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El juez Lijo y el fiscal Pollicita concentrarán la investigación de las denuncias por los créditos del Banco Nación

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Esta mañana se sortearon en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias penales por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. La primera, de acuerdo con una certificación dispuesta en la causa que le tocó al juez Daniel Rafecas, fue la asignada al magistrado Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Serán entonces Lijo -a quien Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema- y Pollicita quienes concentren, al menos en principio, todas las denuncias por este caso, informaron fuentes judiciales. Son el mismo juzgado y la misma fiscalía que llevan la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, otra investigación delicada para el Gobierno.

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Los presuntos delitos a los que alude la presentación en poder de Lijo son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Las otras dos denuncias, que ingresaron con minutos de diferencia, también se sortearon y les tocaron a Rafecas y a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La denuncia que recibió Rafecas -y que le está enviando a Lijo por conexidad- fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).

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La presentación que recayó en el juzgado de Capuchetti la hicieron la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón. Apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani. La denuncia que le tocó a Lijo, presentada por dos particulares, no identifica acusados.

Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos estas dos denuncias judiciales.

Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber , el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

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El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.

El ministro de Economía, Luis «Toto» CaputoRodrigo Néspolo

Se refería al caso de Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.

En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

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La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteados los juzgados de Rafecas y Capuchetti.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados Paulón y Frade en su denuncia.

“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.

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Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con , el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.

En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.

El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.

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Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.

En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.

La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.

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¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.


otorgados a funcionarios públicos,presunto enriquecimiento ilícito,April 5, 2026,April 4, 2026,echado de su cargo,pic.twitter.com/PtqF7PhrbQ,April 5, 2026,Jaime Rosemberg,Conforme a

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2° Congreso Internacional de Control Gubernamental: Iberoamérica debate cómo anticiparse a los errores del Estado

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Buenos Aires será durante tres días el escenario de una discusión que atraviesa a los gobiernos de toda Iberoamérica: cómo controlar mejor al Estado antes de que los problemas ocurran. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reunirá a organismos de control de más de una decena de países en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental.

Durante décadas, buena parte de la discusión sobre el control público estuvo asociada a una pregunta sencilla: ¿qué pasó y quién fue responsable?

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Ahora la pregunta empieza a ser otra: ¿qué puede hacerse para evitar que pase?

Ese cambio de mirada atraviesa a los sistemas de control interno de distintos países de Iberoamérica y será uno de los ejes del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que organizará SIGEN entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad.

El encuentro será encabezado por Alejandro Díaz, síndico general de la Nación, y contará con la participación de autoridades y especialistas de organismos de control de América Latina, España y Portugal, además de ministros y funcionarios del Gobierno nacional y representantes de organismos internacionales.

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El histórico edificio de la Sindicatura General de la Nación

La discusión no es menor. Los indicadores internacionales muestran que la región todavía tiene un largo camino por recorrer en materia de integridad pública.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International ubicó el promedio mundial en 42 puntos sobre 100. Pero detrás de ese número hay realidades muy diferentes. Uruguay obtuvo 73 puntos; Chile, 63; Costa Rica, 56. Argentina alcanzó 36; Brasil, 35; Colombia, 37; Perú, 29; Bolivia, 28; México, 26 y Paraguay, 23.

El índice no mide la eficacia de los sistemas de control interno. Pero sí ofrece una fotografía del contexto institucional en el que esos sistemas deben funcionar. Y la conclusión es difícil de esquivar: la transparencia, la integridad y la capacidad de prevenir y detectar irregularidades siguen siendo desafíos centrales para los Estados de la región.

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Por eso el control interno está cambiando.

Ya no se trata solamente de revisar expedientes, comprobar procedimientos o detectar un incumplimiento cuando la decisión ya fue tomada. El nuevo paradigma busca identificar riesgos, anticipar desvíos, analizar información y generar alertas antes de que un problema termine convirtiéndose en un daño para el Estado.

Alejandro Díaz, Titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)

La tecnología está acelerando ese proceso. El análisis masivo de datos, las herramientas digitales y, más recientemente, la inteligencia artificial permiten imaginar auditorías capaces de procesar volúmenes de información que hasta hace pocos años resultaban imposibles de abordar manualmente.

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El desafío, sin embargo, no es solamente tecnológico. También es institucional.

Argentina tiene desde 1992 un sistema de control interno estructurado a partir de la Ley 24156. La norma convirtió a la Sindicatura General de la Nación en el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y estableció una red de Unidades de Auditoría Interna en los distintos organismos.

La particularidad del modelo es que el control no aparece como una responsabilidad exclusiva del auditor. La máxima autoridad de cada organismo tiene responsabilidad sobre su propio sistema de control interno, mientras SIGEN ejerce la rectoría, supervisión y coordinación del sistema.

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La Argentina no está sola en este proceso. Brasil cuenta con un sistema federal que articula gestión de riesgos, controles internos y auditoría interna. Chile desarrolla un modelo con énfasis en riesgos y prevención. Colombia, Perú, México y Paraguay también cuentan con marcos específicos destinados a fortalecer los sistemas de control interno de sus administraciones.

Son modelos diferentes. Pero detrás de sus diferencias aparece una coincidencia: el control del siglo XXI tiene que llegar antes.

Ese será precisamente uno de los temas centrales del Congreso que organizará SIGEN en Buenos Aires.

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La Sindicatura General de la Nación reunirá a organismos de control de más de una decena de países en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental

Durante tres jornadas se discutirán gobernanza e integridad, gestión de riesgos, auditoría interna, evaluación de políticas públicas, participación ciudadana, transformación digital e inteligencia artificial aplicada al control.

La presencia de autoridades del Gobierno nacional también permitirá vincular el debate técnico sobre control interno con los desafíos concretos de la gestión pública. Participarán ministros y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Pero la dimensión del encuentro excederá ampliamente el ámbito argentino. Representantes de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Honduras y Brasil, junto con autoridades y especialistas de España y Portugal, participarán de las distintas actividades. También estarán presentes referentes de la Unión Europea, la OCDE, el FMI y el Institute of Internal Auditors (IIA), además de reconocidos periodistas y representantes de organismos y entidades internacionales especializados en transparencia, integridad y fortalecimiento institucional.

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Uno de los momentos centrales será la conformación de la Red Iberoamericana de Organismos de Control Interno Gubernamental (Riocig), un espacio destinado a fortalecer la cooperación, el intercambio de experiencias y la construcción de buenas prácticas entre las instituciones de control de Iberoamérica.

La iniciativa busca que el encuentro tenga continuidad más allá de las tres jornadas del Congreso: compartir metodologías, comparar experiencias, identificar riesgos comunes y desarrollar respuestas frente a problemas que muchas veces atraviesan a los Estados más allá de sus fronteras.

Una de las muestras itinerantes en el hall de ingreso de la SIGEN

La convocatoria también despertó un fuerte interés académico y profesional: se recibieron más de 60 ponencias de especialistas, investigadores, auditores y funcionarios vinculados al control gubernamental.

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La apuesta es que el control interno deje de ser visto exclusivamente como una instancia posterior de fiscalización y se consolide como una herramienta de prevención, integridad, gestión de riesgos y mejora de las políticas públicas.

Porque en tiempos de inteligencia artificial, grandes volúmenes de información y administraciones públicas cada vez más complejas, el viejo modelo de esperar a que el problema ocurra para después explicarlo empieza a quedar atrás.

El desafío es otro: que el control llegue antes.

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La presión que pesa sobre Milei, la disputa que anticipan en 2028 y la próxima elección que mira el Gobierno

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Javier Milei reunió el lunes pasado a todo su Gabinete en la Casa Rosada. Entró al Salón Eva Perón con un aire rampante, cuentan asistentes de la cumbre. El cambio de agenda que había logrado realizar con su cadena nacional por Malvinas había tenido repercusión internacional y consideraba que, al menos por un rato, la discusión pública sobre la marcha de la economía se había calmado. Tal vez no esperaba que en ese mismo encuentro se levantara una mano para volver a mencionar ese tema. Quien dispuso una discrepancia respecto a cierto ánimo optimista fue Patricia Bullrich: ponderó de buena manera las medidas por Malvinas, pero advirtió que no había que descuidar la agenda vinculada a la reactivación económica.

La respuesta fue tajante, tanto de Milei como de Luis Caputo. “No vamos a tocar ninguna palanca”, esgrimió uno de ellos. Aunque en las últimas semanas se dejaron trascender las dudas del ministro económico sobre ciertas decisiones políticas, quienes transitan la diaria de la gestión afirman que el dúo parece incólume. “Yo los veo iguales, con la misma posición. Cuando Patricia les hizo ese comentario ninguno de los dos reaccionó. Coincidieron en ser intransigentes y no tocar el modelo”, comentó otro de los integrantes del encuentro.

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La sintonía parece estar incluso mejor que en otras semanas. Milei se reunió con Caputo en la Quinta de Olivos un día después de haberle festejado el dato de inflación de agosto, que logró bajar 0,2 puntos porcentuales en la variación intermensual. El Presidente encuentra en esos encuentros una suerte de oasis donde puede validar sus propios sesgos y dar cuenta de que su hoja de ruta avanza según lo planeado, distinto a lo que se publica en medios de comunicación respecto al nivel de actividad, la dinámica del empleo formal o los números de morosidad.

Una persona que lo conoce como nadie lo explica de la siguiente manera: “Javier tiene bien claro que las operaciones son una constante y que van a venir. No le sorprende absolutamente nada. Ni lo de ANDIS, ni lo de Adorni, ni lo de Cerimedo. Así que eso lo tiene naturalizado. Sí le rompe los huevos que lo critiquen porque no baja más rápido la inflación o que le hagan lecturas fakes con la economía. Eso sí le importa”.

Javier Milei se abraza con Luis Caputo

Esta lectura es extendida en el Gobierno. A partir de esa circunstancia, cada cual juega su partida. Hay quienes eligen el camino de la genuflexión y prácticamente no realizar ninguna crítica a la política económica, mientras que otros la miran y, siempre en privado, hacen sus salvedades marcando sus preocupaciones de cara al año que se viene.

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Entre los segundos hay referentes que, ante Infobae, han dicho que ven al Presidente cansado del desgaste mediático que recibe su programa económico. “Le está pesando esta parte de la gestión”, admite en estricta reserva un referente que camina a su lado desde su lanzamiento político. Otros creen diametralmente lo contrario: “Me parece que se la está bancando bastante bien para el nivel de crítica que está teniendo. Sabe que hay cada vez más integrantes del círculo rojo que lo quieren bajar. Tiene la guardia alta porque sabe que está bajo mucha presión”.

Tal vez por eso no sea casualidad que después de festejar el número del IPC de agosto, Milei escribiera un texto destacando a los arqueros de fútbol, a quienes describió como figuras que no tienen margen para el error ni la distracción y que, por ende, deben tener “una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos”.

El nivel de la inflación es la validación que recibieron Milei y la mesa económica del Gobierno luego de que el INDEC publicara el día anterior la retracción de la industria y la construcción durante el mes de julio, que volvió a hacer sonar las alarmas de quienes apuntan sobre la sostenibilidad de las políticas actuales. Esos números son los que validan la lectura de quienes, puertas adentro, miran la viabilidad política del Gobierno para continuar en esa senda.

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Tuit de Javier Milei publicado el jueves por la tarde, luego del dato de inflación del INDEC

Yo no tengo tan en claro que la reelección esté tan asegurada si la economía sigue como está. Somos los mejores cuando mostramos la baja de la inflación, pero esto es a costa de la contracción económica”, sentencia una fuente de primerísima línea de la Casa Rosada. No significa que Milei y Caputo crean que sea fácil conseguir el segundo mandato. La diferencia refiere a la intransigencia que se debe mantener respecto a la hoja de ruta ya trazada por el Presidente.

Mientras transcurren ciertos dilemas, la temporada de elecciones está más cerca de lo que parece. Aun así, no están establecidas ni se van a formalizar las alianzas con diferentes gobernadores o espacios políticos. Eso no se hará hasta los primeros meses del 2027. En todo caso, el armador nacional Lule Menem quiere generar principios de entendimiento con los gobernadores y no algo formal. El motivo es simple: el Gobierno solo podría hacerlo ex ante si los jefes provinciales ceden demasiado sus pretensiones, algo que no están dispuestos a hacer dado que no se sabe cuál será el poder relativo de los dos en los próximos meses. Lo mismo sucede en el caso opuesto.

Karina Milei ve que hay gobernadores aliados que “están jugando muy bien” con el Gobierno. En su entorno mencionan a Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), por decir algunos. Hay otros que son bien percibidos por la Casa Rosada, pero que tienen alianzas estructuradas en sus propios distritos que hacen difícil poder generar una conversación más franca. El caso paradigmático es el de Raúl Jalil, a quien su alianza táctica con referentes del kirchnerismo en el plano local le limita el vuelo que desearía para aliarse con los libertarios.

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Una de las pocas certezas que existen es que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en aquellas provincias con gobernadores cercanos al kirchnerismo, que son actualmente cinco. La derrota parece asegurada en Formosa, donde Lule intervino el partido provincial y no hay un candidato con capacidades reales de ganar. En la Provincia de Buenos Aires buscan ser optimistas, pero no son pocos los que ven cada vez más difícil la posibilidad de vencer al oficialismo kirchnerista.

Si los Milei quieren jugar fuerte para ganar La Rioja deberán pedirle a Martín Menem que se presente como candidato a la gobernación: el titular de Diputados lo hará si se lo piden y en su entorno creen que tiene chances concretas. La cúpula del partido nacional no se decide si la boleta en Tierra del Fuego será encabezada por el diputado nacional Santiago Pauli o el senador Agustín Coto.

Karina Milei y Martín Menem

Pero esta semana hubo efectos negativos en la percepción de La Libertad Avanza en La Pampa, donde quiere presentarse el vocero presidencial Adrián Ravier. Paradójicamente, fue por un decreto impulsado por Javier Milei que le quitó a la provincia las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, otorgándoselas a Mendoza. La medida tuvo una altísima controversia en la política local. Una persona que trabaja en la política local libertaria cuenta que “Ravier se refugia en su círculo de pocas personas, mientras en la estructura subterránea del partido hacen su propio juego”.

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Mientras tanto, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo parece estar más aplacada que en otros tiempos. En ese primer sector afirman que necesitarán al asesor presidencial para los aspectos de estrategia comunicacional de la campaña y no quieren renegar de esos servicios. “Nosotros reconocemos que lo de Malvinas estuvo bien”, afirma uno de ellos. Eso no implica que la hermana presidencial prescinda del brazo digital que fue armado en el último año.

Esos gestos de conciliación podrían ser escuetos. En la medida que se acerque la disputa de poder por las candidaturas del año próximo, las internas aflorarán. No solo entre karinistas y caputistas. En su calidad de socia del proyecto libertario, Bullrich demandará representación. En su entorno vuelven a afirmar que no hay ningún tipo de chances de aspirar a una candidatura presidencial para el año próximo, pero lo que sí afirman es que su lanzamiento temprano hacia 2031 busca trazar “una continuidad que genere confianza”. Aunque nadie de su entorno lo diga, Martín Menem aparece como alguien con intenciones de continuar como referente de LLA, el espacio que integra desde 2021.

Alguien de estrecha cercanía a la hermana presidencial coquetea entre los elogios y la chicana respecto a la voluntad de la jefa libertaria en el Senado: “Ella nos puede dar un perfil político más conciliador. Tiene su imagen preexistente y suma un segmento de la sociedad. Si Patricia se quiere lanzar para dentro de seis años me parece espectacular. Nunca vi a nadie que se lance tanto tiempo antes y que llegue a la Presidencia”.

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Patricia Bullrich, presidenta del bloque LLA en el Senado

En el plano de lo político, quienes avizoran este conflicto de cara a un eventual segundo mandato auguran que Karina va a perder poder político porque “La Libertad Avanza va a morir como proyecto político una vez que se tenga la certidumbre de que Javier no tiene posibilidad de un segundo mandato”. “Como no le interesa seguir como político, la figura de un líder como Milei se puede difuminar y ahí va a arrancar la anarquía. Se van a sacar los ojos a partir de 2028. Esperemos que eso se postergue lo más posible”, agrega un importante legislador libertario. Son declaraciones que realizan aquellos a quienes les gusta jugar con los escenarios hipotéticos.

Volviendo al cortísimo plazo, Milei volverá a reunir a su Gabinete en la mañana de este lunes y a las 15 recibirá a los diputados y senadores nacionales de LLA para comentarles los ejes más importantes del proyecto de Ley que anunció en la cadena por Malvinas y el Presupuesto 2027.

Los operadores judiciales de la Casa Rosada estarán atentos a otro suceso de menor alcance mediático: el cierre de listas para las elecciones de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura. Karina Milei habilitó a que el oficialismo presente su propia lista, denominada Abogados por la Libertad. La liderará Luis Palomino, de estrechísima cercanía a Sebastián Pareja.

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Se trata de una cuestión que mantiene en vilo a buena parte del aparato judicial, ya que se ponen en juego cuatro de los veinte miembros del organismo que propone y remueve jueces federales y nacionales. El radicalismo se encolumnaría detrás de la lista que promueve Daniel Angelici con la perspectiva de obtener, de mínima, dos lugares. Pero el conflicto aparece entre las agrupaciones judiciales peronistas. Los sectores que responden al presidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos, el exconsejero Diego Molea y a La Cámpora no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad.

Consejo de la Magistratura

En este último sector afirman que si alguno rompiera es porque tiene voluntad de dividir el voto para beneficiar a terceros ajenos al peronismo. Uno de los puntos que no permite acordar es la posición de hombres cercanos a Olmos por colocar a la cordobesa Itatí Demarchi, algo que no es visto con beneplácito por parte de Molea, quien mantiene una alianza táctica con los hombres del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En tanto, La Cámpora tiene en mente nombres como Martín Doñate o Juan Martín Mena. Los lugares son codiciados porque el peronismo perderá un representante por los cambios de la composición que hubo en la Cámara de Diputados a partir de las últimas elecciones.

En el oficialismo nacional miran la contienda desde afuera y con tranquilidad. “La ventana de oportunidad ya pasó”, esgrimen, marcando que el Gobierno ya realizó más de 150 designaciones de jueces, fiscales y defensores desde la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. En tanto, sigue habiendo interés por lugares vacantes en el Fuero Contencioso Administrativo, la que resuelve las causas del Estado.

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El Gobierno activa otra semana de alta exposición: dos proyectos clave a cargo de los Caputo y un viaje a terreno opositor

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Agosto fue de modorra. Septiembre, de ultragestión. Y la semana próxima promete mantener el ritmo. Las estrellas de la agenda serán legislativas. Los actos centrales estarán a cargo de los Caputo: la Casa Rosada presentará el martes el Presupuesto 2027 (a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo) y en la misma semana deberá quedar listo el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce el asesor Santiago Caputo).

Ambas iniciativas se remitirán al Congreso e ingresarán por la Cámara de Diputados, que controla Martín Menem.

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Asimismo, el presidente Javier Milei ya tiene tres actividades en agenda: el lunes a las 10 volverá a reunir al Gabinete en Balcarce 50. Luego, a las 15, dará una charla con eje en temas económicos a senadores y diputados libertarios, que después cenarán en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de San Telmo.

El viernes, Milei visitará Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según pudo confirmar LA NACION.

El Presidente junto a su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada Nicolás Suárez

El Presupuesto 2027 revelará las proyecciones para el último año de administración libertaria, cuando Milei buscará reelegir.

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Las metas previstas pocas veces se cumplen rigurosamente y aparecen en un contexto de nuevas señales rojas, con la industria y la construcción negativas en julio (-5% y -4,6% respectivamente frente a junio).

Dicen fuentes al tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene guardados los números bajo siete llaves. Todavía importantes funcionarios del Ejecutivo que siguen el día a día de la tarea legislativa no vieron el detalle. Por ley, el 15 de septiembre el Gobierno debería remitirlo.

Ya está confirmado que el Presidente no irá al Congreso a presentar el Presupuesto. La defensa estará a cargo del equipo económico.

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El ministro de Economía, Luis CaputoFabián Marelli

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para 2027 en la Argentina un crecimiento de 4%, una inflación de 12,5% para el final del período, y un saldo fiscal primario en porcentaje del PBI de entre 1,4% y 1,8%. Economistas alineados con el Gobierno observan para el año próximo un panorama similar, pero con la inflación un tanto más arriba, entre 15% y 20%.

Para 2026, el FMI pronosticó para el final del período una inflación del 25%. Hasta agosto, el acumulado marcó 21,3%, en base al Indec.

La causa Malvinas

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En tándem, los equipos del estratega Santiago Caputo, con la Legal y Técnica de María Ibarzábal como punta de lanza, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

Santiago Caputo
Nicolás Suárez

El asesor, a quien notaban de capa caída en medio de la avanzada karinista, se mostró con otro talante estos días, apalancado por ser el ideólogo de la movida de Malvinas que reposicionó en la agenda al Presidente. “Está energizado, es otro”, comentó al pasar una fuente que lo trató.

Mientras el Gobierno se esfuerza por extender la retórica malvinera, que parecía no conmover a la plana mayor hace solo unos meses. Buscará endurecer las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de las islas y sumar otras ramas de negocios a las plausibles de penalidades, además de las hidrocarburíferas. También pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, anunciado por Milei en la cadena nacional.

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El viernes, en tanto, Milei hará un viaje local: se desplazará a Bahía Blanca. A diferencia de las dos veces anteriores que visitó la ciudad, tras temporales (uno de viento y otro de lluvia), ahora irá a conocer los proyectos RIGI aprobados.

En esa localidad -gobernada por el peronista Federico Susbielles– hay tres RIGI en marcha: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

Milei en su primera visita a Bahía Blanca, con ropa militar

Así también Milei se mostrará en territorio bonaerense en los albores de la campaña electoral que, para el oficialismo y según cuentan fuentes al tanto, se activará formalmente en octubre.

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El Gobierno aprovechó esta semana para cargar contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, que se proyecta como el principal candidato para competirle a Milei la reelección en 2027.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza -quien desde hace años quiere ser gobernador-, la Casa Rosada fustigó a la gestión kicillofista tras dos violentos hechos de inseguridad en el conurbano: el crimen de un joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz; y la balacera a un policía retirado frente a su hija en las inmediaciones de un colegio en El Palomar.




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