Las provincias poco a poco comenzaron a adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una iniciativa valiosa que permitirá visibilizar la carga tributaria contenida en los precios. Pero su diseño no es neutro: según cómo lo implemente cada provincia, se puede transparentar la presión fiscal o, por el contrario, ofrecer una imagen incompleta -e incluso engañosa- de la carga real de Ingresos Brutos.

El régimen parte de una premisa simple: que el consumidor identifique qué parte del precio corresponde a impuestos. A nivel nacional, la obligación alcanza al IVA y otros tributos indirectos, y en ese marco, las provincias fueron invitadas a avanzar con Ingresos Brutos.

Allí surge el verdadero debate: si conviene informar una alícuota, un importe estimado, o ambas cosas. La diferencia no es menor. Informar solo la alícuota evita presentar como exacto un monto que, por la propia mecánica del impuesto, solo puede estimarse.

Por qué Ingresos Brutos no se deja transparentar fácilmente

A diferencia del IVA, Ingresos Brutos es un impuesto de carácter acumulativo: grava las sucesivas etapas de la cadena de comercialización sin neutralizar el tributo soportado previamente. Como consecuencia, el impuesto se incorpora al precio, generando un efecto de imposición «en cascada». Esa incidencia acumulada no aparece reflejada en los regímenes provinciales de transparencia, y reconstruirla en cada ticket sería impracticable.

Una alternativa sería transparentar esa limitación incorporando una leyenda que aclare que no refleja la carga total contenida en el precio, sino apenas una aproximación vinculada a la última etapa comercial.

La cuestión adquiere una complejidad adicional en los contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral, donde la base imponible se distribuye entre distintas jurisdicciones, lo que dificulta aún más la determinación de la incidencia atribuible a una jurisdicción determinada.

Y ello se extiende más aún si consideramos que la mayoría de las provincias aplican regímenes de recaudación que incrementan aún más la carga real del impuesto.

Distintos modelos provinciales

CABA y Mendoza optaron por informar la alícuota aplicable. Es un esquema menos impactante en términos comunicacionales, pero más prudente técnicamente: evita exhibir como cierto un monto que puede distorsionar la carga real.

Entre Ríos fue más allá: exige informar no solo la alícuota, sino también el impuesto estimado. El modelo tiene valor pedagógico porque traduce la carga fiscal a un monto concreto, pero abre una zona gris evidente: ese importe no necesariamente coincidirá con el impuesto que determine el contribuyente, ya que la reglamentación no estableció la fórmula del cálculo, y sin una metodología uniforme, la transparencia pierde comparabilidad.

El caso más cuestionable es Chubut. La provincia obliga, exclusivamente a los contribuyentes del Convenio Multilateral, a informar un «valor aproximado» del impuesto. Para calcularlo, la resolución adopta una fórmula que consiste en aplicar sobre el precio de la operación, la alícuota «promedio» del 3,5%, y el coeficiente unificado.

En apariencia, la formula luce razonable, pero arroja un resultado, cuando menos, engañoso.

La dificultad radica en que, bajo el Convenio Multilateral, el coeficiente unificado no refleja la atribución de una operación en particular, sino una pauta de distribución construida a partir de la participación relativa que tuvo cada jurisdicción en la actividad del contribuyente durante períodos anteriores. Por ello, utilizar ese coeficiente para estimar la incidencia de una venta concreta puede arrojar resultados poco representativos. Si ese coeficiente de Chubut es bajo, el ticket mostrará un importe ínfimo, que podría llevar al consumidor a concluir que Ingresos Brutos casi no incide en el precio.

La distorsión del régimen chubutense se acentúa cuando exige aplicar una alícuota «promedio» del 3,5%, que es significativamente inferior a la que deben aplicar los únicos sujetos obligados hasta el momento a cumplir el Régimen, que son los grandes supermercadistas, alcanzados a una alícuota del 5%.

Por último, Córdoba, aún no adhirió formalmente. Solo dictó una norma preparatoria, en la cual justificó la falta de implementación del régimen en los costos de implementación y en la necesidad de armonizar criterios con las restantes jurisdicciones, aun cuando esas dificultades no justificarían demoras respecto de contribuyentes locales.

Transparencia sí, pero sin distorsionar

La transparencia fiscal al consumidor es más que bienvenida: mejora la información disponible y permite elevar la conciencia del verdadero contribuyente, el consumidor. Pero no basta con mostrar un dato en el comprobante; ese dato debe ser técnicamente razonable, intelectualmente honesto y no inducir a errores de interpretación.

Si las provincias avanzan en la exhibición de importes estimados de impuesto, deberían construir criterios metodológicos comunes, que arrojen resultados homogéneos entre provincias. Asimismo, debería aclararse expresamente que el impuesto estimado no refleja la carga acumulada del tributo en el precio final, sino solo la incidencia de éste en la última etapa de la cadena comercial.

En definitiva, celebramos la iniciativa de transparentar los impuestos, pero para que cumpla su verdadera función, el régimen debe reflejar su verdadero impacto con la mayor fidelidad posible. De otro modo, corre el riesgo de desinformar y terminar oscureciendo, paradójicamente, aquello que pretende transparentar.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reveló que negocian con el ministro de Economía, Luis Caputo, medidas para reactivar los créditos. Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas, se tratan iniciativas de impulso al financiamiento que van desde la ampliación del esquema de incentivos para pequeñas y medianas empresas (pyme) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la liberación de encajes para canalizar a empresas con dificultades financieras.

El diálogo entre la UIA y el Ministerio de Economía se mantiene abierto mientras avanzan negociaciones sobre un paquete de estímulos para el crédito productivo y el consumo interno. Rappallini afirmó, en una entrevista con Todo Noticias, que la entidad trabaja con el Gobierno en propuestas para reactivar el crédito. “Estamos en la negociación para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está realmente caído”, comentó.

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, el primer eje de discusión apunta a ampliar el esquema de incentivos al financiamiento PYME del BCRA. La propuesta incluye elevar el porcentaje de depósitos obligatorios destinados a crédito productivo, que actualmente se ubica en 7,5%, hasta el 10% (aumento de 2,5 puntos porcentuales (p.p)). Además, se prevé incrementar el beneficio para los bancos que cumplan con esta franquicia, pasando del 1,88% actual al 2,51%.

Un segundo instrumento bajo negociación es la liberación parcial de encajes para canalizar crédito hacia empresas con dificultades financieras transitorias. La propuesta permitiría a las entidades financieras computar como integración de encajes los préstamos otorgados a empresas clasificadas en ‘Situación 1′ y ‘Situación 2′, orientados a la regularización de pasivos. Las fuentes remarcaron que esta medida no genera costo fiscal ni emisión monetaria directa, ya que reasigna liquidez existente dentro del sistema financiero. El incentivo para los bancos reside en reemplazar activos inmovilizados y sin rendimiento por créditos con tasa positiva.

Las conversaciones técnicas entre la UIA y el Gobierno avanzaron desde febrero a pesar de los cruces públicos entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca a quien el mandatario definió como “Don Chatarrín”. Es que más allá de la tensión política, el canal de diálogo entre Caputo y las autoridades industriales continuó abierto, con la gestión cotidiana a cargo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El último encuentro formal se realizó el 19 de mayo y pese a la expectativa por medidas para el sector, no hubo anuncios.

El contexto macroeconómico condiciona el margen de maniobra del Gobierno, ya que la restricción fiscal limita la posibilidad de implementar rebajas de impuestos o incentivos de alto costo. Por eso, empresarios y funcionarios buscan alternativas que no impliquen impacto fiscal directo, como la reasignación de liquidez bancaria y nuevos incentivos regulados por el BCRA.

La preocupación por la caída del consumo se acentuó en los últimos meses, ya que el repunte de los sectores exportadores aún no se traduce en una mejora del mercado interno. Las propuestas que se discuten incluyen medidas para todas las ramas industriales que sufren la retracción de la actividad y el aumento de la desocupación. Los reciente datos del INDEC publicados muestran que el desempleo afecta con mayor fuerza a ciertos sectores, lo que refuerza la urgencia de medidas para reactivar la inversión y la producción.

El comportamiento del desempleo no resultó igual entre los sectores económicos en el primer trimestre del 2026. Según el Indec, el mayor salto se observó en la industria manufacturera, donde la proporción de desocupados que provenían de ese sector avanzó del 7,3% en el primer trimestre de 2025 al 13,3% en igual período de 2026. Esta cifra duplicó prácticamente el peso de la industria en la composición de la población sin trabajo y marcó un cambio significativo en la tendencia sectorial.

Desde hace tiempo en la Unión Industrial Argentina (UIA) alertan sobre la destrucción del empleo y exigen al ministro Caputo, por medidas que permitan “nivelar la cancha” ya sea en términos impositivos como de infraestructura. Luego del buen dato que registro el Indice de Producción Industrial Manufacturera en marzo con un crecimiento del 3,2% intermensual y 5% interanual, en abril volvió a números negativos con una variación intermensual del -2,1%y del 2,8% interanual. Y ya para mayo, en la UIA alertaron que no se encontró un piso para la caída del sector.

Frente a este escenario, Caputo no hace alusión explicita a los números negativos de la industria, pero si les dice a los empresarios argentinos que tienen que animarse a arriesgar y perder. “Argentina tiene un potencial enorme y nosotros tenemos que cambiar la cabeza y esas cosas que nos inculcaron de que proteger una industria que está bien porque hay gente que trabaja ahí, sin entender que hay 47 millones de argentinos que están subsidiando eso”, afirmó durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda.

La norma regula las regalías atadas al precio internacional, exime de Ingresos Brutos a los proyectos y da estabilidad fiscal por 30 años en la provincia

25/06/2026 – 16:38hs

La Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó la ley que ratifica el Acta Acuerdo entre el Estado provincial e YPF para establecer las pautas técnico-legales del megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL). El texto se enfoca en fijar las condiciones fiscales, tributarias y operativas que regularán la producción gasífera en las áreas concesionadas de Vaca Muerta con destino exclusivo al complejo de licuefacción.

El eje central de la ley radica en la reconfiguración del esquema de regalías para el gas de exportación como GNL. A diferencia de las liquidaciones tradicionales basadas en el mercado interno, la provincia vincula sus ingresos al índice internacional JKM (Japan Korea Marker), el cual refleja el precio del combustible en los mercados asiáticos. Esta metodología busca alinear el valor del recurso en boca de pozo con las cotizaciones globales del GNL.

Para la aplicación de este esquema, se diseñó un sistema de alícuotas móviles escalonadas según el valor de la unidad de medida energética. Cuando el precio internacional de referencia se posicione por debajo de los u$s16 por millón de BTU, la regalía quedará establecida en un 7,5%. Si la cotización oscila entre los u$s16 y los u$s20, la tasa ascenderá al 10%, mientras que al igualar o superar el umbral de los u$s20 por millón de BTU, el cobro alcanzará el máximo del 12%.

Vaca Muerta: nuevo marco de incentivos y blindaje técnico

A los fines de garantizar un piso de protección para el fisco ante eventuales distorsiones externas, el articulado dispone un valor mínimo de liquidación. Las empresas operadoras deberán tomar como base regulatoria el precio del mercado local si las cotizaciones internacionales sufrieran una caída abrupta. Con esta medida técnica, sustentada en los límites dispuestos por la Ley de Hidrocarburos de la Nación, se procura resguardar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos provinciales originados en la explotación de los bloques.

El régimen tributario de la norma contempla una exención específica en el impuesto a los Ingresos Brutos para las transacciones internas del proyecto. Este beneficio rige de manera exclusiva para las operaciones de compraventa de hidrocarburos gaseosos y petróleo crudo efectuadas entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las estructuras societarias habilitadas bajo el marco regulatorio nacional. 

La estabilidad fiscal otorgada a las empresas que ejecuten los desarrollos se fijó en un plazo de 30 años, en consonancia con las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Bajo esta garantía de inalterabilidad, las licenciatarias de las áreas seleccionadas quedarán exentas de nuevas cargas impositivas, tasas o contribuciones que se pudieren crear en el futuro, manteniendo la ecuación económica original que posibilitará el desembolso de capitales en la región.

El alcance territorial de la ley abarca de forma expresa cinco concesiones de explotación no convencional operadas por la petrolera. Los yacimientos incluidos de donde se extraerá el fluido base para el proceso son Meseta Buena Esperanza I, Meseta Buena Esperanza II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II. Las inversiones en perforación y estimulación hidráulica en dichos bloques complementarán las obras en infraestructura y transporte comprometidas en el acuerdo.

En materia de resolución de controversias, la letra chica de la regulación establece un desdoblamiento de jurisdicciones para salvaguardar el poder de policía del Estado. El acuerdo determina que las disputas relacionadas con reclamos tributarios, cobros ejecutivos de regalías, cánones y responsabilidades de remediación ambiental quedarán reservadas exclusivamente a los tribunales ordinarios de la provincia de Neuquén. De este modo, se limita el arbitraje internacional solo a los aspectos netos del negocio corporativo y comercial del GNL.