POLITICA
En su visita a Israel, Milei firmará un memorándum con el foco puesto en la seguridad y buscará reflotar el traslado de la embajada a Jerusalén
Javier Milei firmará en Israel un memorándum de entendimiento para profundizar la relación bilateral y avanzar en una agenda común sobre “democracia, libertad y lucha contra el terrorismo”.
En la Casa Rosada aseguran que se trata del acuerdo que ambas partes anunciaron en 2025 y que ahora buscarán formalizar durante la gira presidencial, en un gesto que el oficialismo presenta como un nuevo paso en la consolidación del vínculo estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
En Balcarce 50 reconocen que ese es el motivo por el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se sumó a la comitiva presidencial junto al canciller, Pablo Quirno, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La lectura oficial es que la firma del memorándum no tendrá solo una dimensión política y diplomática, sino también judicial e institucional, en línea con la agenda que el Ejecutivo busca profundizar con las autoridades israelíes.
El antecedente inmediato fue el anuncio realizado en Jerusalén en junio de 2025, cuando Milei y Netanyahu intercambiaron textos del llamado Memorándum de la Democracia y la Libertad.
En esa oportunidad, Presidencia informó que el entendimiento apuntaba a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo y que, tras ese intercambio, el acuerdo quedaba en etapa final de consideración por las áreas competentes de ambos países con vistas a su suscripción formal.
En el Gobierno sostienen que la nueva visita buscará darle forma definitiva a ese compromiso y ampliar el alcance de la cooperación bilateral.
Según la agenda oficial del viaje, Milei mantendrá este domingo una reunión con Netanyahu, tras la cual están previstas la firma de acuerdos, declaraciones conjuntas y una reunión ampliada entre ambas delegaciones. En el oficialismo enmarcan ese tramo de la visita dentro de una estrategia de acercamiento político, económico y de seguridad con Israel.
La Casa Rosada espera además aprovechar la gira para hablar con las autoridades israelíes sobre los avances del juicio en ausencia, una de las herramientas que el oficialismo impulsa para reactivar el abordaje judicial de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.
En ese punto, en Nación entienden que la presencia de Mahiques en la comitiva puede servir para abrir conversaciones específicas sobre cooperación judicial y sobre el estado de los expedientes vinculados al terrorismo internacional.
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Otro de los temas que el Ejecutivo prevé poner sobre la mesa es la implementación del traslado de la embajada argentina a Jerusalén.
Milei ya había reiterado públicamente en 2025 que haría efectiva esa promesa en 2026, al plantear que la Argentina volvería a reafirmar su alineamiento con Israel en esa materia. El presidente lo mencionó expresamente durante su última visita a Jerusalén, cuando sostuvo que el año entrante se concretaría la mudanza de la sede diplomática.
En el oficialismo consideran que la firma del memorándum y la discusión sobre esos dos ejes -juicio en ausencia y embajada- forman parte de una misma lógica: profundizar una relación bilateral que la gestión libertaria busca diferenciar del vínculo que mantuvieron otras gestiones con Israel.
El Ejecutivo interpreta que esa agenda le permite, además, reforzar su posicionamiento internacional en materia de seguridad, política exterior y alineamiento con los países que define como “aliados estratégicos”.
La gira quedará así atravesada por una combinación de señales políticas, institucionales y simbólicas. En la Casa Rosada apuestan a que la firma del memorándum sirva para mostrar un avance en la relación con Israel y para abrir una etapa de cooperación más intensa en defensa, justicia y seguridad.
El Gobierno busca convertir esa visita en una ratificación de su política exterior y en una nueva foto de cercanía con uno de los vínculos que Milei considera centrales en su estrategia internacional.
Javier Milei, Israel
POLITICA
Patricia Bullrich dijo que las colectoras “deforman el sistema electoral” y puso reparos a la suspensión de las PASO
El oficialismo comienza a mostrar reparos a la intención de suspender las PASO y modificar el sistema electoral con la incorporación de colectoras. Fue la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien admitió que el Gobierno aún no cuenta con los apoyos suficientes en la negociación con los gobernadores, así como cuestionó una de las ideas para acercar a otros espacios políticos.
“Nosotros queremos que no haya PASO, porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie”, planteó Bullrich este miércoles al salir del Senado ante periodistas acreditados.
La senadora fue crítica con la alternativa de las colectoras que estudia la Casa Rosada para atraer a los mandatarios provinciales. “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo la legisladora. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales. “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó esa opción.
Al hacer un análisis ante los periodistas, Bullrich admitió que “el tema electoral está muy discutido”.
El proyecto de reforma electoral necesita mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Las negociaciones las encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, y Bullrich con los legisladores “sin tierra” en el Senado. Con 21 legisladores propios y entre 7 y 9 senadores aliados, La Libertad Avanza necesita no solo el apoyo de los gobernadores dialoguistas, sino también del PRO y la UCR.
En la UCR gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) defienden mantener las PASO provinciales, mientras que Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) podrían acompañar al oficialismo. En el PRO, Mauricio Macri sostiene la misma postura que los radicales díscolos, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tampoco respalda anular las internas abiertas.
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Bullrich reconoció que en la mayoría de los capítulos de la reforma “hay un acuerdo tácito”, salvo en la forma de selección previa de los candidatos, donde no se vislumbra una mayoría clara. Por ahora, las negociaciones siguen trabadas en la comisión de Asuntos Constitucionales, y no habría avances hasta después del receso invernal.
Como anticipó TN este miércoles, la Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En el Gobierno descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.
En ese marco, este jueves el gobernador de de Jujuy, el radical Carlos Sadir, se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque indicó que la UCR podría considerar “suspenderlas” el próximo año, según dijo en radio Rivadavia.
“Hemos hablado bastante de ese tema (con Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, concluyó Sadir.
Patricia Bullrich, Elecciones, reforma electoral
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió esta semana por unanimidad anular las condenas por usurpación que pesaban sobre integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.
La resolución, firmada por los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, dictó la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva.
Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.
El camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, el juez Yacobucci señaló que el tribunal de origen no pudo individualizar las conductas prohibidas, ya que los testigos solo mencionaron a personas “encapuchadas”.
El conflicto judicial se remonta a finales de 2017 y principios de 2018, centrándose en la ocupación de tierras pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (donde antes se ubicaba un hotel) y del predio privado “La Escondida” (una de las propiedades vandalizadas durante la usurpación que comenzó en 2017).
En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.
Gustavo Franquet, abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas que ejerció la defensa de los imputados, expresó duras críticas hacia el proceso judicial que llevó a las condenas iniciales. Franquet responsabilizó directamente al juez de primera instancia, afirmando que “Silva es un chanta” y que condenó a los miembros de la comunidad “sin pruebas” y por la sola convicción de que eran culpables debido a su identidad.
Asimismo, el abogado sostuvo durante el proceso que la criminalización de este conflicto territorial no solo ignoraba los derechos de los pueblos originarios, sino que también exponía al Estado argentino a una posible responsabilidad internacional ante organismos de derechos humanos. Tras conocerse la absolución, la Gremial de Abogados calificó el fallo como “el mayor golpe que le dimos a los fueros federales racistas de Bariloche y la Patagonia”.
Por su parte, John Grehan, dueño de La Escondida, señaló hoy a : “Los jueces insisten en burlarse de los ciudadanos tergiversando la interpretación de la letra de la ley de manera que en lugar de desalentar con sus sentencias la violación de la propiedad privada, con sus fallos explican a los delincuentes cómo hacer para violarla sin ser condenados: tenés que saltar el alambrado sin ser visto, mantener la ocupación ilegítima lo más que puedas encapuchado y armado y, si en algún momento te desalojan e identifican no digas que sabías que la propiedad tenía dueño”.
Grehan sumó que “a La Escondida la usurparon desde el lote lindero de Parques Nacionales que estaba ocupado únicamente por los usurpadores, identificados y condenados en otro expediente”.
Aclaró, además, que La Escondida no tenía ninguna identificación, “pero ellos sabían que se llamaba así y que era propiedad privada”.
Y concluyó: “Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que ´saltaron el alambre´ (usurparon) y que, aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia; los ciudadanos somos víctimas no solo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios”.
la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva,Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Ignacio Torres habló sobre el encuentro con Milei por el 9 de Julio en Tucumán: “Lo celebro porque implica discutir lo importante”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reivindicó el encuentro que mantendrán gobernadores con el Gobierno en Tucumán por el Día de la Independencia y sostuvo que ese tipo de instancias deben analizarse desde una perspectiva institucional y no bajo una lógica estrictamente electoral.
En una entrevista con Infobae al Regreso, el mandatario también defendió el diálogo entre las provincias y la Casa Rosada para resolver diferencias, hizo un balance de los acuerdos alcanzados desde el Pacto de Mayo y fijó su posición sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo.
Durante la charla con Gonzalo Aziz, Fede Mayol y Matías Barbería, Torres sostuvo que la verdadera coherencia de un gobernador no pasa por acompañar o rechazar sistemáticamente las decisiones del Gobierno nacional, sino por “defender siempre los intereses de la provincia” que administra. En esa línea, consideró que sería un error interpretar la convocatoria de gobernadores en Tucumán únicamente desde una mirada electoral y afirmó que la posibilidad de que los estados provinciales y la Nación compartan una fecha tan significativa como el 9 de julio y aprovechen el encuentro para discutir temas de gestión “va mucho más allá de lo partidario”.
El mandatario también cuestionó las lecturas que asocian automáticamente la presencia de los gobernadores con un alineamiento político con el oficialismo. Como ejemplo, mencionó que escuchó decir que quienes asistirían al acto “ya están pintados de violeta”, una interpretación que calificó como “muy binaria”. Para reforzar su argumento, recordó que a lo largo de su gestión participó de distintos espacios institucionales junto a mandatarios de diferentes signos políticos, como Argentina Week en Nueva York y el Pacto de Mayo.
Al analizar la relación entre Chubut y el Gobierno nacional, Torres aseguró que, cuando surgieron diferencias, la provincia optó por canalizarlas por las vías institucionales. Según explicó, cada vez que un conflicto no pudo resolverse políticamente recurrieron a la Justicia, como ocurre actualmente con la discusión por la Hidroeléctrica Futaleufú, donde todavía se debate si el poder concedente corresponde a la Nación o a la provincia. En ese sentido, señaló que ambas partes conformaron una mesa de trabajo para avanzar sobre ese expediente.
El gobernador también recordó el conflicto financiero que mantenía Chubut con el Estado nacional y destacó que la negociación derivó en un convenio de compensación de deuda que permitió desendeudar completamente a la provincia. Según explicó, ese acuerdo hizo posible que distintas obras de infraestructura avanzaran con recursos provinciales y sostuvo que incluso permitió finalizar prácticamente la primera autovía bajo ese esquema. A su juicio, el mecanismo terminó convirtiéndose en un antecedente que luego fue replicado por otras jurisdicciones.
Más allá de las diferencias políticas, Torres valoró la predisposición del Gobierno para cumplir los convenios firmados y afirmó que, cada vez que lograron sentarse a negociar un conflicto concreto, la Nación “no solo cumplió”, sino que además encontró soluciones “creativas” y “eficaces” para resolver buena parte de los planteos realizados por la provincia.
Consultado sobre la reforma electoral, el mandatario respaldó la implementación de la Boleta Única de Papel y recordó que Chubut ya avanzó en ese sentido con la sanción de un nuevo Código Electoral. En ese contexto, consideró que sería incoherente defender las PASO a nivel nacional después de haberlas eliminado en su provincia, una decisión que, según explicó, formó parte de una reforma orientada a construir un sistema “más moderno, más transparente, más económico y más ecológico”.
Respecto del debate sobre colectoras y adhesiones, Torres marcó diferencias entre ambos mecanismos y sostuvo que las colectoras reproducen una lógica similar a la de la ley de lemas porque permiten concentrar distintas candidaturas detrás de un mismo postulante, mientras que las adhesiones responden a una dinámica distinta entre categorías legislativas y ejecutivas.
De todos modos, evitó pronunciarse sobre el proyecto específico que analiza el Congreso al señalar que todavía no conoce su redacción definitiva. Aun así, remarcó que la discusión debe darse dentro del PRO para que el partido llegue al debate parlamentario con una posición común y una verdadera disciplina de bloque. En ese sentido, aseguró que existe consenso interno respecto de que las PASO pierden sentido cuando no existe competencia entre listas y concluyó que una fuerza política no puede sostener “dos o tres miradas distintas” sobre una reforma de esa magnitud.
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