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La «batalla» por el estrecho de Ormuz: caos, ataques y cruce de acusaciones entre Estados Unidos e Irán

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La operación militar de Estados Unidos para “guiar” barcos petroleros de países “neutrales” atrapados en el Estrecho de Ormuz comenzó este lunes con un verdadero caos en esa vía clave para el suministro global, con ataques cruzados estadounidenses e iraníes a barcos y refinerías que quedaron en llamas, colocando en máximo riesgo a la tregua anunciada a principios de abril entre Washington y Teherán y atizando la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, que amenazó con borrar a Irán “de la faz de la Tierra”.

El alto el fuego en Oriente Medio pareció quedar en un limbo ya que los Emiratos Árabes Unidos y Omán denunciaron que fueron atacados con drones por Irán, mientras que el ejército estadounidense afirmó que había destruido seis barcos militares iraníes y que Irán había disparado contra barcos de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz, en el marco del operativo anunciado por Trump para “liberar” el atasco de buques en ese paso crucial en el Golfo.

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Las autoridades de los Emiratos culparon a Irán de un ataque con dron que provocó un incendio en la Zona de la Industria Petrolera de Fujairah, la mayor zona de almacenamiento de petróleo del país, en la primera ofensiva de este tipo desde que se alcanzó un alto el fuego a principios de abril.

En la vecina Omán, dos personas resultaron heridas en un ataque en Bukha, cerca del territorio emiratí, según una agencia estatal de noticias omaní que no identificó al culpable.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central militar de EE.UU., dijo que buques de guerra estadounidenses derribaron misiles de crucero y drones que Irán disparó contra los barcos y buques comerciales que la Marina guiaba a través del Estrecho de Ormuz en el primer día del llamado “Proyecto Libertad” que Trump anunció el domingo, una ofensiva para desactivar el atasco de cerca de 2.000 barcos con 20.000 tripulantes que están atrapados en el Estrecho sin poder salir.

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El Comando informó también que helicópteros del Ejército destruyeron seis lanchas rápidas militares iraníes que amenazaban a los barcos en el estrecho y que al menos dos barcos mercantes, que navegaban bajo bandera estadounidense, cruzaron el estrecho gracias al operativo. Pero Irán lo negó.

En una guerra de declaraciones, el propio Trump dijo que Irán había «lanzado algunos ataques a naciones no relacionadas» con la guerra, incluido un buque de carga surcoreano. Agregó que más allá de eso no hubo «daños al atravesar el estrecho».


Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Irán cerró el estrecho, por donde circula el 20% del crudo mundial, buena parte del gas y componentes clave como helio y fertilizantes. Algunos buques podían salir previo pago de peaje a Teherán, pero otros permanecieron esperando que se liberara el paso. Luego de que Irán se negara a abrir el estrecho tras la tregua, Trump decidió bloquear el ingreso y egreso con buques estadounidenses para presionar a Irán.

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Pero este domingo el jefe de la Casa Blanca, preocupado por la suba de combustible en Estados Unidos, dijo que liberaría a los barcos de países “neutrales”, sin especificar cuáles, y justificó su ofensiva por cuestiones “humanitarias”. “Solo se pretende liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo y son víctimas de las circunstancias. Este es un gesto humanitario”, dijo.

Y advirtió que si alguien interfería en esa “liberación”, sería tratado “con contundencia. “Muchos de estos barcos están quedándose sin comida y con todo lo necesario para que las tripulaciones a gran escala puedan mantenerse a bordo de forma sana y sanitaria. Creo que eso ayudaría mucho a mostrar buena voluntad en nombre de todos aquellos que han estado luchando tan intensamente durante los últimos meses. Si, de alguna manera, se interfiere este proceso humanitario, esa interferencia tendrá que ser tratada con contundencia”, dijo.

Para este operativo, el Pentágono informó que movilizó “destructores dotados con misiles guiados, más de un centenar de aviones desde aire y tierra, plataformas no tripuladas de multidominio y 15.000 soldados”.

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Irán reafirmó que sigue controlando la vía clave: “Hemos reiterado que la seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos y que el paso seguro de los buques debe coordinarse con las Fuerzas Armadas de Irán”, subrayó el mando unificado iraní a buques comerciales y petroleros. “Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será atacada si pretende acercarse e ingresar al estrecho de Ormuz”.

Horas antes, el portavoz del ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei, presentaba a su país como el garante de la seguridad y estabilidad de Ormuz. “Los dirigentes estadounidenses deben entender que el lenguaje de la amenaza y la fuerza no funciona contra el pueblo iraní, y que repetir los errores del pasado solo los hundirá más en su propio pantano, tanto en la región como en la comunidad internacional”, aseguró.

Buques en el Estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán. Foto Reuters

Trump continuó la escalada verbal y dijo en una entrevista televisiva que Irán será “borrado de la faz de la Tierra” si mantiene sus ataques. “Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes”, aseguró el presidente.

“Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo; todas ellas están abastecidas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si es necesario”, agregó.

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En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista en Fox News que los iraníes “Son una banda de piratas”. Y agregó que “están intentando impedir la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz. Y Estados Unidos está restableciendo ese paso. Se trata de un esfuerzo humanitario”, afirmó Bessent.

Reabrir el estrecho ha sido un tema crucial en las semanas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos desde que acordaron un alto el fuego, que en gran medida detuvo los combates. Ambas partes intercambiaron varias propuestas y mantuvieron conversaciones cara a cara en Pakistán, pero no han logrado salvar diferencias considerables en cuestiones clave, incluido el programa nuclear iraní. Para complicar aún más las cosas, Irán insiste en utilizar su control sobre el estrecho como presión para exigir la descongelación de activos y reparaciones de guerra.

Estados Unidos, en tanto quiere la reapertura inmediata del estrecho para intentar que baje el precio de combustible en los surtidores estadounidenses y otorgue cierto alivio a Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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Crisis en Cuba: varias empresas extranjeras se van de la isla o reducen sus operaciones para evitar las sanciones de Trump

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Varias empresas extranjeras pusieron fin o redujeron sustancialmente sus actividades en Cuba, a tres días de que venza el ultimátum de Donald Trump a compañías extranjeras para que corten todos sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington.

La salida de empresas extranjeras de la isla agrava la paupérrima situación económica y social que atraviesa la isla, con apagones interminables y en la víspera de que Raúl Castro, dirigente histórico de la Revolución, cumpla 95 años este miércoles.

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El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba, que ya soporta un embargo vigente desde 1961, y reiteró que la isla representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La Casa Blanca impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba y puso en la mira al Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Se trata de una de las primeras empresas sancionadas bajo la nueva orden ejecutiva.

En ese marco, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el próximo viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

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Estas medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Un impacto “devastador”

En este contexto, varias cadenas hoteleras ya anunciaron su retiro o la reducción de sus operaciones en la isla.

El grupo español Iberostar dejó de administrar 12 hoteles que gestionaba en Cuba en asociación con Gaesa, aunque continuará trabajando con otras seis instalaciones que son propiedad el Ministerio del Turismo.

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Un conductor de bicitaxi espera a los clientes junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Iberostar y Meliá fueron las primeras en en llegar a Cuba, después que la isla se abrió al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.

El lunes, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que cesaba sus operaciones en Cuba debido a la situación actual del sector, en momentos en que la isla se encuentra bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos.

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Leé también: Un mes de protestas en Bolivia: opositores impulsan un referéndum para forzar una salida a la crisis

Meliá y el grupo asiático Archipiélago International también estudian limitar su presencia o abandonar la isla, según fuentes cercanas al sector.

En el caso de Meliá podría cesar la actividad en 14 de los 35 hoteles que gestiona en la isla.

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A mediados de mayo, dos navieras europeas, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, suspendieron “temporalmente” las entregas y los nuevos envíos de contenedores de mercancías a Cuba.

Activo en el sector de la minería, también en el radar de Washington, la minera canadiense Sherritt se convirtió el 7 de mayo en la primera empresa extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de la empresa mixta General Nickel Company S.A.

“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró el economista y consultor cubano, Daniel Torralbas. Esto “ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apunta el experto.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, firme opositor del gobierno de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa.

Rubio recordó que el expresidente Raúl Castro, ahora imputado por la justicia estadounidense, fue el fundador de Gaesa. Según el departamento de Estado estadounidense, esta empresa posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía cubana.

(Con información de AFP)

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INTERNACIONAL

DOJ expands indictment against SPLC, alleging $4M secretly funneled to KKK and extremist groups

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The Department of Justice last month announced an indictment against the Southern Poverty Law Center (SPLC), alleging that the civil rights nonprofit defrauded donors by secretly paying informants associated with extremist organizations, including the Ku Klux Klan.

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A federal grand jury in the Middle District of Alabama returned an 11-count indictment in April charging the SPLC with six counts of wire fraud, four counts of making false statements to a federally insured bank and one count of conspiracy to commit concealment money laundering, according to the Justice Department.

The superseding indictment retains those charges while expanding on the alleged misconduct.

According to the DOJ, the SPLC «secretly funneled» more than $3 million in donor funds between 2014 and 2023 to numerous individuals associated with extremist organizations, including the Ku Klux Klan, United Klans of America, the National Socialist Movement, participants in the Unite the Right rally and the Aryan Nations-affiliated Sadistic Souls Motorcycle Club.

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NEO-NAZIS, ‘SADISTIC’ BIKERS AND CHARLOTTESVILLE ORGANIZER: 5 OF THE MOST SHOCKING SPLC INFORMANTS

The Southern Poverty Law Center has widespread influence in education. FILE: Acting Attorney General Todd Blanche, left, and SPLC interim President and CEO Bryan Fair are shown in a split image as the Justice Department pursues charges against the Southern Poverty Law Center. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images; USA TODAY Network via Imagn Images)

The original indictment alleged approximately $3 million in payments between 2014 and 2023.

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«The SPLC’s paid informants (‘field sources’) engaged in the active promotion of racist groups at the same time that the SPLC was denouncing the same groups on its website,» the indictment states.

Prosecutors further allege the SPLC opened bank accounts tied to fictitious entities in order to conceal donor funds that were allegedly routed to confidential sources.

MIKE DAVIS: SOUTHERN POVERTY LAW CENTER: A TALE OF A RACISM SCAM

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Southern Poverty Law Center building

The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)

According to the indictment, the SPLC began operating a covert informant network in the 1980s, and between 2014 and 2023 allegedly paid those sources in a clandestine manner.

The DOJ alleges an SPLC employee instead encouraged the pair to remain involved and offered them a monthly salary of $1,200.

The two subsequently agreed to remain in the organization, according to the indictment.

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DR. BEN CARSON: I KNOW HOW BAD THE SPLC WAS, IT CAME AFTER ME AND PUT ME AT RISK

Todd Blanche speaks at Justice Department press conference with FBI Director Kash Patel.

Acting Attorney General Todd Blanche spoke during a press conference alongside FBI Director Kash Patel at the Department of Justice on April 21, 2026, in Washington, D.C., following the indictment of the Southern Poverty Law Center. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images)

Prosecutors allege an SPLC employee instructed the individuals to claim they worked for a company called Rare Books and helped college students with research and writing assignments if anyone questioned the source of their income.

The indictment alleges donor funds were used to pay both individuals through SPLC accounts.

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According to prosecutors, the pair were also reimbursed for expenses related to Ku Klux Klan activities, including cross-burning events and associated costs such as wood and fuel.

One of the individuals is also accused of recruiting new members using donor-funded payments. The indictment further alleges the SPLC knew donor funds were used to purchase materials for Ku Klux Klan garments.

In a statement to Fox News Digital, attorney Abbe Lowell, who represents the SPLC, denied the allegations.

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Todd Blanche shown over Department of Justice and FBI headquarters.

A composite image shows Acting Attorney General Todd Blanche overlaid on photographs of the Department of Justice and FBI headquarters in Washington, D.C. (Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images; Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)

«This apparent superseding indictment attempts to shore up the flaws in the initial charges, but it changes nothing,» Lowell said.

«The SPLC did not lie to its donors, it did not mislead banks it did business with, and its informant program prevented violence and saved lives,» he continued. 

«It appears the Justice Department shared the indictment with media before it was unsealed by the court – another example of the government’s troubling handling of this case.»

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«We will be addressing these irregularities with the court and look forward to presenting the truth at trial,» he added.

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Bryan Fair speaks at a podium during a ceremony at the Southern Poverty Law Center in Montgomery, Alabama.

SPLC interim President and CEO Bryan Fair speaks during a wreath-laying ceremony at the Southern Poverty Law Center Civil Rights Memorial in Montgomery, Ala., on March 5, 2026. (Jake Crandall/Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

The superseding indictment also notes that the SPLC’s reported revenue increased from roughly $38.7 million in 2010 to more than $129 million in 2023, an increase of approximately 233%.

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According to the filing, the organization’s net assets grew from approximately $238 million to nearly $787 million during the same period.

The SPLC is a longtime nonprofit organization that says it combats white supremacy and extremism through research, reporting and monitoring efforts intended to assist law enforcement and the public.

During a news conference announcing the original indictment, Acting Attorney General Todd Blanche alleged the SPLC paid members of extremist groups so it could generate «work product» documenting their activities.

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«To that end, [SPLC] was doing the exact opposite of what it told its donors it was doing – not dismantling extremism but funding it,» Blanche said.

Fox News Digital’s Alexandra Koch, David Spunt, Jake Gibson and Alec Schemmel contributed to this report.

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Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala

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El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo bajo el Decreto 15-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República de Guatemala aprobó, este martes, con 147 votos a favor, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, identificada como Decreto 15-2026. Esta legislación representa un paso relevante para el país, ya que actualiza el marco legal guatemalteco en prevención y combate de estos delitos, alineándose con estándares internacionales.

La votación se llevó a cabo tras semanas de negociaciones y discusiones, donde distintos bloques legislativos analizaron y consensuaron enmiendas al texto final. De acuerdo con la información difundida por el propio Congreso, la iniciativa busca dotar a Guatemala de herramientas legales modernas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que han presionado la integridad del sistema financiero nacional.

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Entre los puntos destacados del nuevo decreto se encuentran:

  • Actualización del marco legal de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  • Armonización con estándares internacionales (GAFI / GAFILAT)
  • Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir la entrada de capitales ilícitos
  • Protección de la reputación financiera de Guatemala
El Decreto 15-2026 alinea Guatemala con los estándares internacionales de GAFI y GAFILAT para combatir delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)
El Decreto 15-2026 alinea Guatemala con los estándares internacionales de GAFI y GAFILAT para combatir delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)

Durante la discusión parlamentaria, los diputados destacaron la necesidad de contar con una legislación actualizada que permita fortalecer la vigilancia y el control sobre las operaciones financieras sospechosas, así como mejorar los mecanismos de cooperación internacional.

La aprobación de la ley se produjo con el respaldo de la mayoría de los diputados presentes, reflejando una voluntad política orientada a blindar la economía nacional frente a delitos complejos y transnacionales.

La reforma fue producto de semanas de debate y consenso entre distintos bloques parlamentarios sobre los delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)
La reforma fue producto de semanas de debate y consenso entre distintos bloques parlamentarios sobre los delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)

La Superintendencia de Bancos (SIB) celebró la aprobación del Decreto 15-2026, considerándolo un hito. Según un comunicado oficial emitido tras la votación, la SIB reconoció el esfuerzo de los distintos actores institucionales que participaron en la elaboración, análisis y aprobación de la ley.

La nota resalta que por primera vez se integran en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, sustituyendo un marco legal que llevaba más de 25 años en vigencia.

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De acuerdo con la SIB, la efectividad de este nuevo marco dependerá de su implementación adecuada, la articulación entre las autoridades competentes y la participación de todos los actores del sistema financiero. La entidad reiteró su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de mantener la integridad del sistema financiero guatemalteco en línea con los compromisos internacionales.

La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación de la ley como un hito en la prevención contra lavado de activos. (Cortesía: Superintendencia de Bancos)
La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación de la ley como un hito en la prevención contra lavado de activos. (Cortesía: Superintendencia de Bancos)

El Decreto 15-2026 incorpora principios y prácticas recomendadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este marco armonizado busca elevar la capacidad institucional de Guatemala para prevenir la entrada de capitales ilícitos, así como proteger la reputación financiera del país en el entorno global.

La SIB enfatizó que la aprobación de esta ley reafirma el compromiso del Estado de Guatemala con la transparencia y la resiliencia del sistema financiero, además de responder a la evolución de los delitos financieros y las crecientes exigencias regulatorias de la comunidad internacional. La entidad también subrayó que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país, que requiere la participación coordinada de autoridades, sector privado y ciudadanía.

Se incorpora la declaración emitida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien celebró la aprobación de la nueva normativa a través de sus redes sociales. El mandatario expresó: “Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado”.

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Bernardo Arévalo, mandatario guatemalteco, afirmó que la protección al pueblo requiere golpear al crimen donde más le duele: sus recursos económicos. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
Bernardo Arévalo, mandatario guatemalteco, afirmó que la protección al pueblo requiere golpear al crimen donde más le duele: sus recursos económicos. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

La publicación del presidente resalta el alcance de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, y enfatiza el objetivo de la nueva legislación: debilitar las estructuras financieras de organizaciones delictivas y proteger a la ciudadanía.

Este mensaje refuerza el posicionamiento oficial del Gobierno respecto a la importancia de endurecer la lucha contra los delitos financieros y el crimen organizado, sumando respaldo político a la implementación del Decreto 15-2026.



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