Dentro del universo de renta fija en pesos, los BONCER, bonos CER -aquellos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, es decir, inflación- fueron hasta ahora el segmento de mejor desempeño y esa dinámica explica buena parte del debate que hoy atraviesa a las mesas de dinero. Y es que, el tramo largo de la curva CER, es decir los títulos con vencimiento desde 2028 en adelante, acumuló en 2026 subas medidas en dólares que promedian 19%, mientras que los bonos soberanos en moneda dura exhibieron en ese mismo período una caída promedio de 1,3%. 

La propuesta que comenzó a circular con más insistencia en la City no plantea una salida indiscriminada del CER ni una renuncia total a las coberturas en pesos, sino una rotación gradual desde aquellos bonos que más subieron hacia otros instrumentos que hoy ofrecen una relación más equilibrada entre rendimiento esperado, riesgo cambiario y valuación. En ese marco, desde la City se plantean dos movimientos puntuales que sintetizan bastante bien esa mirada:

• Vender TZX28 para pasar a AL30 
• Vender DICP para pasar a AN29

El argumento central detrás de esa estrategia no se limita a una preferencia general por los bonos en dólares, sino que descansa sobre una lectura concreta del tipo de cambio real que hoy está implícito en los precios de mercado.

Argentina hoy muestra un tipo de cambio real que no luce especialmente alto: el índice se ubica en 84 contra el dólar oficial y en 87 frente al MEP. Cuando se cruzan los rendimientos de bonos en dólares como el AL30 con los CER largos, y se suma la expectativa de inflación en Estados Unidos que ya descuenta el mercado, surge una conclusión clave: hacia 2028, el mercado está asumiendo que el tipo de cambio real apenas subiría hasta niveles cercanos a 89. Es decir, no espera un salto fuerte sino, en todo caso, una corrección moderada que incluso quedaría por debajo de lo que el propio FMI considera un nivel de equilibrio. En ese contexto, empieza a tener más sentido reducir exposición a bonos CER de largo plazo y migrar parte de la cartera hacia deuda soberana en dólares.

La toma de ganancias empieza a imponerse

La mirada de Nazareno Taus, portfolio manager de Cocos Capital, es importante porque no propone una liquidación total de la exposición al CER del tramo medio, sino una administración más equilibrada del riesgo en un contexto en el que parte del recorrido favorable ya se consumió.

Según explicó, «Los boncers 2027 (TZXM7 y TZXD7) aún conservan argumentos para mantenerse en cartera si es que ya los tenes en tenencia. La inflación de corto plazo viene mostrando riesgo al alza, el carry es interesante y, en algunos casos, todavía queda margen acotado de compresión real».

El mercado no está diciendo que toda la curva ajustable por inflación perdió atractivo ni que el inversor deba salir de cualquier papel CER sin distinguir duración, tasas reales ni escenario de inflación de corto plazo. Lo que se observa, más bien, es un cambio de jerarquía dentro de la propia curva. Los títulos que todavía pueden defender una permanencia en cartera son aquellos que conservan carry, cierta capacidad de capturar una sorpresa inflacionaria en los próximos meses y un margen, aunque más reducido, para seguir comprimiendo rendimiento real.

El problema aparece cuando esa ecuación empieza a quedar demasiado exigida después de un rally rápido y significativo.

Por eso Taus se inclina por empezar a recoger parte de esa ganancia acumulada y diversificar. En sus palabras, «Tras ganancias cercanas al 8% en un mes, me parece razonable empezar a tomar parcialmente ganancias y diversificar el riesgo peso. En ese marco, veo una rotación gradual hacia soberanos hard dollar, como AL29 y AL30, que suma cobertura frente a un eventual reacomodamiento cambiario y permite capturar rendimientos atractivos directamente en dólares».

El X30N6 es una historia aparte

Donde Taus se muestra más categórico es en el análisis del X30N6, un bono que durante las últimas semanas fue utilizado por muchos inversores como vehículo táctico para capturar la aceleración de la inflación implícita. Según sostuvo, «El X30N6, en cambio, parece haber cumplido su función táctica, dado que en el tramo más corto de CER las tasas reales ya operan en niveles muy exigidos. El atractivo en este caso pasa exclusivamente por capturar la sorpresa inflacionaria de corto plazo (marzo/abril arriba de lo que priceaban los break-evens), pero una vez que esos datos se incorporen, el upside se agota rápido».

Ese comentario ayuda a ordenar la discusión porque separa con claridad tres planos distintos: por un lado, el tramo corto CER, donde buena parte del atractivo ya quedó condicionado a un dato puntual de inflación y, por lo tanto, ofrece menos margen una vez que ese dato se haga efectivo y sea absorbido por precios. Por otro, el tramo 2027, donde todavía puede haber razones para sostener alguna posición si la cartera ya está armada y el inversor no necesita reducir de inmediato esa exposición.

Y finalmente, el tramo más largo, que es donde más se consolidó el rally y donde hoy parece más razonable empezar a rotar hacia bonos en dólares.

La tasa ya no ayuda

Y es que, a su vez, el actual nivel de tasas reduce el incentivo para posicionarse en pesos y podría funcionar como catalizador para una recuperación de la actividad, algo que en un escenario de mejora electoral y financiera podría favorecer una compresión del riesgo país. Esa combinación es la que permite pensar el movimiento hacia AL29, AL30 o AN29 no sólo como una cobertura defensiva frente al riesgo cambiario, sino también como una apuesta a capturar valor si el mercado empieza a premiar un escenario de menor spread soberano.

Desde ya, la estrategia no está libre de riesgos y la City identifica como principal amenaza un escenario de estanflación, aunque se que entiende que los precios actuales ya incorporan una parte de ese deterioro potencial.

Pese a eso, la advertencia importa porque muestra que no se trata de una recomendación ciega ni de una convicción de una sola dirección, sino de una toma de posición relativa entre activos que hoy lucen parados en lugares muy distintos después de la performance de los últimos meses.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) oficializó las nuevas escalas salariales que rigen para el sector mercantil tras el último acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias. El convenio establece un incremento para el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, definiendo los montos que percibirán los trabajadores que se desempeñan en los supermercados y grandes superficies comerciales de todo el país.

El entendimiento pactado entre el sindicato y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), contempla una suba del 5% trimestral. Este incremento se aplica de manera escalonada en tres tramos acumulativos: un 2% a partir de abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% final en el mes de junio.

Además del porcentaje de actualización sobre los básicos de convenio, el acuerdo incorpora el pago de un bono extraordinario de $20.000 para todas las categorías del sector, sin distinción de tareas. Asimismo, las partes ratificaron la continuidad de las sumas no remunerativas que se venían percibiendo del período paritario anterior, las cuales representan un total fijo de $100.000 para cada trabajador.

Cuánto gana un empleado de comercio

En cuanto a los haberes correspondientes al mes de abril, los cuales se liquidarán de forma efectiva en los primeros días de mayo, los salarios básicos muestran una actualización que impacta de forma directa en las seis categorías que componen el escalafón mercantil. Para el análisis de los ingresos, se toma como referencia la escala “A” de cada segmento, aunque es necesario mencionar que existen otras subcategorías con variaciones salariales según la especificidad de la tarea o la jerarquía.

Dentro de la estructura de ingresos, los trabajadores de menor salario son los que pertenecen a la categoría de Maestranza, a la cual pertencen por ejemplo los repositores de supermercado. Para el personal de Maestranza A, el total a percibir en abril se ubica en $1.198.911. Este monto totaliza el sueldo básico actualizado, la suma no remunerativa de $100.000 que continúa vigente y el bono extraordinario de $20.000 acordado para este mes.

Por su parte, un empleado encuadrado en la categoría Administrativo percibirá durante el mes de abril un total de $1.210.613. En esta línea, los trabajadores que se desempeñan en las líneas de cajas de los supermercados y comercios, bajo la denominación de Cajeros, cobrarán un monto final de $1.214.513.

La categoría de Auxiliar, que comprende tareas de soporte en distintas áreas del establecimiento comercial, tiene asignado para el mes de abril un ingreso total de $1.214.513. En tanto, para aquellos que revisten la categoría de Auxiliar Especializado, el haber mensual se sitúa en $1.223.879, siendo esta una de las escalas más altas dentro de los niveles iniciales de la actividad.

Finalmente, el personal dedicado a la atención al público y ventas, agrupado en la categoría Vendedor, percibirá en abril un total de $1.214.513. Todos estos valores corresponden a la jornada laboral completa y no incluyen adicionales por antigüedad ni otros ítems específicos que pueden variar según la situación particular de cada empleado o los acuerdos regionales, como es el caso de la zona desfavorable.

Acuerdo de alto alcance

El esquema salarial diseñado para este trimestre busca otorgar previsibilidad a los ingresos de aproximadamente 1.200.000 trabajadores. El convenio incluye una cláusula de revisión permanente que permite a las partes analizar la evolución de los precios y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los empleados mercantiles.

De esta manera, los sueldos que se cobrarán en mayo reflejan el primer tramo del aumento del 2% correspondiente a abril, sumado a los adicionales no remunerativos y el bono especial. Para los meses subsiguientes de mayo y junio, se aplicarán los incrementos restantes del 1,5% en cada periodo, manteniendo la base de cálculo sobre los salarios vigentes al cierre del ciclo anterior. Así, un empleado de la categoría Maestranza, por ejemplo, pasará a cobrar $1.126.248 en mayo y $1.233.585 en junio.

El acuerdo tiene vigencia en todo el territorio nacional, garantizando un piso salarial unificado para la actividad.

El Gobierno nacional ratificó un cronograma para la transformación del esquema de asistencia energética en la Argentina, marcando el final de una era para los usuarios de gas envasado. Con la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados, el antiguo Programa Hogar inició un proceso de retiro definitivo para dar paso a un sistema que centraliza los beneficios de luz y gas en un registro único.

Esta transición no es automática y requiere una acción directa por parte de los beneficiarios, quienes desde enero enfrentan un plazo de seis meses para regularizar su situación y no quedar excluidos de la cobertura estatal.

Durante esta primera etapa, la urgencia radica en el reempadronamiento obligatorio dentro del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Aquellos ciudadanos que ya percibían la asistencia pero aún no completaron el trámite en el sitio oficial de subsidios del Estado tienen garantizada la continuidad del beneficio bajo las condiciones anteriores solo hasta junio de este año.

Superada esa fecha límite, la falta de inscripción en la nueva plataforma digital derivará en la pérdida automática del subsidio a partir del segundo semestre, sin excepciones previstas por mora en el trámite.

El criterio que rige el viejo Programa Hogar

El nuevo paradigma de asistencia se sustenta en criterios socioeconómicos mucho más estrictos para determinar quiénes califican para el descuento en la garrafa de diez kilos. En la actualidad, el tope de ingresos netos del grupo familiar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales, lo que sitúa el límite de corte aproximadamente en los $4,3 millones según las últimas actualizaciones del Indec. 

Este filtro busca que el esfuerzo fiscal de la Argentina se concentre exclusivamente en los hogares de mayor vulnerabilidad, eliminando la dispersión de recursos en sectores con mayor capacidad de pago.

Además del nivel de ingresos, el patrimonio juega un rol determinante en la elegibilidad para el programa de subsidios renovado. El sistema cruza datos de forma automática y excluye a aquellos hogares que posean un vehículo con menos de tres años de antigüedad, salvo que exista un integrante con Certificado Único de Discapacidad.

Del mismo modo, la tenencia de más de dos inmuebles o de bienes de lujo, como embarcaciones o aeronaves, actúa como un bloqueante inmediato para el acceso a la tarifa social, reforzando el carácter selectivo de la medida implementada por la Secretaría de Energía.

La guerra y el impacto en precios

La implementación de este esquema coincide con un escenario de fuerte dispersión de precios por el impacto de la crisis energética por la guerra entre Estados Unidos e Irán que afecta el corredor energético del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula el 30% del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

En este contexto global de volatilidad de precios el efecto inflacionario también llegó a la garrafa doméstica, y según las entidades que nuclean al sector los aumentos durante marzo superaban el 20% a tono con lo que viene ocurriendo con los combustibles líquidos, aunque internacionalmente la presión es mayor.

A esto se suma las caracteristicas del nuevo mercado local de gas envasado tras la desregulación y la quita de subsidios nacionales. En los puntos de venta oficiales y plantas distribuidoras de la Argentina, el costo de la unidad de diez kilos oscila actualmente entre los 19.000 y los 21.000 pesos.

Sin embargo, esta cifra se eleva significativamente cuando el usuario recurre a comercios de barrio o estaciones de servicio, donde los valores de referencia se ubican habitualmente en una franja que va desde los $23.000 hasta los $26.000 pesos por unidad.

El impacto económico es todavía más severo para quienes dependen del servicio de envío a domicilio, una modalidad que en provincias del norte como Salta y Formosa puede alcanzar los $35.000 la garrafa de 10 kilos. Ante este panorama de precios liberados, el nuevo sistema de subsidios propone cubrir el 50% del valor de referencia. 

La intención es que el Estado acompañe la fluctuación del mercado sin fijar techos que puedan generar desabastecimiento, pero asegurando que el costo final para el beneficiario sea sostenible frente a la escalada inflacionaria del sector.

Cambios en la formas de pago

Una de las innovaciones más importantes de este cambio de modelo es la migración hacia el uso de billeteras virtuales y medios de pago electrónicos para concretar la transacción. El Gobierno fomenta que la compra de la garrafa se realice a través de cuentas vinculadas directamente al titular del beneficio para asegurar la trazabilidad total de los fondos. 

Este mecanismo busca reemplazar el antiguo depósito de montos fijos por un sistema de bonificación o descuento directo, permitiendo una fiscalización en tiempo real de que el subsidio se utiliza efectivamente para el fin energético declarado.

La estacionalidad también fue integrada en el diseño del nuevo programa, previendo una mayor cobertura y flexibilidad durante los meses de invierno. Entre abril y septiembre, el esquema contempla un refuerzo en la asistencia considerando que la demanda de gas envasado para calefacción y cocina aumenta exponencialmente en gran parte de la Argentina.

Esta modulación del beneficio pretende evitar que las familias vulnerables sufran el impacto de los picos de consumo en los meses de bajas temperaturas, cuando el presupuesto doméstico se ve más tensionado por las necesidades energéticas.

Casos especiales para beneficiarios

A pesar de la rigidez de las nuevas normas nacionales, existen situaciones especiales que conservan la prioridad y condiciones diferenciales de acceso. Los hogares que cuentan con al menos un integrante con discapacidad, los titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y las familias residentes en barrios populares con certificado del Renabap mantienen un estatus protegido.

Para estos grupos, la validación de datos es fundamental para garantizar que la transición digital no represente una barrera de acceso, permitiendo que la ayuda llegue de forma ininterrumpida.

Mientras el sistema nacional se reconfigura, algunos operativos provinciales intentan amortiguar el impacto con programas locales de emergencia. En Misiones, iniciativas como Ahora Gas permiten recargas a valores diferenciales de $17.500, mientras que en zonas de Mendoza y Malargüe se registraron operativos con unidades a precios que varían entre los $9.000 y $10.000 para sectores críticos.

Estos esfuerzos regionales actúan como un paliativo temporal frente a la tendencia alcista que domina el mercado nacional tras la eliminación de la antigua Tarifa Social del Gas. Sin embargo, el sector no es ajeno a la presión de precios que sufren otros energéticos como el Gas Natural Licuado (GNL) que el país debe importar en invierno, o los combustibles que se carga en todas las estaciones de servicio del país.