POLITICA
Selección de jueces: ¿y si subimos la vara?
“Indirectamente hace la Justicia quien hace al juez” – Juan Bautista Alberdi
Hasta los Juegos Olímpicos de México de 1968, la forma tradicional en que los atletas pasaban por encima de la barra de salto de altura era con el cuerpo paralelo a ella, hasta que un atleta poco conocido llamado Dick Fosbury, cambió sustancialmente a una técnica de espaldas, hizo colocar la vara a 2,24 metros, muy por arriba del récord existente y sorprendentemente con esa técnica novedosa la superó exitosamente. A partir de ese momento, todos los atletas de elite comenzaron a utilizar esa técnica y se elevaron los récords.
En lo que hace a la selección de jueces, ya desde 1853 la Constitución Nacional estableció la regla de la “idoneidad” como condición imprescindible para el acceso a los cargos públicos. Con la reforma de 1994 este requisito se debería cumplir -y comprobar técnicamente- con la realización de concursos públicos a cargo de un órgano que se crea al efecto: el Consejo de la Magistratura.
Este órgano es el encargado constitucionalmente para emitir propuestas en ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, quien de este modo ve limitada sus facultades, antes absolutamente discrecionales, a un menú reducido a tres candidatos por cada cargo a cubrir.
La cuestión a reflexionar es qué “perfil” deberían reunir esos tres candidatos. Y la pregunta que surge específicamente en cuanto a las cualidades “técnicas”: ¿Dónde colocamos la vara? ¿Queremos a los mejores o solo que pasen un filtro mínimo de admisibilidad?
Este interrogante no es nuevo, tiene miles de años. En la antigua Grecia, más específicamente en Atenas, y en la época de Demóstenes, la elección de los magistrados era por “sorteo” entre los ciudadanos. Pero se sometían a dos condiciones absolutamente innegociables: la dokimasia (idoneidad) y la euthynai (rendición de cuentas).
El procedimiento de la dokimasia era un necesario filtro para contrarrestar las desafortunadas consecuencias de haber sorteado un ciudadano sin las mínimas condiciones para el cargo. Es decir, el sorteo se realizaba previo filtrado y cumplimiento de las condiciones necesarias de los cuales nos han llegado algunos profusos conceptos al respecto, entre otros, a partir del corpus de Lisias y estudios de Mogens Hansen.
El proyecto de reglamento de concursos para la selección de magistrados que propone la Corte Suprema de Justicia, mediante la acordada 04/2026, tiende a perfeccionar esa dokimasia, estableciendo en su artículo primero una verdadera proclama de principios rectores:
• Legalidad: plena sujeción a la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables;
• Igualdad y no discriminación: garantía de igualdad real de oportunidades para todos los postulantes, sin distinciones arbitrarias, y con posibilidad de aplicar acciones positivas;
• Idoneidad: selección basada en la capacidad, trayectoria y mérito acreditados, como condición esencial para acceder al cargo judicial;
• Transparencia y publicidad: asegurando el control ciudadano;
• Imparcialidad: actuación objetiva en el procedimiento;
• Eficiencia y celeridad: tramitación ordenada y en plazos razonables;
• Debido procedimiento: respeto al derecho de los postulantes a ser oídos y a impugnar;
• No discrecionalidad: La selección se basará en criterios prefijados, evitando la asignación de ventajas indebidas a cualquiera de los postulantes.
Uno de los puntos esenciales del proyecto consiste en reglamentar y limitar la discrecionalidad en las denominadas “entrevistas personales”. Estableciendo un tope máximo de 20 puntos para esa etapa y detallando las cuestiones que deberían evaluarse:
– Hasta 5 puntos por las propuestas o planes de trabajo para el cargo concursado;
– Hasta 5 puntos por las respuestas a preguntas sobre principios generales del Derecho, valores democráticos, vigencia de la Constitución Nacional, derechos fundamentales y perspectiva de género, independencia judicial y ética en la función;
-Y hasta 10 puntos por la valoración de opiniones, criterios o puntos de vista del postulante vinculados a tópicos o materias que hacen a la especialidad de la vacante.
Estas cuestiones, en apariencia tan elementales y de sentido común, al ser desechadas arrojaron como resultado concreto que en la última reunión del Plenario del Consejo de la Magistratura del pasado 15 de abril de 2026, se aprobaran concursos en cuyas ternas figuraban postulantes que de haberse aplicado solamente el art. 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, “objetivamente” no deberían haber estado entre los mejores, desplazando a otros que sí deberían haber quedado en la terna. Una verdadera montaña rusa y no precisamente de emociones.
Cabe mencionar también que el reglamento propuesto por la Corte resulta más amigable al ingreso de abogados de la matrícula, lo que permitiría una necesaria oxigenación y enriquecimiento del Poder Judicial. Hoy los cargos de jueces son cubiertos prácticamente con exclusividad por personas provenientes de lo que algunos llaman “familia o casta judicial”.
Volviendo a los griegos, nos cuenta Diógenes Laercio que el filósofo Antístenes aconsejaba a los atenienses que hiciesen un decreto ordenando que, en adelante, los asnos fuesen caballos. Cuando los atenienses rechazaron indignados esta propuesta, Antístenes les replicó: “¿Pero qué dificultad tendrían en hacerlo, cuando entre vosotros se crean magistrados que nada tienen en la cabeza, sino solamente el nombramiento en las manos?”
El interrogante final es: ¿Sacamos la vara? La bajamos? ¿O la subimos?
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El autor es consejero de la Magistratura de la Nación
Consejo de la Magistratura,Conforme a,Consejo de la Magistratura,,Justicia, el huevo de la serpiente,,»Mala pasada». Fue denunciado por usar citas falsas con IA en un libro, pero está tercero en un concurso para ser camarista federal,,Tribunal estratégico. Un juez penal económico, un camarista y una fiscal, entre los candidatos para la Cámara Federal
El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.
Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.
La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.
La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.
Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas
Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.
La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.
Defensa, metalmecánica y requisitos para participar
El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.
El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.
Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.
Interés internacional y contexto geopolítico
En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.
Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.
Antecedentes, desafíos y expectativas futuras
Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.
La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.
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POLITICA
La Fiscalía pidió indagar a cuatro sospechosos por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE
El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de Hugo Alconada Mon horas después de que revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.
González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.
El juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados, que deberían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py.
El primer acusado es Guido Morán, 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata, pero oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, donde su madre trabaja como empleada de la Municipalidad, según surge de registros públicos y comerciales que cotejó . A él se suma Braian Cardozo, 25 años, dado de baja del régimen del monotributo, con domicilio en Charata, una ciudad de 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Mario Totilo, 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que en los registros que cotejó figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sin embargo, la Fiscalía detectó que esa misma línea figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.
En la misma senda, otro teléfono que se utilizó para hostilizar a Alconada Mon consta en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar), pero que en Mercado Libre aparece a nombre de otra persona, Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
“Habiendo realizado un análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, planteó el fiscal González, “es que considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que Guido Morán, Braian Ezequiel Cardozo, Mario Miguel Totilo y Alicia Elena Scarpeccia sean escuchados en declaración indagatoria”.
“La audiencia señalada constituye el momento oportuno para que los nombrados brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual aquí esbozada”, añadió el representante del Ministerio Público, “todo ello, a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.
La investigación
La investigación no solo abarca esos mensajes intimidatorios. También comprende los diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
En paralelo, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, para obtener información sobre los ataques informáticos. Hasta el momento, sin embargo, esas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.
En la misma senda, y con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar en páginas pornográficas a Alconada Mon provinieron de una “IP” ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP “nateada” los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios.
Los ataques comenzaron pocas horas después de que revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE. Según la denuncia, incluyeron diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, un intento de acceder a su perfil en X, el registro de su nombre en plataformas pornográficas y una serie de amenazas enviadas desde cuatro líneas telefónicas distintas.
sospechados de amenazar,un Plan de Inteligencia Nacional,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ébola y alerta. El día que una amenaza de salud pública para el país se convirtió en secreto de Estado,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Alerta por el ébola. El Gobierno bloqueó tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina
POLITICA
Causa por los fajos de dólares: dos policías declararon y no pudieron confirmar que el vestidor que allanaron sea el de los videos de Cirio
Dos policías que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa que Martín Insaurralde y Jesica Cirio tenían en el country Fincas de San Vicente declararon este miércoles como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Los efectivos fueron citados puntualmente para responder una sola pregunta central: si el vestidor que recorrieron aquel día es el mismo que aparece en los videos conocido días atrás, donde se ve a Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo.
Ninguno de los dos testimonios confirmó esa coincidencia. El primer efectivo sí reconoció una de las dos fotos que se le exhibieron como perteneciente al vestidor de la habitación principal, en el primer piso de la vivienda, aunque no pudo identificar a qué ambiente correspondía la segunda imagen.
Pero al ser consultado directamente por un posible paralelismo con las imágenes divulgadas, fue tajante: dijo que no había similitud. Según describió, el vestidor de la casa de San Vicente es amplio y tiene vidrios oscurecidos, mientras que el que se observa en el video es angosto y sin vidrios.
El segundo policía tampoco pudo precisar a qué habitaciones ni a qué piso correspondían las fotos que se le mostraron, y coincidió con su colega en el punto central: el vestidor de la vivienda que allanaron era grande, mientras que el del video es angosto.
Ambos coincidieron, además, en que la casa estaba deshabitada al momento del procedimiento —los muebles cubiertos con telas, la ropa de cama sin indicios de uso reciente— y uno de ellos agregó que debieron esperar cerca de media hora para poder ingresar a la propiedad.
Leer más: Presunto enriquecimiento ilícito: Jesica Cirio pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba
El allanamiento al que declararon los dos testigos se había realizado en octubre de 2023, en el arranque de la causa contra Insaurralde, que estalló ese mismo mes a partir de la difusión de fotos del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando en el yate “Bandido” por el Mediterráneo, en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici.
El escándalo conocido como “Yategate” derivó en la renuncia de Insaurralde a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora y abrió la investigación patrimonial. Recientemente se conoció un video que Cirio habría filmado en esa misma vivienda en 2023, mostrando fajos de dólares.
Este martes se supo que la modelo pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba. El planteo fue presentado por su abogado, quien sostuvo que el material fue obtenido mediante una extorsión y un acceso ilegítimo al celular de la modelo.
Con las dos declaraciones de los policías, la Justicia busca determinar el origen del video. El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella ya habían descartado, tras una inspección, que las imágenes correspondieran a la vivienda de Nordelta donde Cirio convivió con su expareja Elías Piccirillo.
Cirio e Insaurralde, Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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