POLITICA
La ministra de Seguridad destacó avances en el proceso para acceder al programa Visa Waiver tras reunirse con un alto funcionario de Trump en Washington
WASHINGTON.- En el marco de un viaje de tres días a Estados Unidos, en el que mantuvo reuniones con altos funcionarios de la administración de Donald Trump, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó avances en el proceso para que la Argentina acceda al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP, por sus siglas en inglés), aunque fue cauta con los plazos en los que finalmente podría concretarse el anuncio.
“Estamos avanzando con el proceso de Visa Waiver. Está involucrado el Gobierno completo. Hay una secuencia de pasos y de tiempos, no solo de nuestra parte, sino del lado de Estados Unidos también”, señaló a Monteoliva, quien este miércoles fue recibida durante 40 minutos por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a cargo del VWP.
Ese fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión con el alto funcionario que reemplazó en marzo pasado a Kristi Noem, quien en julio pasado había firmado junto a Javier Milei en la Casa Rosada una “declaración de intención” para trabajar en el regreso de la Argentina al VWP.
En el entorno de la ministra señalaron que la reunión fue “muy buena” y que siguen firmes los lazos de cooperación e intercambio en todas las líneas de trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, según sus siglas en inglés]. Además, destacaron que Monteoliva fue la primera ministra extranjera en ser recibida por Mullin desde que él asumió su cargo.
Aunque en el Gobierno son optimistas sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos, Monteoliva evitó poner una fecha concreta en la que podría anunciarse el reingreso de la Argentina al VWP luego de 24 años, pero sería en algún momento de 2027, antes de que culmine el gobierno de Milei.
“Es parte de uno de los ejes de trabajo que el Presidente planteó y que todos los que estamos abajo trabajamos para concretar”, dijo Monteoliva, quien el martes se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Allison Hooker.
En el Gobierno -que destacó el “compromiso y seriedad” de Estados Unidos en las negociaciones- confían en cumplir en los próximos meses todos los requisitos que implica el ingreso de un país al VWP, como fortalecer los procesos migratorios, mientras se ultiman detalles de distinta índole. Luego, la implementación dependerá de los plazos y procesos internos de ambas administraciones.
El programa permite a los ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por motivos de negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin necesidad de visado. A cambio, esos países deben ofrecer el mismo trato a los ciudadanos estadounidenses, permitiendo visitas por un período similar sin necesidad de visa, según detalla el DHS.
El enfoque del DHS incorpora “evaluaciones de riesgo periódicas a nivel nacional sobre el impacto de la participación de cada país del programa VWP en la seguridad nacional y los intereses policiales de Estados Unidos“, incluidos los intereses en materia de control de la inmigración, un aspecto central en la agenda de la segunda administración Trump.
La Argentina había entrado al programa el 8 de julio de 1996, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Bill Clinton, pero su participación fue cancelada el 21 de febrero de 2002, tras el estallido de la crisis de diciembre de 2001.
El proceso que ahora lleva adelante el Gobierno es visto como un fuerte gesto de la Casa Blanca en el marco del estrecho vínculo entre Trump y Milei, que se ha traducido en un respaldo financiero crucial de Estados Unidos el año pasado y varios acuerdos entre ambos países.
En ese sentido, Monteoliva resaltó cómo esa relación entre presidentes se traduce directamente en una aceleración de la cooperación entre ambos países. “Eso es tangible, es un hecho”, expresó.
“Hace viable la cooperación. Es un gran valor de esta gestión, porque se han dado pasos firmes en esa articulación. Y por supuesto que eso fluye más, acelera los procesos y se trabaja con voluntad positiva de ambas partes», agregó la ministra, cuyo viaje a Washington tiene el objetivo de “fortalecer el trabajo” desde el Ministerio de Seguridad como “socio estratégico” de Estados Unidos.
A través de X, Hooker calificó de “excelente” la reunión con Monteoliva, en la que dialogaron sobre el “compromiso compartido con la estabilidad regional”.
“A través de nuestra sólida y creciente cooperación en materia de seguridad, Estados Unidos y la Argentina están enfrentando de manera directa las amenazas más prominentes a nuestro hemisferio, incluidas las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal», señaló la funcionaria del Departamento de Estado.
En el encuentro con Hooker, Monteoliva también dialogó sobre la seguridad en infraestructuras críticas, como minería, gas, petróleo y protección de recursos naturales, para avanzar en la colaboración de Estados Unidos con asistencia y capacitación técnica a través del Ministerio de Seguridad.
El 23 de abril pasado, en otra muestra de la cooperación bilateral en seguridad, Monteoliva y el subsecretario de Estado norteamericano para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno, habían anunciado la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco), una plataforma de integración de datos para detectar y desarticular estructuras delictivas complejas de alcance transnacional.
Por otra parte, Monteoliva, en su calidad de presidenta de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participó hoy de un encuentro organizado por el think tank Inter-American Dialogue, en Washington, en el que habló de cómo la Argentina responde a los desafíos de seguridad y al crimen organizado.
Más tarde, la ministra viajará hacia Miami, donde el jueves participará de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, un evento organizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU, por siglas en inglés).
@AleMonteoliva,May 5, 2026,Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco),Guillermo Idiart,Javier Milei,Donald Trump,Washington,Conforme a,,»Colaboración estratégica en seguridad». Alejandra Monteoliva mantuvo reuniones con funcionarios estadounidenses de alto rango,,Mensajes borrados. Revisarán el celular del contratista de Adorni,,Bienes. La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa,Javier Milei,,En vivo. El caso Adorni: crece la tensión entre la defensa de Milei y las críticas de Bullrich,,Tras un reclamo de Bullrich. Javier Milei defendió a Adorni: “Ni en pedo se va a ir”,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: su defensa a Adorni y la eliminación de las PASO
POLITICA
Causa por los videos de los dólares: la Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido
La Justicia logró abrir el teléfono celular de Jesica Cirio y ya comenzó a analizar su contenido en el marco de la causa en la que la modelo es investigada junto a su exesposo, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que el dispositivo pudo ser desbloqueado y aclararon que recién ahora empezó el estudio de la información almacenada.
El acceso al celular representa una nueva medida de prueba. Entre otros puntos, los investigadores buscan determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor en el que aparecen fajos de dólares y que dio un nuevo impulso al expediente.
El análisis del dispositivo quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que también tiene la tarea de peritar el video para establecer si es auténtico o presenta algún tipo de manipulación. Además, el organismo deberá intentar determinar cuándo fue grabado el material y si fue registrado en la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.
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La investigación procura despejar varias incógnitas. Entre ellas, establecer la fecha de grabación del video, identificar el lugar dónde fue filmado el vestidor y determinar qué cantidad de dinero había en las bolsas herméticas que se observan en las imágenes.
En paralelo con el análisis del celular, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente como en el actual departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de esos procedimientos fue tomar medidas, registrar imágenes y comparar ambos vestidores con el que aparece en el video.
Las primeras observaciones realizadas durante la inspección en el departamento de Cirio arrojaron un dato preliminar. Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que se observa en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión definitiva.
El ambiente inspeccionado en Las Cañitas era el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Sin embargo, esa hipótesis quedó ahora bajo revisión.
Mientras avanzan las pericias, la defensa de Insaurralde pidió que el video no sea utilizado como prueba. Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el exfuncionario sostiene que el material es de “origen ilícito”. Su planteo replica el presentado previamente por Cirio en el expediente.
Los abogados del exintendente argumentaron que el video se originó a partir de un hackeo y del desapoderamiento de los dispositivos personales de Cirio. También sostuvieron que existen sospechas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción, por lo que solicitaron que se aplique la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar su autenticidad.
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La investigación integra el expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En ese expediente, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó ese planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde
POLITICA
Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión “arbitraria” como querellante y acusó al juez de recurir a “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi tomó una decisión “arbitraria”, surgida de un planteo “extemporáneo” de uno de los acusados, el lobista Mauricio Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.
Con el patrocinio de Nicolás Oszust, Romeo sostuvo que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, pero además “ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
En ese sentido, Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en premisas falsas. La primera, la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”, a lo que se sumó que el juez omitió “valorar la maniobra de ‘calidad simulada’” y las maniobras de “insider trading”.
El rol del Presidente
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. Y que incluyó, sostuvo, “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”, precisó.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Romeo sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse ese criterio, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A eso se sumó, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular de dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, que recordó que aportaron actas notariales para sostenerlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
En otro tramo del recurso, Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi también incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta. Ese supuesto ‘pseudoanonimato’ de la red fue levantado y unido inescindiblemente a la identidad humana de Martín Romeo a través de las actas notariales referidas en el agravio anterior, donde una funcionaria pública dio fe de la tenencia y control de las billeteras”, remarcó. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Excma. Cámara de Apelaciones ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme. El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”.
Por ese motivo, Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, además, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
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POLITICA
Senado: habrá sesión el jueves 16 para aprobar la ley de propiedad privada, aunque siguen las dudas por el número
A pesar de que continúan las dudas en varios despachos, los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron este mediodía sesionar el jueves 16 para intentar aprobar la ley de propiedad privada. La iniciativa del Ejecutivo fue dictaminada desde hace semanas, pero ya sufrió modificaciones extra que derivaron en 13 borradores nuevos.
La definición se consumó en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó en sus oficinas la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De hecho, la titular de la Cámara alta advirtió su desacuerdo en el capítulo de venta de tierras a extranjeros que incluye el proyecto que desea la Casa Rosada.
El convite de la semana próxima tendría el aval de un ramillete de pliegos judiciales que interesan a casi todos -ansiedades varias para acelerar esto- y, de ocurrir el milagro, ascensos diplomáticos frenados desde hace largos meses que generaron un problema no menor en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.
Como todavía hay legisladores que toman entre pinzas la convocatoria para sesionar en los próximos días y, para evitar una acusación de “vacaciones anticipadas”, las bancadas se adelantaron y ya dejaron un plan “b”: anunciaron que la idea es regresar al recinto el 6 de agosto.
Noticia en desarrollo…
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