A pesar de que el Gobierno pone todos sus focos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora quiere profundizar con un “Super RIGI” con mayores beneficios impositivos, en lo que va de la gestión de Javier Milei hubo otras dos fuentes que aportaron en mayor medida dólares a la economía: el campo y Vaca Muerta, seguido por los que ingresaron por el canal financiero mediante las colocaciones de empresas de obligaciones negociables y la emisión de deudas de las provincias en el mercado internacional.

El campo se afirmó como la principal fuente de dólares para la economía argentina durante los primeros dos años de la presidencia de Milei (2024-2025). El informe de complejos exportadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) detalló que en 2024, el complejo “Soja” aportó USD 19.624 millones (40,7% variación interanual), “Maíz” USD 7.263 millones (13,1% v.ia), “Girasol” USD 1.449 millones (2,4% v.ia) y el complejo “Triguero” USD 2.763 millones (91,3% v.ia). Ese año, el campo aportó USD 31.099 millones.

Mientras que en 2025, “Soja” contribuyó con USD 21.442 millones (9,2% v.ia), “Maíz” USD 6.600 millones (-8,3% v.ia), “Girasol” USD 2.175 millones (49,7% v.ia) y “Triguero” USD 3.649 millones (32% v.ia). La sumatoria anual alcanzó USD 33.866 millones. Así, en el primer bienio de Milei, el campo generó un total de USD 64.965 millones en exportaciones, consolidándose como la mayor fuente de divisas del país.

El segundo gran aportante de dólares fue Vaca Muerta, que sostuvo un crecimiento sostenido como polo energético y exportador. Según el mismo informe del Indec, durante los primeros dos años del mandato de Milei, el complejo petrolero/petroquímico, fundamentalmente gracias al impulso de Vaca Muerta, aportó USD 22.174 millones (USD 10.402 millones en 2024 y USD 11.772 millones en 2025). Este desempeño respondió tanto a la expansión de la producción como al desarrollo de infraestructura y nuevos proyectos de inversión. Además, varios de los proyectos de Vaca Muerta se integraron a los anuncios y aprobaciones del RIGI, lo que incrementó su volumen de recursos y su peso en la estructura exportadora nacional.

El canal financiero, a través de colocaciones de deuda de provincias y empresas, representó otra vía relevante de ingreso de dólares. De acuerdo con la consultora Invecq, la mejora en el acceso al crédito externo y la reducción del riesgo país se reflejaron en emisiones de deuda significativas. Así, en lo que va de la gestión de Milei, las emisiones provinciales superaron los USD 4.300 millones y las corporativas sumaron más de USD 28.000 millones, en total USD 32.300 millones. Este volumen reflejó la importancia de la compresión del riesgo país para facilitar el acceso al financiamiento y el impulso de proyectos de infraestructura y producción. El canal financiero privado, entonces, se consolidó como un actor clave para la provisión de recursos tanto al sector público subnacional como a grandes empresas.

A pesar de ser el eje de la estrategia oficial para captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, el RIGI mostró un flujo efectivo de capitales menor en comparación con el campo y Vaca Muerta. Según la última exposición del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el flujo neto acumulado de dólares por proyectos aprobados bajo el régimen RIGI fue de USD 762 millones al cierre de marzo de 2026. El saldo bruto positivo llegó a USD 1.205 millones, con egresos por USD 452 millones.

El informe del BCRA identificó entre los principales proyectos aprobados al desarrollo de LNG de Southern Energy (PAE, GOLAR, PAMPA, YPF, Wintersall Dea) en Río Negro, con un presupuesto de USD 15.200 millones, al proyecto “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan (USD 2.700 millones) y al oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” por VMOS en Río Negro (USD 2.900 millones).

Además, se aprobaron iniciativas de YPF Luz en energía solar en Mendoza, Galan Lithium y Minas Argentinas en minería, PCR – Acindar en energía eólica en Buenos Aires, Rio Tinto en minería de litio y cobre, y obras portuarias en Santa Fe. El total de proyectos aprobados bajo el RIGI sumó USD 27.200 millones, con más de USD 95.000 millones en evaluación, según los últimos anuncios.

Aunque recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la aceleración en la aprobación de nuevos proyectos bajo el RIGI. En una entrevista con la Televisión Pública, Caputo anunció: “Vamos a acelerarlo más, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir en los próximos 30 días, así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales; vamos a estar más cerca de los USD 140.000 millones que de USD 100.000 millones”.

El saldo neto registrado por el RIGI hasta marzo de 2026 quedó considerablemente por debajo del potencial anunciado y de las carpetas de proyectos en análisis. Si bien los proyectos aprobados sumaron USD 27.200 millones, el flujo neto efectivo fue de USD 762 millones, lo que reflejó la distancia entre los anuncios y la ejecución real. El oficialismo apuesta a que la profundización del régimen, bajo la figura del “Super RIGI”, logre acelerar la llegada de inversiones y materializar los anuncios en nuevos desarrollos.

Los datos consolidados muestran que el campo lideró la generación de dólares en el bienio inicial de Milei, seguido por Vaca Muerta y, en tercer orden, por el canal financiero de emisiones de deuda. El RIGI, en cambio, por ahora mostró un caudal de ingresos efectivo menor, aunque su potencial sigue en el centro de la estrategia oficial. La expectativa del Gobierno se orienta a que la aceleración de los proyectos y la profundización del régimen permitan modificar esa relación en los próximos meses.

Cuando se pensaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, había conseguido USD 1.300 millones y que comenzaría la acumulación de cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones, los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro cayeron en USD 796 millones.

Sin embargo, esta semana la Secretaría de Finanzas tendrá una nueva oportunidad para recomponer el saldo en dólares. Será con una licitación de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028, cuyo resultado será observado de cerca, porque en la segunda vuelta de la última colocación solo se concretó una colocación de USD 48 millones con el bono que vence después del mandato de Javier Milei.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó en su balance diario al 5 de mayo que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 1.345 millones, equivalentes a $1,8 billones al tipo de cambio de $1.395,1909. Al día siguiente, el saldo se ubicó en USD 549 millones ($762.119 millones a $1.386,2923), lo que implicó una reducción de USD 796 millones en tan solo 24 horas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron explicaciones sobre las razones detrás de la caída de los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro. La falta de respuesta oficial dejó abiertas incógnitas; aunque no es algo que no haya sucedido, casi siempre que se dan estos movimientos a la baja es por el pago de deuda externa a organismos internacionales.

En el mercado se generaron ruidos por el resultado de la última licitación. Hace dos semanas, la Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta USD 148 millones, tras recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se colocaron USD 100 millones a una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, mientras que el Bonar 2028 sumó USD 48 millones a una TNA de 8,44%. Estos montos se sumaron a las colocaciones de la primera vuelta y permitieron recaudar USD 848 millones en la semana.

Con ese último resultado, en mayo, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos en dólares. Y si se suman las licitaciones previas, el total ascendió a 2.279 millones de dólares.

Frente a ello, para la consultora Equilibra, la licitación mostró “sólidez en pesos, pero señales mixtas en el tramo en dólares”. El análisis destacó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El informe puntualizó que el AO27 cumplió el objetivo de colocar el tope de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa alineada al mercado secundario. En cambio, el AO28 completó la primera vuelta con USD 350 millones, pero en la segunda solo reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, el Gobierno emitió más de USD 2.250 millones entre ambos bonos.

El comportamiento del mercado en la próxima licitación será clave para el equipo económico. El resultado de la segunda vuelta en la licitación anterior, donde el AO28 solo sumó USD 48 millones, abrió interrogantes sobre el apetito por este tipo de títulos, en especial aquellos cuya fecha de vencimiento excede el mandato de Javier Milei. La tasa de interés ofrecida por el AO28, de 8,44%, reflejó el mayor costo asumido por el Estado para captar divisas en ese plazo.

De acuerdo con la agenda oficial, este lunes 11 de mayo se anunciará el llamado para la nueva licitación, prevista para el miércoles 13. En esa ocasión, la Secretaría de Finanzas volverá a ofrecer los Bonar 2027 y Bonar 2028, nuevamente con un tope máximo ampliado: USD 350 millones por cada bono en la primera vuelta (antes era USD 150 millones) y USD 100 millones en la segunda vuelta, lo que suma un máximo de USD 900 millones entre ambos instrumentos.

La estrategia de financiamiento implementada por Luis Caputo incluye sucesivas emisiones de bonos en moneda extranjera para aumentar los depósitos del Tesoro y atender los vencimientos de corto plazo. La suma total emitida desde el inicio del programa alcanzó USD 2.279 millones, aunque la volatilidad en los depósitos del Tesoro y la caída registrada volvieron a poner en el centro del debate la sostenibilidad de esa política.

La próxima licitación ocurrirá en un contexto de dudas sobre la confianza de los inversores y la disposición del mercado a seguir financiando al Tesoro en moneda extranjera. La caída de USD 796 millones en un solo día en la cuenta del Tesoro sumó presión a la estrategia de financiamiento, mientras el Gobierno intenta sostener el flujo de fondos para afrontar los vencimientos de julio. Y más aún cuando poco se sabe sobre cómo continuaron las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener hasta USD 4.000 millones.

Tras 45 días de vigencia, este viernes llega a su fin el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país el 1° de abril. El vencimiento de este mecanismo —que logró contener el impacto de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local— anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.

Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, este lunes habrá una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.

Cabe recordar que el acuerdo -aún vigente- entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina. Bajo este esquema, los refinadores compraban el petróleo a las productoras tomando como referencia el valor vigente hasta marzo de 2026 —alrededor de USD 70 por barril— independientemente de la cotización real, que llegó a superar los USD 120 por barril para el Brent. La diferencia se registraba en cuentas compensadoras que debían saldarse a futuro si los valores internacionales descendían.

En las jornadas recientes, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo: tanto el Brent como el WTI retrocedieron entre 10% y 12% ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El WTI cotizó en USD 95 por barril (una caída del 12%) y el Brent quedó en USD 101 por barril (10% menos). Esta reacción del mercado fue consecuencia del “memorándum de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán para abrir una ventana de 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen latentes.

A esa presión se suma además la suba de impuestos fijos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. El pasado 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. Esta decisión -que el ejecutivo había pospuesto el mes anterior- empezó a regir el 1° de mayo, aunque se desconoce si el alza impositiva se trasladó o no a los surtidores, ya que la decisión de aplicarlos o absorberlos corre por cuenta de las petroleras.

En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor; el 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial.

Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios a Infobae, aquel ajuste impositivo implicaría una suba total de $11,035 por litro solo por carga fiscal. La totalidad del tributo pasaría de $345,541 a $355,939 por cada litro, mientras el impuesto al CO2 sumaría $0,637 y alcanzaría los $16,074 desde mayo.

El traslado de ese aumento al precio final quedó a criterio de las petroleras y sería parte de la decisión que anuncien este lunes 11 de mayo. De esta forma, las empresas decidirán en las próximas horas si trasladan, total o parcialmente, tanto la suba internacional acumulada como el reciente incremento impositivo. De concretarse, llevaría el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro.

Caída de ventas y giro en la demanda

En este escenario, la demanda interna de combustibles registró una caída en marzo de este año. Según un informe de Surtidores, las ventas totales tuvieron una contracción del 1,8% en el tercer mes de 2026. Durante ese periodo, la nafta súper cayó un 4,1% interanual, señal de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el menor uso de automóviles.

La decisión de ‘amortiguar’ los precios en aquel entonces respondía, entre otras cuestiones, a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que buscaba ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global.

El esquema de “buffer” de precios -tal como lo definió YPF- fue una iniciativa privada entre los tres grandes eslabones de la industria: productores puros como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; e integradas como YPF, Puma y Axion.

El mecanismo aún vigente consiste en tomar el valor del crudo correspondiente a marzo como referencia para las transacciones internas. De esta manera, los productores facturan según la cotización internacional de cada momento —por ejemplo, el barril llegó a USD 120 en picos recientes, aunque actualmente ronda los USD 104—, pero los refinadores abonan el valor vigente hasta el mes de marzo (alrededor de USD 70).

Al momento de publicación de esta nota, el Brent cotiza en torno a los USD 104,49 por barril. Sin embargo, aun si el conflicto se resuelve en el corto plazo, el sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones —en torno a USD 60—. Por el contrario, proyectan un precio sostenido cerca de los USD 90 por barril.