POLITICA
El Gobierno advierte que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y busca un nuevo acuerdo con aliados
El Gobierno advierte que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y que el margen para abrir una nueva negociación es más estrecho que hace dos meses. En el Ejecutivo sostienen que el tema es prioritario por su impacto sobre las cuentas públicas, pero reconocen que están lejos de cerrar un entendimiento político que abarque al mismo tiempo a sus aliados legislativos y a las universidades.
La ley 27.795 quedó promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia de ambas cámaras y Nación mantuvo desde entonces la postura de que su ejecución quedó suspendida hasta que se definan fuentes específicas de financiamiento. En el oficialismo aseguran además que no reflotarán el proyecto que enviaron a Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Ese texto había sido incorporado formalmente al temario por el decreto 103/2026, pero nunca llegó a tratarse en el recinto. En la Casa Rosada sostienen ahora que esa iniciativa quedó vieja en términos políticos y que el escenario cambió tras el fallo judicial, por lo que cualquier intento de reabrir la discusión partiría desde otras condiciones y con menor margen para negociar una salida con los bloques dialoguistas y con el sistema universitario.
La trastienda vuelve a exponer, además, cruces por la estrategia parlamentaria. En distintos despachos oficiales aseguran que existió durante el verano un principio de entendimiento con varios sectores para intentar aprobar una reforma antes del inicio de clases, pero esa hoja de ruta se frenó en medio de la disputa entre los equipos del asesor Santiago Caputo y el esquema legislativo vinculado a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
El punto de inflexión fue el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la cautelar favorable a las universidades y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y con las becas estudiantiles. Después de esa decisión, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema.
En el Gobierno reconocen que ese revés judicial alteró los incentivos para sentarse a negociar, porque entienden que las universidades quedaron fortalecidas en su reclamo y con menos razones para aceptar una reforma de menor impacto fiscal. En Nación insisten, de todos modos, con que la decisión política es actualizar las partidas en línea con la secuencialidad de las obligaciones judiciales y realizar erogaciones mensuales para cumplir con el mínimo mensual que, según su interpretación, exige la ley.
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La preocupación oficial no se limita al frente administrativo. En la Casa Rosada también siguen de cerca la reactivación del conflicto universitario en la calle. El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente gremial ya convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo con eje en el cumplimiento de la ley y en la situación salarial. En Balcarce 50 admiten que una nueva movilización masiva puede volver a colocar el tema en el centro de la agenda pública.
Del lado universitario, fuentes cercanas a la conducción aseguran que la Cámara ya le dio intervención al Consejo Interuniversitario Nacional sobre la apelación y que tiene diez días hábiles para responder. Recién después de esa etapa el tribunal definirá si concede o no el recurso para que intervenga la Corte. En ese esquema, cerca de los rectores remarcan que el oficialismo todavía no está obligado a cumplir la sentencia porque el juzgado suspendió “por el momento” la ejecución de la cautelar mientras se resuelve el planteo extraordinario.
Gobierno, universidades
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La oposición, sindicatos y piqueteros se movilizan al Congreso en rechazo a la ley de tierras
Con el Congreso vallado, el tránsito vehicular cortado en sus inmediaciones y una persistente lluvia, la marcha que sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales convocaron contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada solo tiene el colorido y la percusión que aportan algunas pocas personas vinculadas a gremios y partidos de izquierda y kirchneristas.
Cuando faltaban minutos para las 12, Agoec, el sindicato de la Ceamse, es el que hace punta con bombos y pirotecnia frente a las vallas del Congreso que dan a la plaza ubicada enfrente. Es el gremio de la empresa pública que preside el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Minutos después, el grueso de los militantes del sindicato de la Ceamse se retiró de la manifestación, a bordo de cinco micros.
Se observan banderas colgadas del enrejado del Monumento a Los Dos Congresos, como las de las agrupaciones de izquierda Partido Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores, el partido kirchnerista Kolina o los sindicatos de la alimentación y televisión.
Los vallados alrededor del Congreso impiden incluso la circulación de peatones. Están vedadas sus inmediaciones en calles como Rivadavia, Combate de los Pozos y Entre Ríos. Alrededor de la plaza, que por ahora tiene parte del tránsito habilitado, hay semáforos que no funcionan. Por la tormenta, el agua comienza a acumularse en inmediaciones de la plaza.
Ayer, en una conferencia de prensa en la CGT, la conducción de la central obrera, junto a las dos vertientes de la CTA y la UTEP, confirmaron la marcha de hoy y la de mañana, por el Día de San Cayetano.
La razón principal de la marcha prevista para hoy era el capítulo de la ley oficialista que relajaba los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, elevándolo del 15% al 25%, tramo de la norma que La Libertad Avanza debió eliminar del temario de la sesión en el Senado prevista para las 14.
El peronismo aportará varias columnas a la marcha prevista para hoy, en paralelo al tratamiento en el Senado de la ley de tierras. La organización La Cámpora, que conduce el diputado Máximo Kirchner, se sumará a la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también”.
Ayer, Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, expresó una “enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir mañana [por hoy]” en el Senado. Sostuvo que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno “subordina el territorio al mercado financiero”. Y concluyó: “No es discutir propiedad privada sí o no; es el tipo de propiedad, para quién y con qué límite democrático”.
Por su parte, Godoy afirmó que la iniciativa de La Libertad Avanza “es un proyecto de ley de extranjería y coloniaje”. Apuntó que la norma “deroga ocho leyes, una de ellas la que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria”, y dijo que los senadores deben “evitar que se trate [el proyecto] o rechazarlo”.
la ley de inviolabilidad de la propiedad privada,pic.twitter.com/KefdITu8vk,August 3, 2026,confirmaron la marcha de hoy y la de mañana,Javier Fuego Simondet,Conforme a
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El rechazo de gobernadores aliados a la Ley de Tierras enciende una alerta en la Casa Rosada para futuras negociaciones
Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros. La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.
Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.
“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.
La efectividad que el oficialismo tenía en las sesiones extraordinarias de este verano contrasta con la dificultad que tiene para impulsar otras iniciativas en la actualidad. La frutilla del postre en ese entonces había sido la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la cual contenía artículos que implicaban cambios sensibles en ese ámbito.
Resultó llamativo que, unas semanas después, uno de los operadores más importantes del oficialismo dijera ante Infobae: “Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”. Es decir, había un presentimiento de que el advenimiento del escenario electoral iba a condicionar a los mismos gobernadores para decidir si apoyar o no a la Casa Rosada en reformas de alta complejidad.
Esto podría no traducirse en reformas que importan y mucho al presidente Javier Milei, como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Sí creen que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.
La pregunta que se hacen al interior del oficialismo desemboca en qué podría acontecer con la Reforma Política y, en particular, con la capacidad de suspender las PASO. “Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones”, afirman.
Los posicionamientos de las provincias
Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos han sido aliados circunstanciales del oficialismo en algún momento de la presidencia Milei.
Cada uno de ellos trasladó su posición a los senadores de sus provincias, instruyéndolos a rechazar cualquier modificación legal que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En el caso de Misiones, Passalacqua publicó en sus redes sociales que “lo que amamos no se vende”, destacando la defensa del territorio y de los recursos estratégicos provinciales. Esta postura se tradujo en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en comunicar su rechazo explícito, instruyendo a las senadoras provinciales a votar en contra de la iniciativa. De igual modo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, manifestó su oposición e instruyó a los representantes de su espacio político en el Senado a no acompañar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, también ejerció presión sobre el bloque oficialista, lo que se reflejó en la postura de la senadora Flavia Royón, una de las primeras en expresar públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Esta serie de pronunciamientos contribuyó a que el oficialismo perdiera respaldo y se viera obligado a retirar el capítulo más polémico de la ley.
Además de los gobernadores mencionados, otros actores relevantes del Senado se sumaron al rechazo del capítulo de Tierras. Entre ellos, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo bajo el argumento de que los recursos estratégicos nacionales no deben cederse sin restricciones. También anunciaron su rechazo los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Estas posiciones, sumadas a la presión de los gobernadores provinciales, aislaron políticamente al oficialismo y forzaron la exclusión del capítulo sobre tierras del proyecto final que llegó al recinto.
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En el Gobierno le restan importancia a la candidatura de Lacunza a presidente por el Pro
Mientras el clima electoral para 2027 empieza a tomar temperatura, en la Casa Rosada le restan importancia a los dichos del exministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza, quien manifestó sus intenciones de ser candidato a presidente el año próximo con el sello de Pro y sin una alianza con los libertarios.
En el oficialismo saben que una multiplicidad de ofertas de centroderecha iría en contra de la reelección del presidente Javier Milei, pero las distintas tribus del oficialismo le ven poca proyección al exministro de Mauricio Macri como alguien que complique los planes oficialistas.
Fuentes del Gobierno con peso en la estrategia política de cara a las presidenciales del año próximo entienden que Pro de esta forma intenta condicionar a La Libertad Avanza (LLA) para acordar en la ciudad de Buenos Aires.
Según quienes abonan esta visión, la estrategia del partido amarillo buscaría bajar la candidatura presidencial a cambio de que LLA no insista con la jefatura de Gobierno porteño.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirma una voz con peso en la vida política libertaria.
No son pocos en Balcarce 50 quienes creen que Macri y sus laderos buscan levantar el perfil porque saben que, en caso de llevar un candidato propio, cualquier porcentaje de votos que pueda cosechar iría en desmedro de Milei, debido a que comparten la mayor parte del electorado. Estas vertientes del oficialismo entienden que, a fin de cuentas, Macri busca una manera de mantener la hegemonía porteña capitalina de Pro.
Otros sectores del Gobierno no son propensos a esta teoría pero le restan chances a Lacunza de igual forma.
“Dijo que se postulaba por un quilombo interno de ellos, no veo una estrategia de presión contra la Casa Rosada por el caso Lacunza”, añadió otra fuente oficialista, que le achacó los dichos del exministro en A24 al problema puertas adentro que se está librando entre los primos Mauricio y Jorge Macri.
En distintos ámbitos de la Casa Rosada son optimistas de que Pro y LLA puedan arribar a un acuerdo para competir en las elecciones de 2027. Pero todavía no hay nada en ese sentido. La voz de la secretaria general, Karina Milei, tendrá peso sobre esa decisión y nunca fue la terminal libertaria más cercana al macrismo, pese a que ahora está en fase acuerdista porque su principal prioridad es la reelección de su hermano.
Esta semana, Milei dijo que no tendría problemas en “volver a comer milanesas con Macri”, aunque reparó: “De hecho, yo aprendí un montón de temas de él. Lo que pasa es que uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Eso también es parte de la cuestión. Pero hay muchas cosas del presidente Macri que a mí me han sido de mucha utilidad”.
Más allá de las tensiones, Pro es el principal aliado legislativo del gobierno de Milei y el que le permitió avanzar con sus iniciativas más reformistas, incluso las polémicas.
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