ECONOMIA
Superávit fiscal: el FMI redujo una meta clave en medio de la caída de la recaudación y el reclamo por deudas
El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras la aprobación del Directorio, habilitará el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares. Un punto relevante del entendimiento es la reducción de la meta fiscal para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ajuste representa un alivio por parte del organismo internacional en un contexto de caída en la recaudación y de demandas de distintos sectores por deudas con el Ministerio de Economía.
El staff del FMI resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.
“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la difusión del acuerdo.
En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado financiero de $144.421 millones, con un resultado primario de $1.410.640 millones y pagos de intereses de deuda pública por 1.266.218 millones de pesos. Así, en los primeros dos meses del año, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,1% del PIB y un superávit primario aproximado de 0,4% del PIB.
Pero el dato está en que el resultado fiscal superavitario en los primeros dos meses se logró a pesar de la caída de la recaudación. En el acumulado de enero-marzo, los ingresos tributarios tuvieron una baja de 7,5%, lo que sumó presión sobre las cuentas públicas y condicionó la capacidad del Estado para sostener el sendero de superávit. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos a la manera en que Economía logra el resultado positivo en las cuentas públicas: se conocieron reclamos de diferentes sectores por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los prestadores de PAMI.
La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y señaló que el 2,2% acordado en la primera revisión del programa siempre le resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.
No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record. Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.
Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, los cambios en las proyecciones que se desprenden del comunicado “ponen metas más factibles de cumplir este año”. “De todas formas, la dinámica del primer trimestre da cuenta que también en el plano fiscal repetir el superávit primario del año pasado será un desafío. Entre otras cosas, por la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real”, sumó el economista.
Este jueves, el Ministerio de Economía debería publicar cuál fue el resultado del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien no debería haber mayores problemas en lograr un saldo positivo, los inconvenientes podrían llegar a surgir en los próximos meses, tanto por los pagos de deuda que se realizaron a las empresas de colectivos ($50.000 millones) como también a los prestadores del PAMI ($150.000 millones).
Desembolso pendiente
Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.
“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año», destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 58% de la meta de este año (USD 10.000 millones).
En tal sentido, el acuerdo con el Fondo determina que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.
Pese a que el BCRA retomó las compras de divisas este año, volvió a enfrentar dificultades para acumular reservas por los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de USD 128 millones el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el área de Economía logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al BCRA retener las divisas adquiridas.
“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff.
Esta afirmación coincide con lo expresado por el ministro Caputo, quien sostuvo que ya cuenta con un mecanismo definido para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones en julio, al que se sumarán los dólares obtenidos mediante la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028, así como los recursos provenientes de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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