POLITICA
El Gobierno advierte que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y busca un nuevo acuerdo con aliados
El Gobierno advierte que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y que el margen para abrir una nueva negociación es más estrecho que hace dos meses. En el Ejecutivo sostienen que el tema es prioritario por su impacto sobre las cuentas públicas, pero reconocen que están lejos de cerrar un entendimiento político que abarque al mismo tiempo a sus aliados legislativos y a las universidades.
La ley 27.795 quedó promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia de ambas cámaras y Nación mantuvo desde entonces la postura de que su ejecución quedó suspendida hasta que se definan fuentes específicas de financiamiento. En el oficialismo aseguran además que no reflotarán el proyecto que enviaron a Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Ese texto había sido incorporado formalmente al temario por el decreto 103/2026, pero nunca llegó a tratarse en el recinto. En la Casa Rosada sostienen ahora que esa iniciativa quedó vieja en términos políticos y que el escenario cambió tras el fallo judicial, por lo que cualquier intento de reabrir la discusión partiría desde otras condiciones y con menor margen para negociar una salida con los bloques dialoguistas y con el sistema universitario.
La trastienda vuelve a exponer, además, cruces por la estrategia parlamentaria. En distintos despachos oficiales aseguran que existió durante el verano un principio de entendimiento con varios sectores para intentar aprobar una reforma antes del inicio de clases, pero esa hoja de ruta se frenó en medio de la disputa entre los equipos del asesor Santiago Caputo y el esquema legislativo vinculado a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
El punto de inflexión fue el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la cautelar favorable a las universidades y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y con las becas estudiantiles. Después de esa decisión, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema.
En el Gobierno reconocen que ese revés judicial alteró los incentivos para sentarse a negociar, porque entienden que las universidades quedaron fortalecidas en su reclamo y con menos razones para aceptar una reforma de menor impacto fiscal. En Nación insisten, de todos modos, con que la decisión política es actualizar las partidas en línea con la secuencialidad de las obligaciones judiciales y realizar erogaciones mensuales para cumplir con el mínimo mensual que, según su interpretación, exige la ley.
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La preocupación oficial no se limita al frente administrativo. En la Casa Rosada también siguen de cerca la reactivación del conflicto universitario en la calle. El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente gremial ya convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo con eje en el cumplimiento de la ley y en la situación salarial. En Balcarce 50 admiten que una nueva movilización masiva puede volver a colocar el tema en el centro de la agenda pública.
Del lado universitario, fuentes cercanas a la conducción aseguran que la Cámara ya le dio intervención al Consejo Interuniversitario Nacional sobre la apelación y que tiene diez días hábiles para responder. Recién después de esa etapa el tribunal definirá si concede o no el recurso para que intervenga la Corte. En ese esquema, cerca de los rectores remarcan que el oficialismo todavía no está obligado a cumplir la sentencia porque el juzgado suspendió “por el momento” la ejecución de la cautelar mientras se resuelve el planteo extraordinario.
Gobierno, universidades
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones: las primarias serán en abril de 2027 y los comicios generales, en junio. La decisión separará los comicios locales de las elecciones en las que se elegirá al próximo Presidente de la Nación y otros cargos nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.
La provincia litoraleña se sumará al pelotón de distritos que resolvieron un esquema electoral que, en principio, tiende a favorecer a los gobernadores de la fuerza política que busca ser reelecta. Es que, cuando se celebra la votación nacional junto a comicios provinciales, existe una incidencia o efecto “arrastre” del voto de los candidatos a presidente hacia el resto de la lista.
Otros distritos que desdoblaron son Tucumán, que votará el 9 de mayo, mientras que Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes. Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo; Chubut analiza hacerlo entre julio y agosto, al igual que Neuquén. Chaco tendrá su proceso electoral en la segunda quincena de septiembre, Tierra del Fuego debe votar 90 días antes del final del mandato vigente, y Mendoza y Corrientes también anunciaron que desdoblarán sus elecciones, aunque todavía no definieron las fechas.
En el caso de Santa Fe, aún no se oficializó el decreto y tampoco hay fechas fijas, pero Pullaro aclaró que esos serán los meses del cronograma electoral.
“El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos”, sostuvo.
“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe. Tenemos un límite constitucional. Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó ayer el mandatario en una rueda de prensa.
Los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En Rosario también se votará a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
La decisión provocó críticas de sectores políticos de la oposición. Diego Giuliano, del Frente Renovador, sostuvo que las fechas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie” y acusó al oficialismo provincial de “cambiar las reglas de juego con frecuencia”.
Giuliano también reclamó “un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.
Por su parte, el senador nacional (PJ), Marcelo Lewandowski consideró que el calendario que se filtró “son más o menos las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril”. Y a renglón seguido, compartió un recuerdo familiar pero con un fuerte impacto en la lectura política. “Mi vieja siempre dice ’13 de junio, San Antonio milagroso’; así que a lo mejor se da el milagro y el peronismo vuelve al gobierno”, consideró en diálogo con el diario El Litoral.
En este contexto político, Pullaro se muestra como un aliado del gobierno de Javier Milei y se espera que su fuerza política se mantenga distante al peronismo/kirchnerismo para el próximo turno electoral. “Yo estoy convencido de que lo peor que le puede pasar a la República Argentina es que nosotros volvamos atrás, que volvamos a un populismo que derrocha los recursos del Estado nacional con una matriz de corrupción muy fuerte que hizo que la Argentina perdiera muchas oportunidades”, sostuvo en la conferencia de prensa.
Cronograma electoral de Santa Fe
Según informó el senador Felipe Michlig días atrás, y que replicó El Litoral, estas son las fechas probables de celebración de los comicios locales de la provincia litoraleña.
-7 de febrero de 2027: cierre para inscribir las alianzas electorales.
-12 de febrero de 2027: fecha límite para presentar las listas de candidatos.
-18 de abril de 2027: se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe.
-13 de junio de 2027: se realizarán las elecciones generales para la elección de gobernador y de los demás cargos provinciales.
Maximiliano Pullaro,cárcel de máxima seguridad,servicio penitenciario
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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