POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
De la confrontación a los acuerdos: qué hay detrás del cambio de estrategia del Gobierno con los gobernadores
“No todas las reglas aplican en todo momento”, afirmó ante Infobae una importante fuente libertaria para explicar la reciente apertura del Gobierno de negociar alianzas con los gobernadores aliados rumbo a las elecciones de 2027. Hace un año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se inclinaba por competir con candidatos “puros” en las distintas provincias para fortalecer el armado y el sello de La Libertad Avanza en el interior del país.
El vínculo con los mandatarios provinciales aliados dio pie a uno de los debates que marcó la interna oficialista, dado que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostraba proclive a sellar alianzas con la mayor cantidad de representantes provinciales para las elecciones legislativas de 2025.
Hoy, cuando pareciera reinar el consenso impulsado por los deseos de concretar la reelección del presidente Javier Milei, persisten las diferencias respecto de los motivos que llevaron a la administración libertaria a readaptar su plan.
“La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon desde uno de los campamentos en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, los encargados de diseñar las listas bajo la supervisión de la menor de los Milei, a los que les atribuyen además haber complejizado el escenario legislativo en 2025.
En el karinismo aseguraron a este medio que la decisión de priorizar a candidatos propios apuntaba a potenciar al Gobierno, en particular al espacio fundado por Milei, y buscaba limitar el alcance de los gobernadores. “En aquel entonces, los que querían acordar por acordar, nos llevaban a un Gobierno de coalición”, plantearon desde el entorno de la funcionaria.
“Varios querían entrar gratis a las listas. Después algunos nos hicieron un desastre en el Congreso”, criticó uno de los alfiles violetas que revalidó la determinación de haber competido en las provincias con los propios.
En Balcarce 50 descuentan que a Javier Milei le va mejor en el interior del país que en el AMBA, donde se ubican en torno a los 25 puntos; por eso, consideran necesario acercar voluntades con los aliados. En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
Como anticipó este medio, la administración libertaria fijó condiciones para negociar con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada y entre los principales puntos figura el respaldo a la agenda legislativa, en particular a la reforma electoral que aspira a sancionar el Poder Ejecutivo. La advertencia es clara: quienes no acompañen el objetivo de modificar el sistema, “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
Aún sin los votos necesarios, el oficialismo dio lugar a una de las alternativas presentadas por el radicalismo y discute la posibilidad de incorporar una especie de colectora para facilitar un acuerdo con los gobernadores y que puedan adherir las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “No significa entregar a los legisladores. Se tendrán que ganar el lugar como nosotros. Es una salida para que compitan contra nuestras listas”, argumentó un integrante de la mesa política que volverá a reunirse este martes al mediodía.
La administración libertaria da sobradas muestras del cambio de criterio, en particular de la habilitación a potenciales acuerdos en 2027. En las vísperas del final del Mundial 2026, Diego Santilli, de perfil dialoguista y moderado, ayuda a consolidar los acercamientos con el objetivo final en mente: otros cuatro años de mandato para Milei.
Este lunes, luego de retratarse con 13 gobernadores en la provincia de Tucumán, el ministro coordinador recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en una serie de intercambios que se suceden desde su desembarco en el Ministerio del Interior, pero que se intensificaron tras su ascenso. Luego, el puntano visitó las oficinas del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
POLITICA
El Gobierno envió seis nuevos pliegos al Senado y busca avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia
El Gobierno nacional envió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzó así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial. La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque tiene incidencia en las principales causas de corrupción. Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, que debe convocar a los candidatos para exponer ante los senadores.
El cargo de Bertuzzi permanecía bajo cuestionamiento desde su traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La situación se abrió en 2018, cuando Bertuzzi fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión generó una fuerte controversia política y judicial y fue objetada por el kirchnerismo.
Un tribunal clave
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tiene un rol central porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.
El antecedente de Bertuzzi y Bruglia
La situación de Bertuzzi volvió a quedar en discusión en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó junto con el de Leopoldo Bruglia el traslado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 hacia la Cámara Federal porteña.
Ambos magistrados habían intervenido desde ese tribunal en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las principales investigaciones por corrupción contra el kirchnerismo. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Leer más: A días de cumplir 75 años, Irurzun busca que su reclamo llegue a la Corte Suprema para seguir como camarista federal
El resto de las postulaciones
Además de los pliegos para la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.
También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.
El trámite en el Senado
Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional.
En junio el Senado aprobó 74 designaciones y para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales. Además, la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.
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POLITICA
El fuerte intercambio de mensajes entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en medio del conflicto entre ambas
La interna en el bloque de La Libertad Avanza, que se generó a partir de las diferencias entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y quien hasta hace unas semanas era el jefe del oficialismo en el recinto, Oscar Zago, repercutió también en otros integrantes del espacio e incluso derivó en graves amenazas entre algunos de ellos.
Infobae accedió a los chats del grupo de Whatsapp en el que están todos los miembros de la bancada y en el que Lilia Lemoine, en medio del conflicto con Marcela Pagano, advirtió que va a “engualichar” y hasta cometer ”violencia física” contra aquellos que la “hagan enojar”.
Se trató de una escalada más de tensión luego de que la periodista haya sido nombrada al frente de la comisión de Juicio Político, puesto que era pretendido por la maquilladora y cosplayer, lo que desencadenó la ruptura del oficialismo y un pico de estrés en la primera de ellas, que terminó internada.
La semana pasada, luego de ser apartado como jefe del bloque, Zago anunció la decisión de formar uno propio con los compañeros de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque aclaró que va a permanecer dentro de La Libertad Avanza, pero mediante una alianza y sin depender directamente de Gabriel Bornoroni, su sucesor.
De acuerdo con lo que revelaron a este medio distintas fuentes libertarias, fue el dirigente del MID el que decidió convocar a sesión para nombrar a Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, para evitar así que el kirchnerismo pudiera quedarse con el lugar.
Sin embargo, la medida no fue del agrado de Martín Menem, que sostuvo que no había consenso en el espacio para que fuera ella la elegida para ese rol y ordenó suspender la sesión, pero Zago no acató la directiva y continuó con la votación.
En un momento, la propia Lemoine irrumpió en la sala y exigió que se postergara el encuentro, al tiempo que acusó de “traidores al presidente Javier Milei” a todos aquellos que respaldaran la designación de la periodista.Algunas horas más tarde, el presidente de la Cámara se reunió con Pagano y le pidió personalmente que renunciara a ese cargo y que desconociera la validez de aquella votación, a cambio de ser nombrada en otra comisión, como la de Libertad de Expresión o de Finanzas.
No obstante, la diputada se negó a esa solicitud y aseguró que, si no respeta lo que se decidió por mayoría en aquel encuentro convocado por Zago, estaría rompiendo el reglamento del Congreso e incuso “haciendo algo ilegal”.
En medio de este conflicto, el miércoles pasado Lemoine compartió en el grupo de WhatsApp de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza una nota de un medio salteño en el que se aseguró que la ex pareja de Milei, Fátima Flórez, está yendo a la iglesia porque “cree que le hicieron un trabajo”.
“Cuidado, si me hacen enojar los engualicho”, escribió la maquilladora en tono de humor, tras lo cual, su compañera de banca Juliana Santillán le pidió, siguiendo la broma, que hiciera que dejara de llover en Mar del Plata, ciudad de la que es oriunda.
Sin embargo, Lemoine redobló las amenazas: “Ya voy, pero… lo mío es más la violencia física. Una compañera lo puede atestiguar”.
Todo este contexto, sumado a que un grupo de empleados administrativos que trabajaban con Pagano y que renunciaron sin previo aviso, además de un supuesto incidente en un bar con una persona que aparentemente la estaba vigilando, derivó en que la legisladora quedara internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, después de vomitar con sangre.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes de su entorno, los síntomas que presentó la periodista son propios de una úlcera sangrante, pero los médicos todavía le estaban realizando los estudios correspondientes para tratar de verificar si ese es el diagnóstico acertado.
Si bien está mejorando y ya puede comer con normalidad, tal como anticipó este medio, sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada con tono desagradable que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio.
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