POLITICA
La Justicia rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares tras una demanda de La Pampa y organizaciones ambientalistas
La Justicia federal rechazó este viernes el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. También acompañaban la iniciativa la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas.
La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, que pese a rechazar la cautelar, sí habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional.
Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”. Además, argumentaron que la reforma vulnera el “federalismo ambiental” previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.
En su presentación, pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva. También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas.
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Entre los puntos cuestionados, señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas.
Según la demanda, eso implicaría “un retroceso normativo” respecto del régimen anterior, ya que “el estándar uniforme de tutela cede ante un esquema en el cual la determinación efectiva de qué se protege y bajo qué condiciones depende, en aspectos sustanciales, de decisiones jurisdiccionales locales”.
También advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas, como la minería, en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.
Sin embargo, el magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso.
Baric sostuvo que los actores no demostraron “con el grado de probabilidad suficiente” la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada “en abstracto”. “El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, afirmó el juez en el fallo.
En otro tramo de la resolución, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”.
Además, señaló que los demandantes “no plantean ninguna actividad concreta de daño actual” ni identificaron proyectos específicos o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislación.
Para el magistrado, tampoco quedó acreditado el “peligro en la demora” ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo.
Pese al rechazo de la cautelar, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional, que deberá responder en un plazo de cinco días.
La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existían otros expedientes similares en trámite.
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POLITICA
Fuerte respaldo de Milei a Adorni ante todo el Gabinete: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”
La esperada reunión de Gabinete de esta tarde se desarrolló envuelta en la crisis por el patrimonio del ministro coordinador, pero Manuel Adorni la lideró como si nada hubiera ocurrido. Y, sobre todo, con la presencia de Javier y Karina Milei que, al acompañarlo, volvieron a ratificarlo en el cargo a pesar de las acusaciones en su contra. El Presidente, que tomó la palabra en el inicio, lo defendió de manera “enfática”, según pudo reconstrir Infobae entre varios de los presentes.
El jefe de Estado dijo que no va a hacer “lo que no es justo por ganar una elección” y que “no va a ejecutar una persona honesta y laburante”, en referencia a Adorni. Lo sostuvo delante de Patricia Bullrich, quien había pedido anteayer en TV que el funcionario presente “de inmediato” su declaración jurada para aclarar las dudas generadas en torno a su patrimonio. Luego, a su turno, cuando el Presidente ya había dejado la sala, la senadora señaló que creía que el Gobierno “está mal con la ciudadanía” por temas vinculados a “la corrupción y la economía”.
El discurso de Milei fue el cuarto gesto en el día de los hermanos a su jefe de ministros. Antes habían avalado que coordinara dos anuncios de gestión en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Y más temprano, la hermana del primer mandatario había acompañado al ex periodista a la planta automotriz de Mercedes Benz, en Zárate. Además, anteayer, el jefe de Estado había salido a defenderlo con vehemencia en TV (y hoy también lo hizo en redes, al reproducir mensajes de respaldo a Adorni y críticas contra el periodismo por reflejar sus irregularidades).
El mitin comenzó algo tarde, pasadas las 14, después de la conferencia de prensa donde el jefe de Gabinete volvió -por segunda vez en cinco días- a ejercer su antiguo rol de vocero junto a los ministros de Economía y Seguridad por anuncios de gestión. A poco de iniciada , en la Casa Rosada, sus hombres fieles se encargaron de transmitir que estaban “todos” los ministros y principales asesores o funcionarios, sin esmero en mencionar los nombres de los asistentes.
Como pocas veces, en el Gobierno no respetaron la regla del secreto total impuesta desde el inicio de la gestión por Karina Milei a todos los participantes de las discusiones de los temas de la gestión pública nacional. En cambio, dejaron saber varios detalles que buscaron favorecer el momento político de Adorni: que la reunión duró dos horas y media; que la abrió el Presidente, que habló por media hora, que dio “un panorama general” y luego otorgó “un fuerte respaldo” al Jefe de Gabinete. Después, dijeron que “tomó el mando” Adorni, y les agradeció a los equipos por el informe de gestion del Congreso.
Contaron, también, que expuso sobre el plan de gestión 2026/27, otra señal de que se le garantiza la continuidad a Adorni en la administración nacional.
El cónclave se celebró bajo tensión disimulada, en especial por la presencia de Patricia Bullrich. Es que la senadora nacional y titular del bloque de LLA viene de instar a Adorni públicamente, en una entrevista con A24, a presentar su declaración jurada “de inmediato”. Lo cual fue interpretado, en algunos sectores, como un modo de desafiar a la dupla presidencial.
Frente a los Milei, que están aferrados a su decisión de sostener al ministro coordinador a pesar de las graves acusaciones por su patrimonio, Bullrich también tomó la palabra. También Martín Menem, ladero de Karina Milei. La secretaria general se mantuvo en silencio.
Ayer, en una entrevista con el streaming Neura, Adorni, deseoso por relativizar los indicios de choques internos, Adorni había llamado a Bullrich “Pato” y la había calificado como “una fenómena”.
Estaban sentados en la mesa el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo, que había explicado sobre el RIGI junto a Adorni al mediodía; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que responde a Karina Milei porque lo respalda. También, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal; y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.
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POLITICA
El suicidio de un suboficial que debió suspender un tratamiento médico lleva dramatismo a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas
Una fuerte preocupación e incertidumbre persiste entre los militares por la crisis que mantiene casi paralizadas las prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que enfrenta una millonaria deuda y cortes de prestaciones en todo el país.
Pero, más allá de los números, la crisis mostró una faceta dramática, con el suicidio de un suboficial retirado en San Juan, que en marzo había denunciado que la falta de salud para los afiliados constituía “un genocidio”. El suceso causó un fuerte impacto en el sector castrense.
El suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en la provincia de San Juan, luego de aportar durante casi seis décadas a la obra social. Tomó la drástica decisión tras verse obligado a abandonar el tratamiento de un cáncer avanzado por la falta de cobertura médica, según había denunciado en una carta dos meses antes, cuando tuvo su primer intento de suicidio.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, escribió Velázquez en la misiva que preparó el 4 de marzo pasado, antes del disparo con el que intentó suicidarse al pie del monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, en la capital sanjuanina.
“Me sacrifico por no tener atención médica”, agregó, en un reclamo dirigido al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, por la severa crisis de OSFA que llevó a serias deficiencias en la cobertura médica de la obra social. Dos meses después, en otro intento, se quitó la vida.
Ante una consulta de , en OSFA negaron enfáticamente que la renuncia del presidente del directorio de la obra social, el general de brigada retirado Sergio Maldonado, tuviera vinculación alguna con el fuerte impacto que causó el suicidio del suboficial retirado en San Juan.
“El caso es lamentable, pero no tiene vinculación con la renuncia de Maldonado”, insistieron fuentes de la obra social.
Este jueves, en tanto, afiliados a OSFA realizaron un abrazo simbólico frente a la sede de la obra social en San Juan para visibilizar “la situación de total abandono” y exigir que se detenga “la desidia estatal para evitar que sigan apareciendo pacientes desamparados por el sistema”.
Se entregó allí un petitorio en el que militares en actividad y retirados, reclaman la “inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre”. Y advierten que no es posible que los camaradas se vean empujados a tomar medidas drásticas debido al desamparo al que están siendo sometidos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, según registra la crónica publicada en el diario local Tiempo de San Juan.
Los manifestantes cuestionaron el decreto 88/2026, que dispuso el desdoblamiento de la obra social, el cual –alegan– trajo “más sombras que luces a una situación ya deplorable”. Y responsabilizan por lo sucedido al presidente Milei y al ministro Presti “por no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales”.
La dramática situación vivida en San Juan aporta un cariz doloroso al conflicto por el sistema de salud que envuelve a los militares y sus familias. Aún no fue designado el nuevo presidente de la obra social, tras la renuncia del general Maldonado, quien se alejó el martes pasado, dos meses después de asumir y en medio de la crisis que afecta a unos 343.000 afiliados.
Los servicios aún no se han restablecido, pese a que el aporte de $80.000 millones que hicieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por contribuciones patronales pendientes permitirá reducir en un 60% la deuda, que en febrero ascendía a $212.000 millones.
Voceros de OSFA dijeron que “tras el pago de las Fuerzas Armadas comenzó el proceso de normalización de prestaciones y acceso a la atención”. Añadieron que “la recuperación y reorganización del sistema de salud militar llevará su tiempo y para ser completado es necesario el pago de las contribuciones pendientes de las fuerzas de seguridad”.
La obra social de los militares mantiene deudas con prestadores -principalmente clínicas, hospitales y grandes centros de atención- y proveedores, tanto de prótesis como de medicamentos y otros insumos, explicaron en OSFA. Indicaron que ya comenzaron a realizarse pagos, que en muchos casos incluyen reintegros a los afiliados.
“Los pagos tienen que recorrer procesos administrativos internos en cada uno de los prestadores y proveedores. El impacto no es inmediato porque lleva su tiempo ejecutar esos pagos”, se explicó.
Mientras tanto, en varias jurisdicciones, como la Capital, Córdoba y Mar del Plata, se presentan cortes de prestaciones y situaciones complejas para la atención médica.
“Es un tema muy complicado. En Mar del Plata estábamos -10 y algo se activó. Pero somos ciudadanos de segunda”, dijo un oficial retirado al describir las dificultades que enfrentan los afiliados a OSFA. “Te dan turnos a 40 días, pero con un cupo para OSFA. Hay que abonar copagos entre $18.000 y $38.000, que es lo mismo que se cobra a una persona sin cobertura social”, narró.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Referencia salarial. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo,,Baja en el equipo de Presti. En medio de la crisis y la elevada deuda, renunció el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas,,Un 10% para el Ministerio de Defensa. El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones al reequipamiento militar
POLITICA
Dólar blue: levantaron el secreto de sumario y la Justicia investiga un presunto “circuito paralelo” vinculado al SIRA
El levantamiento parcial del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA dejó al descubierto un entramado de empresarios, intermediarios y funcionarios públicos sospechados de haber facilitado el acceso irregular a dólares oficiales mediante el pago de coimas calculadas sobre el valor del dólar blue.
Según surge del expediente judicial, los investigadores analizan si existió un “circuito paralelo” destinado a acelerar aprobaciones de solicitudes de importación a cambio de comisiones clandestinas que podían alcanzar hasta el 15% del monto involucrado.
La investigación menciona, entre otros, a Elías David Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles, quienes “podrían haber desarrollado una operatoria destinada a acceder de manera irregular a divisas en el mercado oficial de cambios”.
Además, la fiscalía consideró que al menos cinco personas vinculadas al Banco Central “podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les competen” dentro del organismo. Los funcionarios señalados son Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.
El rol de Migueles y las gestiones para “sacar la SIRA”
Uno de los tramos más sensibles del expediente reconstruye conversaciones mantenidas por Martín Migueles con distintos interlocutores que buscaban acceder rápidamente al mercado oficial de cambios.
De acuerdo con la fiscalía, los mensajes muestran “una cadena de intermediación” en la que ciertos contactos acercaban empresas interesadas en obtener divisas, Migueles actuaba como nexo operativo y otro grupo de personas presuntamente tenía capacidad de “gestionar o influir” sobre la aprobación de las solicitudes ante áreas estatales.
En uno de los intercambios incorporados a la causa, Migueles conversa con un contacto agendado como “Ariel Viken”, identificado luego como Ariel Germán Saponara. Allí, asegura que podía obtener autorizaciones en tiempo récord y explica el esquema económico detrás de las operaciones.
“Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”, dice en uno de los audios analizados por la Justicia.
En otro mensaje, agrega: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Según la reconstrucción judicial, el porcentaje se calculaba sobre el valor del dólar informal y el margen restante quedaba para los intermediarios luego del pago de las supuestas coimas.
Saponara incluso menciona que un conocido suyo ya realizaba ese tipo de gestiones y que el costo total de la operatoria rondaba el 15% debido a distintos pagos irregulares.
La causa también incorpora conversaciones vinculadas a empresas concretas.
En uno de los tramos, Saponara le envía a Migueles los datos de la firma NEMES S H de Fuentes N y Mazza, con una importación estimada en US$ 54.600.
De los audios surge además que ambos interlocutores hablaban de operaciones similares realizadas anteriormente para otras compañías, entre ellas una firma identificada como TEFASA.
Para los investigadores, eso permite inferir que las gestiones no habrían sido hechos aislados sino parte de una práctica reiterada.
La conexión con Piccirillo y Hauque
En paralelo, el expediente también explora la relación entre Elías Piccirillo, Francisco Hauque y funcionarios del Banco Central. De acuerdo a la investigación, Piccirillo le habría encargado a un agente policial identificado como Smith que realizara una denuncia contra Hauque.
Esa presentación nunca llegó a concretarse formalmente, pero en el marco de esas tareas se habrían acumulado grabaciones y documentación sensible. La causa menciona además que Piccirillo realizó registros de conversaciones de Hauque y de Romina García, una de las funcionarias señaladas por la fiscalía.
Los investigadores intentan determinar ahora si esas grabaciones forman parte de la operatoria investigada o si pueden aportar información sobre el funcionamiento interno del supuesto esquema de aprobación irregular de SIRAs.
Qué investiga la Justicia
El expediente analiza posibles delitos vinculados a negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y maniobras para acceder irregularmente al mercado oficial de cambios durante la vigencia del sistema SIRA.
La hipótesis judicial apunta a determinar si existió una estructura informal paralela mediante la cual empresas podían acelerar autorizaciones de importación a cambio de pagos clandestinos atados a la cotización del dólar blue.
Con el levantamiento parcial del secreto de sumario, comenzaron a conocerse detalles de conversaciones, audios y documentos que hasta ahora permanecían reservados y que podrían ampliar el alcance de la investigación en las próximas semanas.
Dólar blue, Justicia, investigacion
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