POLITICA
En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en las encuestas y hay inquietud por el aluvión de “memes”

En medio la tensión por la situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que acumula casi dos meses de revelaciones, en el Gobierno reconocen un fuerte impacto en la imagen de la gestión ante la opinión pública. “Estamos 7, 8 puntos abajo”, deslizó una fuente de Casa Rosada, que lucía resignada ante al avance del caso en la Justicia.
No es el único efecto directo del affaire Adorni. Distintos relevamientos dan cuenta del elevado número de menciones negativas en torno al funcionario en las redes sociales, principal arena de los libertarios para la batalla política y cultural. En ese contexto, en el seno del gabinete de Milei hay temor por el efecto “memificado”, en alusión a la cantidad de memes y burlas sobre el ministro coordinador que circulan en las plataformas sociales, como “X”, Instagram o WhatsApp.
Esta semana, después de que se conociera la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, que atestiguó que Adorni le dio 245 mil dólares en efectivo por la refacción de la casa del country Indio Cua, las menciones sobre el jefe de Gabinete volvieron a dispararse y alcanzaron uno de sus picos más altos, según relevamientos que manejan en el oficialismo.
Según la consultora AdHoc, en las horas posteriores a la declaración en la Justicia del contratista, hubo “más de 124 mil menciones digitales a Adorni”. Es el «quinto pico de conversación más alto en los últimos 60 días”.
Desde AdHoc afirman que desde el pasado 8 de marzo, cuando se supo que el jefe de Gabinete había llevado a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Nueva York en el avión oficial, se acumulan “más de 2.5 millones de menciones a Adorni en el ecosistema digital”.
Luego de eso comenzaron a conocerse los movimientos de la pareja, como el viaje familiar a Punta del Este en avión privado o la adquisición de la casa del country Indio Cua. Todo está bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Anteayer, “Cascada” fue la palabra más usada en redes alrededor del caso Adorni, con más de 27 mil menciones. Al mismo tiempo se registró un “pico de búsquedas en Google” sobre la situación judicial del jefe de Gabinete.
Fue luego de que el contratista Tabar dijera ante ante el fiscal Pollicita que Adorni le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, supuestamente adquirida por US $120.000.
La declaración, respaldada por documentos que aportó Tabar, complicó al funcionario de Milei. Tabar sostuvo que las obras demandaron 10 meses y que fueron presupuestadas inicialmente en US$95.000, pero que el agregado de extras multiplicó el valor final. Y que consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín.
El último pico de menciones en redes sociales sobre el caso Adorni fue registrado el 12 de marzo pasado, cuando se presentaron las primeras denuncias contra el jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito. Por esos días, Adorni había justificado la presencia de su esposa en el viaje de Estado a Nueva York con una frase que se hizo viral: dijo que iba a “deslomarse” a EE.UU. y que requería del apoyo sentimental de su pareja.
Otro hecho que provocó gran cantidad de menciones en redes fue el informe de gestión que brindó Adorni en el Congreso. En tercer lugar, aparece la primera conferencia de prensa que concedió el jefe de Gabinete tras las primeras revelaciones. Más atrás quedaron las horas en que se supo sobre los préstamos que le dieron las jubiladas a Adorni para la compra de las nuevas propiedades de la familia.
“El interés de los usuarios por el tema crece al ritmo de las novedades en la investigación”, indicaron desde AdHoc para explicar el fenómeno alrededor de Adorni. También consideraron que la figura del ministro coordinador “resulta ser el pasivo tóxico más dañino para el Gobierno a largo plazo”.
Por su parte, el último informe de Monitor Digital, de Diego Corbalán, señala que la conversación de las redes sociales argentinas sobre los escándalos que vienen golpeando al gobierno libertario “muestra una dinámica de acumulación”.
“Primero, $LIBRA funcionó como gran caso ordenador; luego aparecieron picos asociados a Andis y Espert; finalmente, el episodio Adorni produjo un salto fenomenal en muy poco tiempo y se convirtió en el tópico con mayor peso relativo del período», detallaron en su último informe.
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POLITICA
Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.
La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.
La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.
Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.
En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.
En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.
Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.
Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.
Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.
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POLITICA
Pierde impulso un viejo anhelo de Milei para la industria del fútbol

Como sucedió con la ley de financiamiento universitario o temporalmente con el corazón de la reforma laboral, el Gobierno encontró en la Justicia un freno a iniciativas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23), oficializado cuando Javier Milei llevaba apenas diez días en el poder. En ese megadecreto, denominado por el Presidente como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se habilitó la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, la normativa se encuentra hoy suspendida a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad tras el revés en instancias judiciales inferiores.
En plena fiebre mundialista, en por lo menos un despacho oficial se apila un borrador con 12 puntos para reimpulsar las SAD mediante un proyecto de ley, aunque se busca que esta vez se limite exclusivamente a los clubes de fútbol. Al nuevo bosquejo, que por ahora tiene destino de cajón, lo acercó el empresario Guillermo Tofoni, de aceitados nexos con la FIFA y el macrismo.
Tofoni estuvo recientemente en los Estados Unidos por el Mundial y fue testigo privilegiado del imponente show desplegado por la FIFA en el país de Trump. Aprovechó el contexto para participar de un foro organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia, cuyo título fue “Fútbol, corrupción y justicia”. El empresario expuso allí ante periodistas y políticos su enfrentamiento judicial con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes acusa de haberlo estafado por haber interrumpido un supuesto contrato por la organización de los partidos del seleccionado que lidera Lionel Messi. El empresario apuntó directamente a Claudio “Chiqui” Tapia, quien, al igual que el histórico Julio Humberto Grondona, logró alinear casi de manera unánime a todos los presidentes de los clubes en una postura de resistencia frente al eventual avance de las SAD.
Tofoni se acercó a la gestión de La Libertad Avanza a partir de sus vínculos con Mauricio Macri, pero lo que verdaderamente allanó el camino fue una serie de columnas que el empresario escribió en 2023 en El Cronista Comercial y que fueron replicadas por Milei en sus redes sociales. Los títulos de dos de esos textos fueron “Dolarización y fútbol: tierra prometida” o “Se abrió el Mar Rojo y ahora hay que cruzarlo”, cuyo eje era aprovechar el boom por el Mundial ganado en Qatar 2022 para fortalecer el negocio del fútbol en el país. Es decir, Tofoni buscó por entonces sembrar en la opinión pública el debate sobre las SAD ante la posibilidad real de que Milei podía desbancar al peronismo de la Casa Rosada. “Las SAD darían garantías jurídicas y seguridad para los inversores. El fútbol es un negocio que podría generar ingresos al país de entre 3000 y 4000 millones de dólares. Es una suerte de Vaca Muerta”, dice convencido el empresario, titular de la firma Word Eleven.
La diputada nacional Juliana Santillán había sido habilitada por Milei para liderar la cruzada libertaria a favor de las SAD, según dijo Tofoni a . Sin embargo, el proyecto de ley sobre las SAD en el fútbol todavía no se elaboró y no hay visos de que se vaya a cristalizar en el corto plazo. En el bloque libertario de Diputados, el tema está en los planes, pero no sería hoy una prioridad, según confiaron fuentes legislativas. Las prioridades son hoy la eliminación o suspensión de las elecciones primarias para 2027, reformar la carta orgánica del Banco Central y la ley de presupuesto para el año que viene.
El subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, se desentendió de la iniciativa. “De eso se encarga Daniel Scioli”, respondió, seco y tajante. Pero un asesor del subsecretario de Ambiente y Turismo también tomó distancia del asunto. Scioli, sin embargo, había sido uno de los primeros defensores de las SAD junto con Santillán y Federico Sturzenegger en una serie de encuentros que habían tenido con Tofoni y otros empresarios del fútbol entre 2024 y 2025. Scioli y Santillán habrían decidido correrse de la maniobra por las SAD tras haber apoyado al empresario estadounidense Foster Gillett, quien desembarcó con inversiones en los clubes argentinos y afronta denuncias por presuntas estafas de Estudiantes, River y Vélez. La apuesta libertaria por Foster no solo dejó mal parados a Santillán, Scioli y Sturzenegger, sino que agudizó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la AFA.
El reverdecer del debate por las SAD amenaza con romper la unidad nacional que se logró en las calles con la clasificación del seleccionado a la final del Mundial. No es casualidad que los jugadores, el técnico Lionel Scaloni, Tapia y hasta buena parte de los comunicadores deportivos hayan reforzado tras la victoria frente a Inglaterra la importancia del rol social y deportivo de los clubes como semillero de esos ídolos que jugarán mañana la final con España en Nueva Jersey. Es una discusión deportiva, pero también política. La pasión no se vende. ¿Surge un nuevo eslogan para la oposición a Milei?
Lo cierto es que en el Gobierno no estarían ahora decididos a impulsar las SAD en el corto plazo, a pesar de que para Milei fue un tema de “necesidad y urgencia”, según su primer megadecreto. En la Casa Rosada saben que no es el momento oportuno para rivalizar con Chiqui Tapia, según tres fuentes oficiales consultadas por . “Veremos si el año que viene el Gobierno se anima a presentar un proyecto de ley para las SAD exclusivo para el fútbol. Es cuestión de tiempo”, no se resigna Tofoni, que conserva sus lazos con el oficialismo.
En sus últimas apariciones públicas, Tapia volvió a ponerse al frente de la resistencia contra las SAD. Es parte de su pulseada con el Gobierno, que lo denunció en la Justicia a él y a otros dirigentes de la AFA por presunta evasión impositiva de $19.000 millones. En esta causa, Tapia y Pablo Toviggino están procesados, aunque la verdadera preocupación, sobre todo la del tesorero, es saber qué pasará con el expediente que investiga si los dueños de una lujosa quinta de Pilar oficiaron de testaferros de la AFA. En ese expediente, que se volvió un insólito pasamanos judicial, intervinieron 13 magistrados en siete meses y no hubo aún ningún indagado. Estas dilaciones reactivaron las sospechas sobre los vínculos de la Justicia, entre ellos el del ministro Juan Bautista Mahiques, con las autoridades del fútbol.
A pesar de estar por primera vez amenazado por la justicia, Tapia calcula que el éxito del seleccionado le puede servir de atajo para salir indemne de los tribunales. Lo escenifica con publicaciones risueñas y desafiantes en redes sociales, pero también lo comenta seriamente entre familiares y dirigentes del fútbol y la política.
Su influencia cruzó las fronteras del deporte: sumó a jueces federales a organismos de la AFA y su nombre en el peronismo comenzó a ser barajado para una eventual candidatura a gobernador de Buenos Aires, según reconstruyó de conversaciones de intendentes y sindicalistas. Su vínculo con Axel Kicillof es muy bueno y quedó en evidencia con la maniobra para mudar la sede de la AFA a la provincia para evitar una posible intervención de la Inspección General de Justicia.
Tapia nació en San Juan y eso le pesa: deslizaron en su entorno que si alguna vez decide jugar en política, tal vez lo haga allí. Sin embargo, otras fuentes de trato más cotidiano lo ven compitiendo en Buenos Aires, con el apoyo de los caciques del conurbano. A por lo menos 45 de ellos los conoce por su rol de presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires, una terminal más de su poder. Llegó a ese sillón de la mano de Hugo Moyano y Diego Santilli, cuando el hoy jefe de Gabinete de Milei era ministro porteño de Macri y negoció los contratos de recolección de basura en la Ciudad con el Sindicato de Camioneros.
Sin dudas, un hombre determinante en la vida de Tapia fue Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio. Pero una pelea con Pablo Moyano, con quien hoy recompuso su vínculo, lo empujó a irse del sindicato. Fue así como recaló en el Ceamse, donde convive con intendentes del conurbano, el jefe de gobierno porteño y un sindicato propio de casi 1000 personas.
Sindicalista, yerno de Moyano, gestor deportivo, empleado público y privado y próspero empresario. Todo eso es Chiqui Tapia, un dirigente de un club de barrio que en 2022, tras la consagración en Qatar, se sintió más poderoso que el propio Gobierno. Compartirá mañana en Nueva Jersey el palco central con Donald Trump y el lunes regresará a Buenos Aires, tal vez con la guardia en alto y aire desafiante, como su último mensaje en redes: “Me secan la nuca”.
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POLITICA
La Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un planteo de la expresidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema revisara las condiciones impuestas para cumplir la prisión domiciliaria en la causa Vialidad. La decisión mantiene las restricciones fijadas cuando comenzó a ejecutar la condena a seis años de prisión.
El recurso extraordinario había sido presentado por la defensa con el objetivo de que el máximo tribunal analizara tres aspectos de su detención: la obligación de usar una tobillera electrónica, el régimen de visitas autorizado por la Justicia y la posibilidad de acceder a la terraza del edificio de San José 1111, donde permanece bajo arresto domiciliario.
Por mayoría, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que el planteo no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema y lo declararon inadmisible.
En su voto, Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y remarcó que la defensa no acreditó la existencia de un perjuicio irreparable que justificara la revisión extraordinaria. Además, señaló que las condiciones de la prisión domiciliaria pueden ser modificadas por el juez de ejecución si las circunstancias del caso así lo ameritan.
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Barroetaveña coincidió con esa postura y afirmó que los argumentos de la defensa expresaban un desacuerdo con resoluciones adoptadas por instancias anteriores, pero no demostraban una afectación concreta de garantías constitucionales que habilitara la intervención del máximo tribunal.
La posición fue distinta a la del juez Mariano Borinsky, quien votó en disidencia. A su criterio, el recurso sí planteaba cuestiones de naturaleza constitucional vinculadas con las restricciones impuestas durante el arresto domiciliario. En ese sentido, consideró que correspondía habilitar la instancia para que la Corte analizara si las medidas afectan derechos como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.
Con esta resolución, continúan vigentes las condiciones bajo las cuales Fernández de Kirchner cumple la prisión domiciliaria desde junio del año pasado cuando quedó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
La defensa de la exmandataria todavía puede recurrir directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, una vía procesal que permitiría solicitar que el máximo tribunal revise la decisión adoptada por la Cámara de Casación.
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