Los mercados financieros volvieron a mostrar números optimistas en los últimos días. Una distensión en las hostilidades en Oriente Medio reencauzó a los indicadores de Wall Street a nuevas zonas de máximos; un freno al alza del petróleo supuso menores expectativas de inflación y de desaceleración de la actividad global, mientras que una caída en la aversión al riesgo despejó el panorama para activos emergentes.

Dentro de ese contexto, las acciones y los bonos argentinos, que aún arrojaban balance negativo en 2026, empezaron a estrechar esa distancia con el desempeño de las plazas del exterior, con el aporte extra de novedades locales.

En la última semana destacó que la agencia internacional Fitch Ratings subió la calificación soberana de Argentina a “B-“.

La mejora de la nota soberana coloca al país en el mismo escalafón de economías muy rezagadas como las de Angola, Bolivia, Cabo Verde, Ecuador, Gabón, Irak, Moldavia, Malí, Maldivas, Malawi, Namibia, Nigeria y Nicaragua. Pero de reacomodarse el índice de riesgo país argentino en los niveles de estos pares, podría ceder hacia la zona de 350 puntos básicos, una cifra que permitiría acceder a financiamiento soberano a una tasa inferior al 8% anual en dólares.

Fitch observó una mejora en la solvencia del Gobierno, con una firme convicción de equilibrio fiscal y menos riesgo de default. “Aún está en grado especulativo (‘basura’), pero es un upgrade positivo que puede bajar costos de endeudamiento y mostrar mayor confianza en la economía actual”, evaluó Reuters.

José Luis Daza, secretario de Política Económica, afirmó que el Tesoro nacional podría buscar financiamiento en los mercados crediticios a tasas de interés más bajas, pero resaltó que por el momento no emitirá nueva deuda. “No queremos pagar tasas de interés que pongan en peligro la dinámica fiscal en el mediano plazo”, expresó en un evento organizado por Moody’s en Buenos Aires. “Cerramos el programa financiero para el 2026, sin tener que pagar las tasas muy altas que nos pide el mercado”, acotó.

La estrategia oficial pasará, en lo inmediato, por procurar financiamiento en moneda extranjera en el mercado local o con organismos internacionales, además de los dólares que el BCRA está comprando de las exportaciones de los sectores minería y energía, a los que se están sumando en estas semanas las divisas de la mayor liquidación del agro.

Hoy el Gobierno suple deuda “vieja” que vence al 9,5% anual en dólares por fuentes de financiamiento a tasas inferiores -el Bonar 2027 (AO27) rinde 6% anual, por ejemplo-, aunque la magnitud de los vencimientos a partir del año próximo exigirá otra “ingeniería” financiera para garantizar los pagos. El próximo mandato presidencial enfrentará vencimientos promedio de USD 30.000 millones anuales, para los cuales la estrategia actual sería insuficiente.

En la visión de los analistas, las condiciones financieras domésticas están encontrando sustento en un Banco Central que diariamente interviene en el mercado mediante la acumulación de reservas, para sumar un saldo por esta operatoria cercano a USD 7.500 millones en lo que va del año.

No obstante, Fitch advirtió que persisten vulnerabilidades en el país debido a las bajas reservas netas en divisas, elevada inflación y el historial de inestabilidad macroeconómica. Pero el secretario Daza confió en que “vamos a tener una avalancha de dólares” en 2026. Argumentó que por proyectos de grandes inversiones (RIGI) ya se aprobaron USD 27.700 millones y que hay por aprobarse 36 proyectos que en conjunto sumarán más de USD 97.000 millones.

Así, el objetivo para sumar divisas y facilitar futuros pagos de deuda dependerá de tres aspectos centrales:

• Acumulación de reservas,
• Acceso a financiamiento en el exterior -con una baja del índice de riesgo país congruente con una calificación “B-”, y
• Ingreso de importante nivel de dólares privados por proyectos de inversión.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó en un reporte: “Lo más relevante de alcanzar la categoría ‘B-’ es que funciona como un catalizador discreto para activar la demanda de inversores institucionales, muchos de los cuales enfrentan restricciones normativas para invertir en activos con notas dentro del rango ‘CCC’. Si bien parte de esta mejora ya estaba incorporada en los precios, este upgrade ayuda a diversificar la base de inversores hacia un universo más amplio, lo que debería sostener el proceso de compresión de spreads“.

Ritondale agregó: “Fitch es la primera de las grandes agencias en dar este paso; S&P y Moody’s podrían seguir una tendencia similar en los próximos meses, alineándose con otros precedentes internacionales donde una mejora inicial de una agencia funcionó como precursor de un repricing más difundido. Esta mejora en la calificación crediticia facilita un eventual regreso a los mercados internacionales”.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, subrayó que “el reporte advierte que la nota permanece en terreno especulativo debido a riesgos persistentes. Entre las principales preocupaciones figuran la debilidad de la liquidez internacional y una inflación que aún presenta resistencias a la baja. Fitch también señaló la vulnerabilidad ante crisis de confianza y los elevados vencimientos de deuda pendientes con acreedores privados. El informe subraya que, aunque la fragmentación opositora favorece al Ejecutivo, el impacto social del lento crecimiento económico podría erosionar el capital político. La decisión de la entidad abre la puerta a una eventual reducción en el costo del financiamiento para el país en los mercados globales”.

“El Gobierno ya comenzó a posicionarse de cara a los pagos de deuda en dólares previstos para julio -por aproximadamente USD 4.300 millones correspondientes a Globales y Bonares-, mediante la ampliación del monto máximo de adjudicación de los ‘Bonar AO27’ y ‘AO28’ hasta 350 millones (de dólares) en cada caso”, remarcó IEB en un reporte de mercado.

Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero, expresó: “Las colocaciones de ‘Bonares’ en el mercado local ya superan los USD 2.200 millones. Así, de a poco se va convirtiendo en una fuente alternativa para acumular reservas de cara a los vencimientos de julio”.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS destacó: “Hacia adelante, la clave seguirá pasando por asegurar los pagos y la continuidad de las compras de dólares del BCRA, sumado a qué tan probable perciba el mercado que el país pueda volver al mercado voluntario internacional. Asimismo, si bien estamos lejos de las elecciones aún, parte del ojo estará sobre la dinámica de la economía real en sectores rezagados y salarios reales y empleo en estos, por el impacto en confianza y humor social”.

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, contó que “entre los principales puntos que monitorea el mercado actualmente se encuentran: 1) la acumulación de reservas. Si bien el Banco Central continúa como comprador neto en el mercado de cambios, lo cual es una señal positiva, los compromisos de deuda a partir de 2027 lucen exigentes sin salida al mercado internacional; y 2) la evolución de la actividad económica, particularmente en los sectores intensivos en empleo, dado su impacto potencial sobre la aprobación del gobierno de cara al ciclo electoral de 2027″.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, enfatizó que “la principal preocupación de los inversores hoy pasa por la incertidumbre electoral, que se traduce rápidamente en dos definiciones clave: pesos versus dólares y corto versus largo plazo”.

Botta agregó: “En este contexto, los bonos corporativos han mostrado resiliencia en los últimos años, por lo que quedan relativamente al margen de esta discusión. En cambio, el foco está puesto en los instrumentos soberanos y vinculados al riesgo político. Allí, muchos inversores evalúan tomar ganancias en los tramos más comprimidos y redefinir posicionamiento. Dentro de este universo, aparecen decisiones más tácticas: optar por instrumentos con menor tasa pero menor riesgo político, como puede ser el AO27 o asumir mayor rendimiento a cambio de mayor exposición a posibles cambios en el escenario institucional con el AO28″.

VatNet Financial Research evaluó: “Una de las principales banderas oficiales es la lucha contra la inflación en la vía del superávit fiscal. El riesgo país ha continuado oscilando alrededor de 550 puntos básicos, siendo un tema sustancial para pensar en la sustentabilidad de la deuda pública a largo plazo”.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, aportó que “la compresión del índice de riesgo país está muy atada a la acumulación de reservas. Si el Gobierno logra comprar los USD 10.000 millones previstos para este año y suma otros USD 10.000 millones adicionales —compuestos por USD 4.000 millones en emisiones de Bonares 2027 y 2028, USD 2.000 millones por privatizaciones y cerca de USD 4.000 millones en financiamiento de organismos internacionales como BID, CAF y Banco Mundial—, junto con la liquidación de la cosecha, el flujo de dólares sería consistente con una compresión adicional del índice de riesgo país”.

Cuando se pensaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, había conseguido USD 1.300 millones y que comenzaría la acumulación de cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones, los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro cayeron en USD 796 millones.

Sin embargo, esta semana la Secretaría de Finanzas tendrá una nueva oportunidad para recomponer el saldo en dólares. Será con una licitación de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028, cuyo resultado será observado de cerca, porque en la segunda vuelta de la última colocación solo se concretó una colocación de USD 48 millones con el bono que vence después del mandato de Javier Milei.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó en su balance diario al 5 de mayo que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 1.345 millones, equivalentes a $1,8 billones al tipo de cambio de $1.395,1909. Al día siguiente, el saldo se ubicó en USD 549 millones ($762.119 millones a $1.386,2923), lo que implicó una reducción de USD 796 millones en tan solo 24 horas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron explicaciones sobre las razones detrás de la caída de los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro. La falta de respuesta oficial dejó abiertas incógnitas; aunque no es algo que no haya sucedido, casi siempre que se dan estos movimientos a la baja es por el pago de deuda externa a organismos internacionales.

En el mercado se generaron ruidos por el resultado de la última licitación. Hace dos semanas, la Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta USD 148 millones, tras recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se colocaron USD 100 millones a una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, mientras que el Bonar 2028 sumó USD 48 millones a una TNA de 8,44%. Estos montos se sumaron a las colocaciones de la primera vuelta y permitieron recaudar USD 848 millones en la semana.

Con ese último resultado, en mayo, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos en dólares. Y si se suman las licitaciones previas, el total ascendió a 2.279 millones de dólares.

Frente a ello, para la consultora Equilibra, la licitación mostró “sólidez en pesos, pero señales mixtas en el tramo en dólares”. El análisis destacó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El informe puntualizó que el AO27 cumplió el objetivo de colocar el tope de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa alineada al mercado secundario. En cambio, el AO28 completó la primera vuelta con USD 350 millones, pero en la segunda solo reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, el Gobierno emitió más de USD 2.250 millones entre ambos bonos.

El comportamiento del mercado en la próxima licitación será clave para el equipo económico. El resultado de la segunda vuelta en la licitación anterior, donde el AO28 solo sumó USD 48 millones, abrió interrogantes sobre el apetito por este tipo de títulos, en especial aquellos cuya fecha de vencimiento excede el mandato de Javier Milei. La tasa de interés ofrecida por el AO28, de 8,44%, reflejó el mayor costo asumido por el Estado para captar divisas en ese plazo.

De acuerdo con la agenda oficial, este lunes 11 de mayo se anunciará el llamado para la nueva licitación, prevista para el miércoles 13. En esa ocasión, la Secretaría de Finanzas volverá a ofrecer los Bonar 2027 y Bonar 2028, nuevamente con un tope máximo ampliado: USD 350 millones por cada bono en la primera vuelta (antes era USD 150 millones) y USD 100 millones en la segunda vuelta, lo que suma un máximo de USD 900 millones entre ambos instrumentos.

La estrategia de financiamiento implementada por Luis Caputo incluye sucesivas emisiones de bonos en moneda extranjera para aumentar los depósitos del Tesoro y atender los vencimientos de corto plazo. La suma total emitida desde el inicio del programa alcanzó USD 2.279 millones, aunque la volatilidad en los depósitos del Tesoro y la caída registrada volvieron a poner en el centro del debate la sostenibilidad de esa política.

La próxima licitación ocurrirá en un contexto de dudas sobre la confianza de los inversores y la disposición del mercado a seguir financiando al Tesoro en moneda extranjera. La caída de USD 796 millones en un solo día en la cuenta del Tesoro sumó presión a la estrategia de financiamiento, mientras el Gobierno intenta sostener el flujo de fondos para afrontar los vencimientos de julio. Y más aún cuando poco se sabe sobre cómo continuaron las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener hasta USD 4.000 millones.

Tras 45 días de vigencia, este viernes llega a su fin el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país el 1° de abril. El vencimiento de este mecanismo —que logró contener el impacto de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local— anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.

Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, este lunes habrá una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.

Cabe recordar que el acuerdo -aún vigente- entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina. Bajo este esquema, los refinadores compraban el petróleo a las productoras tomando como referencia el valor vigente hasta marzo de 2026 —alrededor de USD 70 por barril— independientemente de la cotización real, que llegó a superar los USD 120 por barril para el Brent. La diferencia se registraba en cuentas compensadoras que debían saldarse a futuro si los valores internacionales descendían.

En las jornadas recientes, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo: tanto el Brent como el WTI retrocedieron entre 10% y 12% ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El WTI cotizó en USD 95 por barril (una caída del 12%) y el Brent quedó en USD 101 por barril (10% menos). Esta reacción del mercado fue consecuencia del “memorándum de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán para abrir una ventana de 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen latentes.

A esa presión se suma además la suba de impuestos fijos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. El pasado 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. Esta decisión -que el ejecutivo había pospuesto el mes anterior- empezó a regir el 1° de mayo, aunque se desconoce si el alza impositiva se trasladó o no a los surtidores, ya que la decisión de aplicarlos o absorberlos corre por cuenta de las petroleras.

En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor; el 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial.

Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios a Infobae, aquel ajuste impositivo implicaría una suba total de $11,035 por litro solo por carga fiscal. La totalidad del tributo pasaría de $345,541 a $355,939 por cada litro, mientras el impuesto al CO2 sumaría $0,637 y alcanzaría los $16,074 desde mayo.

El traslado de ese aumento al precio final quedó a criterio de las petroleras y sería parte de la decisión que anuncien este lunes 11 de mayo. De esta forma, las empresas decidirán en las próximas horas si trasladan, total o parcialmente, tanto la suba internacional acumulada como el reciente incremento impositivo. De concretarse, llevaría el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro.

Caída de ventas y giro en la demanda

En este escenario, la demanda interna de combustibles registró una caída en marzo de este año. Según un informe de Surtidores, las ventas totales tuvieron una contracción del 1,8% en el tercer mes de 2026. Durante ese periodo, la nafta súper cayó un 4,1% interanual, señal de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el menor uso de automóviles.

La decisión de ‘amortiguar’ los precios en aquel entonces respondía, entre otras cuestiones, a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que buscaba ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global.

El esquema de “buffer” de precios -tal como lo definió YPF- fue una iniciativa privada entre los tres grandes eslabones de la industria: productores puros como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; e integradas como YPF, Puma y Axion.

El mecanismo aún vigente consiste en tomar el valor del crudo correspondiente a marzo como referencia para las transacciones internas. De esta manera, los productores facturan según la cotización internacional de cada momento —por ejemplo, el barril llegó a USD 120 en picos recientes, aunque actualmente ronda los USD 104—, pero los refinadores abonan el valor vigente hasta el mes de marzo (alrededor de USD 70).

Al momento de publicación de esta nota, el Brent cotiza en torno a los USD 104,49 por barril. Sin embargo, aun si el conflicto se resuelve en el corto plazo, el sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones —en torno a USD 60—. Por el contrario, proyectan un precio sostenido cerca de los USD 90 por barril.