El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.

El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.

Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.

Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol.

La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.

Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.

En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.

Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones.

“Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield”, argumentó el abogado D’Alesandro.

Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.

Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.

Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.

Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.

Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.

La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.

“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .

Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.

Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.

había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes.

Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.

Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.

La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.

Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resume la resolución de Armella.

Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.

Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.

Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.

La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ensayó este miércoles una explosiva hipótesis sobre la muerte en 2015 de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman, al señalar que los supuestos partícipes están ligados a servicios de inteligencia vinculados con la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz, y a un funcionario del actual Gobierno nacional.

La jueza disertó en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, en el Hotel Libertador, donde aseguró que la corrupción en la Argentina es estructural, ya que abarca a los tres poderes del Estado.

Arroyo Salgado calificó al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” porque -según dijo- debería haber más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.

El discurso de la magistrada arrancó aplausos entre los rotarios y exclamaciones de asombro ante sus revelaciones realizadas desde el púlpito, aunque luego no dio mayores detalles.

La magistrada fue durante 16 años la esposa de Alberto Nisman y madre de sus dos hijas. El fiscal, que investigaba la causa AMIA, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza tras denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por encubrimiento tras la firma del Pacto con Irán.

Al final de su discurso, a la hora de los postres y las preguntas del público, la consultaron acerca de si era optimista con respecto a los avances en la investigación de la muerte de Nisman.

La jueza respondió: “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”.

La magistrada no dio otros detalles. La causa por la muerte de Nisman es considerada por la Justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.

Lagomarsino dijo a que efectivamente se reunió con la empresa YCRT, con la gente de sistemas, porque lo llamaron para dar soluciones tecnologías a la empresa. “No sé concretó el trabajo, no llegamos a un acuerdo”, recordó y afirmó que no hubo en torno a eso ningún “secreto”.

Explicó que hasta viajo a Río Turbio a conocer la empresa y que lo hizo con permiso del juego federal Julián Ercolini, que es quien lo investiga. “Es una idea que nada que ver”, sostuvo el técnico informático, que indicó que se registró cuando entró a YCRT.

El fiscal Eduardo Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.

Arroyo Salgado pareció aludir a informes de prensa que señalan una supuesta reunión en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, durante una hora y media. Gordillo sería un histórico kirchnerista nombrado ahora por la administración libertaria, luego de la salida del anterior interventor por corrupción.

La jueza dio una charla sobre Investigaciones Complejas y Credibilidad en la Justicia donde dijo que “la corrupción es estructural y no escapa a los tres poderes del Estado. Es de orden público, pero también de la sociedad civil”, explicó al sostener que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”.

Arroyo Salgado mencionó que esta situación “no escapa a ningún color político y a ningún Gobierno”. Fue allí que mencionó la ineficacia de la Justicia frente al crimen organizado.

Dijo que en las fronteras el narcotráfico se apropia del Estado y del territorio, adquiriendo campos para construir pistas clandestinas y contrabandear droga. En la misma línea afirmó que el terrorismo no es una categoría académica, sino una deuda con la sociedad y las víctimas de la AMIA y la Embajada de Israel.

Allí mencionó a Nisman, “asesinado a cuatro días de radicar una denuncia de encubrimiento contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo”. Dijo que el pacto con Irán fue en realidad un “pacto de impunidad para los responsables detrás del atentado”.

“Es el avasallamiento más grande que tuvo nuestro país una vez reanudada la democracia”, indicó, al tiempo que consideró al crimen de Nisman como “el acontecimiento de mayor impacto institucional”, porque era “un fiscal en función”.

Señaló que “el gran desafío es combatir la corrupción endémica y estructural que tenemos, que no solo es una corrupción activa cuando hemos visto jueces, fiscales, miembros de fuerzas de seguridad, de la política, que forman parte de organizaciones criminales, sino que también tenemos en este escenario una corrupción pasiva de no ver, de no hacer, de dejar pasar”.

Arroyo Salgado entendió que en la selección de magistrados, poniendo por encima de todo la honestidad, está la clave para combatir la corrupción.

A la hora de las preguntas se quejó de que los presos bonaerenses puedan tener celulares en sus celdas, dijo que advirtió sobre ello al ministro de Justicia provincial Juan Martín Mena, sin tener éxito en su reclamo, y enfatizó: “Sería una buena decisión política que el gobernador Axel Kicillof pase el Servicio Penitenciario bonaerense a la cartera de Seguridad, tal como lo hizo el presidente de la Nación con el Servicio Penitenciario Federal”.

La jueza dijo que con los índices de corrupción que hay debería haber más jueces destituidos. “El Consejo de la Magistratura, como tiene una integración tan plural e integrada por académicos, por jueces, por políticos, es como un elefante burocrático que difícilmente llega a tomar decisiones en tiempo y forma respecto del magistrado que no está haciendo bien su trabajo”, criticó.

Arroyo Salgado dijo que “con los índices de corrupción que hay en la Justicia, en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, deberían ser muchos más los magistrados que estén sometidos a procesos de investigación, en juicio político y también que sean removidos, ¿no?“, concluyó.