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Presentaron un amparo colectivo contra la reforma de la Ley de Glaciares con más de 850 mil firmas

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Un grupo de organizaciones ambientales y de la sociedad civil presentó este martes un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso el 9 de abril. La acción judicial reúne más de 850.000 adhesiones individuales y solicita la inconstitucionalidad de la norma junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.

La presentación fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con asambleas territoriales, organismos de derechos humanos y referentes vinculados a la ley original. El planteo busca que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, no se apliquen los cambios que votó el Congreso a la ley 26.639.

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Según explicaron en una conferencia de prensa, el objetivo central es evitar posibles impactos sobre reservas estratégicas de agua dulce. “Esta demanda plantea la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso y su nulidad”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN. En ese marco, agregó que se trata de “una reforma regresiva, que viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y compromisos internacionales”.

Un reclamo con alcance federal

El expediente fue radicado en La Pampa con el argumento de que la modificación legal tiene efectos sobre cuencas hídricas que atraviesan distintas provincias. En las organizaciones señalaron que el impacto no se limita a las zonas cordilleranas, sino que alcanza a sistemas de abastecimiento de agua en otras regiones del país.

La demanda también cuestiona el proceso legislativo que derivó en la reforma. De acuerdo con el planteo, más de 100.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en Diputados, pero menos del 0,2% pudo exponer de manera oral. Para los impulsores del amparo, ese dato afecta las condiciones de participación exigidas por normas ambientales vigentes.

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La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares el 9 de abril (Foto: Diputados).

“Ahora quedamos a la espera de lo que resuelva el juzgado. Entramos en los tiempos de la justicia”, señaló Nápoli, quien remarcó que el reclamo cuenta con respaldo social. En paralelo, adelantó que continuarán promoviendo acciones legales y campañas de adhesión.

Pedido de suspensión y expectativa judicial

La acción incluye un pedido de medida cautelar para que se suspenda la implementación de la reforma mientras avanza el proceso. En ese punto, se solicita que no se habiliten actividades en zonas alcanzadas por el régimen anterior hasta que exista una definición judicial.

Desde Greenpeace, el director de programas Diego Salas destacó el nivel de acompañamiento. “No es una demanda más, es una de las más emblemáticas en la historia argentina en defensa del agua”, afirmó, y sostuvo que la iniciativa apunta a “preservar la fuente de agua de miles de argentinos”.

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“La reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas”, explicaron los denunciantes.

Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, planteó que esperan “que la justicia esté a la altura de las circunstancias y responda al pedido de la ciudadanía”. El abogado sostuvo además que el proceso judicial será acompañado por nuevas acciones en otros ámbitos.

El caso abre una instancia judicial que pondrá en revisión la reforma aprobada por el Congreso y deja en manos de la Justicia la evaluación sobre su validez constitucional y sus efectos en la protección ambiental.

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Luis Caputo le respondió a Domingo Cavallo: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, le contestó a Domingo Cavallo, luego de que el exfuncionario del menemismo insistiera con su pedido de liberar el mercado cambiario. “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, consideró Cavallo este martes a la tarde durante una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, tras ser consultado por la resistencia del Gobierno a liberar el mercado cambiario en 2027 ante el temor de una corrida que afecte el año electoral.

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En ese marco, Caputo respondió: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note». Y añadió: “Porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos».

Noticia en desarrollo.




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Un fiscal acudió a la Corte Suprema para evitar que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

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El fiscal Juan Carlos Paulucci recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise y declare inadmisible la medida cautelar que ordenó al ANSES restituir, de manera provisoria, la pensión que percibía Cristina Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La presentación se produjo luego que la Cámara de la Seguridad Social rechazó elevar el caso al máximo tribunal, dejando firme la orden de pago mientras se resuelve la cuestión de fondo.

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Paulucci, titular de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, busca que la Corte declare inadmisible la cautelar concedida en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini. Esa resolución obligó a la ANSES a reponer el beneficio, que había sido dado de baja en noviembre de 2024 por una resolución interna.

La baja se produjo tras la condena dictada contra la exmandataria en la causa Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Paulucci argumentó que, mientras esté vigente esa condena, corresponde la “suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”, según la normativa aplicable.

En noviembre de 2024, último mes en que se abonó el beneficio, el monto ascendía a casi 12,5 millones de pesos tras los descuentos correspondientes.

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El recurso de queja ante la Corte no tiene, en principio, efecto suspensivo. Por lo tanto, el pago ordenado por la Cámara debería cumplirse mientras el máximo tribunal decide si toma o no el caso.

La disputa por la pensión

La batalla legal comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso, mediante la Resolución 1092, dar de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria: la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como presidenta de la Nación. La medida se adoptó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Dos meses antes, el Gobierno había presentado un recurso extraordinario ante la Justicia con el objetivo de revertir una decisión previa de la misma Cámara que había ordenado restablecer la asignación mensual vitalicia.

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En aquella oportunidad, desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, la Cámara previsional ya había intervenido previamente para suspender los efectos de la decisión administrativa. En ese fallo, el tribunal declaró “formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina y dispuso frenar la baja de la pensión.

Leé también: Adorni dijo que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas y que informará su patrimonio

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El tribunal sostuvo que la ANSES no podía dar de baja el beneficio de la pensión, sino únicamente suspenderlo. También consideró incorrecto que el organismo previsional hubiera eliminado ambas prestaciones “por cuestiones de honor”, tal como había sido argumentado en la decisión administrativa.

Al mismo tiempo, la Cámara avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta, al entender que la condena judicial habilita esa medida. De este modo, la decisión distingue entre ambos beneficios: mientras la pensión como viuda debe restituirse, la jubilación continúa suspendida.

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“Los cuadernos eran originales”: el periodista Diego Cabot declaró como testigo en el juicio

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Diego Cabot, el periodista de que recibió las anotaciones del chofer Oscar Centeno y lideró la investigación de los Cuadernos de las Coimas, declaró este martes durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.

Diego Hernán Cabot. Soy periodista”, se presentó en respuesta a las preguntas de rigor formuladas al comienzo por el tribunal. Cabot comenzó por describir cómo llegó a sus manos el material que dio origen a la investigación.

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Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.

Diego Cabot declara en el juicio por Cuadernos

En esa caja, sostuvo el periodista, había facturas, DVDs, CDs y los cuadernos que derivaron en la investigación y la posterior denuncia judicial. “La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta puntual de la fiscal.

“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, sumó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.

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La primera parte de su relato se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.

De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha -conocida como Gas Natural Licuado- y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.

En un tramo de su investigación —que se extendió de enero a abril de 2018— Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.

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El periodista detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.

En la sala auditorium, en la planta baja de Comodoro Py, lo escuchaban los jueces del tribunal; la fiscal León, Centeno -que es testigo protegido y arrepentido en la causa- y los abogados de muchos de los empresarios acusados de pagar coimas, señalados por el chofer en sus anotaciones. Entre las libretas y los apuntes que tenían a mano, varios de los abogados llevaban también consigo el libro del periodista sobre el caso, llamado “Los cuadernos”.

Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, durante el juicio por la causa cuadernos en los tribunales de Comodoro PyRicardo Pristupluk

En la sala se encontraba Carlos Beraldi, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio y apuntada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal.

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Otros defensores, en cambio, seguían la declaración por la plataforma Zoom y lo confrontaron de manera virtual.

Judicialización

Cabot contó también por qué, antes de publicar la investigación, decidió llevar el caso a la fiscalía de Carlos Stornelli, a quien conocía previamente por su trabajo periodístico. “Había llegado a una fuerte convicción de que había hecho una enorme investigación y decidí hacer una denuncia y entregar mi trabajo periodístico para que la Justicia […] lo investigue”, afirmó.

“Hablé con él [Stornelli] porque estaba investigando en esta causa de Gas Licuado a varios de los que estaban en mi trabajo de investigación”, afirmó el periodista.

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Por temor, en un primer momento consideró hacer la pesquisa bajo identidad reservada. “Pensé mucho en la protección de mis hijos -dijo-. Conocía la conducta de los políticos investigados, pero no la de los empresarios”.

Relató también que, por octubre de 2019, una persona que no conocía lo contactó por “la causa cuadernos” y le devolvió 6 de las 8 libretas originales.

Fue un encuentro veloz, en una esquina cerca del diario, según habían convenido. El hombre le entregó una bolsa con el material y se fue. “Eran los mismos; los seis con los que yo había trabajado. No me dijo nada, de dónde habían salido, nada”, contó Cabot. Tras meditarlo, el periodista contó que resolvió llevarlos también a la Justicia.

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Ante otra consulta de la fiscal León, relató que nunca había sido imputado en ninguna causa, pero que sí había sido impulsor de varias, en respuesta a los muchos robos y aprietes que sufrió en los últimos siete años. “Busqué que se imputara a algunos y nunca lo logré”, afirmó.

Preguntas

La defensa de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, lo consultó sobre su relación y contactos con Bacigalupo y el fiscal Stornelli, sobre posibles tachaduras en los cuadernos y sobre otros aspectos de su trabajo como reuniones con colegas o autoridades del diario.

El periodista contestó esas y otras preguntas y sostuvo siempre que el foco de su investigación estuvo puesto en comprobar si el contenido de los cuadernos era o no “veraz”, y que por eso se había reunido con empresarios y otras fuentes.

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Se negó a contestar, en tanto, con qué empresarios se había reunido durante su investigación, amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas.

La abogada de Baratta, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, se opuso y pidió al Tribunal que “ordene” a Cabot responder esa pregunta. Otras defensas se sumaron al pedido de Gómez Alcorta, se abrió un incidente y el tribunal, después de una hora de deliberación, resolvió en favor del periodista, que no debió finalmente revelar sus fuentes.

En respuesta a una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira, Cabot dijo no saber si existió una presión por parte del fiscal Stornelli sobre los imputados para convertirse en arrepentidos.

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Con la declaración de Cabot se puso en marcha una extensa ronda de testigos que dominará el juicio oral durante los próximos meses. En un principio, la fiscal León había solicitado la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi 100 personas.

En tanto, las declaraciones de los periodistas Ini y Nasra se postergaron para la próxima audiencia del jueves.




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