Venezuela puede parecer un lugar de extremos discordantes.

Desde que Estados Unidos irrumpió y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en enero, la élite del país con conexiones políticas ha hablado de un renacimiento económico, impulsado por las promesas estadounidenses de “desatar la prosperidad” al tomar el control de la asediada industria petrolera de Venezuela.

Al mismo tiempo, han sido liberados cientos de presos políticos, muchos de ellos demacrados y traumatizados después de años de condiciones miserables en cárceles insalubres. La mayoría tiene pánico a hablar de sus penurias por miedo a que el gobierno, que en esencia no ha cambiado salvo por la pérdida de Maduro, vuelva por ellos. Cientos más siguen encerrados.

Pero entre los bendecidos y los malditos hay una brecha abismal en la que casi todos los demás venezolanos -profesores, médicos, albañiles, vendedores ambulantes- pasan sus días rebuscando entre los escombros de una economía arrasada. Para este amplio sector de la población, la intervención estadounidense ha cambiado poco hasta ahora y solo ofrece una débil perspectiva de algo mejor.

Hace poco, cuatro profesores de política y economía se reunieron para tomar un café alrededor de una mesa de plástico en el campus donde imparten clases, la Universidad Central de Venezuela, en la capital, Caracas. Relataron cómo una espiral económica descendente a lo largo de los 13 años de Maduro en el poder los había empujado a la pobreza.

“En los últimos cinco años, la moneda se devaluó tanto que mi salario equivalía a cuatro dólares al mes. Es decir, se me olvidó que tenía un salario”, dijo Pedro García, de 59 años, que ahora dirige un sindicato de profesores jubilados.

Con el tiempo, contó, canceló más clases a fin de vender comida casera a la gente que hacía fila para conseguir combustible subvencionado en una estación de servicio cerca de su departamento. Luego vendió la cama, el congelador de su suegra y su propia bicicleta. Su pensión es una miseria: “No me alcanza para no morir de hambre”, dijo.

Su colega, Carlos Hermoso, economista, se inclinó hacia delante, frunció el ceño y dijo que la promesa de Estados Unidos de reinvertir en el país los ingresos procedentes del petróleo venezolano que vende podría dar la ilusión de “crecimiento”, pero que sería un “espejismo” para la gran mayoría de los venezolanos.

“No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que Estados Unidos convierta a Venezuela en su fábrica para su guerra competitiva con China”, dijo Hermoso, y se esforzó por aclarar que nunca albergaría tal deseo si la situación no fuera tan grave. “Eso sería un paso adelante para nosotros”.

El gobierno del presidente Donald Trump afirma que ha comenzado a enviar millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano al gobierno de Caracas y que se iba a “asegurar de que esos fondos se gasten de forma transparente y en beneficio del pueblo venezolano”.

Sin embargo, tan solo reconstruir la industria petrolera podría costar más de 180.000 millones de dólares y tardar más de una década, según analistas de Rystad Energy, una empresa de investigación, e incluso entonces el país produciría menos que en su apogeo en la década de 1990.

El valor de la moneda venezolana, el bolívar, ha seguido cayendo desde que Maduro fue derrocado, con una disminución de al menos un 36 por ciento desde enero, lo que deja el salario mínimo mensual en el pasmoso nivel de 27 centavos de dólar.

Aunque Estados Unidos ha intervenido en la economía venezolana, no lo ha hecho como para apuntalar las reservas de divisas en efectivo de su banco central como hizo recientemente con Argentina.

El jueves, la líder venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que si bien el salario mínimo seguiría siendo el mismo, los trabajadores contarían con bonos por un total de hasta 240 dólares al mes. Estudios independientes muestran que, solo en alimentos, una familia venezolana de cinco miembros necesitaría por lo general 610 dólares al mes.

Las arcas públicas siguen prácticamente vacías, y los servicios básicos como el transporte, la educación y la salud están devastados. Casi ocho millones de venezolanos huyeron a lo largo de los 12 años de Maduro en el poder, y muy pocos han visto suficiente esperanza en su sustituta como para querer regresar.

Una mañana en Caricuao, que en su día se consideró una codiciada zona residencial de Caracas, rodeada de vegetación cerca de un zoológico, la fila para abordar micros destartalados se extendía por cientos de personas. Muchos de los autobuses estaban soldados entre sí: una cabina Dodge unida a un chasis Chevrolet.

La fila serpenteaba por debajo de una estación del metro de la ciudad -que en su día fue considerado el mejor de Sudamérica-, pero en todo el periodo de traslado matutino de ese día, no llegó ni un solo tren.

A pesar de lo indigno de la escena, había orden y calma. O tal vez era resignación.

Yelmira Jiménez, presidenta de una asociación de conductores de autobús de la zona, dijo que las filas siempre eran largas porque la mayoría de los vehículos se quedaban atascados en las filas de las estaciones de servicio. Los conductores pueden pasar días esperando para llegar a las bombas.

Explicó que el gobierno de Venezuela había importado 7000 ómnibus chinos en 2011 y que, en 2015, inauguró una planta de 500 millones de dólares para que una empresa china los fabricara localmente. Pero la mala gestión y la corrupción obligaron a cerrar la planta apenas unos años después.

Con la devaluación de la moneda local, pocos conductores podían permitirse las reparaciones, y mucho menos el mantenimiento regular. Los armaban de vuelta con lo que podían.

“Mira a los pasajeros apretujados como sardinas: les han robado todos sus sueños, a pesar de que supuestamente este es un país productor de petróleo”, dijo Yelmira Jiménez. “Lo único que ha cambiado desde que se llevaron a Maduro es que me siento más cómoda hablando con un periodista gringo”.

En los barrios empobrecidos de las laderas que rodean Caracas, la desesperación es más aguda. Los residentes describieron escuelas con un solo profesor para cada grupo de edad, tiendas sin productos frescos, años dedicados a buscar trabajo sin éxito. Los delincuentes de poca monta habían abandonado el país, según algunos habitantes, porque ya quedaba muy poco que robar.

Según un estudio poco común sobre la pobreza en el país realizado por la Universidad Católica Andrés Bello en 2024, tres cuartas partes de la población carecían de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades diarias y más de la mitad sufría lo que el estudio denominaba “pobreza multidimensional”, que va más allá de los ingresos para incluir la educación, la vivienda y el empleo.

En un estudio de la misma universidad realizado una década antes, más o menos cuando Maduro asumió el poder después de su predecesor, Hugo Chávez, ambas cifras eran aproximadamente un 50 por ciento más bajas.

Muchos afirmaban que veían la situación como una corrupción del legado de Chávez por parte de Maduro.