La norma regula las regalías atadas al precio internacional, exime de Ingresos Brutos a los proyectos y da estabilidad fiscal por 30 años en la provincia

25/06/2026 – 16:38hs

La Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó la ley que ratifica el Acta Acuerdo entre el Estado provincial e YPF para establecer las pautas técnico-legales del megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL). El texto se enfoca en fijar las condiciones fiscales, tributarias y operativas que regularán la producción gasífera en las áreas concesionadas de Vaca Muerta con destino exclusivo al complejo de licuefacción.

El eje central de la ley radica en la reconfiguración del esquema de regalías para el gas de exportación como GNL. A diferencia de las liquidaciones tradicionales basadas en el mercado interno, la provincia vincula sus ingresos al índice internacional JKM (Japan Korea Marker), el cual refleja el precio del combustible en los mercados asiáticos. Esta metodología busca alinear el valor del recurso en boca de pozo con las cotizaciones globales del GNL.

Para la aplicación de este esquema, se diseñó un sistema de alícuotas móviles escalonadas según el valor de la unidad de medida energética. Cuando el precio internacional de referencia se posicione por debajo de los u$s16 por millón de BTU, la regalía quedará establecida en un 7,5%. Si la cotización oscila entre los u$s16 y los u$s20, la tasa ascenderá al 10%, mientras que al igualar o superar el umbral de los u$s20 por millón de BTU, el cobro alcanzará el máximo del 12%.

Vaca Muerta: nuevo marco de incentivos y blindaje técnico

A los fines de garantizar un piso de protección para el fisco ante eventuales distorsiones externas, el articulado dispone un valor mínimo de liquidación. Las empresas operadoras deberán tomar como base regulatoria el precio del mercado local si las cotizaciones internacionales sufrieran una caída abrupta. Con esta medida técnica, sustentada en los límites dispuestos por la Ley de Hidrocarburos de la Nación, se procura resguardar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos provinciales originados en la explotación de los bloques.

El régimen tributario de la norma contempla una exención específica en el impuesto a los Ingresos Brutos para las transacciones internas del proyecto. Este beneficio rige de manera exclusiva para las operaciones de compraventa de hidrocarburos gaseosos y petróleo crudo efectuadas entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las estructuras societarias habilitadas bajo el marco regulatorio nacional. 

La estabilidad fiscal otorgada a las empresas que ejecuten los desarrollos se fijó en un plazo de 30 años, en consonancia con las solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Bajo esta garantía de inalterabilidad, las licenciatarias de las áreas seleccionadas quedarán exentas de nuevas cargas impositivas, tasas o contribuciones que se pudieren crear en el futuro, manteniendo la ecuación económica original que posibilitará el desembolso de capitales en la región.

El alcance territorial de la ley abarca de forma expresa cinco concesiones de explotación no convencional operadas por la petrolera. Los yacimientos incluidos de donde se extraerá el fluido base para el proceso son Meseta Buena Esperanza I, Meseta Buena Esperanza II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II. Las inversiones en perforación y estimulación hidráulica en dichos bloques complementarán las obras en infraestructura y transporte comprometidas en el acuerdo.

En materia de resolución de controversias, la letra chica de la regulación establece un desdoblamiento de jurisdicciones para salvaguardar el poder de policía del Estado. El acuerdo determina que las disputas relacionadas con reclamos tributarios, cobros ejecutivos de regalías, cánones y responsabilidades de remediación ambiental quedarán reservadas exclusivamente a los tribunales ordinarios de la provincia de Neuquén. De este modo, se limita el arbitraje internacional solo a los aspectos netos del negocio corporativo y comercial del GNL.

La presión sobre el mercado cambiario argentino creció en las últimas semanas, en un contexto global donde el dólar se fortalece por factores geopolíticos y financieros. Frente a este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adoptó nuevas estrategias para contener las expectativas devaluatorias, reduciendo sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliando la venta de bonos ligados a la variación del tipo de cambio, instrumentos clave para evitar las fluctuaciones bruscas.

Más allá de la tendencia alcista que tiene lugar en el país por un incremento reciente de la demanda, la moneda estadounidense experimenta un aumento a nivel global, impulsada por movimientos en los mercados internacionales y por la reacción de los inversores ante episodios de volatilidad financiera, con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo.

El contexto internacional, marcado por las oscilaciones en los precios de materias primas y acciones tecnológicas, amplifica la volatilidad. La combinación de una mayor demanda de cobertura cambiaria y la menor disponibilidad de dólares en la región obliga a las autoridades argentinas a ajustar su estrategia para evitar desequilibrios mayores.

En este escenario, el dólar se fortalece frente a otras divisas, lo que repercute de manera directa en países emergentes como la Argentina, donde la economía resulta especialmente sensible a las variaciones cambiarias. Además, esto sucede hacia el cierre del “trimestre de oro”, el período asociado a la liquidación de la cosecha gruesa. A lo que se suma el pago del aguinaldo, que muchos argentinos eligen dolarizar. En junio, el mayorista –$1.477– acumula una suba de 69 pesos, equivalente a un 4,8 por ciento. En lo que va de 2026, el aumento registrado es de 22 pesos, lo que representa un 1,5 por ciento. El billete minorista -$1.495- avanza 65 pesos o un 4,5 por ciento este mes.

Según la consultora 1816, durante el último mes y medio los mercados de monedas, deuda y commodities presentaron una volatilidad inusual, impulsada por factores externos e internos. Entre mediados de mayo y la fecha, el petróleo retrocedió 28,4%, la soja bajó 8%, el Dollar Index, un indicador que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas extranjeras principales, subió 3,4% y el real brasileño perdió un 6,2% de valor frente al dólar.

“Es con ese viento de frente que el tipo de cambio mayorista pasó de la zona de $1.400 a la zona de $1.480, todavía bien por debajo del techo de la banda cambiaria”, señala el último informe.

El Gobierno, aunque no fijó un techo rígido para el dólar, intervino en el mercado con ventas de bonos dollar linked -atados a la evolución del tipo de cambio- y redujo sus compras de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), logrando mantener saldos positivos en sus operaciones y acumulando más de USD 11.000 millones en reservas en lo que va del año.

El Central redujo el ritmo de compras para evitar un salto mayor del tipo de cambio. En lo que va del mes, las adquisiciones totalizan USD 1.296 millones y todo indica que cerrarían por debajo del mes previo, cuando llegaron a 2.596 millones de dólares.

En simultáneo, cuando se define el valor final del dólar para ciertos bonos importantes, se producen movimientos en el mercado cambiario. 1816 señaló que el jueves se fijó el precio del dólar para el bono TZV26 y el lunes se devolverán USD 2.051 millones a quienes tienen ese instrumento. En ocasiones anteriores, como ocurrió con el bono Lelink D30A6, este tipo de definiciones cambiarias generaron cambios en el precio del dólar oficial durante las semanas siguientes.

Por su parte, desde Bavsa explicaron que la dinámica de los últimos meses de la cobertura cambiaria “viene mostrando un cambio en su composición -amén de un aumento neto de la misma -: mientras el BCRA mes tras mes logra reducir su posición short en el mercado de futuros, como contraparte se viene viendo un aumento en la emisión total de dollar linked por parte del Tesoro (al 22 de junio, toda la curva dollar linked representa el 76% del total de cobertura, con un total de USD 10.512 millones)“.

En concreto, el BCRA, mediante la venta de estos títulos, no solo obtiene pesos para reforzar sus reservas, sino que también limita la presión sobre el mercado de cambios, ya que parte de la demanda de cobertura se canaliza a través de estos instrumentos y no directamente sobre el dólar al contado.

El impacto local de estas maniobras se ve reforzado por la desaceleración en la acumulación de reservas. CIMA sostiene que el ciclo de compras de divisas del Banco Central perdió impulso tras la caída de los precios internacionales de los commodities. En efecto, la baja del barril del petróleo por debajo de los USD 80 luego de tocar un pico de USD 120, produjo una merma en el ingreso de dólares por esta vía.

“El segundo semestre tiende ser menos favorable que el primero en términos de generación de divisas por estacionalidad y también ahora por menores precios de commodities, por lo que insistimos que la principal variable de ajuste para un superávit de cuenta corriente estable debe ser un TCR más alto, liberando las restricciones del cepo cambiario”, destacaron los analistas.

Al mismo tiempo, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital consideró que el dólar oficial “empieza a dar señales de que quiere moverse”. “Tras cerrar diciembre de 2025 en $1.459 y ubicarse hoy en $1.478, los futuros a diciembre se negocian en torno a $1.653. Esa curva implica una tasa implícita del 24% anual, muy por debajo de la inflación proyectada en 32% según la mediana del REM Top 10. El mismo relevamiento marca $1.600 para fin de año, lo que deja un atraso cambiario del orden del 16%”, remarcó.

Y sumó: “La clave está en distinguir entre normalización y shock. Para empatar la inflación acumulada, con una estimación de 2,1% para junio, el dólar debería ubicarse cerca de $1.709. Pero ese cálculo depende siempre del período de referencia y no anticipa necesariamente un ajuste inmediato”.

Bajo la perspectiva de Botto, el escenario base “sigue siendo el de una corrección ordenada, sin crisis, mientras continúen los ingresos de divisas por energía, agro y financiamiento privado. Los principales factores a monitorear son una eventual aceleración de la inflación o una menor oferta de dólares, ya que ambos podrían modificar la dinámica cambiaria prevista”.

La alta concurrencia de ofertas para instalar parques de baterías en el interior del país permitirá cubrir los nodos críticos de la red con costos mínimos

25/06/2026 – 17:14hs

El proceso de incorporación de tecnología de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en nodos críticos de la red nacional dio un paso decisivo con una compulsa de precios correspondiente a la licitación Alma SADI que convalidó una sustancial baja en los costos de adjudicación proyectados.

La licitación que la próxima semana permitirá conocer las ofertas adjudicadas, perfila un escenario de alta competencia para el sector de infraestructura energética y el abastecimiento en períodos de alta demanda, y marcará el desembarco masivo de los sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems). 

Estas tecnologías consisten en centrales de almacenamiento de energía mediante baterías de escala industrial, diseñadas para absorber el excedente de generación -principalmente renovable- y reinyectarlo a la red en los momentos de mayor saturación del sistema.

Las veinte ofertas más competitivas que resultaron seleccionadas registraron un valor promedio ponderado de u$s 8361 por megavatio (MW) al mes. Este indicador se posiciona de forma ventajosa frente a las estimaciones iniciales que contemplaba la planificación oficial para asegurar el repago de los sistemas de acumulación.

El valor resultante de la compulsa implica una reducción del 30% respecto del techo de u$s 12.500 por MW mensual que se fijó en el pliego de bases y condiciones como precio máximo admisible. Esta brecha económica generará un ahorro importante en los congtratos de largo plazo destinados a remunerar la disponibilidad de potencia firme basada en equipamiento tecnológico.

Una oferta que superó por diez lo licitado

La definición de la etapa económica se produce tras una masiva convocatoria técnica que captó el interés de 37 compañías generadoras y desarrolladoras, las cuales formalizaron la presentación de 235 proyectos específicos. El volumen total de potencia ofertado en esa instancia previa escaló hasta los 8335 MW, una cifra que superó en más de diez veces el requerimiento inicial previsto para el tendido eléctrico del interior.

Los planes oficiales estipulaban un objetivo base de 700 MW de capacidad para esta convocatoria abierta, con nodos de instalación distribuidos de forma estratégica en las regiones del Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Cuyo, Centro, Litoral y distintas subestaciones de la provincia de Buenos Aires. La alta concurrencia de oferentes permitió preseleccionar las carpetas técnicas más sólidas antes de compulsar los valores mensuales de remuneración.

La implementación de estas centrales de acumulación tiene como prioridad estabilizar la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en áreas alejadas de la zona metropolitana. Estos activos permitirán mitigar las restricciones de transporte existentes y responder ante contingencias climáticas o picos estacionales de consumo, tanto en los meses críticos de verano como en el período invernal.

El desarrollo de Alma SADI replica la estrategia implementada a comienzos de año mediante el programa Alma-GBA, enfocado de manera exclusiva en los nodos de alta tensión del Gran Buenos Aires. En aquel primer antecedente de almacenamiento a gran escala, las autoridades convalidaron la contratación de 713 MW de capacidad con un desembolso corporativo proyectado en más de US$ 540 millones, cuyas obras se encuentran en fase de ejecución.

Con el cierre de la evaluación económica del capítulo para el interior del país, las estimaciones de inversión privada para el montaje de los parques de baterías se ubican en torno a los US$ 700 millones para la primera etapa. El cronograma administrativo prevé que las resoluciones formales de adjudicación se completen durante los primeros días de julio, dando inicio formal a los plazos de instalación electromecánica en las provincias seleccionadas.