Barcelona, 27 abr (.).- ha extendido su sistema de agentes de inteligencia artificial a todos los chats con clientes a través de la web y la aplicación móvil del banco, así como a la contratación de toda su gama de productos disponible a través de los canales digitales.

El agente de IA se convierte así en el «primer punto de contacto» para los clientes que solicitan información sobre un producto y valoran su contratación, ha señalado en un comunicado el banco, que subraya que es la primera entidad financiera en España en implantar ese tipo de soluciones en todas las conversaciones digitales con clientes.

CaixaBank estrenó el pasado febrero su primer agente de IA con un sistema para dar apoyo en el proceso de contratación de préstamos preconcedidos.

La siguiente fase del despliegue, que abarcará a todos los clientes y toda la gama de productos, se hará de forma escalonada, ha detallado el banco.

En un primer momento, el agente IA se integrará en los procesos de contratación digital de productos de préstamo al consumo y seguros, para extenderse posteriormente al resto de productos y servicios.

En un plazo aproximado de cuatro semanas, la solución estará disponible en todos los chats de la web y la ’app’, incluidos aquellos que se activan durante procesos de contratación online y cuando el cliente solicita que el banco se ponga en contacto con él.

Cuando finalice la implementación, el agente IA acompañará a los clientes en la contratación de cerca de 40 productos, desde préstamos hasta soluciones de ahorro, y gestionará una media de 6.000 conversaciones mensuales, estima la entidad.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó los efectos de una eventual eliminación de los derechos de exportación sobre el sector agroindustrial argentino mediante un ejercicio de simulación con el modelo Agmemod. El trabajo compara un escenario base, en el que se mantienen las condiciones actuales, con otro en el que las retenciones se reducen de manera gradual en dos años hasta desaparecer en 2028. El horizonte de análisis se extiende hasta la campaña 2035/36 y contempla variables productivas, comerciales y fiscales.

El estudio proyecta que, bajo el escenario base, el área sembrada crece de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasa de 134,6 a 165,9 millones de toneladas.

En contraste, la eliminación de retenciones genera una expansión mayor. El área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implica 2,2 millones de hectáreas adicionales respecto del escenario base, equivalente a un aumento del 5,4%.

En términos productivos, el salto también es significativo. La producción total se ubicaría en 182,6 millones de toneladas hacia el final del período, es decir, 16,7 millones de toneladas más que en el escenario con retenciones, lo que representa un incremento del 10,1 por ciento.

El informe señala que “el mayor crecimiento absoluto corresponde al cultivo de soja, seguido por el maíz”, lo que refleja el impacto diferencial de la medida sobre cultivos con mayor carga impositiva inicial.

Por otro lado, el documento señala que “la eliminación de retenciones impacta directamente sobre el precio percibido por el productor (precio FAS), mejorando los márgenes netos de producción”, lo que incentiva tanto la expansión del área como la inversión en tecnología e insumos.

El escenario sin retenciones también muestra un aumento en el comercio exterior. En volumen, las exportaciones del complejo agroindustrial alcanzarían las 126,9 millones de toneladas en 2036, frente a 112,7 millones en el escenario base, lo que implica un incremento de 14,1 millones de toneladas, equivalente al 12,5%.

En valor, la diferencia también es más que relevante. Las exportaciones pasarían de USD 44.100 millones en el escenario con retenciones a USD 50.500 millones en el escenario sin ese tributo, lo que representa USD 6.400 millones adicionales por año hacia el final del período.

El informe destaca que la ganancia en divisas es liderada por el complejo soja, que aportaría más de USD 5.200 millones adicionales.

En cuanto a la composición de los envíos, el escenario de eliminación de retenciones plantea un aumento generalizado en los distintos productos. El mayor salto relativo se daría en el poroto de soja, seguido por aceite y harina de soja, mientras que trigo y maíz también registrarían incrementos en los volúmenes exportados.

El documento indica que “la diversificación de la oferta exportable se mantendría”, ya que otros cultivos como girasol y cebada también muestran avances, en un contexto de expansión general del complejo agroindustrial.

Uno de los ejes del análisis es el impacto sobre la recaudación. El informe plantea que la eliminación de retenciones implica, en una primera instancia, una pérdida directa de ingresos para el Estado nacional, pero identifica mecanismos de compensación tanto directos como indirectos.

Entre los canales directos se destacan el incremento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos, mientras que entre los indirectos se incluye el efecto multiplicador de la mayor actividad económica.

En términos temporales, el resultado no es inmediato. El informe precisa que el Estado nacional obtendría un resultado neto positivo a partir del cuarto año desde la eliminación de los Derechos de Exportación, es decir, desde el ciclo 2029/30.

Para 2036, la recaudación nacional sería superior en USD 297 millones en el escenario sin retenciones respecto del escenario base.

En el caso de las provincias, el impacto sería diferente. El informe señala que “la eliminación de los DEX no supone ninguna pérdida para éstas ya que es un impuesto no coparticipable”, mientras que la mayor actividad económica amplía la base imponible de tributos como Ingresos Brutos y Sellos.

De este modo, hacia 2036 las provincias recaudarían USD 989 millones adicionales respecto del escenario base.

Al considerar el consolidado entre Nación y provincias, el punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028. El informe indica que “el único año con pérdida neta de recaudación consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de USD 153 millones”, mientras que a partir del año siguiente la recaudación total superaría al escenario con retenciones.

Para el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en USD 1.286 millones anuales.

El trabajo incorpora además el efecto multiplicador del sector agropecuario sobre el resto de la economía. Según el informe, el incremento en la producción y la inversión generaría impacto favorable en otras actividades, lo que ampliaría la base imponible de distintos tributos.

El documento sostiene que el incremento en la inversión de los productores y en su ingreso disponible se propagaría al conjunto de la economía con un multiplicador, generando recaudación adicional en todos los niveles del Estado.

En ese marco, se concluye que la eliminación de retenciones “constituye una reforma con beneficios verificables y robustos en producción, divisas y recaudación fiscal de mediano plazo”, con un costo de transición que el informe describe como acotado en relación con los resultados posteriores.

El análisis se basa en un modelo de equilibrio parcial que proyecta variables como área sembrada, producción, consumo y exportaciones a partir de supuestos sobre precios, costos e impuestos.

En ese marco, el informe concluye que los efectos de la eliminación de retenciones se reflejan en un aumento de la producción, un mayor ingreso de divisas y una mejora en la recaudación fiscal en el mediano plazo, luego de una etapa inicial de transición.

La paritaria pactada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) continúa sin homologarse por el ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo, lo que generó la reacción del gremio que lidera Armando Cavalieri.

Más allá de las protestas formales, el sindicato de mercantiles aprovechará la marcha a la Plaza de Mayo, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), para expresar su malestar por la postura del gobierno en torno a su negociación salarial.

Cuáles son los puntos del acuerdo que cuestiona el gobierno

La Casa Rosada no cuestionó el acuerdo del 5,4% para los meses de abril, mayo y junio, más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías, sino la cuota solidaria del 2,5% en lugar del 2% del tope que puso la reforma laboral, como así también el aumento del aporte patronal a OSECAC de $8.500 a $28.000.

Sobre la cuota solidaria, desde el gobierno sostienen que, si bien no es un costo para el empleador, es un incumplimiento de los límites fijados por la nueva ley laboral y es un precedente para otros gremios. Para FAECYS, en cambio, la cuota es necesaria para sostener la estructura sindical, por eso judicializó la medida y existe una cautelar que mantiene por el momento estos aportes solidarios, 2% al gremio y 0,5% a la Federación (que es la que nuclea a todas las seccionales del país).

En cuanto a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) es el más conflictivo, ya que pasar de $8.500 a $28.000 significa una suba del 230% como aporte patronal. Fuentes oficiales consideraron «excesiva» la suba y que no está vinculada a la recomposición salarial, a la vez que aumenta el costo laboral en un contexto de ajuste. Asimismo, estimaron que son unos $33.000 millones mensuales para la obra social mercantil.

Molestia de Cavalieri y convocatoria a la Plaza de Mayo

Para Cavalieri, «sin homologación, se demora el salario», subrayando que «hay empresas que pueden desconocer el acuerdo y no pagar la actualización salarial que fue aceptada por las cámaras empresariales». Si continúa demorada la homologación, el gremio amenazó con reclamar la reapertura de la paritaria.

Por ahora, la mayoría de las empresas están cumpliendo con el aumento como está establecido, evitando reclamos posteriores o medidas de fuerza de la organización gremial. Desde el entorno de Cavalieri dejan entrever cierta animosidad contra FAECYS, ya que «se han homologado paritarias como la de Camineros o la de Construcción (UOCRA) sin que haya cuestionamientos de ningún tipo».

Frente a este escenario, la Federación de Empleados de Comercio resolvió que «el 30 de abril a las 15 horas, junto con la CGT, nos movilizamos en favor del reclamo contra la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento de los asalariados», situación que implica «pérdida de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras».

Detalló que «también se realizará una celebración religiosa recordando al Papa Francisco», e informó que la columna de Comercio, que contará con la participación de delegaciones y trabajadores mercantiles de todo el país, se movilizará de manera organizada hacia Plaza de Mayo.

Por último, remarcó: «Nuestro compromiso es en defensa del trabajo digno, el empleo registrado y los derechos laborales, y convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar con unidad, conciencia y responsabilidad, confiando en que la jornada se desarrollará en un clima de tranquilidad y respeto democrático, siempre en defensa de los derechos laborales».