El Gobierno dispuso que el esquema de aumentos de las tarifas de agua se modere a partir de mayo de 2026 a través de una medida que redefine la dinámica de incrementos mensuales en el servicio prestado por Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). La decisión se formalizó mediante la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Hasta abril de 2026, las tarifas se ajustaron con incrementos mensuales efectivos de hasta 4%, mientras que desde mayo el nuevo esquema fija un tope del 3% mensual para las subas. De este modo, el regulador introduce una menor velocidad en los aumentos sin interrumpir el proceso de recomposición tarifaria.

La resolución modifica el esquema definido en la Resolución ERAS 53/2025, que había restablecido el mecanismo de actualización tarifaria luego de un período de subas limitadas durante 2025. Según surge del expediente administrativo, el organismo evaluó la evolución económica de la concesión y el impacto de los incrementos sobre los usuarios antes de definir el nuevo criterio.

El cambio se vincula con la aplicación del denominado “Coeficiente de Modificación K”, que determina la evolución de las tarifas del servicio. Ese coeficiente había sido establecido en 2024 por la Secretaría de Obras Públicas, tras una audiencia pública en la que se definieron los parámetros para sostener el equilibrio económico yfinanciero de la concesión.

Durante 2025, las autoridades habían limitado de forma excepcional las subas a un máximo del 1% mensual. Ese esquema generó, según se indica en el texto de la normativa que planteó Aysa, un “atraso tarifario” que derivó en una importante pérdida de ingresos e implicó dificultades para sostener el servicio.

Frente a ese escenario, el ente regulador dispuso a fines de 2025 un proceso de convergencia para recomponer gradualmente los ingresos de la concesionaria. La propuesta original contemplaba recuperar la brecha tarifaria en un plazo más acotado, con incrementos mensuales de mayor magnitud. Sin embargo, el análisis posterior incorporó el impacto económico sobre los usuarios y la evolución de las variables macroeconómicas.

De acuerdo con la información presentada por la concesionaria, la brecha tarifaria se redujo del 21,05% en diciembre de 2025 al 12,26% en abril de 2026, sin alcanzar aún el nivel previsto. La decisión implica que la recomposición tarifaria continuará durante un período más prolongado, con una finalización estimada hacia 2027.

En paralelo, la resolución mantiene los mecanismos de protección vigentes, como la tarifa social para usuarios en situación de vulnerabilidad y los descuentos aplicados según coeficientes zonales.

Asimismo, el organismo instruyó a la concesionaria a presentar informes sobre su situación económico-financiera correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución del proceso tarifario y evaluar eventuales ajustes.

La reforma política no llega en el mejor momento del oficialismo en el Senado. El índice de inflación, que acumula 10 meses de alzas, y la interminable saga de problemas que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son dos pesados lastres con los que la bancada que conduce Patricia Bullrich (Capital) tendrá que lidiar si quiere reeditar el paso victorioso con el que el Gobierno caminó durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Más allá de que Bullrich es una optimista empedernida y que se muestra confiada en que podrá retomar la senda triunfante, lo cierto que en las últimas semanas la marcha de la agenda oficialista en el Senado había mostrado una fuerte desaceleración, en coincidencia con la aparición de las complicaciones patrimoniales de Adorni.

Tampoco parece ayudar la superpoblación de iniciativas que la administración de Javier Milei busca colocar en el centro de la escena para que se deje de hablar de las interminables internas de la Casa Rosada y del impacto del estancamiento económico en las fuerzas dialoguistas.

“Patricia ha mostrado muñeca y es buena haciendo malabares, pero tener tantas pelotitas en el aire podría terminar en que, al final, no salga nada”, le confió a este diario un senador libertario al tiempo que enumeraba, ayudándose con los dedos de una mano, los proyectos que el Gobierno ha enviado al Senado en el último mes.

La lista muestra una pesada carga legislativa. Antes que la reforma política, que entró el miércoles, el Poder Ejecutivo había enviado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica seis leyes; una serie de modificaciones a la ley de salud mental, el acuerdo de pago con los dos últimos grupos de tenedores de bonos de 2001 y más de un centenar de pliegos de jueces nacionales y federales.

Como si toda esta carga fuera poca, el Gobierno envió un proyecto que busca penalizar el fraude con pensiones por invalidez. Sin embargo, detrás del título se esconde un intento de burlar el cumplimiento de la ley de emergencia en materia de atención a la discapacidad que el Congreso aprobó en dos oportunidades el año pasado y que se convirtió, junto a la de financiamiento universitario, en el Waterloo legislativo de la gestión libertaria durante 2025.

“Volvieron los errores del año pasado: envían proyectos sin consultar a nadie y se piensan que nosotros podemos hacer magia con 21 votos”, se quejó un operador oficialista en referencia a la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno como parte de la reforma política.

Tal como informó , la eliminación de las primarias suma fuertes rechazos y es muy difícil que se pueda concretar. La UCR, el peronismo en todas sus vertientes y algunos bloques independientes no quieren saber nada con quitar de la cancha una herramienta que les podría servir para ordenar sus internas de cara a las elecciones del año próximo.

“Esto sólo le sirve al Gobierno”, le dijo a este diario la radical Carolina Losada (Santa Fe), quien siempre sostiene que su llegada al Congreso fue producto de las internas abiertas. “Sin internas primarias deciden las cúpulas partidarias, estoy en contra”, se sumó su correligionario Maximiliano Abad (Buenos Aires) cuyo voto suele funcionar como una suerte de “souvenir del clima” que anticipa si al oficialismo le esperan cielos despejados o tiempos tormentosos en el tratamiento de sus iniciativas.

A pesar de los malos augurios y de los contratiempos, la jefa de los senadores oficialistas mantiene su optimismo. Aunque sabe que los números variarán según el tema, confía en que podrá armar una mayoría para cada uno de los desafíos que le plantea la Casa Rosada.

Las cuentas de Bullrich se basan en un universo de 42 senadores integrado por 21 oficialistas, 10 radicales, tres de Pro y otros ocho de fuerzas provinciales y bloques independientes. Quedan afuera de sus cálculos 28 peronistas de declarado perfil anti-Milei y los dos senadores por Santa Cruz −José María Carambia y Natalia Gadano−, que no comulgan con las ideas del gobierno nacional, aunque sin las estridencias ni el rechazo a libro cerrado cerril del kirchnerismo.

Para aprobar la reforma electoral, el oficialismo necesita de 37 votos afirmativos obligatorios y Bullrich cree tenerlos. Considera que las nuevas reglas de juego para conformar partidos serán compartidas por las grandes fuerzas y coaliciones, y que también contará con el respaldo de los provinciales, porque no juegan en la cancha nacional.

Sin embargo, hay algunos puntos que permanecen en la oscuridad. Al rechazo inicial de la eliminación de las PASO se le suma el capítulo que le abre la puerta al financiamiento privado, tema siempre tabú a la hora de discutir reformas electorales.

A favor de Bullrich juega su flexibilidad. Desde que llegó al Senado, en diciembre del año pasado, mostró una gran capacidad y paciencia para sentarse a negociar con la oposición dialoguista. No sólo para escuchar, sino también para atender los reclamos y trasladarlos a la Casa Rosada.

“Hay una diferencia notable con los vecinos de Diputados. Mientras a Martín Menem se le caen capítulos del Presupuesto en pleno recinto porque no se anima a discutir las órdenes de la Casa Rosada, la Bullrich logró que la escuchen cuando les dice que tienen que cambiar algo porque no están los votos”, destaca un senador peronista.

Fue lo que pasó en la reforma laboral y la reducción del impuesto a las ganancias. Tras tres semanas de negociaciones, Bullrich logró que la Casa Rosada aceptara que no estaban los votos para aprobarlo y fue eliminado del texto antes de que se discutiera en el recinto.

“¿Cuántos votos tenía para Ganancias?”, le preguntó a la senadora libertaria la misma noche que la reforma laboral se discutía en el Senado. “Ninguno”, respondió Bullrich, riéndose con picardía y dando a entender que nunca pasó de tener más que los 21 votos del oficialismo. Se había guardado esa carta para jugarla en la Casa Rosada el martes previo a la sesión.

Los debates que se vienen en el Senado obligarán a Bullrich a poner en juego esa capacidad para convencer a Javier y Karina Milei de que siempre hay que ceder algo para llevarse el premio mayor. También necesitará que la economía empiece a dar señales de reactivación y que Adorni deje de hacerle daño al Gobierno, pero esas son variables que exceden a los senadores oficialistas.