El Ministerio de Justicia volvió a postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La decisión alcanza a las cámaras federales de apelaciones porteñas en lo penal y en lo penal económico.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 186/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la nueva fecha de aplicación será el 15 de febrero de 2027.

La decisión responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición.

Estas dificultades han afectado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica para adecuarse al nuevo modelo, que ya rige en múltiples provincias y distritos federales del país. El Ministerio de Justicia comunicó que la medida otorga un margen adicional para culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el sistema acusatorio.

El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) establece un cambio de paradigma en el proceso penal, al introducir el sistema acusatorio y fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios.

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra cerca del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país.

El distrito de la Capital Federal no solo concentra la mayor parte de las causas penales federales complejas, sino que también alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery. Esto implica un volumen elevado de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.

La migración al sistema acusatorio enfrenta, además, el reto de administrar un considerable número de causas que aún tramitan bajo el sistema mixto, lo que exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. A pesar de las inversiones ya realizadas en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación advirtió que persisten “asimetrías operativas” y una “insuficiencia crítica de espacios físicos” para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.

En respuesta a estos desafíos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida busca asegurar que la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produzca bajo condiciones óptimas, capaces de garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal.

El nuevo sistema rige actualmente en nueve distritos federales, que incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y La Pampa, así como partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía resta implementarse en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Justicia subrayó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que involucra la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias. En ese sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

El aplazamiento decidido por el Ministerio de Justicia permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.

El Gobierno nacional decidió delegar en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales, ubicados dentro de sus territorios.

Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional, puesto que mantienen un diálogo fluido y fueron clave en varias de las victorias legislativas del Gobierno.

La medida, oficializada con la publicación del decreto 253/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, permite que estas jurisdicciones asuman el manejo de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos nacionales, sin que ello implique la transferencia de la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.

El objetivo de la nueva disposición es facilitar una gestión más ágil y cercana de la infraestructura vial, permitiendo a las provincias actuar directamente en los procesos de licitación y concesión.

Según el decreto, las provincias podrán aprobar la documentación licitatoria, convocar a los interesados, seleccionar concesionarios y suscribir los contratos necesarios para la ejecución de las obras. Todo este procedimiento deberá respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

Para ejercer estas competencias, las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos de rutas nacionales a gestionar, los plazos para el ejercicio de las competencias, el régimen de supervisión y auditoría, y el compromiso de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo o daño que pudiera surgir en el marco de la concesión.

La delegación de facultades se considera temporal, funcional, limitada y revocable. En ningún caso, implica la cesión del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos de rutas nacionales. El Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión si circunstancias de interés público lo requieren.

De acuerdo con lo dispuesto, el proceso de delegación establece que los fondos obtenidos a partir de la explotación de cada tramo objeto de concesión solo podrán ser destinados a la construcción o conservación de ese mismo tramo. No se autoriza su uso para obras en otros trayectos, aunque exista vinculación física o técnica entre ellos.

Las provincias, una vez aprobado el convenio por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, deberán suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria en un plazo de noventa días hábiles, salvo que existan motivos fundados para modificar dicho término.

El decreto prevé que, si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, la delegación sobre el tramo vial en cuestión decaerá automáticamente. Si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, la gestión y el mantenimiento regresarán al Estado nacional, que podrá reasumir la administración y mantenimiento del tramo o instrumentar un nuevo proceso de delegación.

Un aspecto central de este nuevo esquema es la supervisión y auditoría de los contratos de concesión, que quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.

La decisión de descentralizar la gestión operativa de ciertos tramos de rutas nacionales responde al interés manifestado por varias jurisdicciones en asumir un papel más activo en la administración de la infraestructura vial que atraviesa sus territorios. Según el texto del decreto, esta modalidad se encuadra en un proceso de fortalecimiento del régimen federal y busca dotar a las provincias de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento y ejecución de obras a través de concesiones por peaje.

Los convenios a suscribirse entre las provincias y la Dirección Nacional de Vialidad deberán incluir el plan de obras, el cronograma de ejecución, la justificación técnica, la fuente de financiamiento, el detalle del peaje máximo y el plazo de concesión proyectados. Todos estos elementos serán evaluados por el organismo nacional, que analizará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto y su compatibilidad con otros planes de infraestructura bajo su responsabilidad.

Además, establecieron que si otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desean asumir facultades similares, podrán solicitarlo al Ministerio del Interior, que evaluará la pertinencia y viabilidad conforme a los criterios del decreto y las leyes vigentes. El Ministerio de Economía queda facultado para emitir normas aclaratorias y complementarias a fin de garantizar la adecuada implementación de la medida.

La iniciativa, impulsada en un contexto de reorganización administrativa y búsqueda de una gestión pública más eficiente y transparente, apunta a optimizar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el transporte, manteniendo el equilibrio entre la descentralización operativa y la preservación del dominio federal sobre los bienes estratégicos del país.

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La causa por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina ingresó en su etapa final. Ayer, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzó la ampliación de declaraciones indagatorias de los 14 procesados por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de Fentanilo HLB Pharma HLB Pharma contaminado con al menos dos bacterias resistentes a antibióticos que habría derivado en el fallecimiento de 124 pacientes y secuelas en 49 internados con secuelas, dos de ellos muy graves.

Ayer, debía declarar de manera virtual Ariel García Furfaro, el propietario de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ambos fueron clausurados de manera definitiva por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo que depende del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

La defensa del empresario solicitó un aplazamiento hasta el jueves 23 de abril ¿la razón?, su defensor, Gastón Marano, daba clases de “Teoría del Estado” para un grupo de presos en el penal de Devoto y no recibió la convocatoria con suficiente antelación como para solicitar el reemplazo por su ayudante de cátedra, según le explicó a este medio.

También pidió postergar su segunda indagatoria Carolina Ansaldi, la directora técnica de Laboratorios Ramallo. También fue citada para el jueves próximo.

A la audiencia se presentaron Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, y María Victoria García, gerente de gestión de calidad.

Se negaron a responder preguntas y se remitieron a la primera indagatoria en la que se deslindan de responsabilidades. En esa oportunidad, el magistrado les imputó la muerte de 20 pacientes. Ahora, se sumaron 94 víctimas fatales, que sumadas a las anteriores alcanzan las 124 personas fallecidas. Esta cifra puede variar, ya que se espera el resultado final de los estudios que sobre las historias clínicas realiza el Cuerpo Médico Forense.

A estas acusaciones, se agregan otros 49 pacientes que sufrieron “lesiones” y fueron dados de alta. Dos de esas personas estuvieron en un estado gravísimo de salud.

Las audiencias virtuales continuarán el lunes 20. Ese día, lo harán el director técnico José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas y madre de Ariel García Furfano; Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

El martes 21, será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).

Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los responsables de producir y vender el poderoso anestésico adulterado. Hasta ahora, cuatro fueron procesados con prisión preventiva; dos con prisión domiciliaria, los ocho restantes están en libertad.

La tragedia se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

Hasta ahora, la instancia superior confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

Los resultados finales del Cuerpo Médico Forense serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos que se les imputan a los presuntos responsables de las muertes.

Los peritos ya establecieron de manera enfática que las bacterias multirresistentes con las que estaban contaminadas las ampollas del fentanilo HLB Pharma incrementaron drásticamente el riesgo de muerte. El magistrado solicitó que los profesionales determinen si también causaron daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.

Tanto la Fiscalía como alguna de las querellas apuntan a las presuntas responsabilidades que podrían haber tenido, por la falta de control y supervisar las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, las autoridades de ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).