Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.

El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.

Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.

Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.

Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.

Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.

Por bloque político

El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.

Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.

Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).

Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)

Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.

Los senadores más prolíficos

De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.

El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.

Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.

El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.

Los legisladores con menos proyectos

En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.

A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.

La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.

Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe González

proyectos senadores

El Gobierno negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo y las partes negocian un texto intermedio entre la reforma original de más de 900 páginas y una versión más reducida.

La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión sigue abierta, pero remarcan que las partes acercaron posiciones después de meses de desencuentros internos.

La reforma penal quedó atravesada por la pelea por el control del área de Justicia. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que ahora está a cargo de Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.

Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.

La discusión central pasa por el alcance del texto. El borrador original que se trabajó durante la gestión anterior superaba las 900 páginas e incluía una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de leyes penales especiales. Mahiques impulsa ahora una versión más acotada, con el argumento de que una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por el volumen de temas sensibles.

En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador que recibieron reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques rechazan esa lectura y remarcan que el texto enviado desde Justicia abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una versión mínima. En ambas partes, sin embargo, admiten que buscan “ponerse de acuerdo”.

Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es cerrar un punto intermedio: una reforma cercana a la mitad del texto original o de alrededor de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. La intención es evitar tanto un paquete demasiado chico, que pueda ser leído como una señal de retroceso, como una reforma integral que obligue al Gobierno a abrir discusiones difíciles de sostener en el Congreso.

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El Gobierno quiere preservar los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos aparecen el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. En la Casa Rosada ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco querían abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo habían deslizado en distintos momentos la intención de revisar ese agravante.

En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal”, expresan en Nación. La decisión responde a una lectura técnica y política: el Gobierno considera que no conviene avanzar con el sistema de jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría cómo se aplicará en la práctica.

La decisión modifica la agenda judicial que el oficialismo venía preparando para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido presentado internamente como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora quedó postergado mientras se ordena la discusión penal y procesal.

La próxima reunión de la mesa política será clave para definir la secuencia de envíos al Congreso. El encuentro se realizará la semana que viene y estará encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

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En la Casa Rosada quieren usar esa instancia para ordenar prioridades legislativas después de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. La reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial forman parte del tablero que deberá administrar el nuevo esquema político.

“Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos”, agregan en el Ejecutivo. La intención del Gobierno es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.

Gobierno, codigo penal, Juicio por jurados

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y la leyó como una señal de apertura del Gobierno nacional hacia los distritos, al tiempo que reivindicó al PRO como el espacio opositor con mayor dinamismo territorial de cara a las elecciones de 2027. Lo dijo este domingo en Radio Mitre, una semana después de que Santilli asumiera el cargo que dejó Manuel Adorni tras su renuncia forzada por un escándalo patrimonial.

Para Torres, la llegada de Santilli representó un punto de inflexión en la relación entre la Nación y las provincias. “Hubo un momento bisagra con la asunción de Santilli, donde se recuperó la agenda o la iniciativa”, afirmó el mandatario chubutense, quien precisó que los ejecutivos de Chubut, Neuquén y Río Negro debieron financiar de forma coordinada obras de infraestructura de alcance nacional —una práctica que describió como inédita— ante la concepción de un gobierno que circunscribe su rol a la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior.

Torres señaló que Santilli permitió resolver en una sola reunión cuestiones que venían trabadas desde hacía meses, entre ellas garantías soberanas y acceso a financiamiento para la región patagónica. “De la mano de Santilli pudimos destrabar en una sola reunión muchas cuestiones que son importantísimas, no solamente para Chubut, sino para la Patagonia”, subrayó. El gobernador reconoció que el costo político de sostener a Adorni fue real, y que la decisión del presidente Javier Milei de designar a Santilli implicó un mensaje hacia los gobernadores. “Creo que la decisión del presidente de que sea Santilli tiene que ver también con un mensaje hacia los gobernadores, hacia el generar un diálogo, generar consenso”, sostuvo.

Santilli se desempeñaba como ministro del Interior desde noviembre de 2025, cuando Milei lo convocó para articular la relación con los gobernadores y gestionar los acuerdos legislativos que el oficialismo necesitaba para avanzar en sus reformas. Su designación contó con el respaldo de Karina Milei y del asesor Santiago Caputo, una combinación de apoyos internos que no tuvieron sus tres antecesores en el cargo. Es el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria.

Torres reveló que habló con Santilli un día antes del anuncio oficial, cuando todavía no circulaba su nombre con fuerza. “Había hablado justo un día antes, donde la verdad que no había rumores, pero todavía ni siquiera se hablaba de la posibilidad de que Diego pueda llegar a ser jefe de Gabinete”, contó. Cuando se enteró de la noticia, dijo haberla celebrado ante todo “por la vocación de diálogo y la posibilidad de tener un interlocutor que nos lleve en este veranito que queda antes de las elecciones a avanzar en una agenda intensiva de gestión».

En su primera semana al frente de la Jefatura, Santilli ratificó ante Infobae que su prioridad es construir las mayorías políticas necesarias para profundizar las reformas del gobierno. “Para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente tiene que reelegir», sostuvo, y aclaró que el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas tendrá sentido solo si sirve para aprobar los cambios impulsados por el oficialismo. Torres coincidió en que el candidato natural del oficialismo es Milei.

Sobre el escenario político más amplio, el gobernador chubutense trazó una defensa del PRO como fuerza con identidad propia. Atribuyó a Mauricio Macri el mérito de haber anticipado la necesidad de cambios en el gabinete y consideró que la incorporación de Santilli le dio la razón. “El tiempo le va a terminar dando la razón o ya se la está dando, en relación a la incorporación de Santilli”, afirmó Torres.

El vínculo entre Santilli y Macri tiene historia. El nuevo jefe de Gabinete fue uno de los referentes del PRO durante más de dos décadas y ocupó cargos en la administración porteña bajo los gobiernos de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, entre ellos vicejefe de Gobierno entre 2015 y 2021. Su incorporación a La Libertad Avanza (LLA) se consolidó con la alianza electoral de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la boleta oficialista y condujo una remontada que le dio al oficialismo 17 bancas contra 16 del peronismo, con el 41,5% de los votos. En la entrevista con Infobae, Santilli destacó “el acompañamiento estoico” del PRO durante estos años y afirmó que “el PRO ayuda” a la gobernabilidad desde el Congreso.

Torres describió a un Macri “relajado, sincero” y valoró que el expresidente haya asumido un rol más activo en la conducción del partido. “Esta versión de un Macri relajado, sincero, a mí por lo menos me parece que es sano y es muy bueno para el PRO”, dijo, y agregó que lo ve como “una persona que está despojada de mezquindades de la política y quiere fortalecer un espacio que fue muy importante para generar el cambio que necesitaba la Argentina”. Para el gobernador, el PRO es “el partido que más se está movilizando y que más se está construyendo a lo largo y ancho del país” fuera del oficialismo.

Sobre la posibilidad de que una candidatura del PRO fragmente el voto y favorezca al kirchnerismo, Torres rechazó el argumento. “Plantear esa premisa es antidemocrático”, dijo, y recordó que el mismo razonamiento se usó contra Milei cuando compitió fuera de Juntos por el Cambio en 2023, sin que eso impidiera su victoria. El gobernador también abordó la discusión sobre el sistema electoral: se mostró escéptico ante las colectoras y advirtió que podrían beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Defendió la boleta única de papel implementada en Chubut como un avance en transparencia y practicidad, y celebró su adopción a nivel nacional. La eliminación de las PASO figura entre las prioridades legislativas que el propio Santilli identificó en su primera semana al frente de la Jefatura de Gabinete.