POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner aseguran que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner aseguraron que hallaron una prueba en la causa Vialidad que consideran clave para exigir su libertad. “Fue mal condenada”, apuntó Alberto Beraldi en una conferencia de prensa este martes, luego de anunciar novedades en la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según explitó Beraldi, un testigo en la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos donde se destacan los proveedores de la obra pública durante aquellos años. Y señaló que al empresario Lázaro Báez solo le correspondió el 1% de la obra pública total. El abogado dijo que el hallazgo “es monumental” porque a Cristina Kirchner se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita solo por haber firmado un decreto presidencial.
“La declaración de un testigo de la causa Cuadernos convocado por la fiscalía aportó una base de datos que nos permitió hacer este hallazgo monumental: que entre 2009 al 2015 la inversión en vialidad era enorme: más de US$2000 millones. Pero a Lázaro Báez solo se le asignó el 1%. Es una prueba que tiene que ser mostrada y llevada al Comité de Naciones Unidas”, planteó el defensor. “Es falso lo que se dijo en la sentencia de que se quería beneficiaer a Lázaro Báez”.
Beraldi da la conferencia junto con los otros abogados de la exmandataria, Rafael Valim y Javier Borrego, desde las 15. Buscan reforzar su reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las claves de la presentación de los abogados de Cristina Kirchner ante la ONU por la causa Vialidad
Previamente los abogados detallaron que la presentación incluyó tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.
Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.
Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.
El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”.
Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo que la presentación “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.
El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”. Aclaró que la presentación únicamente “es documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta.
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Fue un comentario al pasar, pero no pasó desapercibido. Durante el encuentro en Casa Rosada entre Javier Milei y su tropa de legisladores libertarios, el Presidente miró a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se refirió a él como “el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”.
La frase resonó especialmente por uno de los presentes: Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense y principal armador de Karina Milei en la provincia.
El encuentro se realizó ayer por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50. Participaron diputados y senadores nacionales de LLA, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.
Pareja conserva una cuota importante de poder en el armado bonaerense. Maneja los bloques libertarios en ambas cámaras de la Legislatura provincial y fue determinante en la confección de las últimas listas. Ese esquema relegó a Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde a Santiago Caputo, de la estructura bonaerense.
Sin embargo, su centralidad comenzó a compartir espacio con Santilli después de que el dirigente proveniente de Pro encabezara la lista de diputados nacionales de LLA y ganara la última elección de medio término en la provincia.
En el oficialismo ya reconocen que Pareja no será el candidato a gobernador y que Santilli se encamina a ocupar ese lugar. Eso no implica, sin embargo, que el armador haya perdido injerencia. “Con tener el visto bueno de Karina Milei le basta”, sostienen cerca suyo.
Horas después de la reunión en Casa Rosada hubo una señal en ese sentido. Durante el encuentro semanal del bloque de diputados que esta vez se hizo en el local partidario de San Telmo, Karina Milei agradeció públicamente a Pareja por su trabajo en la provincia y en el partido. Ya había tenido un gesto similar durante la inauguración de la sede, en agosto.
La convivencia entre Pareja y Santilli forma parte de un esquema todavía híbrido. Si la candidatura a gobernador la encabeza Santilli, la disputa pasará por quién controlará el armado territorial que la acompañe: los lugares en las listas provinciales, las candidaturas a intendente y los concejos deliberantes.
Hasta ahora, ese terreno estuvo bajo la órbita de Pareja. Pero si Santilli termina encabezando la boleta bonaerense, en LLA descuentan que buscará tener injerencia en la definición de los lugares en las legislaturas provinciales.
El jefe de Gabinete se muestra completamente alineado con los Milei, aunque dentro del espacio algunos todavía miran con recelo sus vínculos con Pro. Sus detractores lo acusan de actuar como un “doble agente” y de conceder espacios a dirigentes de su antiguo partido, entre ellos Cristian Ritondo y el exintendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.
Es una discusión que promete intensificarse a medida que se acerque el calendario electoral. Karina Milei buscó anticiparse a esas tensiones: contuvo a la tropa propia, arengó por la reelección de su hermano y dejó una instrucción para evitar conflictos que puedan complicar la construcción de alianzas hacia 2027: “No le peguen a los gobernadores”.
@JMilei,@mediceneljefe,@SPareja_,pic.twitter.com/ART1zGwFFI,September 15, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
Tensión por Malvinas: Londres publicó una guía para “proteger” a las empresas de las sanciones del gobierno argentino
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.
Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.
La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.
Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.
Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.
Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.
Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
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