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Absuelven a un grupo mapuche acusado por la usurpación de Villa Mascardi

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió esta semana por unanimidad anular las condenas por usurpación que pesaban sobre integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Juicio a la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu de villa Mascardimarcelo-martinez-11560

La resolución, firmada por los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, dictó la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva.

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Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.

El camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, el juez Yacobucci señaló que el tribunal de origen no pudo individualizar las conductas prohibidas, ya que los testigos solo mencionaron a personas “encapuchadas”.

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El conflicto judicial se remonta a finales de 2017 y principios de 2018, centrándose en la ocupación de tierras pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (donde antes se ubicaba un hotel) y del predio privado “La Escondida” (una de las propiedades vandalizadas durante la usurpación que comenzó en 2017).

En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

Bariloche 01/12/22 Hotel de Parques Nacionales en Mascardi. La ocupacion mapuche que mantenia la comunidad Lafken Winkul Mapu fue desalojada hace 2 meses.Martinez Marcelo

Gustavo Franquet, abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas que ejerció la defensa de los imputados, expresó duras críticas hacia el proceso judicial que llevó a las condenas iniciales. Franquet responsabilizó directamente al juez de primera instancia, afirmando que “Silva es un chanta” y que condenó a los miembros de la comunidad “sin pruebas” y por la sola convicción de que eran culpables debido a su identidad.

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Asimismo, el abogado sostuvo durante el proceso que la criminalización de este conflicto territorial no solo ignoraba los derechos de los pueblos originarios, sino que también exponía al Estado argentino a una posible responsabilidad internacional ante organismos de derechos humanos. Tras conocerse la absolución, la Gremial de Abogados calificó el fallo como “el mayor golpe que le dimos a los fueros federales racistas de Bariloche y la Patagonia”.

Por su parte, John Grehan, dueño de La Escondida, señaló hoy a : “Los jueces insisten en burlarse de los ciudadanos tergiversando la interpretación de la letra de la ley de manera que en lugar de desalentar con sus sentencias la violación de la propiedad privada, con sus fallos explican a los delincuentes cómo hacer para violarla sin ser condenados: tenés que saltar el alambrado sin ser visto, mantener la ocupación ilegítima lo más que puedas encapuchado y armado y, si en algún momento te desalojan e identifican no digas que sabías que la propiedad tenía dueño”.

Grehan sumó que “a La Escondida la usurparon desde el lote lindero de Parques Nacionales que estaba ocupado únicamente por los usurpadores, identificados y condenados en otro expediente”.

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Aclaró, además, que La Escondida no tenía ninguna identificación, “pero ellos sabían que se llamaba así y que era propiedad privada”.

Y concluyó: “Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que ´saltaron el alambre´ (usurparon) y que, aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia; los ciudadanos somos víctimas no solo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios”.




la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva,Paz García Pastormerlo,Conforme a

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El Senado se prepara para votar otros 26 pliegos judiciales

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El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.

Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.

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Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.

Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.

En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.

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Los senadores Carlos Espínola, Martín Goerling Lara, Patricia Bullrich (parados), Maximiliano Abad y Juan Carlos Pagoto (sentados), en la comisión de Acuerdos del Senado (Fotos:LUCIANO INGARAMO /Comunicaci—n Senado).-

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.

La próxima sesión, si el oficialismo consigue número para abrirla, incorporará como mínimo esas 26 carpetas ya habilitadas por comisión. La aceleración oficial apunta a sostener un ritmo de designaciones que ya dejó una primera tanda votada y otra en preparación.

Un expediente distinto es el de la magistrada María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos y lo hizo minutos antes de la sesión en la que iba a votarse su nombramiento.

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La razón invocada fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Como el Gobierno no logró sacar el pliego a tiempo, luego la excluyó de la tanda de nombramientos publicada en el Boletín Oficial.

En el Ejecutivo sostienen que Michelli no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal ni siquiera tiene edificio asignado. Otras fuentes, sin embargo, contraponen esa explicación con otra designación oficial: la de Ana Maria San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada como jueza federal en Hurlingham, donde ese juzgado tampoco está creado.

Otro punto a tener en cuenta en el debate en la Cámara alta es que el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque en general se presenta algún senador del PJ en la misma cuando se debaten los pliegos de los magistrados que tienen como destino las provincias, amenaza con no reconocer los nombramientos.

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El Ejecutivo vía el ministro Mahíques sigue adelante con los nombramientos. La intención es la de alcanzar el número mágico de los 300 nombramientos, casi 30 más que los que hizo el ex presidente Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos. En paralelo, modificó la forma de selección vía un decreto presidencial para que la entrevista personal a los candidatos pierda peso y restringir las instancias de audiencias públicas.

celeste salguero / comunicacion senado.

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La metamorfosis de Jones Huala: el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche, con notorios cambios en su imagen

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El traslado de Facundo Jones Huala desde la cárcel de Rawson a la de Esquel, concretado el miércoles luego de una puja entre el Servicio Penitenciario y su defensa, puso en circulación una serie de fotos del líder mapuche que colocaron la atención sobre los cambios en su imagen.

Se trata de fotos o capturas que muestran al activista –condenado en Chile por un incendio y hoy investigado en el país– atravesando distintas etapas.

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Una de ellas, que circuló tras el traslado, pero que fue tomada hace más de un año, muestra una imagen de Jones Huala que dista mucho de aquella que proyectaba no mucho tiempo atrás como uno de los referentes de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En ella se observa a un Jones Huala sin la barba rala que acostumbraba llevar y desprovisto del tradicional poncho en el que solía enfundarse. Pertenece a una audiencia del proceso judicial local que lo investiga por participar «en agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor».

Desde su entorno señalaron que afeitarse no fue una decisión personal, sino una imposición de la cárcel de Rawson.

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Otra captura, más actual, lo muestra algo desmejorado respecto a aquella versión previa, pero con el habitual paño alrededor de su cabeza. Es de una audiencia del mes de diciembre.

Los cambios en su imagen, sin embargo, no implicaron un giro en sus convicciones. “El motivo por el que estoy detenido -dijo en aquella audiencia- es luchar por los derechos de mi pueblo. Esas demandas siguen vigentes”.

“Que nos devuelvan la tierra de una vez por todas”, reclamó. Pidió por el “reconocimiento de una persecución política-judicial” en su contra y también reclamó que el conflicto encuentre una “solución política”, “no judicial ni represiva”.

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Máxima seguridad

Hasta este miércoles y desde hacía más de un año, Jones Huala permanecía detenido en una cárcel de máxima seguridad en Rawson. Había denunciado las condiciones carcelarias en la que se encontraba y solicitado sin éxito su traslado a Trelew para poder estar cerca de su familia.

Para empujar su reclamo inició una huelga que primero fue liquida y luego seca, lo que implica un abandono total de la ingesta. No circularon nuevas imágenes suyas después de esa medida autoimpuesta.

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“Costó muchísimo. Han puesto todos los obstáculos posibles”, dijo su abogado, Gustavo Franquet a Radio Chubut, respecto al traslado y apuntando contra el Gobierno y la fiscalía.

Otra foto emblemática fue tomada por la Policía de Río Negro, luego de haber sido detenido tras intentar abrir dos autos en el centro.

Jones Huala, detenido por hurto en El Bolsón, en enero de 2025

A Jones Huala hoy se lo investiga por su presunto rol dentro de RAM y por discursos públicos en los que la fiscalía entiende que habría reivindicado o promovido acciones violentas.

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Fue condenado en Chile por un incendioABartoliche

Fue denunciado por el Gobierno en febrero de 2025 y detenido en junio de ese mismo año. Se le achaca haber integrado una organización cuyo objetivo principal habría sido “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, según la fiscalía.

Esa imputación fue ampliada a fines del mes pasado, cuando se prorrogó su prisión preventiva por 90 días, medida que se extenderá hasta el 30 de agosto.

Jones Huala contaba con una condena como precedente por el incendio de una vivienda en Río Bueno, Chile, en 2013, y por tenencia ilegal de un arma de fabricación artesanal. Recibió una pena de seis años por incendio y tres años por el arma, que ya fue cumplida.

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Patricia Bullrich dijo que las colectoras “deforman el sistema electoral” y puso reparos a la suspensión de las PASO

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El oficialismo comienza a mostrar reparos a la intención de suspender las PASO y modificar el sistema electoral con la incorporación de colectoras. Fue la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien admitió que el Gobierno aún no cuenta con los apoyos suficientes en la negociación con los gobernadores, así como cuestionó una de las ideas para acercar a otros espacios políticos.

“Nosotros queremos que no haya PASO, porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie”, planteó Bullrich este miércoles al salir del Senado ante periodistas acreditados.

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La senadora fue crítica con la alternativa de las colectoras que estudia la Casa Rosada para atraer a los mandatarios provinciales. “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo la legisladora. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales. “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó esa opción.

Al hacer un análisis ante los periodistas, Bullrich admitió que “el tema electoral está muy discutido”.

Javier Milei se reunió con sus ministros y principales funcionarios en la Casa Rosada este jueves (Foto: Presidencia).

El proyecto de reforma electoral necesita mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Las negociaciones las encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, y Bullrich con los legisladores “sin tierra” en el Senado. Con 21 legisladores propios y entre 7 y 9 senadores aliados, La Libertad Avanza necesita no solo el apoyo de los gobernadores dialoguistas, sino también del PRO y la UCR.

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En la UCR gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) defienden mantener las PASO provinciales, mientras que Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) podrían acompañar al oficialismo. En el PRO, Mauricio Macri sostiene la misma postura que los radicales díscolos, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tampoco respalda anular las internas abiertas.

Leer más: Con la mira en las elecciones, el Gobierno afirmó que busca impulsar el crédito pero descartó implementar un “plan platita”

Bullrich reconoció que en la mayoría de los capítulos de la reforma “hay un acuerdo tácito”, salvo en la forma de selección previa de los candidatos, donde no se vislumbra una mayoría clara. Por ahora, las negociaciones siguen trabadas en la comisión de Asuntos Constitucionales, y no habría avances hasta después del receso invernal.

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Como anticipó TN este miércoles, la Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En el Gobierno descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.

En ese marco, este jueves el gobernador de de Jujuy, el radical Carlos Sadir, se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque indicó que la UCR podría considerar “suspenderlas” el próximo año, según dijo en radio Rivadavia.

“Hemos hablado bastante de ese tema (con Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, concluyó Sadir.

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Patricia Bullrich, Elecciones, reforma electoral

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