POLITICA
Diputados: el oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto que recorta el alcance de los subsidios por “zona fría”
Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo dictaminó el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, titulada “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.
El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia.
Fue durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. Los libertarios Facundo Correa Llano y Alberto “Bertie” Benegas Lynch condujeron el debate como titulares de las respectivas comisiones.
La propuesta quedó en condiciones para debatirse en el recinto de Diputados. El oficialismo ya piensa en una sesión para la próxima semana con este y otros temas que ya cuentan con dictamen, como “Hojarasca” y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Del plenario participaron como informantes la secretaria de Energía, María Tettamanti y el subsecretario Damián Sanfilippo.
“El Estado nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”, sostuvo Tettamanti. “Queremos es que quienes pueden pagar la energía, la paguen, y que quienes no pueden seguir haciéndolo reciban ayuda”, resumió.
El peronismo encabezó las críticas al proyecto oficial. Julia Strada (UP) cuestionó que el Gobierno atribuya la mejora del frente energético únicamente al equilibrio fiscal y remarcó que el aumento de las exportaciones fue posible gracias a inversiones e infraestructura realizadas en años anteriores. “Uno no exporta US$5700 millones de un año al otro por arte de magia”, afirmó.
El dictamen de UP busca sostener el régimen actual de zonas frías y crear una tarifa eléctrica diferencial para el norte argentino. También planteó mecanismos de compensación de deudas con Cammesa para provincias y municipios -sin incluir a Edenor y Edesur- y extender por diez años las exenciones para energías renovables, con el objetivo de que alcancen el 30% de la matriz energética. Además, reclamó al Gobierno un plan federal de infraestructura energética.
El Poder Ejecutivo, en cambio, busca con su propuesta desarmar la ampliación dispuesta por el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.
Silvana Giudici (LLA) lo puso en números. Explicó que esa ampliación incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, “subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos”. De esas zonas ampliadas, señaló, el 60% de la población tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos.
Muchos de los que hoy acompañaron los recortes apoyaron el proyecto de Kirchner en 2021, como los mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, así como el sanjuanino Marcelo Orrego. Estos últimos hoy son gobernadores de sus provincias.
La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.
El gobernador más afectado será Axel Kicillof. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, de UP.
Prensa PBA
En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas. El despacho de mayoría agregó un nuevo grupo a los beneficiarios. Ahora, si en un hogar vive alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podrán acceder al subsidio por zona fría en las regiones donde este ya no es automático.
En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).
Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen. Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio automático del 50%. Hasta ahora, la bonificación se aplica sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.
La santacruceña Ana María Ianni (UP) cuestionó este recorte del subsidio automático a la zona fría y advirtió que el proyecto elimina el “piso legal” del 50% de descuento que tenían los usuarios patagónicos para dejarlo “al arbitrio de la firma de un ministro”.
El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Gustavo Sáenz (Salta). “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.
La propuesta del gobierno también modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.
El financiamiento del régimen de Zona Fría seguirá siendo solventado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas a través del recargo de 7,5% en las facturas finales. El proyecto establece que el recargo en las facturas que reciben todos los hogares del país para financiar el esquema de subsidio podrá ser ajustado por el Poder Ejecutivo -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.
La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
Puntualmente establece una prórroga a la ley 27.191 de energías renovables y propone la eliminación del decreto 929/2013, que fijó un régimen de promoción para Vaca Muerta que permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de la producción a partir de inversiones de 250 millones de dólares.
Tettamanti defendió mantener la estabilidad tributaria para los proyectos de energías renovables. Señaló que actualmente representan cerca del 20% de la generación eléctrica del país y destacó que son la fuente que más rápidamente incorpora nueva potencia al sistema.
El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
reformar,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.
Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.
Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.
Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.
En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.
Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.
La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.
La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.
Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.
Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.
Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.
El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.
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El Tribunal Oral Federal 5 recibió la pericia sobre Los Sauces a semanas del inicio del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de blanqueo.
Según pudo confirmar TN, el informe elaborado por peritos de la Corte Suprema tiene más de 30 páginas y da detalles sobre el Hotel Los Sauces pero no logró determinar si la explotación era rentable, ya que faltan balances e información respaldatoria.
Que los jueces cuenten con esta pericia no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de prueba que dilató mucho tiempo la fecha de inicio de juicio. Este documento servirá para sustentar las acusaciones y, hasta que se finalizó, estuvo marcada por cambios de peritos.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos —apelados por el fiscal Velasco— que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.
Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio. El proceso comenzará el 23 de octubre.
La causa
Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, el paquete accionario quedó, según la instrucción, en un 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia.
La sociedad empezó a facturar en enero de 2009. El expediente nació de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y recayó en el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la firma fue intervenida. El 4 de abril de 2017 Bonadio procesó a los principales acusados.
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.
El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
El Poder Ejecutivo resolvió asignar a Adolfo Cambiaso un cometido especial para la promoción internacional del deporte argentino, con énfasis en el polo, y le otorgó la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure esa tarea. La función será ejercida ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La medida, dictada a través del Decreto 1116/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, busca utilizar la proyección exterior del deporte como una herramienta de posicionamiento para la República Argentina, con impacto potencial en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción de los atractivos turísticos del país. De igual forma, aclararon que este nombramiento no supone la incorporación de Cambiaso al cuerpo permanente del Servicio Exterior.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Gobierno, el polo representa una de las expresiones de la tradición deportiva argentina con reconocimiento mundial y que puede contribuir a visibilizar experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.
Por esto mismo, encomendaron a Cambiaso la misión concreta orientada a difundir el deporte argentino en el exterior, con una atención particular sobre el polo.
De acuerdo con el texto, Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.
La disposición establece que la función será desempeñada sin remuneración. Además, remarca que la medida no genera ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional.
Entre los fundamentos, el decreto plantea que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.
El Gobierno también sostiene que la Argentina dispone de una tradición deportiva con reconocimiento fuera de sus fronteras. A partir de esa condición, considera que existen posibilidades para desarrollar iniciativas de promoción internacional que conecten la actividad deportiva con objetivos comerciales, culturales y turísticos.
En ese marco, el polo argentino es presentado como una disciplina de especial relevancia global.
La decisión destaca la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. El texto lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.
De hecho, la Cancillería deberá establecer cómo se organizarán las acciones que se impulsen en el marco de la designación y de qué forma se integrarán con las políticas de promoción internacional del país.
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