Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para eliminar los cotos de caza en la provincia patagónica y propone que los animales sean tratados como “seres sintientes”.

La propuesta fue presentada en la Legislatura de Río Negro y entidades vinculadas a la actividad deportiva salieron al cruce de lo que propone. Le sugirieron a la autora que, en la misma línea, los vegetales sean incluídos en la misma lista de seres vivos “sintientes”.

El proyecto fue elaborado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión del presidente Alberto Fernández, quien ocupa una banca en el parlamento rionegrino por Vamos con Todos.

La primera reacción al proyecto fue directa: “La caza cumple un rol indispensable en el control de especies exóticas, cuya reproducción afecta de forma directa a otras autóctonas, algunas de las cuales están en peligro de extinción”.

La parlamentaria asegura en el escrito que “la tortura no es arte ni cultura”. Propone la eliminación de los establecimientos habilitados para la caza deportiva y describió a la actividad como “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso, dando por sentado que los cazadores disfrutamos con el sufrimiento del animal de caza”, se defendieron los seguidores de la actividad.

El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la iniciativa surge desde “el desconocimiento”.

En diálogo con Infobae, aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas “puede resultar hasta peligroso” y mencionó el caso de la “caza de control”, una medida de manejo poblacional que tiene como objetivo reducir el impacto de especies silvestres, exóticas o invasoras que causan desequilibrios ecológicos y daños económicos.

En los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas, aunque para Ferreira el proyecto de Odarda está cargado de “sentimentalismo” y carece de “argumentos técnicos estrictamente necesarios”.

Auguró que la iniciativa “no tienen ninguna posibilidad de ser viable ni aprobada” y mencionó que el proyecto “confronta reglamentaciones al control de especies exóticas, y para ello existen los cotos de caza”.

En la fundamentación del proyecto, Odarda aseguró que “la fauna silvestre constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad” y mencionó que “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar la cultura de la paz”.

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”, profundizó.

Los detractores mencionaron que “la caza per se no es para nada una actividad inmoral ni nada que se le parezca” y afirmaron que “la principal amenaza en la actualidad para la vida silvestre nativa, son estas reglamentaciones prohibitivas por desconocimiento o por fundamentos ideológicos o pseudo morales, y la modificación y/o destrucción de los hábitats naturales”.

Concluyeron afirmando que el proyecto “tan a contramano va contra la realidad que se choca con las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas”.

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El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.

En las conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono de Migueles hay chats con una persona agendada como “Ariel Viken”, que en realidad se trata de Ariel Germán Saponara, un abogado que cumplía funciones en el Gobierno de la Ciudad. Según registros comerciales, ingresó en 2013 con un cargo en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.

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El 2 de marzo de 2023, en plena vigencia del cepo cambiario, Saponora le escribe: “Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas”.

Migueles le contesta: “Creo que tengo uno al 12″. La conversación avanza y Saponora agrega más datos: “Las SIRA son de 100 mil y del 150 mil. Tiene como 4. Esta gente está con máquinas. Y tengo varios !!! Se pueden sumar unos mangos ahi si las sacan bastante rapido en lo posible”.

El ex socio de Piccirillo luego manda un audio: “Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”.

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En unos de los intercambios de 2023, Saponora asegura que está en el “ministerio”, sin dar precisiones. Llamativamente, en su sitio de Linkedin vigente figura como personal de Presidencia de la Nación.

“¿Qué haces Martín? ¿cómo andas? Sisi, quédate tranquilo. Pasa que estoy laburando acá en el Ministerio. Ya lo llamé y arreglamos. Ellos lo tienen que chequear con el despachante. No es que voy a salir corriendo. Que se queden tranquilos. Es Neme, boludo, Neme Sociedad Anónima. Son un monstruo, no se van a escapar, es un día más. Si no, prefiero no hacer nada. Si va a ser un rompedero de huevos tan grande prefiero no hacer nada y chau”, se escucha en un audio enviado el 14 de marzo.

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el (SIRA). Antes de tomar esa decisión, Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero.

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Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.

“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación», dice el expediente que estaba bajo secreto de sumario hasta hoy.

En una conversación del 3 de marzo, Saponara le manda a Migueles los datos de la empresa interesada en realizar la operación, Nemes S H De Fuentes N y Mazza (CUIT 30-68529714-7), y le indica que el monto de la importación involucrada ascendía a US$54.600. Más adelante agrega que ya había hecho gestiones similares para esa empresa, e incluso refiere que también había intervenido en operaciones de este tipo junto con un amigo suyo, propietario de la firma TEFASA.

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