POLITICA
Fuertes críticas al Gobierno y un pedido a la Corte: qué dice el documento que leyeron en la Marcha Federal Universitaria

En medio de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo en todo el país, las autoridades de las facultades, como los titulares de los diferentes gremios, tanto docentes como nodocentes, volvieron a pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
En el documento que leyeron en el acto central, al que accedió Infobae, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvieron a exponer al Poder Ejecutivo. Defendieron a la educación pública y reiteraron la crisis que se ve reflejada en la comunidad educativa por la situación presupuestaria.
El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.
En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, añade el escrito.
Las consecuencias de esa política salarial se extienden, según el escrito, al conjunto de las condiciones laborales: renuncias de profesionales formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales de los trabajadores del sector. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, sostiene la declaración.
El documento también detalla el impacto sobre los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, con lo que han perdido gran parte de su capacidad de acompañamiento económico para jóvenes trabajadores y sectores populares. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país, atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento. A ese cuadro se suma la suspensión de las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC), descritas en el texto como el principal instrumento de sostenimiento de esas trayectorias a nivel nacional. El CIN, la FUA y el Frente Sindical advierten que el deterioro de estas políticas expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.
La declaración va más allá del reclamo presupuestario y plantea una ruptura del orden institucional: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron en el escrito.
Y sumaron: “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”.
Entre otros aspectos, destacaron que “la universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo”.
Hacia el cierre, la declaración interpela directamente a la Corte Suprema de Justicia: le piden que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. Esto es en relación con el recurso que impuso el Gobierno para que el máximo tribunal se defina sobre la normativa.
“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, completaron.
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POLITICA
Más senadores enfrentan al Gobierno por el retiro del pliego de la jueza Michelli

Continúa la controversia por el retiro del pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con nuevas divisiones dentro del oficialismo y sus aliados en el Senado. Desde que el Gobierno dejó trascender que retiraba a la postulante por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon, más legisladores se sumaron a rechazo de la decisión.
Esta mañana, el senador formoseño Francisco Paoltroni, integrante de La Libertad Avanza (LLA), manifestó su desacuerdo con la decisión del Gobierno y anticipó su rechazo al retiro del pliego. “Cuando no estoy de acuerdo planto mi disidencia”, sostuvo el libertario, citando también situaciones previas como la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada.
El legislador ratificó que apoya la gestión económica oficialista, pero defendió su postura independiente en cuestiones institucionales y éticas. “No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño”, expresó.
“Vengo acompañando todo, sobre todo la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional, o la moral como política de Estado, en la que doy mi punto de vista. No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño», agregó, en diálogo con radio Rivadavia.
Desde el bloque radical, la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada confirmó que su bancada votará en contra del retiro del pliego y destacó que “no encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”.
“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien. Solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien. Ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, afirmó, por la misma emisora. También anticipó que, si la moción de retiro fracasa, dará un paso más: “Yo voy a votar en contra de retirar el pliego y si gana esa moción luego votaré a favor de que sea jueza”.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, calificó de “desprolijo” el accionar del oficialismo y afirmó que la postura del PRO es mantener el pliego de Michelli. El referente macrista recalcó que la candidatura fue enviada por el propio Gobierno y que ahora se busca retirarla solo por “trascendidos” sobre su parentesco familiar, y cuyo vínculo con el periodista crítico del diario La Nación genera malestar en el Gobierno.
“La posición del PRO es mantener el pliego y no votar el retiro. Nos parecía una barbaridad como se trató la designación, que es un proceso largo y no es un capricho de nadie. Tampoco es una jueza de la oposición. Ellos fueron los que mandaron el pliego y ahora se arrepienten por trascendidos”, señaló hoy en declaraciones a radio Mitre.
Otra de las senadoras que expresó su conformidad en ratificar el pliego de Michelli fue la salteña Flavia Royón, del “bloque Primeros los salteños”. La legisladora, que fue una aliada en votaciones clave del Poder Ejecutivo, deslizó su opinión al adherir y compartir el mensaje de la senadora Patricia Bullrich, donde advierte su desacuerdo con el Poder Ejecutivo en relación al pliego.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich, al ratificar su pertenencia a LLA. El realineamiento de las placas tectónicas de sectores oficialistas se inició, justamente, a partir de ese posicionamiento en el que se coloca en la vereda de enfrente del presidente Javier Milei en lo que respecta al trámite parlamentario.
“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera», remarcó hoy la senadora Bullrich al referirse a su vínculo con el Gobierno, y atribuyó el episodio a un “problema de masividad” en el envío de pliegos judiciales por parte del Gobierno.
En la misma sintonía, el senador entrerriano Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), otro aliado estratégico de las reformas del Gobierno en el Senado, ratificó la firma de su dictamen, en la que apoya la designación del pliego de Michelli, y aseguró: “Mi posición es la misma, para mí no está en condiciones de retirarlo y el Gobierno debe dar explicaciones”.
“Hay un proceso transparente para llevar adelante el debate; si entramos a discutir si es pariente o no es pariente de alguien, no es una cuestión razonable bajo ningún punto de vista», deslizó, en declaraciones a radio Sudamericana.

En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel también mostró un gesto político al reunirse con Michelli y expresarle su apoyo.
El retiro de la postulación de Michelli fue formalizado la semana pasada cuando el Ejecutivo envió el pedido al Senado, dos semanas después de que la candidata hubiera expuesto ante la Comisión de Acuerdos y recibido dictamen favorable de nueve senadores.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, también se expresó en contra del retiro del pliego y remarcó que “la candidata fue evaluada y considerada apta para el cargo”. Por lo tanto, enfatizó en que el Poder Ejecutivo explique públicamente los motivos del retiro del apoyo a su designación.
“La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, expresó.
Michelli es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se incorporó al Poder Judicial en 1994.

Desde entonces, ocupó cargos en la Secretaría Electoral de La Plata y en la Cámara Federal de Apelaciones, así como en el Tribunal Oral Federal N.º 2 y, desde 2009, como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1.
El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una investigación penal por presunta discriminación ante el rumor de que la jueza fuera descartada por por ser cuñada de un periodista.
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POLITICA
Quién es Carlos Mahiques, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal que denunció “persecución mediática”

El juez Carlos Mahiques denunció una “persecución mediática” contra los integrantes del Poder Judicial y un supuesto intercambio de información entre magistrados y periodistas y medios de comunicación. En este sentido, también se vio involucrado en una serie de acusaciones relacionadas al escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Padre de Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, el camarista de 75 años logró continuar como vocal del máximo tribunal penal luego de que el Gobierno lo oficializara a través de un decreto con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. A su edad, los jueces deben jubilarse, a excepción de recibir el respaldo del Senado y el Presidente, como ocurrió en su caso.
En febrero de este año, Mahiques se vio envuelto en un escándalo cuando una investigación de reveló que habría festejado su último cumpleaños el 1º de noviembre pasado en una quinta de Pilar ligada al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El empresario, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Entre autos de colección, magistrados y fiscales, “Coco” —como es apodado en los tribunales— habría utilizado el predio de 5,5 hectáreas e incluso uno de los jueces consultados por reconoció que asistió al evento. Mahiques negó que esa fiesta haya ocurrido. “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme», apuntó.
Carrera judicial
Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por una decisión del expresidente Mauricio Macri, que lo trasladó, por decreto, a un cargo para el que no había concursado. Al año siguiente fue ratificado por el Senado en el nuevo puesto.
La decisión despertó críticas y cuestionamientos de distintas organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
En diciembre de 2015 dejó su despacho en Tribunales y asumió como ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal. A fines de mayo de 2016 renunció y volvió a la Cámara de Casación porteña, de donde se había ido con licencia.
Previamente, en 2013, asumió como juez de la Cámara de Casación porteña, que, a diferencia de la Federal, trata delitos considerados “comunes”, como hurtos y homicidios. Antes de llegar a este tribunal, que está en funcionamiento desde 2014, fue juez de un Tribunal Oral Criminal de la ciudad de Buenos Aires y del Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Continuidad como juez
El nombramiento, oficializado el 19 de mayo, se extendió durante cinco años más. Así, Mahiques logró conseguir, gracias al apoyo de la oposición dialoguista, los votos necesarios para llegar al acuerdo que le permitió seguir en el cargo de vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
El camarista obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y 11 votos en contra. El peronismo votó dividido, mientras que el pliego fue respaldado por el oficialismo, la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Desde el kirchnerismo, en tanto, rechazaron el pliego y consideraron que carece de “las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura”.
investigación de LA NACION,Justicia,Justicia Federal,Conforme a,,Veto de Karina. Tras los desplantes, en el Gobierno no ven a Bullrich como candidata a vice de Milei ni a jefa de gobierno,,“Un muro contra la barbarie”. Jorge Macri encabezó el egreso de 650 nuevos policías de la Ciudad y apuntó contra Kicillof,,Alineado con Bullrich. Otro senador libertario se despega de Milei y anuncia que no apoyará el retiro del pliego de Michelli,Justicia,,El silenciamiento del escándalo de la AFA,,En Brasil. Por qué Juan Darthés no duerme en la cárcel ni fue arrestado, pese a que su condena está firme,,»He sufrido mucho». Las cartas del Chapo Guzmán desde la prisión: dice que lo discriminan por ser mexicano y pide ver a su esposa
POLITICA
El Senado definirá en una semana si retira o aprueba la candidatura de Michelli como jueza

El oficialismo estira una semana más el tratamiento del pliego para ocupar un juzgado federal en La Plata, María Verónica Michelli, la candidata que ahora quiere retirar la Casa Rosada.
Al término de la reunión de Labor Parlamentaria en donde los bloques acordaron el temario de la sesión de mañana, la senadora Patricia Bullrich explicó que mañana “se tratarán 50 pliegos, ley de Propiedad Privada y Acuerdo con Holdouts. En esos 50 pliegos no está el de Michelli”.
Lo que se definió también en el encuentro que se desarrolló en la sala contigua al despacho de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresará hoy el dictamen de Michelli para que empiecen a correr los 7 días necesarios para poder llevarlo al recinto. “Hoy lo ingresa Pagotto y lo vamos a tratar el miércoles de la semana que viene”, dijo la presidenta del bloque libertario. Hasta el senador riojano se había negado a presentarlo por lo que el dictamen, técnicamente, no tenía estado parlamentario.
Apenas una hora más tarde del término de la reunión de Labor Parlamentaria, el senador libertario que responde a los Menem y, por consiguiente, a Karina Milei, realizó el ingreso del dictamen positivo del pliego de la jueza Michelli por lo que ya está habilitado para que vaya al recinto.
En medio de esta nueva interna que desató la postulación de la cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, para ocupar un cargo de jueza en La Plata y que mostró un nuevo posicionamiento de Bullrich contrario a los designios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta de La Nación Victoria Villarruel también se subió al debate y se reunió con la candidata que ahora los Milei no quieren para brindarle su apoyo.

Lo que sí sucederá mañana, y que seguramente será uno de los primeros puntos a tratar en la sesión que comenzará a las 11 de la mañana, es que se le dará ingreso al pedido del Ministerio de Justicia de retirar la carpeta de Michelli. “Esto no se vota, sólo es el anuncio del pedido y el ingreso del mismo”, dijo el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien luego adelantó que su bloque que firmó positivo el dictamen se mantiene con la misma postura.
Quedará para la próxima sesión en la se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro. Pero, en todo caso, la carpeta de Michelli ingresará junto a otras 22 que no se debatirán mañana.
Temario
En el mismo encuentro se definió que el temario de la sesión se completará con el tratamiento de la Ley de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley de pago a los holdouts.
En el caso de la primera de ellas que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados el oficialismo habría conseguido los votos para mañana. Pero como para ello tuvieron que aceptar modificaciones en el texto deberá volver a la Cámara de origen.
La norma que habilita a la compra de tierra a capitales extranjeros y que agiliza los desalojos, entre varios puntos, sufrió modificaciones en lo que al capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.
En el caso del proyecto de ley de pago a los holdouts (fondos buitre) enviado al Congreso, el Gobierno busca cancelar una deuda de USD 171 millones mediante un nuevo acuerdo de conciliación judicial. El Gobierno argentino elevó esta propuesta para saldar los últimos juicios activos contra el país por la alteración de los cupones PBI en 2013.
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