Gastos inmobiliarios: US$$65.000. Gastos en viajes: US$27.658 en efectivo. Nuevas deudas contraídas: US$335.000. Desde que llegó a la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró estos números por las compras de dos propiedades, dos hipotecas y tres incursiones al exterior. Durante la mayor parte de ese período, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos. Cómo solventó estos pagos y el origen de esos fondos configuran los dos grandes interrogantes que la Justicia busca responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Los dólares que Adorni declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$42.500 en efectivo y otros US$6.220,23 en una cuenta en el exterior. En total, unos US$48.720,23. El año pasado lo comenzó con el viaje a Aruba. Una agencia turística indicó a la fiscalía de Gerardo Pollicita que el aéreo y la estadía demandaron US$14.674. A ese desembolso se sumaron, meses más tarde, US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca tomada en noviembre de 2024. Sólo esos tres ítems superan en US$25.953,77 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.

Adorni también había declarado dos inmuebles que, hasta marzo de este año, no vendió, según informes de los Registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. Uno en La Plata y otro sobre la calle porteña Asamblea. El patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, es otro foco clave de la investigación. Hasta hace un mes, la Oficina Anticorrupción no contaba con esa información, dado que el jefe de Gabinete había omitido incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado. El exvocero la presentó cuando la investigación judicial ya estaba en curso.

Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires muestra que, al mes de marzo, Angeletti figura como titular de la casa en el country Indio Cua y de otra propiedad en el partido de Morón. En la Ciudad de Buenos Aires, terminó de pagar una hipoteca en 2024 por un departamento adquirido en 2008 con un crédito del Instituto de Vivienda porteño, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la capital.

El lado de los ingresos aporta más datos. En marzo de 2025, Adorni declaró ante el Tribunal Electoral porteño que su ingreso neto anual era de 40.300.000 pesos (unos 3,3 millones por mes). Recién en enero de este año duplicó su salario. Mientras tanto, Angeletti, pagó aportes a la obra social del monotributo hasta septiembre de 2025, según bases de datos con información bancaria. En ese período, la categoría más alta del régimen estipulaba ingresos brutos de hasta aproximadamente $7,9 millones mensuales. En octubre se dio de alta como trabajadora autónoma, que no reviste tope de ingresos, tal como refleja documentación de la ARCA. Para entonces, sin embargo, el patrimonio y los gastos familiares ya habían crecido de manera sustancial.

contactó al jefe de Gabinete en repetidas oportunidades, le transmitió preguntas concretas a él y a su primer abogado, pero no obtuvo respuesta ni comentarios.

El crecimiento patrimonial de Adorni durante la función pública comenzó tres meses después de asumir. En marzo de 2024 incorporó al 50% una camioneta modelo 2021; la otra mitad figura a nombre de Angeletti, según el Registro de la Propiedad Automotor. En el origen de fondos, el jefe de Gabinete indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. La documentación bajo análisis no registra activos declarados previamente que puedan corresponderse con esa operación.

Ocho meses después de comprar el vehículo, el matrimonio tomó un crédito hipotecario no bancario de US$100.000 y el mismo día Angeletti escrituró la casa en el country Indio Cua. Un mes más tarde, realizaron el viaje a Aruba. En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito con una segunda hipoteca y un pago de US$30.000. En febrero de este año fue el turno de la incursión en jet privado a Punta del Este y en marzo el viaje con la comitiva oficial a Nueva York.

Un dato llama la atención en la matriz de financiamiento: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Se trata de perfiles inusuales para operar como prestamistas en dólares por montos de 100.000 y 200.000, respectivamente.

Esta secuencia puede traducirse en tres categorías. Los desembolsos vinculados a inmuebles son una de ellas. Allí aparecen los US$30.000 del departamento de Caballito, otros US$30.000 de la devolución parcial de la hipoteca de noviembre de 2024 y US$5.000 de ingreso al country Indio Cua, según reconstruyeron en el expediente.

Esa cifra podría ser mayor. En la fiscalía indicaron que la compra de la casa del country, además de los US$100.000 de la hipoteca, demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones. Hasta el momento no pudo constatar documentos que señalen eso.

La categoría viajes suma los US$14.674 informados por una agencia turística a la Justicia correspondientes al capítulo de Aruba. A ello se le agrega el costo del viaje de vuelta de Nueva York, equivalente a US$5.154. Y los traslados a Punta del Este, cuya ida tuvo un costo de US$4.830, mientras que la vuelta, unos US$3.000, según facturas presentadas en sede judicial.

A diferencia de los pagos descriptos, Adorni sumó compromisos que todavía no canceló. Luego del pago parcial de la hipoteca de noviembre de 2024, le restan US$70.000 más intereses del 11% para cancelarla. La segunda hipoteca, la del departamento de Caballito, agrega US$200.000. Y uno de los hijos de una de las acreedoras, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago de US$65.000 que no figura en la documentación analizada por .

Los gastos corrientes configuran otro capítulo. Sólo las expensas del departamento en la calle Asamblea representan $500.000, según un aviso de venta publicado hace casi 60 días. Esto se agrega a la mantención de otras cinco propiedades: dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Morón, otra en La Plata y otra en Indio Cua. Allí hay que considerar los impuestos inmobiliarios, más los gastos de patente y seguro de la camioneta que incorporaron al acervo familiar en marzo de 2024.

La cuenta no termina ahí. También pesan los gastos fijos de una familia con dos hijos menores: colegio, manutención, telefonía, Internet, servicios públicos, transporte, y otros. En parte, la central de deudores del Banco Central (BCRA) refleja este crecimiento en números. Según esos registros, los niveles de deudas mensuales ante el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su cónyuge. A propósito de esos datos, la Justicia aguarda información bancaria sobre gastos con tarjetas de crédito, con montos, fechas y destinatarios.

Línea de tiempo

Adorni y Angeletti compraron la camioneta modelo 2021 en marzo de 2024. Ocho meses después, realizaron una de las operaciones inmobiliarias centrales de la investigación. Por entonces, él ganaba unos 3,3 millones de pesos por mes (unos 2.400 dólares al tipo de cambio vendedor promedio de 2025). Sus ingresos pudieron no agotarse en esa cifra, dada la actividad empresarial de Angeletti, cuya facturación no trascendió y también comenzó a ser investigada.

Aún así, en noviembre de 2024, tomaron una hipoteca no bancaria por US$100.000 con dos acreedoras: una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. La fecha coincide con el registro de la compra de la casa en el country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua. Mientras se desconoce el importe final pagado por esa propiedad, el crédito añade cuotas con un interés del 11%, según indicó la escribana Adriana Nechevenko. Eso se suma a las expensas del nuevo inmueble, que rondan los 700.000 pesos, según publicó Clarín.

En el expediente señalaron que las dos acreedoras declararon que Adorni y Angeletti les deben US$70.000, más intereses, de donde se infiere que les pagaron US$30.000 desde noviembre de 2024. Como ya publicó , Adorni había omitido incluir la casa del country en el apéndice reservado de su declaración jurada de 2024 y solo la añadió este mes. Cuando este medio dio cuenta de la compra, el jefe de Gabinete y su entonces abogado no habían respondido las consultas efectuadas.

Pese a esas deudas, el matrimonio y sus hijos viajaron a Aruba a fines de 2024, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025. Pagaron US$5.800 por los pasajes y US$8.874 por la estadía. En octubre de 2025, una constancia de la ARCA a nombre de Angeletti indica que se dio de alta como trabajadora autónoma, prestando servicios de “coaching ontológico” a empresas, entre ellas una naviera que brinda servicios para la petrolera YPF. La facturación de esa actividad no trascendió y forma parte de lo que la Justicia busca determinar.

Al mes siguiente, Adorni y Angeletti escrituraron el departamento de Caballito, por US$230.000. De ellos, US$30.000 fueron cancelados y US$200.000 forman parte de una segunda hipoteca que vence en noviembre de 2026 por un inmueble que en el mercado ronda entre US$400.000 y US$450.000. Las acreedoras son la jubilada Beatriz Viegas y la afiliada al PAMI Claudia Sbabo. La escribana Adriana Nechevenko indicó que el plazo de pago puede prorrogarse si las partes acuerdan. El hijo de Viegas, Pablo Feijoo, aseguró que tiene un acuerdo de palabra con Adorni, por un pago extra de US$65.000.

Recién a principios de 2026, el jefe de Gabinete aportó más ingresos al núcleo familiar. En el Boletín Oficial se publicó un decreto con la firma de Milei que dispuso que Adorni y los ministros que hasta diciembre cobraban 3,5 millones de pesos brutos pasaran a percibir 7,1 millones en enero y 7,2 millones en febrero. Ese último salario equivale a unos US$5.080 según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 2 de marzo.

Ese mismo mes de febrero, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, con un costo de US$4.830. La de vuelta habría sido de US$3.000, según una factura fechada el 9 de marzo. La Justicia busca determinar quién afrontó esos gastos.

Todo esto comenzó a ser investigado tras la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week. El costo del vuelo de regreso de Angeletti alcanzó los US$5.154,55, según la información en manos del fiscal Pollicita.

El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gasto y el incremento patrimonial, así como el origen de los fondos utilizados en las operaciones bajo análisis.

Con un frente político y económico adverso, el Poder Ejecutivo busca reordenar la agenda pública desde el Congreso. En las últimas semanas envió al Senado un paquete de reformas sensibles -electoral, salud mental, discapacidad, propiedad privada, nombramientos judiciales y un acuerdo con bonistas-, todas con niveles de apoyo aún inciertos.

El movimiento se da en paralelo a un contexto incómodo para el oficialismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa judicial y política por la compra de dos propiedades desde que asumió y por gastos personales -como viajes al exterior y vuelos privados- realizados junto a su pareja. Sus cuentas son investigadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, además, deberá este miércoles responder preguntas en el Congreso durante una sesión informativa en Diputados.

No será su primera exposición reciente. Semanas atrás, Adorni ya había enfrentado preguntas en una conferencia con periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde intentó dar explicaciones sobre su situación patrimonial. Lejos de cerrar el tema, la intervención dejó nuevos cuestionamientos y anticipa un clima tenso para su paso por el recinto.

El frente económico tampoco ofrece alivio. La inflación de marzo fue del 3,4% -un dato que el propio Javier Milei calificó como “malo”- y se sumó otra señal negativa: la actividad económica se contrajo en febrero. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que elabora el Indec para medir la evolución de la economía mes a mes, la actividad cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La baja estuvo impulsada principalmente por la industria y el comercio.

En ese contexto, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política con una ofensiva legislativa de alto impacto. En el oficialismo hablan de “dosificar” los proyectos para sostener la atención pública y evitar que se diluyan rápidamente. La estrategia incluye concentrar el envío de iniciativas en el Senado, donde los libertarios consideran que tienen un terreno algo más favorable que en Diputados.

Sin embargo, las resistencias aparecen incluso dentro del propio esquema aliado. El paquete sobre propiedad privada -que incluye cambios en los desalojos, en la ley de expropiaciones para que el mercado fije las indemnizaciones, una flexibilización de la ley de tierras que habilita mayor participación extranjera y modificaciones en la ley de manejo del fuego- genera reparos. También el proyecto que busca desarmar la emergencia en discapacidad, una política que esos mismos aliados habían respaldado el año pasado para sostener los aranceles de los prestadores como transportistas, terapistas y hogares protegidos.

La reforma política y electoral es otro foco de conflicto. Pro, la UCR y bloques provinciales rechazan la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar sus internas. A eso se suma, entre otros puntos, el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos: el proyecto eleva del 2% al 3% del padrón el piso mínimo en elecciones consecutivas, un cambio que podría dejar fuera de competencia a varias fuerzas.

Ante ese escenario, el oficialismo evalúa avanzar primero con iniciativas menos conflictivas. Entre ellas, la ratificación de acuerdos con dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina, Bainbridge y Attestor. Se trata de convenios de pago que implican una quita superior al 30% de la deuda reclamada y que permitirían cerrar juicios abiertos en el exterior. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

El punto clave es el plazo: si el Congreso no aprueba estos acuerdos antes del 30 de abril, se caen las condiciones negociadas y el conflicto judicial podría reactivarse en condiciones menos favorables para el Estado.

En paralelo, el Senado podría avanzar en comisiones con la reforma de la ley de salud mental, que busca agilizar los procesos de internación en situaciones de riesgo. Y, en el recinto, con una serie de pliegos judiciales y diplomáticos. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques, que alcanzará en noviembre los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para ejercer el cargo.

Mientras Diputados se prepara para una sesión atravesada por las explicaciones de Adorni, el oficialismo en el Senado evalúa abrir un frente paralelo con avances legislativos en un intento por repartir el foco de atención.