El último informe publicado por S&P Global Ratings confirmó las calificaciones soberanas de Guatemala en moneda extranjera y local en nivel BB+, con perspectiva estable, reflejando una continuidad en su perfil crediticio.

Esta decisión consolida la posición del país como el de deuda pública neta más baja en América Latina, y reconoce su capacidad para sostener su solidez externa y una política monetaria confiable, incluso frente a escenarios de crisis internacionales y presiones domésticas para expandir el gasto en infraestructura.

Esta ratificación llega en un contexto de pronóstico de crecimiento económico moderado para Guatemala, con estimaciones de expansión anual promedio del 3,5% entre 2026 y 2029, según los analistas de S&P Global Ratings.

El informe precisa que, aunque se trata de una desaceleración respecto al 4% promedio de los cuatro años previos, el crecimiento sigue impulsado principalmente por el consumo, en especial el efecto de las remesas, que corresponden a alrededor del 20% del PIB y cuya estabilidad se considera una variable crítica para el desempeño económico nacional.

La decisión de S&P Global Ratings sitúa a Guatemala entre los países de la región con mejores indicadores externos. Destaca que las reservas internacionales alcanzaron el 26% del PIB en 2025 y que la posición de acreedor externo neto está entre las más sólidas de los mercados emergentes latinoamericanos.

Según las proyecciones, la deuda pública neta se mantendrá cerca del 20% del PIB entre 2026 y 2028, cifra ampliamente inferior al promedio regional, y los déficits fiscales se situarán en niveles manejables, pese al previsto aumento en la inversión de capital para infraestructura clave.

El balance positivo de la cuenta corriente representa otro aspecto clave del análisis. Guatemala ha registrado superávits en este rubro durante 10 años consecutivos, consecuencia del flujo sostenido de remesas desde el exterior y de una economía focalizada en el consumo interno. Aunque se estima que estos superávits disminuirán, se proyecta que las necesidades brutas de financiamiento externo promedien el 60% de los ingresos en cuenta corriente y reservas disponibles durante los próximos cuatro años, volumen considerado sostenible por el nivel actual de liquidez.

El tipo de cambio del quetzal revela elevada estabilidad, y la política monetaria del Banco Central de Guatemala mantiene la inflación bajo control: el índice de precios al consumidor promedió 1,6% en 2025, por debajo del objetivo central del 4% (+/- 1%). Bajo este escenario, el banco central aprobó una reducción de la tasa de política monetaria al 3,5% desde febrero de 2026.

La exposición de la deuda pública a moneda extranjera, que actualmente representa casi el 50%, ha descendido respecto al 60% registrado en 2015. Asimismo, cerca del 90% de la deuda es a tasa fija y con plazo extendido, limitando la vulnerabilidad ante fluctuaciones en mercados internacionales, subrayó S&P Global Ratings.

A pesar de la robustez de sus indicadores macroeconómicos, Guatemala enfrenta desafíos estructurales de largo plazo. S&P Global Ratings señala que el 56% de la población vivía en pobreza en 2023 y que entre el 70% y el 80% de los trabajadores se emplea en el sector informal, factores que restringen el crecimiento inclusivo y complican el aumento constante de ingresos fiscales.

El déficit de infraestructura es otro obstáculo importante. Aunque se han aprobado leyes para priorizar el desarrollo vial y alianzas público-privadas, la capacidad gubernamental para ejecutar a plenitud los planes de inversión sigue limitada. Entre los proyectos en marcha, resaltan la modernización del puerto de Quetzal —con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos—, mejoras en aeropuertos, ampliaciones viales y la construcción de un sistema de metro en Ciudad de Guatemala. Un reciente proceso licitatorio para aumentar la conectividad eléctrica fue declarado nulo y será relanzado, lo que evidencia las dificultades administrativas y políticas para impulsar infraestructura esencial.

La afirmación de la calificación ‘BB+’ toma en cuenta variables de calidad institucional y gobernanza. S&P Global Ratings sostiene: “La percepción histórica de corrupción elevada y el entorno político fragmentado han limitado la eficacia de la formulación de políticas”.

Sin embargo, durante 2026, la administración del presidente Bernardo Arévalo alcanzó consensos con el Congreso y logró aprobar leyes cruciales a pesar de su escasa representación parlamentaria, además de avanzar en el nombramiento de autoridades en el Tribunal Electoral, Procuraduría General y otras entidades clave, acciones que pueden fortalecer el sistema de contrapesos y avanzar en la agenda anticorrupción.

El informe advierte que la calificación podría ser rebajada en los próximos 12 a 24 meses si se presenta una caída inesperada de remesas y consumo interno o si la capacidad de crecimiento del PIB se deteriora, poniendo en jaque las posiciones fiscal y externa del país. Por su parte, una mejora de la calificación dependerá del fortalecimiento de la colaboración política y la ejecución eficaz de reformas, con impacto favorable en la resiliencia económica y el ingreso per cápita.

Situación

Una tienda Digikala, a veces llamada el Amazonas de Irán, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que afecta a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Tránsito peatonal en el Gran Bazar de Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, numerosas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Un negocio mayorista en Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Tráfico cerca de un mercado mayorista en Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)

Una tienda de alfombras en el Gran Bazar de Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que afecta a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)

Una tienda Digikala, a veces llamada el Amazon de Irán, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026. (Arash Khamooshi/The New York Times)

Conservative House Republicans are escalating a fight over government surveillance as Congress reopens debate this week on a controversial warrantless spying program.

Members of the House Freedom Caucus are pledging to hold firm on adding a permanent ban on central bank digital currency (CBDC) to any legislation that reauthorizes Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). But the proposal faces widespread opposition from Senate Democrats and is viewed as dead on arrival in the upper chamber.

The cross-chamber standoff threatens to complicate Congress’ ability to meet a mid-June deadline to renew the spy law, which the Trump administration argues is a critical national security tool. 

«If the Senate thinks they’re going to keep rolling over us, it’s just not going to happen,» Rep. Chip Roy, R-Texas, said at a news conference in late April, referring to the Senate’s opposition to including a CBDC ban in a FISA renewal bill.

SPEAKER JOHNSON ONE STEP CLOSER TO RENEWING CONTROVERSIAL SPY PROGRAM AFTER CONSERVATIVES FALL IN LINE

Both chambers in April approved a 45-day FISA extension to allow for more time for negotiations. House GOP privacy hawks objected to the short-term measure, citing its omission of a CBDC ban. 

«CBDC can still make it across the finish line. Let’s just push on,» the Texas Republican added. «The Senate will respond to the people if they push hard enough. I’m positive on it.»

GOP privacy hawks argue a CBDC ban is a critical privacy guardrail against the Federal Reserve issuing a digital currency that could be used to surveil and potentially cut access to Americans’ financial transactions.

«They don’t want the government monitoring their bank accounts, telling them what they can buy, when they can buy it and when they’re not allowed to buy,» Rep. Scott Perry, R-Pa., said at a news conference, referring to his constituents’ concerns about a government-issued digital token.

The group has repeatedly sought to add a CBDC ban to various legislation over the past year, but has not yet been able to get a permanent ban on President Donald Trump’s desk.

During his confirmation hearing, Federal Reserve chair nominee Kevin Warsh said he would not issue a CBDC during his term, calling the proposal a «bad policy choice.»

Kevin Warsh, incoming chairman of the U.S. Federal Reserve, has called a government-issued digital currency a «bad policy choice.» (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)

HOUSE GOP SLAMMED BY CONSERVATIVES FOR JOINING DEMS ON CONTROVERSIAL ‘KILL SWITCH’ AMENDMENT

The push to ban CBDCs is part of a broader effort by conservative Republicans to ramp up their fight against government surveillance. 

«Americans don’t want Big Brother in their cars, their bank accounts, or their homes,» a spokesperson for the conservative House Freedom Caucus told Fox News Digital. «The gloves are coming off before FISA expires on June 12.»

Roy, the HFC’s policy chief, is pushing to repeal a Biden-era provision requiring a federal agency to draft a rule mandating impaired driver technology in new cars that could shut off vehicles if drunk driving is detected. The federal government has not yet moved forward with drafting the «kill switch» regulation.

«Do you really want to put that kind of data collection mandated inside every car? At what point is there just literally no privacy at all anywhere?» Roy said during a hearing in late April in support of adding a «kill switch» repeal amendment to FISA extension legislation.

GOP privacy hawks have also advocated for language that would add a judicial warrant requirement to the FISA renewal bill. While the law targets foreigners overseas using U.S. platforms, their communications with Americans can also be swept up and reviewed.

Privacy advocates in the Democratic Party have also long pushed for a warrant requirement to gather information on Americans.

Rep. Chip Roy, R-Texas, has argued that a clean authorization of FISA Section 702 «is off the table» due to widespread opposition in Congress to extend the law without reforms. (Andrew Harnik/Getty)

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The Trump administration initially sought a clean 18-month extension of the spy law, but quickly ran into problems with a mix of conservative and progressive privacy hawks.

«We’re not going to pass something that’s a long-term, clean reauthorization,» Roy said. «I think that’s been taken off the table. We’ve demonstrated that, and we’re going to get reforms.»