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Procesan a Ricardo Nissen, extitular de la IGJ con Alberto Fernández, por abuso de autoridad

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La Cámara Federal procesó, otra vez, al extitular de la Inspección General de Justicia durante el albertismo Ricardo Nissen por el delito de abuso de autoridad, al tratar de perjudicar a la empresa Hidden Lake, del magnate Joe Lewis, dueño de la estancia Lago Escondido en Río Negro.

Nissen fue anteriormente sobreseído por este hecho dos veces por el juez federal Sebastián Casanello y otras dos veces por el juez federal Daniel Rafecas. Pero ahora quedó procesado por la Sala Sala II de la Cámara Federal, que resolvió revocar su sobreseimiento por el delito de abuso de autoridad.

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La causa investiga el accionar del exfuncionario al frente del organismo de control, cuando entre 2022 y 2023 impulsó actuaciones para declarar la nulidad e intervenir judicialmente la sociedad Hidden Lake S.A. Argumentaba que la firma, dueña de 12.000 hectáreas en la Patagonia, junto al Lago Escondido, era usada como “pantalla jurídica” del patrimonio de Lewis y no tenía actividad comercial.

Los camaristas Farah, Boico e Irurzun.Archivo

Ahora los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, con la disidencia de Roberto Boico, determinaron que Nissen utilizó información probadamente falsa y razones ajenas a sus funciones para perjudicar a la empresa de Lewis.

Como contrapartida, la Cámara confirmó el sobreseimiento de quien lo secundaba en el organismo como subinspector, Manuel Cuiñas Rodríguez.

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La acusación se basó en las Resoluciones Particulares N° 393/2022 y N° 112/2023, en las cuales Nissen instruyó ir a la Justicia Comercial para desplazar al directorio de Hidden Lake S.A. Para justificar esta injerencia estatal, la IGJ dijo en sus dictámenes que la sociedad incurría en una actividad ilícita por incumplir durante más de diez años con supuestas sentencias firmes dictadas por la Justicia de Río Negro sobre el acceso público a la costa del Lago Escondido.

Sin embargo, los camaristas que conformaron la mayoría advirtieron que este argumento era, de hecho, una mentira procesal.

En su voto para dictar el procesamiento, el juez Eduardo Farah fue categórico: “Hay elementos que avalan la sospecha de que el imputado Nissen abusó de las facultades que le confería su puesto de titular de la Inspección General de Justicia para labrar, de oficio, el expediente administrativo para lo cual enarboló el falso argumento de que la sociedad venía incumpliendo sentencias judiciales firmes”.

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Añadió Farah que el pretexto de la desobediencia a la Justicia “era falso, pues los tribunales de la provincia de Río Negro no le habían fijado a Hidden Lake SA una obligación que ésta última incumpliera”, y mencionó que esta situación quedó evidenciada en un fallo de la propia Corte de la provincia patagónica en 2023.

El multimillonario británico Joe Lewis al salir de la corte federal de Manhattan, en 2023Mary Altaffer – AP

Por su parte, el camarista Irurzun destacó la “intencionalidad y excepcionalidad” de la maniobra de la IGJ. Tras repasar las medidas del organismo oficial, el magistrado subrayó : “El inicio del expediente administrativo partió de premisas que se estimaron falsas y significó un caso único en el campo de actuación del organismo”.

Irurzun remarcó además que, pese a que la propia sociedad intimada brindó explicaciones precisas demostrando el error, la resolución de Nissen eligió “descartarlas sin más”.

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El camarista mencionó jurisprudencia histórica del fuero y dijo que el delito de abuso de autoridad se perfecciona cuando el funcionario “hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera”.

En minoría, el juez Boico votó por confirmar el sobreseimiento de ambos exfuncionarios. Sostuvo: “Es claro que la discrepancia, la imprudencia, o incluso una equivocada interpretación de los hechos o de los pronunciamientos jurisdiccionales recaídos, no se traducen en el dolo/malicia que permitiría sostener que todo cuanto en ellas se ha consignado es la materialización del ejercicio abusivo” de sus funciones.

Farah consideró que Nissen concentró el “marcado dominio personal del asunto”, a tal punto de anotarse él mismo como responsable primario del expediente, y que no se verificó una delegación formal hacia Cuiñas Rodríguez. Además, determinó que seguían en pie “dudas insalvables sobre si su actuación (posterior y anclada en lo decidido previamente por aquél) tuvo alguna relevancia típica en los términos de la imputación”.

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Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo interinamente del juzgado federal 11, quien recibirá la causa con la encomienda de dictar los embargos pertinentes y anotar a Ricardo Nissen a la lista de exfuncionarios procesados en los tribunales de Comodoro Py.

La residencia de Lewis en Lago Escondido

En mayo de 2022, Nissen pidió la intervención judicial de la sociedad Hidden Lake de Lewis. Evaluó que no operaba como empresa sino que solo contenía el patrimonio de Lewis y le cuestionaba que impedía el acceso a Lago Escondido.

Decía que era una sociedad radicada en la ciudad de Buenos Aires. En el fuero comercial señaló que la empresa no informaba de actividades agropecuarias y que incluso el viaje de jueces, funcionarios y ejecutivos de Clarín a la casa de Lewis en octubre de 2022 no se correspondía con el giro comercial de la firma, que no estaba registrada como empresa hotelera.

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La Justicia comercial rechazó los planteos de la IGJ y ahora la Cámara Federal directamente procesó a Nissen por sus acciones mientras era funcionario a cargo de controlar las sociedades anónimas y fundaciones.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno por la estrategia legislativa de la Ley de Tierras

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La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del Gobierno por la estrategia legislativa sobre la Ley de Tierras. Bullrich dijo previo a su presentación en el 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata: “Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia”.

La legisladora dijo, en relación a la judicialización del DNU 70/2023: “Cuando uno tiene un DNU en marcha, lo que tiene es un instrumento legal dictado por el Gobierno. Mientras ese decreto está en marcha en la Justicia, si uno discute una ley, y esa ley no se aprueba, está tapando su propio instrumento legal”.

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Bullrich explicó: “Estas cosas hay que pensarlas dos veces; para qué vas a mandar una ley si todavía estás en la Justicia con la constitucionalidad o no de la Ley de Tierras, es un tema técnico. La misma Corte aclaró que no tocó el tema de fondo”.

La jefa de bloque libertaria en la Cámara Alta mencionó que el máximo tribunal “aclaró que no falló sobre fondo sino sobre la capacidad de un particular de presentar una cautelar, que aún está en disputa”, y que “no se habló de constitucionalidad o no del capítulo de tierras del DNU”.

Ante la polémica, la Corte Suprema aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras

Ante la polémica, el máximo tribunal aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras y que se limitó a una cuestión procesal. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, remarcaron.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal cuestionó a quienes promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

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El Club Político Argentino reclama elevar la inversión en Ciencia y Tecnología

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El Club Político Argentino (CPA) reclamó que la ciencia y la tecnología se conviertan en una prioridad de gobierno indiscutible. Por medio de un comunicado, la organización advirtió que los fondos destinados a Investigación y Desarrollo (I+D) cayeron a menos de la mitad de su promedio histórico -que rondaba el 0,5% del PBI- y subrayó la necesidad de iniciar de inmediato un plan de recuperación presupuestaria que permita alcanzar el 1% del producto en el mediano plazo.

En su declaración, la entidad enfatizó que el sector no puede ser considerado una variable de ajuste económico. “La ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal. No son un gasto postergable. Los países competitivos sostuvieron por décadas la inversión en investigación básica y aplicada”, resaltó el CPA y alertó sobre las graves consecuencias que genera el desfinanciamiento en el sistema científico nacional.

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Fuga de talentos y pérdida de competitividad

Según advirtió, el recorte presupuestario ya está impactando en la pérdida de proyectos estratégicos y en el éxodo de profesionales altamente calificados. “Se pierden proyectos valiosos y, peor, capital humano difícil de recuperar”, expresó, al tiempo que enfatizó que “la libertad y la prosperidad de una sociedad dependen de su capacidad de decidir con conocimiento propio”.

En contraste con la situación local, la entidad de intelectuales que preside Ricardo Gerardi recordó que en los países desarrollados la inversión en I+D alcanza un 2% del PBI. Por eso, urgió a revertir el rumbo argentino comenzando de forma progresiva a partir del Presupuesto 2027, que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. “Es necesario que crezca la inversión pública en ciencia y tecnología, que alcance el 1% del PBI en el mediano plazo, y para ello deberíamos comenzar progresivamente a partir del año próximo con el presupuesto que entre en ejecución”, dice el texto.

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Propuestas institucionales y áreas clave

Para acompañar el incremento de fondos, la institución propuso una serie de reformas estructurales orientadas a perfeccionar el sistema de innovación nacional. Entre los ejes centrales, sostiene la necesidad de “mejorar las instituciones del sistema científico” y “estrechar su vínculo con el sector productivo”.

Asimismo, instó a no descuidar campos tecnológicos estratégicos globales. El CPA planteó la urgencia de “sostener las áreas sensibles (IA, tecnologías cuánticas, biotecnología, ciberseguridad), allí donde la brecha puede volverse gravosa e irreversible”.

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Al finalizar su comunicado, el Club Político Argentino concluyó que “fortalecer la ciencia y los talentos argentinos significa asumir que el conocimiento es hoy la principal ventaja competitiva de las naciones”.




Ciencia,Conforme a

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La oposición convocó una sesión en Diputados para derogar el DNU 70: también tratarán endeudamiento y discapacidad

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Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

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La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Javier Milei junto a gobernadores en Francia

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

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El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

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En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Miguel Pichetto

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

Comisión de Finanzas

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

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Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

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Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

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La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

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La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

Milei – Gobernadores / Argentina week Paris

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