POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
La Libertad Avanza se flexibiliza y abre la puerta a cerrar alianzas con el PRO, pero fija condiciones
Pese a la tensión abierta a raíz de las críticas al Gobierno instrumentadas por Mauricio Macri, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no le cierra las puertas a la posibilidad de trazar acuerdos electorales con el PRO dentro del esquema de estrategias que le permitan al presidente Javier Milei conquistar la tan ansiada reelección en 2027.
Sin embargo, fuentes del armado anticiparon a Infobae que, para avanzar en negociaciones, deberán sortear una serie de condicionamientos que le permitan a La Libertad Avanza poder acordar con el espacio fundado en 2015. Uno de los requisitos principales gira en torno a la necesidad de compartir el programa económico y la agenda política, por lo que esperan que los aliados se plieguen a respaldar las medidas impulsadas por el mandatario.
Si bien la serie de cuestionamientos ensayados por el ex presidente, quien protagoniza reapariciones por el interior del país, fueron vistas con desconfiaza en la administración libertaria, las autoridades libertarias diferencian a la dirección nacional del PRO de los dirigentes amarillos que supieron trazar acuerdos en 2025, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el senador bonaerense, Guillermo Montenegro; y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
En segundo lugar, pero no menos importante, el espacio violeta no está abierto a negociar la fórmula presidencial que, pese a que faltan meses, anticipan será pura y estará encabezada por Javier Milei. Desde el corazón de La Libertad Avanza garantizaron que el candidato a vicepresidente ya fue definido aunque evitaron dar precisiones al respecto. “Si quieren jugar con nosotros, tenemos candidato a Presidente y Vice establecidos…”, sostuvo un alfíl libertario a este medio.
Tras la experiencia de 2025, donde los violetas y los amarillos fueron en unidad en varios distritos, con particular relevancia en la provincia de Buenos Aires, los libertarios tomaron nota de la rebeldía de algunos intendentes del PRO que rompieron el entendimiento como Javier Martínez (Pergamino), Diego Reyes (Puan), María José Gentile (Nueve de Julio) y Pablo Petrecca (Junín), este último devenido en actual senador bonaerense.
Con intención de neutralizar nuevos enfrentamientos, aspiran a la implementación de “un sistema de castigo” para evitar las fugas de votos. No obstante, confían en la capacidad de Diego Santilli para contener a los alcaldes y lograr sumarlos a una eventual alianza. El dirigente se perfila como candidato para disputarle la provincia a Axel Kicillof tras el agónico triunfo de octubre.
Asimismo, hay algunas definiciones establecidas. Un claro ejemplo es la voluntad de Karina Milei de quedarse con la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se espera que no haya alianza con el PRO que lidera Jorge Macri, quien anticipó sus deseos de competir por la reelección. En el corazón del armado porteño niegan que el espacio violeta haya definido el candidato, aunque la senadora Patricia Bullrich pareciera haber iniciado anticipadamente la campaña.
Contra todas las gestualidades acumuladas hasta entonces, algunas voces del oficialismo sostienen que la legisladora -en tensión con los Milei, pero respaldada por las mediciones- aspira a una candidatura nacional de mayor peso. “No hay nada definido. Todo quedará para después del Mundial”, insisiten.
En el extenso mapa nacional, y con la mente en los comicios provinciales, en Balcarce 50 parecieran ver con buenos ojos la posibilidad de acordar con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, tal y como ocurrió en las elecciones de medio término. Se trata de uno de los gobernadores con los que mantienen buena sintonía, incluso en el plano legislativo.
Frigerio fue de los primeros, junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), en inaugurar la mesa electoral que comanda Karina Milei secundada por Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli, en la que tiene injerencia el vice de LLA, Martín Menem.
La situación es otra en la provincia de Chubut, liderada por Ignacio Torres, también del PRO, quien en 2025 no escondió su rechazo a la decisión de su espacio de presentarse con La Libertad Avanza. Según expresó entonces, ir en alianza equivalía a optar por «la cómoda”. No obstante, en la provincia no descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Son elecciones y contextos diferentes. No cerraría la puerta. Hay buen diálogo”, precisaron.
En ambos territorios se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema impulsado por el oficialismo, y a diferencia de Entre Ríos, Chubut no cuenta con Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), herramienta que el Ejecutivo aspira a eliminar con la sanción de la reforma electoral. Es que en el ecosistema libertario trabajan además para compatibilizar los sistemas y los métodos electorales de todas las provincias con el nacional.
POLITICA
La oposición en Diputados no logra consensos con los gobernadores y frustraría el pedido de interpelación a Manuel Adorni
La tensión del oficialismo por la posibilidad de sufrir un golpe político en la Cámara de Diputados comenzó a bajar esta semana, luego de que la convocatoria para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no contara inicialmente con las firmas de Unión por la Patria (UxP).
Los representantes de Provincias Unidas, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica habían convocado a una sesión especial para este miércoles a las 11. Más tarde sumaron el acompañamiento del bloque peronista, aunque decidieron no incorporar al temario una serie de proyectos sociales impulsados por el sector que conduce Germán Martínez.
La decisión generó negociaciones y reuniones contrarreloj durante este martes. La secretaria parlamentaria de UxP, Paula Penacca, había adelantado a los diputados convocantes que el bloque acompañaría el pedido de sesión, pero condicionó ese respaldo a la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene trabajando en Diputados.
Finalmente, los bloques opositores resolvieron limitar el debate exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura. Esa definición alejó, al menos por ahora, la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con los proyectos.
“El Congreso tiene que sesionar y votar que se renueva a este estafador, hundido en escándalos de corrupción y responsable del incumplimiento de las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y (Hospital) Garrahan”, publicó en redes sociales el diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.
Desde el oficialismo interpretan la ofensiva opositora como parte de una disputa interna. “Hay una puja de quién es la oposición más fuerte. Con moción de censura, o sin moción, la oposición seguirá golpeándonos todos los días con este tema”, sostuvo el diputado oficialista Lisandro Almirón.
Los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete
El pedido para que Manuel Adorni vuelva a la Cámara de Diputados se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete. Ese mecanismo incluso podría derivar en una moción de censura y, eventualmente, en la remoción del funcionario.
Son cuatro los proyectos incluidos en el temario que todavía no cuentan con despacho de comisión. Si la oposición logra reunir el quórum, buscará emplazar su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por Giselle Castelnuovo.
Sin embargo, para avanzar necesitarían mayorías especiales, un escenario que hoy aparece difícil para los sectores opositores.
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Quiénes impulsan la convocatoria
La solicitud de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, de Provincias Unidas; de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; de los radicales críticos Pablo Juliano, María Inés Zigarán y Mariela Coletta; y de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.
Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales al jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de iniciar una moción de censura por supuestas irregularidades.
Manuel Adorni, Diputados
POLITICA
Kicillof estará con Julio Alak en un acto del PJ Bonaerense y enviará una señal en la pelea por su sucesión
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estará presente este jueves en un acto que organiza el intendente de La Plata, Julio Alak, y que funcionará como la clase de apertura de un curso de formación política que promueve el Partido Justicialista (PJ) bonaerense. La charla será semiacadémica y en un formato mixto desde la estructura del PJ y el Instituto de Capacitación Política (ICP), un ámbito que sostiene el jefe comunal de la capital bonaerense desde hace más de 20 años. Todo también se inscribe en la discusión por la sucesión a la gobernación, donde el peronismo empieza a mostrar distintos dirigentes con intenciones de hacerse de esa candidatura en las elecciones del año que viene. Alak es uno de ellos.
Por impedimento constitucional, Kicillof no podrá ir por la reelección. Sumido en una construcción de índole nacional, queda en territorio bonaerense un número de intendentes y dirigentes con aspiraciones de hacerse de una postulación dentro del peronismo. En el acto de este jueves, presumiblemente Alak ratifique que Kicillof es el candidato presidencial que él propone. El gobernador no devolverá la gentileza de manera explícita. Tiempo atrás, cuando fue consultado por este tema, aseguró: “Hay varios candidatos para sucederme o sectores que están pensando en tener candidaturas. Siempre he dicho que es importante que las candidaturas vengan sostenidas también por discusiones; estamos en ese proceso”. Pero la foto será gestual.
Habrá también intendentes y dirigentes de peso que forman parte de la estructura del PJ modelo Kicillof, como la vicegobernadora, Verónica Magario, o el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Ambos ocupan vicepresidencias en la estructura partidaria.
Alak, por su parte, es el secretario de Formación Política del partido. Desde ese lugar es que pone la estructura de su ICP a disposición del PJ. La clase/charla/acto será en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y a sala llena. El IPC y el PJ firmarán un acuerdo para aceitar cursos y capacitaciones. La de este jueves será el puntapié.
Será la primera actividad formal de Kicillof al frente del partido, luego de la reunión constitutiva del Consejo del PJ el último 24 de abril. El gobernador llegó a la presidencia del PJ luego de una febril negociación que se dio entre su espacio y el kirchnerismo. El resultado fue que el diputado nacional Máximo Kirchner dejara la presidencia del partido y pasara a controlar el Congreso partidario. También hubo cambios en la integración del consejo y en las secretarías. Alak también estrena rol, pues quien estaba a cargo de la secretaría de formación política en el proceso anterior era el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que también ocupaba un lugar como consejero por la Octava sección electoral. Lugar que retiene en el nuevo esquema.
Kicillof estará al frente de la charla inaugural. Luego, el curso estará dividido en cuatro módulos. Cada módulo tendrá cuatro clases. Según marca el programa de estudios, la idea es “preparar cuadros y militantes para interpretar los desafíos contemporáneos de Argentina y la región”. El primer módulo es “El nuevo desorden mundial”, seguido por “América Latina: la región clave del siglo XXI”, mientras que “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” es el tercer bloque. Cierra el curso: “La comunidad organizada: ideas para el siglo XXI”.
En la reciente conformación del PJ bonaerense participan varios dirigentes que aspiran a competir por la gobernación provincial dentro del peronismo. Entre ellos se encuentran Julio Alak —quien mantuvo encuentros con figuras como el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y el ex titular de ANSES, Diego Bossio— y Otermín. También forman parte de la conducción partidaria la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien integra el consejo como representante de la rama de la Mujer y busca postularse a la gobernación, y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, que ocupa el cargo de consejera por la Tercera sección electoral.
Alak busca respaldos de los distintos márgenes del peronismo. Al encuentro con Pichetto se le suman distintas fotos en el último tiempo con dirigentes lejanos a la caracterización del kirchnerismo. El intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, o el de Chivilcoy, Guillermo Britos, son una muestra.
Otro dirigente del peronismo cercano al universo de Kicillof y que fue ungido por el ministro Larroque para ser candidato a gobernador fue el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El intendente del distrito del conurbano sur no tendrá reelección en su distrito. Por el momento se mantiene dentro de su municipio, pero desde allí se reúne con dirigentes de distintos ámbitos como el exgobernador Felipe Solá, los legisladores del bloque Nuevos Aires, llamados libertarios dialoguistas, o el titular del partido MILES, Luis D’Elia, quien planteó que la voluntad de su espacio es que Ferraresi sea el candidato a gobernador.
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