Desde que llegó a la función pública, Manuel Adorni acumuló compromisos que ya superan los US$800.000 mientras que su salario bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026, cuando un decreto firmado por el presidente Javier Milei lo elevó a $7,1 millones, poco menos de US$ 5000 por mes. Cómo afrontó y afrontará esas deudas y esos pagos, además de cuál es origen de sus fondos, son los grandes interrogantes de la investigación judicial.

Los compromisos se acumulan en el haber del funcionario. Pagos ya realizados: US$245.000 en refacciones a un contratista, US$185.000 en operaciones inmobiliarias (US$120.000 por la casa de Indio Cua, US$60.000 entre la seña de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca, más US$5.000 de ingreso al country), US$27.658 en viajes al exterior y US$6000 en una escapada a Bariloche. Deudas vigentes: US$70.000 más intereses por la primera hipoteca, US$200.000 sin intereses por la segunda y US$65.000 por un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario. Total comprometido: más de US$800.000.

El crecimiento patrimonial comenzó apenas tres meses después de asumir como vocero de Milei. En marzo de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021. En el origen de fondos, indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. El valor de mercado de ese vehículo, según su estado y kilometraje, oscila entre 20.000 y 30.000 dólares.

Tres meses más tarde, el 20 de junio de 2024, Adorni y Angeletti viajaron a Bariloche con sus dos hijos. Volaron por Aerolíneas ($1.737.432) y se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa: $4.931.993,97 de hotel y $2.435.344 en excursiones y comidas. Total: $9.104.769,97, según reveló Clarín este fin de semana. La familia regresó a Buenos Aires sin pagar nada y la deuda se canceló tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese momento Adorni era vocero de Milei y cobraba menos de tres millones de pesos netos; Angeletti era monotributista en una categoría baja.

Cinco meses después, en noviembre de 2024, el matrimonio compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Quien le vendió, Juan Ernesto Cosentino, declaró ante la fiscalía que Adorni le ofreció primero pagarle solo US$20.000 en efectivo y cubrir los US$100.000 restantes con una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. Cosentino rechazó. La operación se cerró en US$120.000, con un préstamo no bancario por US$100.000 que Adorni tomó de dos mujeres policías introducidas por la escribana Adriana Nechevenko, al 11% anual.

El precio de compra fue solo el inicio. El contratista Matías Tabar declaró hoy ante Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo por remodelar la casa: pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín. Por una vivienda comprada en US$120.000, el matrimonio invirtió US$245.000 en refacciones —más del doble del precio de la propiedad—, en efectivo. A eso se agregan US$5.000 por el ingreso al country.

Adorni, cabe aclarar, omitió incluir Indio Cua en el anexo reservado de la declaración jurada correspondiente a 2024 que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la declaración de Angeletti en su totalidad; ambas las agregó recién cuando la investigación judicial sobre su patrimonio ya estaba en marcha.

Los dólares que el jefe de Gabinete declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$48.720 entre efectivo y una cuenta en el exterior. Pero el 29 de diciembre de 2024 partió con su familia hacia Aruba en cuatro pasajes de Latam en primera clase, abonados en efectivo: US$1.450 cada uno, US$5.800 en total. La estadía sumó otros US$8.674. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino: Adorni figuraba con un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el periplo recién en abril de este año.

A ello se sumaron US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de la primera hipoteca. Solo esos cuatro ítems alcanzan los US$74.474, superando en US$25.754 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.

En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito, de casi 200 m² en la calle Miró al 500. La operación tiene una arquitectura singular. El inmueble había estado publicado por su anterior dueño, el exfutbolista Hugo Morales, en US$375.000, según declaró la martillera Natalia Rucci. Lo terminó comprando, en mayo de 2025 y por US$200.000, una compra que figuró a nombre de dos jubiladas: Beatriz Viegas (72 años, madre del desarrollador inmobiliario Pablo Martín Feijoo) y Claudia Sbabo. Ambas declararon que la operación la condujo Feijoo y que no conocían a Adorni; lo vieron solo al firmar.

Feijoo, allegado a Adorni —sus hijos van al mismo colegio—, declaró que su plan era refaccionar el departamento y revenderlo en US$345.000. Pero apareció Adorni y le dijo que solo tenía US$30.000. Acordaron escriturar en US$230.000, pagar US$30.000 al contado y financiar US$200.000 con una segunda hipoteca sin intereses, en doce cuotas. Por fuera de la escritura, Feijoo dijo haber acordado un pago adicional de US$65.000, todavía no cancelado. Total real de la operación, según su propia declaración: US$295.000 por un departamento ya refaccionado que la inmobiliaria estimaba en US$345.000.

La matriz de financiamiento llama la atención: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Ambas hipotecas vencen en noviembre de 2026: en seis meses Adorni deberá cancelar US$270.000 de capital, más intereses, más los US$65.000 del acuerdo de palabra con Feijoo.

En febrero de este año fue el turno de Punta del Este, en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio: ida US$4.830 facturada por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio; vuelta, US$3.000. La causa se inició tras la inclusión de Angeletti en el vuelo de la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week: el regreso costó US$5.154,55.

A los pagos se suman gastos corrientes que pesan sobre el presupuesto familiar. Solo las expensas del departamento de Asamblea son $500.000 mensuales y las de Indio Cua, unos $700.000. A eso se añaden impuestos y mantenimiento de seis propiedades, patente y seguro de la camioneta, colegio de dos hijos menores y servicios. La central de deudores del BCRA muestra que las deudas mensuales en el Banco Galicia llegaron a superar los $10 millones en el caso de Adorni y los $15 millones en el de su esposa..

contactó al jefe de Gabinete y a su primer abogado en repetidas oportunidades. No obtuvo respuesta. El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gastos y el incremento patrimonial que aumenta cada semana —y, sobre todo, el origen de los fondos.

Sin capacidad para ordenar la agenda legislativa en medio de las turbulencias internas, el Gobierno dejó vencer dos plazos clave que requerían aval del Congreso: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la ratificación de un acuerdo con holdouts o “fondos buitre”. Ambos debían aprobarse antes del 30 de abril.

Pero las dificultades legislativas del oficialismo en el plano doméstico fueron contrarrestadas por la paciencia internacional. Estados Unidos retiró la semana pasada a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- tras más de una década, y el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para cerrar la negociación con los acreedores.

La adhesión al PCT forma parte de los compromisos asumidos por Javier Milei en febrero, en el marco del acuerdo comercial con su par de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo es alinear a la Argentina con estándares internacionales: hoy es el único país del G20 -y uno de los pocos de la región- que no integra este sistema.

El Gobierno asegura que, en términos prácticos, la ratificación del tratado simplificaría y abarataría el registro de patentes en el país.

Hoy, un inventor argentino tiene 12 meses para decidir en qué países quiere proteger su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, lo que le da más tiempo para buscar financiamiento, evaluar mercados y definir una estrategia antes de afrontar los costos del proceso.

Además, permitiría iniciar todo el trámite desde la Argentina, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), sin necesidad de recurrir a oficinas en el exterior, como ocurre actualmente. A eso se sumaría una reducción significativa en los costos internacionales, que en algunos casos puede llegar hasta el 90%.

El sistema también prevé que el INPI pueda apoyarse en informes técnicos elaborados por oficinas de otros países sobre la novedad de una invención para avalarla en el país. Esos informes no son obligatorios: la decisión final sigue siendo local. Sin embargo, este punto es el que genera mayor resistencia.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) observa sobre todo la adhesión plena a su Capítulo II, que habilita a que otras oficinas puedan opinar sobre patentes que quieran operar en el país. Su preocupación es que esos informes puedan influir en la práctica sobre las decisiones del INPI y empujar a la Argentina a convalidar patentes que hoy rechaza.

El temor está ligado a un fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden sus monopolios con modificaciones menores, sin mejoras o nuevos desarrollos, sobre medicamentos existentes. Según los laboratorios locales, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese tipo de prácticas, limitar la competencia de los genéricos y, en consecuencia, encarecer los precios.

Por eso proponen una adhesión con reservas, como hizo Uruguay, para preservar la capacidad de aplicar criterios propios en materia de patentabilidad.

Según fuentes del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, es algo que se podría convalidar para destrabar la negociación y avanzar con la adhesión. “La reserva es más simbólica que sustantiva a esta altura”, reconocen en el Gobierno.

Si la Cancillería acepta la reserva del Capítulo II, el proyecto debería volver al Senado -que le dio media sanción en 1998- y su aprobación sufriría otra postergación.

En Diputados, donde está hoy el proyecto, su tratamiento sigue sin fecha. Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General convocado a principios de abril fue suspendido y desde entonces no hubo avances. “No esta semana pero va a haber novedades pronto seguramente”, aseguró un funcionario referente en la materia a .

El segundo frente es la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina.

El entendimiento -que ya tiene dictamen en el Senado- contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada.

A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

Durante el debate en comisión, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, confirmó que el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para completar la aprobación legislativa.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su tratamiento en el recinto, en el oficialismo proyectan una sesión para la segunda semana de mayo -posiblemente el jueves 14- en la que podría incluirse este acuerdo.

Luego, el proyecto deberá girarse a Diputados y atravesar el mismo proceso en un plazo acotado: el Gobierno tendrá apenas 15 días para lograr su ratificación y cumplir con la nueva fecha límite.