POLITICA
La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por los créditos del Banco Nación y pidió legajos de funcionarios

El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo. La decisión respondió a un pedido del fiscal Gerardo Policita e incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre los beneficiarios.
Entre las medidas, el magistrado requirió los legajos de Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Se trata de integrantes del Ministerio de Economía, directores de organismos, diputados nacionales y asesores.
La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le pidió que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes.
Auditoría y documentación de los créditos
El eje central de la medida apunta a relevar en detalle cómo se otorgaron los créditos. Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por los beneficiarios, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir, con el objetivo de verificar si cumplían con las condiciones requeridas.
Además, el juez solicitó al Banco Central que remita todo el marco legal, normativo y las comunicaciones vigentes sobre los procedimientos para la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación.
La operatoria de los préstamos otorgados por el Banco Nación alcanzó montos de hasta US$350.000.
Funcionarios y cargos bajo análisis
Entre los nombres incluidos en el requerimiento judicial aparecen figuras con roles clave en la gestión económica y legislativa de Javier Milei. Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Inchauspe es director del Banco Central. Núñez integra el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
También figuran Juan Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Mongilardi, director de YPF; y un grupo de diputados nacionales como Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Frías y Carrancio. A ellos se suma Sharif Menem, asesor del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la difusión del caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a respaldar a los funcionarios involucrados.
“Los tomaron por recomendación mía”, afirmó Caputo, y agregó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en el otorgamiento de los créditos. El ministro calificó de “realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.
La causa quedó ahora centrada en el análisis de la documentación y en la auditoría ordenada por el juez, que buscará determinar si existieron irregularidades en el acceso a los préstamos.
Créditos hipotecarios, Banco Nación, Banco Central, BNA
POLITICA
Tras más de 30 audiencias, se conocerá el veredicto por el hundimiento del ARA San Juan

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará a conocer este miércoles el veredicto del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante el juicio, se analizó la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, estuvo a cargo de los jueces Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, y se realizaron más de 30 audiencias. El lunes concluyeron los alegatos de las defensas y el juicio ingresó en su tramo final.
El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.
La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
Durante las primeras audiencias, el tribunal escuchó el requerimiento a juicio de la causa donde la fiscalía aseguró que el hundimiento no fue un evento fortuito, sino una “tragedia previsible”. Durante la instrucción, se detectaron fallas críticas de mantenimiento y alertas previas —como informes de la SIGEN y de la propia Inspección General de la Armada— que advertían sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingresos a dique seco, los cuales habrían sido ignorados.
Según las abogadas de la querella, Valeria Carreras y Lorena Arias, las pruebas reunidas durante la instrucción y el debate oral son “abrumadoras” y demuestran incumplimientos que derivaron en la tragedia.
Las letradas cuestionaron las estrategias de las defensas, a las que calificaron de “tecnicismos” destinados a eludir la responsabilidad, y recordaron que los imputados negaron problemas en el buque y culparon a otros sectores.
En diálogo exclusivo con TN, Carreras dijo: “Llegamos a juicio luego de 8 años y 8 meses desde que se hundió el submarino ARA San Juan y ese fue un logro en sí mismo, porque nos precedieron dos sentencias que procesaron a los acusados”.
“Ahora llegamos al veredicto, luego de 4 meses de juicio oral aquí en Río Gallegos y sabremos si ese veredicto coincide con la prueba producida y con lo sostenido durante años por esta querella de 34 familiares de los tripulantes. Ese submarino yace en el fondo del mar esperando también, rogamos que no vuelva a ser abandonado a su suerte como cuando zarpó sin estas en condiciones de hacerlo. Esperamos justicia», agregó la abogada de la querella mayoritaria.
El caso
El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.
El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión.
ARA San Juan, Río Gallegos, Santa Cruz
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Videla-Pinochet: a 40 años de las reuniones que dejaron a la Argentina y Chile al borde de la guerra

Las fotos los mostraron sonrientes. No faltaron los abrazos. Pero toda la serenidad y las supuestas buenas intenciones que mostraban cuando estaban frente a la prensa eran una fachada que ocultaba la tensión puertas adentro.
El 19 de enero de 1978, en plenas dictaduras tanto en la Argentina como en Chile, los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet tuvieron una reunión para intentar acercar partes y poner fin al conflicto del Beagle. Fueron doce horas de encuentro en El Plumerillo, Mendoza.
Hubo otra reunión un mes después, en Puerto Montt, que duró 13 horas. Se repitieron buenos augurios en los discursos de ambos. Se habló de hermandad y de lazos de sangre entre ambas naciones. Hasta firmaron un acuerdo para continuar con las negociaciones.
Pero el clima no era el mismo en la intimidad. «El discurso de Pinochet causó desagrado y sorpresa», se escribió en tras el cónclave en Chile. Videla, al volver a la Argentina, se reunió con el jefe de la Aramda, el almirante Emilio Eduardo Massera, y analizaron las distintas alternativas en caso de llegar a un desenlace bélico.
Videla lo reconoció años después: «Pinochet me planteó un problema: ¿Qué hacer? ¿Retirarme al frente de mi delegación y romper la posibilidad de una negociación que, más allá de ese discurso inesperado, había quedado plasmada en el documento firmado? Opté por una respuesta de circunstancia sobre la hermandad entre ambos países, la complementariedad comercial… Me pareció lo mejor: no quise romper todo. La comisión que me acompañaba se enojó conmigo; consideró ese discurso como una aflojada. En la Argentina también cayó muy mal: los comandantes se sintieron todos halcones», dijo el represor Videla en el libro Disposición Final.
El Día D, la Hora H, ya habían sido determinados. La invasión sería el sábado 23 de diciembre. No queríamos que coincidiera con Navidad
Apenas cuatro días después, el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante Oscar Montes, transmitió un mensaje al pueblo en el que expresó que la Argentina consideraba nulo el laudo arbitral británico que daba lugar al reclamo chileno. Ambos países habían acordado en 1971 que esa sería la vía para resolver el litigio por la delimitación de los espacios marítimos en el extremo sur y, en especial, en el canal de Beagle.
La explicación sobre el rechazo argentino ya la había adelantado el canciller Montes: «La Argentina, asistida por destacados internacionalistas, ha encontrado en el laudo errores de derecho que son inaceptables. No se trata de una posición caprichosa de un mal perdedor».
¿Qué reclamaba la Argentina?
El mismo Montes lo comentó: «El desconocimiento del protocolo de 1893 como instrumento adicional y aclaratorio del tratado de 1881 y el hecho de que se haya fallado sobre zonas que no están comprendidas dentro de la parte cuestionada. Asimismo, puede establecerse que se han cometido errores de carácter histórico y geográfico, como por ejemplo, cuando se determina que el océano Atlántico llega hasta la Isla de los Estados y no hasta el cabo de Hornos».
La tensión era tal que, incluso hasta 24 horas antes de la primera reunión, los medios chilenos señalaban que era difícil que se llevara a cabo el encuentro. «Las cancillerías de las dos naciones deben extremar sus esfuerzos para que la entrevista se produzca», publicó el diario La Tercera.
En el encuentro en Mendoza, las medidas de seguridad fueron estrictas en la IV Brigada Aérea de El Plumerillo. Tras la reunión, un comunicado oficial indicó: «Se sentaron las bases para la concreción de un entendimiento que permitirá dar solución a los aspectos de interés común». Y más allá de los semblantes serenos de los mandatarios tras despedirse, los enviados describieron que durante el encuentro pudo verse a los asistentes de los dos países corriendo nerviosos por los pasillos, llevando carpetas y datos para aportar a la fundamentación en la charla.
El diario La Segunda, de Chile, publicó: «Nuestro país está dispuesto a acudir a nuevas instancias jurídicas para aclarar sus derechos. Argentina rehuye tales instancias. En consecuencia, las vías no negociadas que excluyan la posibilidad bélica favorecen a Chile. Las negociaciones directas tienden a favorecer a Argentina. […] Sobre esta base, el papel más difícil en la reunión le corresponde al presidente chileno».
En la reunión en Puerto Mont un mes después, el dictador Pinochet dijo en su discurso: «Ha quedado taxativamente establecido que las negociaciones no configuran modificación alguna de las posiciones que las partes sostienen con respecto al laudo arbitral en la región. Mi gobierno ratificó en forma oficial y pública que, de acuerdo con los compromisos previstos, la delimitación de las jurisdicciones en esa región quedó refrendada en forma definitiva en la sentencia de Su Majestad Británica. Por lo tanto, las negociaciones a realizar en ningún caso afectarán los derechos que en esa área el laudo reconoció para Chile».
Llegamos al borde de la navaja. No fuimos a la guerra, pero si hubiéramos entrado en ella no nos habría ido tan mal
En los meses siguientes, la escalada de tensión fue más intensa. Ambos países desplegaron sus tropas en las zonas de conflicto. El 20 de diciembre, la Cancillería argentina replicó con dureza una carta de Chile: «Solo reitera conceptos ya conocidos y […] no satisface las mínimas expectativas que alientan al Gobierno argentino en su propuesta de continuar con las negociaciones».
En el mismo sentido, Videla respondió una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, James Carter, en la que transmitía su preocupación: «La persistencia de la actitud chilena es atentatoria a legítimos e irrenunciables derechos argentinos».
Al mismo tiempo, el embajador argentino en las Naciones Unidas, Enrique Ros, presentaba ante el Consejo de Seguridad una nota de carácter urgente en la que acusaba a Chile de emplazar destacamentos militares provistos de artillería en las islas ubicadas en los mares en disputa.
La Argentina estaba dispuesta a la ocupación de las islas Picton, Nueva y Lennox el 22 diciembre de 1978, para luego atacar el territorio chileno. El plan de de batalla ya estaba definido, tal como contó en una investigación en 2003.
Optaron por comenzar el conflicto con Inglaterra, creyendo ganarle muy pronto para enseguida atacar a Chile con toda su fuerza. Fue una equivocación técnica y estratégica
A horas de que se desatara la guerra, fue la intervención directa de Juan Pablo II la que impidió el conflicto. El cardenal Antonio Samoré fue designado por el Papa. La Argentina postergó su plan para analizar el pedido de la Iglesia. Y cuando caía la noche, la Junta Militar aceptó la mediación.
La propuesta de Juan Pablo II fue darle la soberanía sobre las islas a Chile, pero le ofrecía una zona marítima común para el comercio de ambos países. La Argentina dejó pasar el plazo y la tensión creció en 1981. Hubo nuevas amenazas y provocaciones.
Fue la Guerra de Malvinas la que desvió la atención de ese conflicto. La posterior llegada de la democracia derivó en el plebiscito convocado por el presidente Raúl Alfonsín . El 82% (10,4 millones de votos contra 2,1) de la población eligió aceptar la propuesta papal. Y el Tratado de Paz y Amistad de noviembre de 1984 le puso fin a más de cien años de conflictos en la zona.
La cobertura de
La primera reunión, el 19 de enero de 1978
Tres días al borde de la guerra
Jorge Rafael Videla,tal como contó LA NACION en una investigación en 2003.,la intervención,Juan Pablo II,Guerra de Malvinas,Raúl Alfonsín,Juan Manuel Trenado,Jorge Rafael Videla,Historia,La historia detrás de la foto,Conforme a,Jorge Rafael Videla,,“Si no soy yo, ¿quién?“. Videla y su camino al 24 de marzo de 1976: padre golpista, la trágica historia de su nombre y las internas del Ejército,,El medio es el mensaje. Para Víctor Hugo, Videla y Milei son lo mismo,,Catalejo. Demoledor
POLITICA
El peronismo del interior avanza en un armado nacional: el acuerdo De la Sota-Olmos y el factor Córdoba

En el inicio de la semana, Juan Manuel Olmos, que es el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y uno de los principales exponentes del PJ Federal, viajó a Córdoba para reunirse con Natalia De la Sota, que además de ser diputada nacional, se convirtió en una dirigente de peso dentro del peronismo cordobés que no es el que comandan Martín Llaroyora y Juan Schiaretti.
Olmos se dirigió al barrio Rogelio Martínez, en Córdoba capital, donde la hija del ex gobernador tiene sus oficinas. Ese solo movimiento fue un gesto en si mismo. El dirigente porteño interactúo con la lógica del espacio nacional que integra. Hay que mirar más el interior y menos el conglomerado político del AMBA. Hay que buscar consensos en las provincias y alejarse de la interna que atormenta el territorio bonaerense entre Axel Kicillof y la familia Kirchner.
De la Sota y Olmos mantuvieron un encuentro que en el final se transformó en foto y que dio una señal hacia adentro del peronismo. Existe una voluntad de ambos de trabajar juntos hacia adelante. Pero, sobre todo, está viva la idea de confluir en un espacio nacional en el 2027. El PJ Federal y Defendamos Córdoba bajo el mismo techo. A eso apuntan.
La legisladora cordobesa tomó un mayor protagonismo luego de la elección legislativa del año pasado, en la que obtuvo el 8,75% y quedó tercera, después de La Libertad Avanza y el espacio de Llaryora. A partir de ese momento, empezó a levantar el perfil y a construir una imagen nacional. Esa dirección se acentuará de ahora en adelante. De la Sota tiene un objetivo dividido en dos. Va a trabajar un 50% para cultivar un perfil de candidata nacional y un 50% para hacer lo mismo pero como candidata provincial.

La cordobesa era el nombre que Sergio Massa quería que lo acompañe en la fórmula presidencial del 2023. Desde entonces, siembre sonó en el peronismo como una opción con potencial para ser parte de una fórmula justicialista a nivel nacional. A ese perfil, construido entre la rosca y la táctica política que se consume en las oficinas peronistas, le sumó votos. Y, sobre todo, un discurso muy crítico de Milei.
Es justamente ese mensaje el que la acerca al programa político y económico que está construyendo el PJ Federal, que lideran Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. En ese espacio ven la necesidad de que el peronismo, en su conjunto, tenga un acercamiento al peronismo cordobés en el 2027, pero advierten que los movimientos de Llaryora no van en ese rumbo.
Entre los federales creen que el gobernador cordobés duda sobre si sumarse o no a las colectoras que le propuso el gobierno de Javier Milei a algunos gobernadores, a través de las gestiones de acercamiento que está llevando adelante Diego Santilli. El electorado cordobés que acompaña al peronismo local se mimetiza en un gran porcentaje con el que respalda a Milei a nivel nacional en esa provincia. Por eso nadie lo imagina jugando decididamente en un armado opositor.
Una de las señales que dio pie a esas elucubraciones fue el mensaje que brindó el ministro de Gobierno cordobés, Manuel Calvo, durante una entrevista con el streaming de La Voz del Interior, en el que aseguró: “Las dos figuras que mayor peso e imagen positiva tienen en la provincia son el Presidente y el Gobernador. Más allá del diálogo institucional, esto empieza a jugar porque se empieza a ver cuándo son las fechas de las elecciones. Diálogo político hay siempre”.

Calvo blanqueó una posición del gobierno cordobés que, desde el comienzo de la gestión libertaria, ha tenido una relación sinuosa con la Casa Rosada. Durante todo este tiempo Llaryora ha fluctuado en su vínculo con el Gobierno. Quedó en un lugar incómodo porque le habla al mismo electorado. Sus críticas se basaron en situaciones que vinculan el impacto las políticas económicas libertarias con la economía de la provincia o en la falta de transferencia de fondos por parte de la Nación.
El objetivo central de Llaryora es su reelección en Córdoba, no armar un frente nacional. Sin embargo, las líneas de comunicación con otros sectores del peronismo siguen abiertas. Sobre todo con Axel Kicillof, con el que tienen una buena relación e intercambiar mensajes y llamados con cierta asiduidad.
En ese contexto de diálogos cruzados, Olmos y De la Sota acordaron empezar a trabajar en conjunto y mostrar empatía en público. Ser parte de un mismo camino en el proceso de reorganización y reconstrucción de la fuerza política a nivel nacional. Tienen en agenda coordinar recorridas por el país. El peronismo necesita una buena base en Córdoba y la legisladora se la puede dar. Sobre todo si es capaz de absorber el electorado anti Milei, que en las últimas elecciones fue compartido con el kirchnerista Pablo Carro, que obtuvo el 5% de los votos.
En el caso de Olmos, algunos dirigentes del peronismo empezaron a mirar de reojo su nivel de exposición y su lugar de articulador de voluntades, espacio que ocupa desde hace tiempo en las filas justicialistas. Olmos habla con Kicillof pero también visita a Cristina Kirchner en San José 1111 y tiene el teléfono abierto con Massa y los gobernadores del PJ. Hay quienes lo visualizan como un posible candidato el año que viene. Alguien al que nadie ve venir.

El titular de la AGN está en contra de que se construyan candidatos a un año de la elección. Sobre todo por este tiempo que vive el peronismo, donde las internas son inagotables y subsisten en varias provincias del país. Además cree en una lógica de construcción que empuja el armado del que es parte, donde interpretan que un candidato limita la amplificación de una discusión programática y la edificación de un proyecto nacional.
El PJ Federal mantiene la idea de hacer pie en el interior y pensar la construcción política desde las provincias. Por eso tienen en agenda tres actos más antes de que termine el año. Hay una parte del peronismo que advierte la necesidad de edificar un proceso político anclado en el interior. En ese sector están Olmos y De la Sota. La foto también representa esa mirada.
Juan Manuel Olmos,Natalia De la Sota,oficina,reunión,escritorio
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