ECONOMIA
El Gobierno amplía la emisión de bonos y busca acelerar la acumulación de dólares para pagar un vencimiento clave

Tras anunciar un nuevo llamado a licitación de deuda pública, el gobierno de Javier Milei confirmó que ampliará la emisión de sus bonos en moneda extranjera con el objetivo de acelerar la acumulación de dólares para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de principios de julio de 2026.
“Se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2da vuelta de USD 100 millones”, comunicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento, las subastas de los Bonares se realizaban por hasta USD 150 millones cada uno en la primera ronda. La novedad es que se eleva en USD 200 millones para cada título. En caso de que suscite el interés de los inversores, podría recolectar hasta USD 900 millones por licitación.
A lo largo del año, la Secretaría de Finanzas llevó adelante cuatro colocaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Estas emisiones permitieron captar USD 997 millones correspondientes al Bonar 2027 y USD 434 millones al Bonar 2028, elevando el monto total adjudicado a 1.400 millones de dólares. El propósito central fue fortalecer los depósitos en dólares del Tesoro Nacional y cubrir obligaciones de deuda de corto plazo.
En la última licitación, uno de los aspectos destacados fue la reducción de la tasa obtenida por Finanzas respecto a la subasta anterior. En la primera colocación del Bonar 2027 se adjudicaron USD 250 millones con una tasa de 5,74%, mientras que en la segunda se repitió el monto, pero con una tasa más baja, de 5,45 por ciento. En la tercera ronda, el Tesoro colocó USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Finalmente, en la última emisión, se asignaron USD 250 millones a cada uno de los bonos, con tasas del 5% para el Bonar 2027 y del 8,20% para el Bonar 2028.

Economía realizará una nueva licitación de deuda el martes 28 de abril, en la que, además de los Bonares, se ofrecerán distintos instrumentos financieros para los inversores. Entre las opciones disponibles habrá una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 y un bono TAMAR a pagar el 31 de agosto de 2028, ambos instrumentos de reciente creación.
El menú también incluirá un Boncer con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 y un bono CER/TAMAR a pagar el 29 de junio de 2029, este último también de nueva emisión. Además, se podrá acceder a un bono Dólar Linked, que vence el 30 de septiembre de 2026, pensado para quienes buscan cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.
Con el objetivo de afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, la administración libertaria diseña una estrategia financiera que busca reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. Este monto permitiría cubrir los pagos a acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, que suman cerca de 9.000 millones de dólares.
Además de los encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington estuvo orientada a concretar un esquema de financiamiento respaldado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 2.550 millones de dólares.
Tanto el Banco Mundial (que aportará USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) brindarán garantías, que funcionan como un “seguro” para futuros prestamistas. Estas garantías facilitarán el refinanciamiento de una parte relevante del pasivo argentino, reducirán los costos de acceso a fondos y crearán mejores condiciones para captar inversiones privadas nacionales e internacionales.
“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», sostuvo Caputo desde Washington.

Respecto al costo financiero de la operación, Caputo estimó que la tasa de interés se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual a seis años, aunque señaló que aún se negocian los detalles. Este rendimiento es inferior al que la Argentina debería afrontar en una emisión internacional de deuda, ya que, dada la situación actual del riesgo país, las colocaciones soberanas deberían ofrecer tasas superiores al 9% en dólares, un costo que el Gobierno considera excesivo.
En relación con los pagos de Bonares y Globales previstos para julio, el ministro precisó que de los USD 4.300 millones programados semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, cifra que se busca refinanciar. Los intereses, que suman alrededor de USD 1.300 millones, se afrontarán con el superávit primario.
Caputo también mencionó que el plan contempla un programa de licitaciones locales por un valor de USD 4.000 millones, empleando bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28), que se subastan cada dos semanas y ofrecen tasas entre 5% y 8 por ciento.
Por otra parte, el acuerdo alcanzado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones adicionales. Así, el equipo económico prevé reunir USD 8.000 millones para cubrir pagos de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y contar con un remanente de USD 2.000 millones para futuros compromisos.
El monto total ascendería a USD 10.000 millones si se consideran los USD 2.000 millones que el Gobierno espera recaudar a través de la venta de activos estatales. Se estima que la mayor parte de los ingresos por privatizaciones se materializará en la segunda mitad de 2026, especialmente con las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases.
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ECONOMIA
Así es el megaproyecto para exportar gas que será la mayor inversión de la historia argentina

El proyecto que busca convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL) a escala global dio un nuevo paso. El Gobierno confirmó la aprobación de su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un requisito que la petrolera YPF había señalado como clave para avanzar con la iniciativa junto a la italiana Eni y la emiratí XRG. El plan contempla inversiones por USD 50.750 millones hasta 2050 y un esquema de infraestructura para llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa atlántica y comercializarlo en mercados internacionales.
La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien definió la iniciativa como “la mayor inversión de la historia argentina”.
El emprendimiento apunta a desarrollar una cadena de producción, transporte, procesamiento y licuefacción de gas para abastecer la demanda externa. La planificación incluye inversiones en los yacimientos neuquinos, obras de transporte de hidrocarburos y dos unidades flotantes que permitirán transformar el gas en GNL para su posterior envío por barco.
El cronograma prevé desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, mientras que las proyecciones de exportación contemplan la comercialización de gas y líquidos asociados por más de USD 9.000 millones anuales.
Cómo se llevará el gas desde Vaca Muerta hasta el mar
La materia prima que alimentará Argentina LNG provendrá de Vaca Muerta, en Neuquén. Para abastecer las instalaciones de licuefacción, el desarrollo contempla una producción de alrededor de 65 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que representa más del 40% de la producción actual de gas del país, de acuerdo con los datos difundidos al anunciar la aprobación del RIGI.
El esquema de infraestructura contempla la construcción de dos ductos de aproximadamente 525 kilómetros de extensión. Uno tendrá 48 pulgadas de diámetro y estará destinado al transporte de gas, mientras que el segundo, de 24 pulgadas, trasladará los líquidos asociados que se obtienen durante la producción.
El trazado conectará la zona de producción con la costa atlántica de Río Negro. En esa provincia, frente al Golfo San Matías, se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG. Allí el gas será procesado para convertirlo en un producto que pueda transportarse en buques especializados hacia los mercados de destino.
El plan también contempla complejos industriales en Neuquén y Río Negro para tratar el gas y los líquidos asociados, antes de completar el proceso de licuefacción y exportación.
La escala de los ductos también se destaca dentro de la infraestructura prevista. El gasoducto de 48 pulgadas, equivalente a 1.219 milímetros de diámetro, será el de mayor tamaño construido en el país.
Para el poliducto de 24 pulgadas, destinado a transportar líquidos asociados al gas, fue seleccionada Tenaris, la compañía del Grupo Techint. La producción se realizará en su planta de Valentín Alsina y demandará alrededor de 100.000 toneladas de acero.
La capacidad de exportación y el esquema de financiamiento
Las dos unidades flotantes permitirán alcanzar una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El diseño contempla la posibilidad de ampliar ese volumen hasta 18 millones de toneladas por año, de acuerdo con la planificación inicial del proyecto.
La estructura societaria distribuye la participación en el desarrollo de los bloques de producción: YPF tendrá el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG contarán con el 32% cada una. Las áreas están administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada para llevar adelante el emprendimiento.
La inversión estimada para el conjunto de las etapas de producción, transporte y licuefacción se ubica en torno a los USD 51.000 millones. El esquema financiero prevé que aproximadamente el 70% del capital se obtenga a través de crédito internacional, mientras que el 30% restante será aportado por los socios.

El financiamiento también avanzó a través de un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita USD 6.000 millones para el proyecto, mediante el Banco de Exportaciones e Importaciones estadounidense (Exim Bank) y la participación de inversores privados.
En la primera etapa, valuada en USD 15.500 millones en el esquema financiero presentado inicialmente, JP Morgan trabaja en el diseño de la estructura de financiamiento y Santander figura entre las entidades participantes. En las rondas preliminares, 47 bancos presentaron propuestas, cuyo monto total alcanzó 2,4 veces el financiamiento requerido, según había informado Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.
Compradores, exportaciones y empleo
Argentina LNG también avanzó en la comercialización de la futura producción. YPF ya confirmó que trabaja en contratos de venta de GNL con compradores internacionales, mientras que Eni y XRG, además de participar en el proyecto, también actuarán como compradores de una parte del volumen producido.
Los acuerdos comerciales contemplan contratos de largo plazo, principalmente orientados a mercados de Europa y Asia. Las estimaciones de la petrolera apuntan a que Argentina LNG permitirá generar exportaciones por alrededor de USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, en el marco de un objetivo más amplio de YPF de alcanzar USD 30.000 millones en exportaciones totales para ese año.
El desarrollo también prevé un impacto sobre el empleo y la actividad de proveedores locales. Durante la construcción, entre 2026 y 2030, se estima que el proyecto generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez que las instalaciones entren en operación, se proyecta sostener alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.
Además, el plan contempla contrataciones por unos USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, una demanda que abarcará distintas etapas de las obras y del desarrollo de la infraestructura necesaria para producir y exportar gas.
El ingreso al RIGI despeja uno de los pasos institucionales que YPF y sus socios consideraban determinantes para avanzar con la iniciativa. Horacio Marín había insistido en que el régimen era una condición central para concretar el emprendimiento. Tras la aprobación, el presidente de YPF confirmó que la compañía espera avanzar con la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 30 de noviembre, junto a Eni y XRG.
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ECONOMIA
Entre el optimismo oficial y las advertencias de Cavallo y Melconian: el debate sobre el rumbo económico

A pesar de una semana compleja para el equipo económico, con el índice de riesgo país por encima de 1.000 puntos básicos (pb) y el aumento de la brecha cambiaria entre la cotización mayorista y los financieros, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su círculo más cercano sostuvieron una mirada optimista sobre la evolución del programa y sobre el escenario electoral del próximo año.
Esa postura chocó con las advertencias de figuras que en el pasado acompañaron las políticas del Gobierno, como el exministro de Economía Domingo Cavallo o el expresidente del Banco Nación Carlos Melconián, quienes elevaron sus reparos sobre la falta de cambios de las políticas monetaria y cambiaria, el freno de la actividad productiva y comercial y el rumbo general de la gestión.
En la última semana, en una entrevista en Radio Mitre, Caputo reconoció que las previsiones iniciales de crecimiento no se cumplieron en los términos que esperaba el Gobierno. Los famosos “mejores 18 meses” que anticipó en abril no llegaron. Atribuyó esa diferencia a la guerra en Oriente Medio, a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y a otros shocks externos que, según su diagnóstico, afectaron la inflación y el nivel de actividad en distintos países.
El ministro de Economía destacó que hay señales de recuperación del PBI desde agosto. Sostuvo que septiembre mostró una mejora más marcada
Sin embargo, el ministro destacó señales de recuperación del PBI desde agosto. Sostuvo que septiembre mostró una mejora más marcada y afirmó que el Poder Ejecutivo espera que esa tendencia continúe hasta fin de año. Caputo revisó las expectativas de crecimiento y defendió el programa de la administración de Javier Milei.
La proyección oficial
“Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, expresó Caputo. El ministro ubicó esa proyección dentro de una defensa del programa, aun cuando admitió que el resultado de crecimiento quedó por debajo de los cálculos iniciales.
Esa mejora, si se confirma, se produciría sin haber recurrido al “plan platita” que algunos recomendaban al Gobierno. En ese sentido, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, defendió la continuidad de la política monetaria y cuestionó los reclamos para flexibilizarla con el objetivo de impulsar la actividad.

“Nosotros creemos que hay que ser conscientes, hay que saber de dónde venimos porque muy rápidamente se puede volver si se deja el carro a mitad de camino”, afirmó Werning durante las Jornadas Monetarias y Bancarias que el BCRA organizó el lunes y martes.
Werning advirtió sobre los riesgos de interrumpir el rumbo antes de completar el proceso de estabilización, y cuestionó los pedidos de relajación monetaria por desconocer, a su juicio, la historia económica argentina.
“Cuando uno escucha a veces a algunos que sugieren que hay que aflojar la política monetaria para impulsar la actividad claramente no conocen la historia de la Argentina”, afirmó.
Si la realidad dice por la izquierda y la teoría dice por la derecha, hay que ir por la izquierda porque es lo que nos baja a tierra (Werning)
Werning también cuestionó la aplicación automática de teorías económicas formuladas para otros países. “Si la realidad dice por la izquierda y la teoría dice por la derecha, hay que ir por la izquierda porque es lo que nos baja a tierra”, sostuvo.
El funcionario remarcó que las condiciones locales requieren una lectura propia. “Las teorías son abstractas, la realidad es propia de Argentina, en otros países puede ser que haya un efecto no neutral positivo, sin embargo, en Argentina no se da”, expresó.
Las advertencias para el próximo año
Frente al clima de optimismo que manifiesta el equipo económico, Domingo Cavallo formuló a comienzos de la semana una advertencia sobre los riesgos que, según su análisis, enfrenta la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El exministro respaldó los objetivos de apertura y transformación económica de Milei, aunque cuestionó la decisión oficial de mantener sin cambios la política económica y el cepo cambiario a empresas.
El economista planteó que la continuidad de la estrategia puede derivar en un resultado electoral adverso y afectar la permanencia de las reformas.
“Si el Gobierno sigue manejando la política exterior y la economía como hasta ahora, sin un milímetro de cambios como acaba de decir el ministro Caputo y como viene surgiendo de los discursos del presidente Milei, aquí y en el exterior, sin reconocer los problemas e ignorando incluso evidencias empíricas muy claras, no puede descartarse un traspié en las elecciones del año próximo”, afirmó.
Cavallo agregó que ese eventual escenario podría implicar “un fuerte y costoso retroceso tanto en materia económica como social”. Su observación puso el foco en la relación entre las decisiones del Gobierno, el contexto internacional y la disputa electoral prevista para 2027.
No puede descartarse un traspié en las elecciones del año próximo (Cavallo)
El exfuncionario sostuvo que la discusión económica suele concentrarse en dos factores. Mencionó, por un lado, el crecimiento de las exportaciones, que aparece como un argumento favorable para las perspectivas oficiales. Por otro, se refirió a los bajos niveles de consumo e inversión, que alimentan las miradas más pesimistas.
Domingo Cavallo propuso considerar un tercer elemento: la evolución de la economía internacional hasta la próxima elección presidencial. Su advertencia vinculó ese contexto externo con el margen de acción del Gobierno y con la posibilidad de sostener las reformas que defiende.
Las críticas de Melconián
Carlos Melconián, por su parte, reconoció que el Gobierno logró frenar la dinámica económica que recibió al asumir, pero advirtió que esa tarea no alcanza para iniciar un proceso sostenido de crecimiento. El expresidente del Banco Nación sostuvo que la administración libertaria enfrenta un límite y cuestionó la falta de definiciones sobre la etapa siguiente.
“Se consolida la idea de una transición que incluyó patear el hormiguero. Y ahora están colgados del travesaño”, afirmó durante una entrevista en el ciclo Infobae a las Nueve.

El economista resaltó que la gestión mostró capacidad para modificar el funcionamiento previo de la economía. “Tuvo la habilidad, porque había que parar lo otro y lo otro se paraba pateando el hormiguero”, dijo.
Melconián sostuvo, sin embargo, que persiste una incertidumbre entre actores del sector privado y los mercados. “Todo el mundo en privado sabe que no sabe cómo sigue la película”, afirmó.
El economista consideró que el Gobierno concentró sus esfuerzos en el orden fiscal, en la contención de las presiones financieras y en el uso del tipo de cambio como ancla contra la inflación. Consideró que esos objetivos tienen relevancia, aunque dijo: “resultan insuficientes para definir el rumbo completo de un gobierno”.
Se consolida la idea de una transición que incluyó patear el hormiguero. Y ahora están colgados del travesaño (Melconián)
Para Carlos Melconián, el debate debe incorporar otros aspectos vinculados con las responsabilidades estatales. Mencionó la geopolítica, la calidad de vida, la educación pública, la salud y la Justicia como áreas que requieren una definición de la administración nacional. A su criterio, esas áreas son “funciones indelegables del Estado, aun desde una óptica liberal”.
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ECONOMIA
El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $15,6 billones y resigna parte del superávit previsto para fin de año

El Gobierno nacional dispuso una amplia modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, una medida refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros que autoriza incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.
El análisis de la Planilla Anexa I, integrada por 564 folios, realizado por Infobae a partir del procesamiento de cada una de las jurisdicciones y organismos alcanzados por la norma, muestra que la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario previamente vigente, estimado en $152,47 billones.
La decisión se produce en un contexto de fuerte desviación respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Mientras la pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%, situación que obligó a reforzar partidas que habían quedado insuficientes para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.
Qué argumenta el Gobierno
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración pública nacional.

La norma señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes y requirieron refuerzos para atender gastos cuyo nivel de ejecución superó las previsiones originales. Asimismo, fundamenta la reasignación de partidas en la necesidad de atender obligaciones vinculadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.
La medida lleva las firmas del Presidente y del conjunto de los ministros que integran el Gabinete nacional, conforme al mecanismo previsto para las modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio.
Los recursos aumentan menos que los gastos
Según el relevamiento efectuado por Infobae sobre las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra sensiblemente inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto.
La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto para el cierre del ejercicio.
Según los cálculos realizados sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación dispuesta por el decreto, ese excedente se reduciría a alrededor de $18,9 billones.

La corrección resulta relevante porque al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones, lo que indica que una parte significativa de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.
PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario
La principal ampliación identificada en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.
La partida recibe un incremento cercano a $10 billones, convirtiéndose en el principal destino de los créditos adicionales autorizados por el Gobierno.
El refuerzo explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión presupuestaria aprobada y refleja la presión que la aceleración inflacionaria ejerció sobre las prestaciones destinadas al sistema de atención de jubilados y pensionados.
Casi $4 billones más para intereses de deuda
El segundo aumento de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública, particularmente a la partida destinada al pago de intereses y comisiones, que recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales.
La magnitud de la ampliación confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está vinculada al costo financiero del Estado y a obligaciones cuyo comportamiento quedó por encima de las previsiones originales.
Refuerzos para salud y seguridad
Entre las partidas con mayores incrementos también se encuentran programas específicos de salud y seguridad.
El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo cercano a $0,8 billones para financiar su funcionamiento.

Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en materia de seguridad federal.
El principal recorte
La contracara de las ampliaciones aparece en la finalidad Servicios Económicos, donde el decreto reduce créditos por aproximadamente $2,3 billones.
La disminución constituye uno de los ajustes más importantes observados en la planilla y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, como prestaciones sociales, salud, seguridad y atención de obligacionesfinancieras.
Una actualización de la nominalidad de la economía
Más allá de la magnitud de las cifras, el análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el objetivo principal del Decreto 1391/2026 es adecuar el presupuesto a una economía que terminó registrando una inflación significativamente superior a la prevista cuando se aprobó la ley de gastos y recursos.
La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales
La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales, sino que en gran medida refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó muy por encima de las estimaciones oficiales, y además porque es una autorización de más gastos, y por tanto se puede subejecutar.
Sin embargo, el dato fiscal más relevante es que los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzaron para compensar completamente esa expansión. Como consecuencia, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales y cerrar el ejercicio con un resultado positivo estimado ahora en torno a $18,9 billones, inferior al previsto originalmente, pero todavía ampliamente superavitario.
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