noviembre de 2024 por el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la Justicia ya había ordenado allanamientos a empresas proveedoras y dependencias vinculadas a la obra social, en un expediente que apunta a determinar si existieron tercerizaciones irregulares y bajo qué condiciones se emitieron facturas por servicios prestados.
Uno de esos procedimientos estuvo dirigido a HTECH, firma vinculada a Aguirre, quien fue relacionado en la investigación con Martín Menem. Cuando los efectivos se presentaron en el domicilio declarado por la empresa, fueron informados de que ya no operaba allí. No obstante, en el mismo edificio funcionaba otra compañía asociada al empresario, lo que motivó nuevas líneas de investigación.
El expediente judicial también analiza otras contrataciones realizadas durante la intervención, entre ellas acuerdos con proveedores de medicamentos. En ese marco, se encuentra bajo revisión un convenio firmado por Petroni con la droguería Suizo Argentina por una deuda que, según documentos incorporados a la causa, superaba los 7000 millones de pesos.
Marijuan sostiene como hipótesis que la intervención de la obra social pudo haber sido utilizada para favorecer a empresas cercanas al poder. Esa línea de investigación se conecta con otras causas en trámite, como la que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas en contrataciones públicas.
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En paralelo, desde el Gobierno defendieron la intervención de OSPRERA y aseguraron que la medida respondió a una situación de emergencia financiera y operativa. Según un comunicado oficial difundido tras la intervención, la obra social acumulaba una deuda total cercana a los 97.889 millones de pesos y un déficit mensual superior a los 5000 millones, además de interrupciones en la entrega de medicamentos y prestaciones médicas.
Las autoridades también afirmaron que, desde la intervención, se implementaron mecanismos para transparentar las compras y ampliar la competencia entre proveedores. “Vinimos a cortar curros y ordenar la obra social en favor de los afiliados”, señalaron en ese momento, al detallar que se habían firmado acuerdos de pago con más de 30 entidades y que se buscaba garantizar la continuidad de los servicios.
Martín Menem, Eduardo Menem, UATRE, Guillermo Marijuán
POLITICA
El Gobierno relativizó el alcance del comunicado del PRO y afirmó que es una estrategia de Macri para negociar
El duro comunicado del PRO contra el Gobierno no fue bien recibido por el ala más dialoguista del partido, entre ellos gobernadores y el jefe de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, quienes aseguraron no haber sido consultados. En Casa Rosada interpretaron un intento de Mauricio Macri de tensar la cuerda para negociar de cara a 2027.
“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, se leía el texto partidario difundido este domingo.
Los gobernadores se despegaron y señalaron que el comunicado fue una decisión unilateral de Mauricio Macri.
Cerca de Cristian Ritondo replicaron que él tampoco había sido consultado al respecto y que la maniobra no pasó por la mesa ejecutiva del espacio.
“Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos. Podemos tener matices o distintas miradas con el gobierno, y cuando vemos un error lo señalamos con responsabilidad. Pero lo que no tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista, es hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”, advirtieron cerca del jefe de bloque.
La lectura del Gobierno sobre el comunicado del PRO
El Gobierno atribuyó la ofensiva a un intento de Mauricio Macri de reposicionar al partido ante las negociaciones electorales del próximo año. “Es tensar la cuerda para hacerse respetar de cara a lo que viene, algo esperable”, analizó una fuente que recorre los pasillos de la Casa Rosada.
En paralelo, uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno consideró que el PRO no tiene mucho margen de crecimiento para 2027: “Veo que están intentando llegar a un techo de representación entre el 3% y el 5% para sentarse a negociar después. El tema es que, ante la polarización de la recta final, eso tiende a bajar las alternativas intermedias sin posibilidades reales”.
Por fuera del comunicado, los movimientos de Mauricio Macri comenzaron en marzo con el acto en Parque Norte, cuando planteó que el PRO buscará ser el “próximo paso” y completar lo que sigue a este Gobierno. El mensaje, en tono proselitista, anticipó la decisión de que el espacio tenga un candidato propio en las próximas elecciones.
El camino rumbo a 2027 y las posibles repercusiones en el Congreso
Ese escenario abre diferentes miradas en la Casa Rosada. Algunos funcionarios se limitan a expresar que pensar hoy en 2027 es “ciencia ficción” y que el Gobierno debe abocarse a gestionar. Otras fuentes consideran que el PRO no se arriesgará a presentarse y obtener un magro resultado en las urnas. “No creo que llegue a eso ni le convenga. Sería un escenario catastrófico para su espacio”, manifestaron a TN.
Sin embargo, en otra de las alas de Balcarce 50 insisten con que falta mucho y se niegan a descartar posibilidades. “Todos los escenarios son posibles”.
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En el mientras tanto, el Gobierno confía en que los gestos de rebeldía del expresidente no afecten la dinámica de su alianza en el Congreso, donde, salvo por las diferencias en cuanto a la eliminación de las PASO, el PRO todavía se muestra alineado con el oficialismo.
Sin embargo, cerca de la conducción del partido en la Cámara de Diputados enviaron una advertencia. “Que quede claro: esto no es solo una responsabilidad del PRO. También lo es del oficialismo y de todas las fuerzas que, aun teniendo diferencias, entienden que no podemos volver atrás y echar por tierra el esfuerzo y la esperanza de millones de argentinos.”
PRO, Gobierno, Mauricio Macri
POLITICA
La marcha universitaria refuerza su condimento opositor con la adhesión de partidos políticos y sindicatos
La Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes, desde las 17, en Plaza de Mayo, tendrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei. Las centrales obreras, espacios políticos peronistas, radicales, de la Coalición Cívica y de la izquierda están entre los grupos que convocan a participar de la manifestación para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su adhesión a la marcha universitaria. Concentrará a sus militantes en Diagonal Sur y Bolívar, desde las 15. “Marcha Federal. Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, es la consigna de la central obrera, que conduce el triunvirato integrado por Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio) y Octavio Argüello (camioneros). La central obrera anunció su adhesión en una conferencia de prensa junto a referentes sindicales universitarios.
El sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, lanzó su propia convocatoria. Su punto de concentración será la esquina de Avenida Belgrano y Piedras, desde las 15. El mensaje del gremio para su columna es “Camioneros acompaña a los universitarios”.
Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (la Autónoma y la de los Trabajadores) se plegarán con sus sindicatos desde las 15, con Diagonal Norte y San Martín como punto de concentración. Este lunes, las centrales conducidas por Hugo Yasky y Hugo Godoy anunciaron una serie de movilizaciones durante mayo y junio que conformarán su “plan de lucha federal para frenar el ajuste”.
Las dos ramas de la CTA agrupan sindicatos como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), y varios que se nuclean en el Frente de Sindicatos Unidos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los papeleros, aceiteros, molineros y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (en sus dos vertientes).
Además de las conducciones de las centrales gremiales, también se sumarán a la protesta universitaria vertientes internas de los sindicatos, como la Agrupación Pluricolor de la Cicop, que se dará cita desde las 15, en Plaza de Mayo, o la Lista Multicolor del Suteba. Otro sector que será parte de la movilización es la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que protagonizó duros reclamos contra el gobierno por el presupuesto para el centro de salud infantil. Su columna saldrá a las 16, desde el hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881.
La Unión de Trabajadores de la Educación Popular (UTEP), un sindicato de cooperativistas que conduce Alejandro Gramajo (Movimiento Evita) y que forma parte de la CGT, también anunció su apoyo a la marcha que tendrá a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como su principal convocante. “Para que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario”, es la consigna que difundió la UBA para su llamado a la protesta.
La presencia de partidos políticos opositores en la marcha universitaria también será nutrida. El Partido Justicialista bonaerense, que preside el gobernador Axel Kicillof, convoca a su militancia a las 15.30, en Diagonal Sur y Perú. La Cámpora, organización que lidera Máximo Kirchner, se reunirá en Avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 15. En esa misma esquina, pero desde las 14, se concentrará la columna del Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.
El Frente de Izquierda-Unidad participará desde las columnas de las facultades, con las que marchará hacia Plaza de Mayo. Convoca desde las 14, en conjunto con las agrupaciones juveniles, para marchar desde 9 de Julio y Avenida de Mayo.
La Unión Cívica Radical (UCR) -presente con sus integrantes en la cúpula de la UBA y presidida por Leonel Chiarella– se concentrará en el Comité Capital, ubicado en Tucumán 1660. Desde allí, saldrán los militantes del radicalismo nacional, porteño y de la Juventud Radical. La vertiente Radicalismo Auténtico (motorizada, entre otros, por Federico Storani, que en los últimos meses mostró acercamientos a Kicillof) también anunció su acompañamiento.
Con un mensaje de su titular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la Coalición Cívica convoca a marchar junto a las universidades, en lo que será la cuarta marcha del sector de la educación superior contra el gobierno nacional.
El partido Libres del Sur, que tiene como referente a Humberto Tumini, se concentrará a las 14, en la Plaza de Mayo.
partidos políticos,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Confederación General del Trabajo (@cgt.ok),pic.twitter.com/GsbYev7cO1,May 11, 2026,Universidad de Buenos Aires,CGT,PJ Partido Justicialista,Conforme a,,Negocios con el dólar blue. El exsocio de Piccirillo admitió que ofició de intermediario para acceder al SIRA,,Solo en Off. Sandra Pettovello y un viaje al Vaticano que despierta aplausos y celos en el Gabinete,,La dictadura en Córdoba. Una de las desaparecidas identificadas en La Perla era cercana a Juan Schiaretti,Universidad de Buenos Aires,,»Una más, una menos». Yacobitti le respondió a Adorni por los fondos a la UBA y dijo que no le sorprende que mienta,,Lo echaron por la fuerza. Un estudiante de la UBA fue suspendido por acosar y amenazar a alumnas,,»¿Cuál es el problema?». El Gobierno le propuso a la UBA que si no puede administrar sus hospitales los transfiera al Estado nacional
POLITICA
Cuatro gobernadores activaron planes de refinanciación de deudas de empleados públicos, por el alto nivel de morosidad
El grado de morosidad de las familias está en niveles históricos. Según informes oficiales recientes, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2%.
Para enfrentar esta situación, algunos gobernadores lanzaron distintos planes de refinanciación para aliviar la carga sobre los agentes estatales y jubilados. El entrerriano Rogelio Frigerio; el santafesino Maximiliano Pullaro; el correntino Juan Pablo Valdés y el misionero Hugo Passalacqua están en esa lista.
El cordobés Juan Llaryora tiene en mente un esquema similar, pero aún no se ha plasmado. En la provincia mediterránea la deuda de los agentes públicos es, principalmente, con la tarjeta local «Cordobesa». El plástico lo emite el Banco de Córdoba, controlado por el Estado. El mandatario debe pasar por un sendero estrecho: refinanciar las deudas de los estatales sin afectar el equilibrio de la entidad bancaria.
Tasa en baja
Entre Ríos lanzó su propuesta este lunes. El ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, indicó que el objetivo es sustituir deudas de alto costo por un único préstamo con condiciones más favorables.
El nuevo esquema permitirá reducir, de forma significativa, la carga mensual, consignó el funcionario.
“Esta gestión que hicimos con el agente financiero (el Banco Entre Ríos) permitirá, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, explicó Boleas. Luego, adelantó que se proyecta extender este sistema a los trabajadores privados.
El programa ofrece una tasa nominal anual (TNA) fija del 60%. Los plazos son de hasta 60 meses. Cuenta con un período de gracia de 60 días. Boleas aclaró que no hay costo fiscal para el Estado.
El funcionario destacó que la propuesta se basa en “la evaluación que hacemos del mercado financiero”. Al respecto, destacó que hubo “un descenso de las tasas de interés”.
En la tierra colorada
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que la provincia extenderá el plan de reestructuración de deudas de agentes públicos hasta fines de mayo. El sistema se había lanzado el 19 de marzo.
“En conjunto con el Banco Macro (agente financiero del Estado) prorrogamos hasta el 31 de mayo el programa de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales”, indicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El esquema incorpora una tasa de interés bonificada. Abarca a trabajadores públicos provinciales y municipales. También jubilados, pensionados y retirados provinciales. La condición es que tengan deuda con más de 31 días de mora al 30 de abril. El sistema misionero no tiene aportes del Estado. Contempla una bonificación de 7 puntos en el interés.
Corrientes Sostiene
En tanto, el gobernador Juan Pablo Valdés echó mano a que el Estado provincial tiene el control del Banco de Corrientes para poner en marcha un sistema más audaz.
El esquema contempla a estatales y privados. Permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial con reducción de 29 puntos. La medida representa un alivio financiero de $90.000 millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.
El sistema refinancia el 80% de los saldos en planes. Hay hasta 12 cuotas fijas. Se utiliza una tasa especial con reducción de 15 puntos.
Se estima que la iniciativa generará un alivio financiero valuado en más de $40 mil millones, beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas.
La puesta en marcha de «Corrientes Sostiene» supuso una inversión pública de $130 mil millones.
El Plan de Protección santafesino
Al igual que en Corrientes, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha un sistema para refinanciar los compromisos de trabajadores públicos y privados. La novedad es que incorporó a los autónomos.
El objetivo es aliviar la carga financiera. Además, garantizar en el caso de los estatales que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.
El Gobierno provincial informó que el 33% de los empleados públicos registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes. De ese total, unos 12 mil superan el umbral del 25% de afectación salarial. A ellos se suman 7 mil jubilados y cerca de 60 mil trabajadores privados y autónomos en situación similar.
Si las entidades no aceptan estas condiciones, aparece la segunda opción. Allí el Estado provincial podrá intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia.
Además, se abrió una línea de créditos para consolidación de deudas. Esto permitirá unificar compromisos financieros. El plazo será de hasta 60 meses, con dos de gracia.
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