Más allá de un leve incremento semanal, la cotización del dólar opera con una notable estabilidad desde principios de 2026. La oferta en el mercado supera a la demanda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene la cotización mayorista en torno a $1.400 mediante la compra de divisas para evitar que se acerque a 1.300 pesos.

Los analistas esperan que el equilibrio cambiario continúe en los próximos meses, potenciado por la liquidación de la cosecha gruesa, las exportaciones Vaca Muerta y de la nueva minería, junto al ingreso de las colocaciones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales.

Hasta ahora, el tipo de cambio se movió a contramano de la inflación: mientras que la dinámica de precios se aceleró en el primer trimestre del año, la moneda estadounidense registró caída de hasta 3,4% en el segmento minorista y 3,8% en el mayorista. Desde los picos de septiembre y octubre de 2025, la baja es más pronunciada: 7% y 6,7%, respectivamente.

Con una dinámica inflacionaria que acumuló 9,4% hasta marzo, muchos ahorristas optaron por instrumentos en pesos para obtener tasas positivas en dólares, ya que quedarse líquidos en billete verde hubiera implicado una pérdida.

El carry trade posibilitó el aprovechamiento de rendimientos positivos que brindó la tasa de interés en pesos, en un contexto donde el valor del dólar se mantuvo estable o mostró cierta baja. Aquellos que eligieron conservar dólares sin invertir no obtuvieron ganancias.

Durante el primer trimestre de 2026, la combinación de inflación en alza y baja nominal del tipo de cambio generó un escenario favorable para los bonos en moneda nacional, especialmente para los que ajustan por el índice de precios, como los Boncer. Estos títulos registraron un incremento cercano al 18% en su cotización, al que se suma el retroceso del tipo de cambio, lo que impulsó aún más la ganancia medida en dólares.

Entre los instrumentos que obtuvieron los mejores rendimientos se destacan el Boncer, con una ganancia del 18,1% en dólares, las Lecap 13,4%, los títulos ajustados por tasa Badlar 11,2% y los fondos Money Market ofrecidos por billeteras digitales, que alcanzaron el 11 por ciento. Todas estas alternativas superaron ampliamente el desempeño tanto del dólar minorista como del mayorista en el período.

Tanto el BCRA con la reapertura de un corredor de tasas de interés, como el Tesoro en sus licitaciones de deuda en pesos buscan reducir la tasa de interés. ¿El objetivo? Reactivar la actividad económica mediante la reducción del costo de los créditos para empresas y consumidores. Esto facilita el acceso a financiamiento para invertir, producir o consumir bienes y servicios.

Pese al retroceso de los rendimientos en pesos, los inversores siguen apostando a los activos nominados en moneda nacional, ya que anticipan que la “paz cambiaria” se mantendría, a priori, hasta que finalice la liquidación del agro en junio, y de ese modo obtienen ganancias equivalentes en dólares.

A comienzos de 2026, la buena cosecha de trigo permitió mantener el tipo de cambio estable e incluso con tendencia bajista. Luego, se sumó el ingreso de divisas provenientes de la emisión de obligaciones negociables por parte de empresas y deuda subsoberana (provincias).

En abril comenzó la liquidación de los dólares de la cosecha gruesa (maíz y soja), que concentra el mayor volumen de producción agrícola del país y representa una fuente clave de generación de divisas a través de las exportaciones. Al “trimestre de oro” del sector agroexportador, se añaden los flujos corporativos y provinciales.

Esa oferta de divisas fue aprovechada por el Banco Central para comprar casi USD 7.000 millones. Se trata del 70% de la meta piso de adquisición de divisas -entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones- fijada para todo 2026. El plan es reforzar la posición de reservas internacionales, el jueves superaron el umbral de USD 46.000 millones.

En una reunión con inversores internacionales en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, informó que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las empresas emitieron obligaciones negociables por un total de USD 9.900 millones. De ese monto, solo USD 6.800 millones ingresaron efectivamente al mercado, mientras que quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, cifra que podría sumarse a la oferta de divisas en el corto plazo.

Werning destacó que las compañías “volvieron a operar (desarmaron coberturas cambiarias y obtuvieron financiamiento para el ciclo de inversiones) tras la actitud de ‘esperar y ver’ que predominó el año pasado” por la volatilidad electoral.

Werning también contó que “la emisión de deuda en moneda extranjera por parte de las compañías se aceleró después de las elecciones, aunque la venta efectiva de esas divisas se dio con cierto rezago, lo que contribuyó a aumentar la oferta de dólares”.

El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas generó una reducción significativa del índice de riesgo país, lo que favoreció las condiciones financieras y abrió la puerta a nuevas colocaciones de deuda tanto para empresas como para gobiernos provinciales.

El aumento de emisiones externas por parte de empresas y provincias se traduce en un ingreso adicional de dólares en un momento de menor aporte del sector agroexportador hacia el final del año pasado. Ese flujo colaboró en la estabilidad cambiaria durante los meses posteriores a los comicios, ya que parte de esos fondos se liquidó en el mercado de cambios o mediante operaciones en bloque.

El saldo que aún resta liquidar se sumará a los dólares de la próxima cosecha gruesa en el segundo trimestre. Esta combinación de divisas podría contribuir a que el Gobierno mantenga la tranquilidad en el mercado cambiario durante los próximos meses. La estabilidad del tipo de cambio se considera central para que el equipo económico logre que la inflación retome una trayectoria a la baja.

Por otro lado, si el índice de riesgo país logra ubicarse por debajo de 500 puntos básicos y permanece en ese nivel, se abriría la posibilidad de un mayor volumen de emisiones de deuda corporativa, lo que reforzaría la oferta de divisas en el mercado una vez que disminuya la liquidación estacional del agro.

Dispuesto a hacer del rearme una de sus políticas de mayor sostenimiento y exposición, el Gobierno aceleró la marcha para adelantar la llegada de otros 6 cazas F-16, del total de 24 aeronaves adquiridas a Dinamarca. En diciembre pasado, una flotilla integrada por media docena de esos aparatos de combate aterrizó en el Área Material Río Cuarto, y para el mismo mes pero de este año se esperaba el arribo de una dotación similar. Con la mira puesta en reforzar las novedades en el ámbito militar, ahora la cartera de Defensa busca anticipar al menos un trimestre la entrega establecida con el país europeo. Pero semejante esfuerzo, que de entrada demandó desembolsos por u$s350 millones, puso en el freezer a otras incorporaciones que se habían anunciado para las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la potencial adquisición de tres submarinos clase Scorpène, fabricados por la firma francesa Naval Group, nunca superó la etapa de lo posible. Y ahora, ante el nulo avance para recuperar esa capacidad marítima, se especula con otras alternativas de menor envergadura.

La posibilidad de comprar los submarinos que opera Italia

Es en esa línea que, dado el vínculo cercano que el presidente Javier Milei mantiene con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se incrementaron las versiones que dan cuenta de un intento argentino por hacerse con sumergibles operados por ese país.

En concreto, y en virtud de que Italia tiene programado hacerse con submarinos U212 A de origen alemán, el Gobierno podría negociar la compra de un remanente de los sumergibles clase Sauro que aún forman parte de la marina de Italia.

«Los Sauro, en sus versiones más recientes, no son plataformas costeras ni obsoletas en sentido estricto. Se trata de submarinos oceánicos de tamaño medio, con autonomía suficiente para misiones prolongadas y capacidades plenamente compatibles con operaciones en escenarios como el Atlántico Sur», detallan plataformas especializadas como Pucará.

«Su tecnología, basada en sistemas convencionales sin propulsión independiente de aire, presenta además una ventaja no menor para una marina en fase de reconstrucción: simplicidad relativa en mantenimiento, menor complejidad logística y una curva de aprendizaje más accesible«, añade la misma fuente.

Otros sitios del mismo tenor especifican que Italia mantiene operativos los submarinos clase Sauro «Salvatore Pelosi» —incorporado en 1988—, «Giuliano Prini» —1989—, «Primo Longobardo» —1993— y «Gianfranco Gazzana Priaroggia» —1995—.

«En este contexto, y considerando los estrechos vínculos históricos y políticos entre Italia y Argentina, no puede descartarse que soluciones de este tipo puedan ser consideradas como parte de un enfoque más amplio. Para ambos países, una iniciativa de este tipo podría representar una oportunidad concreta de reforzar no solo las relaciones entre los respectivos gobiernos, sino también el vínculo en el ámbito de la defensa, más allá de los ya profundos lazos culturales», subraya Pucará.

Vale mencionar que los primeros submarinos incorporados por la Armada argentina, en torno al año 1933, correspondieron a unidades «Tarantino» construidos por la misma Italia.

La Libertad Avanza acelera la llegada de más cazas F-16

En paralelo a este escenario, y enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año.

Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre.

La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense que da formación a las tripulaciones locales y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

Tras anunciar un nuevo llamado a licitación de deuda pública, el gobierno de Javier Milei confirmó que ampliará la emisión de sus bonos en moneda extranjera con el objetivo de acelerar la acumulación de dólares para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de principios de julio de 2026.

“Se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2da vuelta de USD 100 millones”, comunicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento, las subastas de los Bonares se realizaban por hasta USD 150 millones cada uno en la primera ronda. La novedad es que se eleva en USD 200 millones para cada título. En caso de que suscite el interés de los inversores, podría recolectar hasta USD 900 millones por licitación.

A lo largo del año, la Secretaría de Finanzas llevó adelante cuatro colocaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Estas emisiones permitieron captar USD 997 millones correspondientes al Bonar 2027 y USD 434 millones al Bonar 2028, elevando el monto total adjudicado a 1.400 millones de dólares. El propósito central fue fortalecer los depósitos en dólares del Tesoro Nacional y cubrir obligaciones de deuda de corto plazo.

En la última licitación, uno de los aspectos destacados fue la reducción de la tasa obtenida por Finanzas respecto a la subasta anterior. En la primera colocación del Bonar 2027 se adjudicaron USD 250 millones con una tasa de 5,74%, mientras que en la segunda se repitió el monto, pero con una tasa más baja, de 5,45 por ciento. En la tercera ronda, el Tesoro colocó USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Finalmente, en la última emisión, se asignaron USD 250 millones a cada uno de los bonos, con tasas del 5% para el Bonar 2027 y del 8,20% para el Bonar 2028.

Economía realizará una nueva licitación de deuda el martes 28 de abril, en la que, además de los Bonares, se ofrecerán distintos instrumentos financieros para los inversores. Entre las opciones disponibles habrá una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 y un bono TAMAR a pagar el 31 de agosto de 2028, ambos instrumentos de reciente creación.

El menú también incluirá un Boncer con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 y un bono CER/TAMAR a pagar el 29 de junio de 2029, este último también de nueva emisión. Además, se podrá acceder a un bono Dólar Linked, que vence el 30 de septiembre de 2026, pensado para quienes buscan cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.

Con el objetivo de afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, la administración libertaria diseña una estrategia financiera que busca reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. Este monto permitiría cubrir los pagos a acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, que suman cerca de 9.000 millones de dólares.

Además de los encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington estuvo orientada a concretar un esquema de financiamiento respaldado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 2.550 millones de dólares.

Tanto el Banco Mundial (que aportará USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) brindarán garantías, que funcionan como un “seguro” para futuros prestamistas. Estas garantías facilitarán el refinanciamiento de una parte relevante del pasivo argentino, reducirán los costos de acceso a fondos y crearán mejores condiciones para captar inversiones privadas nacionales e internacionales.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», sostuvo Caputo desde Washington.

Respecto al costo financiero de la operación, Caputo estimó que la tasa de interés se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual a seis años, aunque señaló que aún se negocian los detalles. Este rendimiento es inferior al que la Argentina debería afrontar en una emisión internacional de deuda, ya que, dada la situación actual del riesgo país, las colocaciones soberanas deberían ofrecer tasas superiores al 9% en dólares, un costo que el Gobierno considera excesivo.

En relación con los pagos de Bonares y Globales previstos para julio, el ministro precisó que de los USD 4.300 millones programados semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, cifra que se busca refinanciar. Los intereses, que suman alrededor de USD 1.300 millones, se afrontarán con el superávit primario.

Caputo también mencionó que el plan contempla un programa de licitaciones locales por un valor de USD 4.000 millones, empleando bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28), que se subastan cada dos semanas y ofrecen tasas entre 5% y 8 por ciento.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones adicionales. Así, el equipo económico prevé reunir USD 8.000 millones para cubrir pagos de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y contar con un remanente de USD 2.000 millones para futuros compromisos.

El monto total ascendería a USD 10.000 millones si se consideran los USD 2.000 millones que el Gobierno espera recaudar a través de la venta de activos estatales. Se estima que la mayor parte de los ingresos por privatizaciones se materializará en la segunda mitad de 2026, especialmente con las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases.