POLITICA
El Gobierno nacional reglamentó un capítulo clave de la reforma laboral
Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.
La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.
De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empeados deberán cumplir con una serie de requisitos.
El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.
Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.
El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.
En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.
La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.
Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.
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Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.
De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.
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POLITICA
El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.
El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.
La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.
“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.
Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.
Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados.
Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.
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POLITICA
Melella rompió con el kirchnerismo tras una jugada de La Cámpora que frenó su reforma constitucional
La decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de frenar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella terminó de romper una relación política que llevaba meses de tensiones. El oficialismo atribuye el movimiento a La Cámpora y asegura que no se trató solo de un revés legislativo, sino de una secuencia de iniciativas que afectan las finanzas de la provincia.
El conflicto se desató luego de que la legislatura fueguina derogara la ley que habilitaba el llamado a una Convención Constituyente, apenas un día después de que el mandatario firmara el decreto para convocar a elecciones el 9 de agosto. En la misma sesión, se aprobó además una Ley de Goteo Diario que establece la transferencia automática de recursos a los municipios.
En la gobernación confirmaron a TN que Melella vetará la norma y que el vínculo con el kirchnerismo quedó completamente roto. La respuesta política no se limitará al plano provincial y ya comienza a proyectarse en el Congreso, en donde el diputado nacional que responde al gobernador se irá del bloque de Unión por la Patria.
El episodio marca un quiebre en un esquema que, hasta ahora, había tenido a Melella como uno de los aliados más consistentes de Cristina Kirchner, incluso en momentos en que otros gobernadores tomaban distancia.
Una secuencia que terminó en ruptura
El freno a la reforma constitucional fue el punto más visible de una disputa que venía escalando. La iniciativa del Ejecutivo buscaba modificar la Carta Magna provincial y había avanzado con la sanción de la ley que habilitaba el proceso y el decreto de convocatoria a elecciones.
La reacción legislativa fue inmediata. Con mayoría kirchnerista y el respaldo de sectores alineados con La Cámpora, se derogó esa norma y se intentó dejar sin efecto la convocatoria. El movimiento generó un escenario de incertidumbre jurídica que ahora podría terminar judicializado.
En paralelo, la aprobación de la Ley de Goteo Diario encendió una alarma adicional en el Ejecutivo. Según pudo saber TN, en la gobernación interpretan que este esquema de transferencias automáticas “tiende a ahogar financieramente a la provincia”.
En ese mismo sentido, desde Tierra del Fuego recordaron antecedentes locales. “El goteo diario ya se hizo hace años y solo sirvió para poder destituir al gobernador de entonces, Jorge Colazo”, señalaron.
El veto y el impacto político
La respuesta del gobernador será avanzar con el veto de la ley aprobada por la Legislatura. La decisión busca frenar tanto la derogación del proceso de reforma como el nuevo esquema de distribución de fondos.
El conflicto, sin embargo, no se agota en la discusión institucional. La ruptura política con el kirchnerismo ya tiene consecuencias concretas en el Congreso nacional. La salida del diputado Agustín Tita del bloque de Unión por la Patria ya está confirmada.
Sobre el futuro del legislador, en el oficialismo fueguino explicaron que se analizan distintas alternativas. Una es la posibilidad de que integre un unibloque y otra idea es la de armar un bloque federal con legisladores que respondan a otros gobernadores o que incluso aquellos que están por fuera de los oficialismos provinciales.
Ese posible reordenamiento se inscribe en conversaciones más amplias entre gobernadores que buscan mayor autonomía política y que, en paralelo, vienen coordinando una oposición firme contra Javier Milei.
Un quiebre en una alianza sostenida
La ruptura adquiere mayor peso por el recorrido previo de Melella. De origen radical y líder del espacio FORJA, se mantuvo durante años como aliado del kirchnerismo.
En su armado político convivieron acuerdos y tensiones con ese sector, con cesión de espacios y disputas internas. En los últimos meses, la confrontación con La Cámpora fue en aumento hasta llegar a la ruptura actual.
El gobernador mantiene diálogo con otros mandatarios como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, con quienes compartió actividades recientes, como la vigilia del 2 de abril en Ushuaia. También con el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Sergio Ziliotto. Sin embargo, en su entorno relativizan la posibilidad de una estrategia común inmediata. “Cada uno atiende su juego”, señalaron. Ninguno de los cinco firmó el Pacto de Mayo impulsado por Milei.
Al mismo tiempo, esos gobernadores vienen coincidiendo en reclamos por fondos a la Nación y en posiciones críticas frente al ajuste libertario. En ese marco, algunos sectores analizan la posibilidad de construir alternativas políticas sin La Cámpora, aunque cualquier definición dependerá de la dinámica interna del peronismo.
Lo sucedido en Tierra del Fuego se suma así a una serie de tensiones dentro del PJ y abre un escenario de reconfiguración que, por ahora, se traduce en decisiones provinciales, pero que puede derivar en proyecciones nacionales.
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El proyecto de Ficha Limpia volvió a encender la interna parlamentaria y abrió una nueva pulseada en el Congreso. Esta vez, la oposición intenta avanzar con su tratamiento por fuera del paquete de reforma electoral que impulsa el oficialismo, en una jugada que suma tensión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
El planteo surgió desde el espacio Provincias Unidas, donde la diputada Gisela Scaglia anticipó que pedirá un emplazamiento para llevar el proyecto al recinto. “En la próxima sesión voy a pedir el emplazamiento para que se trate en Diputados. Las palabras sin votos no son políticas. Son relato”, expresó públicamente.
La estrategia apunta a separar Ficha Limpia del resto de los cambios electorales que promueve el Gobierno, que incluyen la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento partidario y ajustes en la Boleta Única de Papel. Sin embargo, el escenario no es sencillo: para avanzar, la oposición deberá construir mayorías con bloques que ya mostraron resistencias.
En particular, el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, ya había rechazado iniciativas similares en 2025 por considerarlas inconstitucionales, lo que anticipa un debate áspero.
La diputada Gisela Scaglia.
Qué propone Ficha Limpia
El proyecto busca impedir que puedan ser candidatos aquellas personas con condenas por delitos de corrupción, fraude contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo, trata de personas o delitos contra la integridad sexual, entre otros. También incluye a quienes figuren en el registro de deudores alimentarios morosos.
Desde el oficialismo, el respaldo es explícito. La diputada Mercedes Llano afirmó que la iniciativa “es un paso fundamental para combatir la corrupción y la impunidad” y defendió su implementación como parte de un cambio cultural en la política.
El proyecto de Scaglia no es el único: también hay propuestas similares impulsadas por legisladores como Karina Banfi y los representantes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, lo que suma volumen político al debate.
Reforma electoral y diferencias internas
El tratamiento de Ficha Limpia se da en paralelo a la discusión más amplia sobre la reforma electoral, que se analiza en el Senado de la Nación Argentina. Allí, la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, será clave para ordenar el debate.
El oficialismo busca avanzar con un paquete integral, pero enfrenta resistencias incluso entre aliados. Desde el MID, en otros, Oscar Zago cuestionó la iniciativa al señalar que “la reforma electoral del Gobierno es una ensalada imposible de debatir”.
La Casa Rosada reúne a su mesa política para avanzar con la reforma electoral y respaldar a Manuel Adorni
En tanto, la Unión Cívica Radical propuso mantener las PASO, aunque con carácter optativo, a través de un proyecto impulsado por Eduardo Vischi. El PRO, por su parte, mantiene una postura más cautelosa, atento a las negociaciones en curso.
También se sumaron señales de rechazo desde algunas provincias. Los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo adelantaron que sus legisladores no acompañarán la iniciativa oficial.
El debate está lejos de resolverse en el corto plazo. En el Congreso reconocen que no será un trámite rápido: al tratarse de cambios en materia electoral, se requieren mayorías absolutas, lo que obliga a una negociación fina entre oficialismo y oposición.
Mientras tanto, el Gobierno intenta sostener su estrategia integral, aunque en paralelo habilita conversaciones para avanzar, al menos, con algunos puntos como la eliminación de las elecciones intermedias.
La entrada La oposición busca tratar Ficha Limpia en Diputados y suma presión sobre el Gobierno se publicó primero en Nexofin.
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