POLITICA
Obtuvo dictamen el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema y avanza su designación como juez
La Comisión de Acuerdos del Senado firmó este miércoles el dictamen favorable para 15 pliegos judiciales en su quinta reunión del año, con los votos del oficialismo y sus socios y sin la presencia del peronismo, que mantuvo su postura de no participar del proceso. Con esta tanda, el total de designaciones avaladas a lo largo de las cinco reuniones alcanza los 82 pliegos. El que concentró la mayor atención política fue el de Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
La postulación de Rosatti llegó al Senado con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara la terna por unanimidad sobre un quórum de 19 consejeros. Horacio Rosatti se abstuvo de participar en esa votación. Su hijo había llegado primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. Los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron un proyecto pra modificar esa instancia por la “discrecionalidad” que habilita para alterar el orden de mérito.
La trayectoria de Emilio Rosatti dentro del Poder Judicial se extiende desde 2007, cuando ingresó como auxiliar en el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe. Desde entonces ocupó cargos de escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo juzgado, hasta llegar a su actual función como secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe. Desde el entorno del presidente de la Corte sostienen que su hijo “ingresó casi diez años antes que Horacio Rosatti al Poder Judicial” y que la terna se votó sin su intervención. La postulación no estuvo exenta de antecedentes: en 2022, Emilio Rosatti había renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante.
Un detalle que llamó la atención fue la presencia en la audiencia pública del camarista Diego Barroetaveña.En los pasillos del Palacio Legislativo aseguraron que fue a ver la exposición de Rosatti.
Una de las preguntas que recibió Rosatti de parte del senador radical Maximiliano Abad fue el impacto que tiene lo mediático en las causas y si eso influiría en sus decisiones.
Rosatti, que tiene una obra escrita sobre lo que denomina “justicia mediática”, hizo referencia que “el desafío de los jueces es acortar los tiempos para que no sean tan dispares de la mediatización. Es difícil desentenderse, pero para eso estamos, para ver las pruebas y lo que sucede en una sala de audiencia y tomar una decisión sobre eso y no lo que pasa afuera de la sala de audiencias».
El senador del PJ, Martín Soria, quien le preguntó a todos sobre la presentación de la Corte Suprema para modificar el reglamento de selección, en especial para bajar la discrecionalidad de la entrevista personal.
“Está dentro de las facultades de la Corte proponer, no es el único. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé que postura tomará el Consejo de la Magistratura. En el caso de que cambie quienes concurse o concursemos lo deberíamos hacer con el nuevo reglamento”, señaló el postulante hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia
La pregunta fue para todos los aspirantes que estaban en ese momento -Cacace, Rodríguez y Parma- uno a uno fueron respondiendo. El primero se mostró de acuerdo con Rosatti, el segundo le pareció razonable “bajar la discrecionalidad” -llegó a la entrevista en primer puesto y terminó segundo en la terna- y el tercero como proviene del Ministerio Público de la Defensa no pasa por esa instancia.
Entre los restantes pliegos con dictamen favorable, Gerardo Daniel Cacace para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa se distingue del resto por ser el único postulante que no proviene de la carrera judicial: su trayectoria se desarrolló en el ejercicio privado de la profesión, lo que lo convierte en una excepción dentro de un temario dominado por magistrados y funcionarios judiciales en actividad.
También figuran Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe; Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela; Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal N.º 2 de Salta; y Sebastián Guillermo Soneira como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Para los tribunales orales de la Capital Federal se propusieron Marcelo Alejandro Peluzzi y Juan Manuel Mejuto. Completan el temario Carlos Agustín Parma como defensor público oficial federal con asiento en Mendoza y Juan Ignacio Lazzaneo como defensor público de víctimas en Entre Ríos.
A lo largo de las cinco reuniones de la Comisión de Acuerdos, el peronismo sostuvo su decisión de no participar del proceso, lo que dejó el trámite en manos de la coalición oficialista y sus aliados. La ausencia del bloque opositor mayoritario no frenó el avance de los pliegos, pero alimentó el debate sobre la legitimidad política del proceso de designaciones en un año electoral. Los 82 dictámenes firmados en total quedan ahora a la espera de su ratificación en el pleno del Senado.
luciano ingaramo / comunicacin senado.-
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones: las primarias serán en abril de 2027 y los comicios generales, en junio. La decisión separará los comicios locales de las elecciones en las que se elegirá al próximo Presidente de la Nación y otros cargos nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.
La provincia litoraleña se sumará al pelotón de distritos que resolvieron un esquema electoral que, en principio, tiende a favorecer a los gobernadores de la fuerza política que busca ser reelecta. Es que, cuando se celebra la votación nacional junto a comicios provinciales, existe una incidencia o efecto “arrastre” del voto de los candidatos a presidente hacia el resto de la lista.
Otros distritos que desdoblaron son Tucumán, que votará el 9 de mayo, mientras que Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes. Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo; Chubut analiza hacerlo entre julio y agosto, al igual que Neuquén. Chaco tendrá su proceso electoral en la segunda quincena de septiembre, Tierra del Fuego debe votar 90 días antes del final del mandato vigente, y Mendoza y Corrientes también anunciaron que desdoblarán sus elecciones, aunque todavía no definieron las fechas.
En el caso de Santa Fe, aún no se oficializó el decreto y tampoco hay fechas fijas, pero Pullaro aclaró que esos serán los meses del cronograma electoral.
“El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos”, sostuvo.
“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe. Tenemos un límite constitucional. Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó ayer el mandatario en una rueda de prensa.
Los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En Rosario también se votará a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
La decisión provocó críticas de sectores políticos de la oposición. Diego Giuliano, del Frente Renovador, sostuvo que las fechas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie” y acusó al oficialismo provincial de “cambiar las reglas de juego con frecuencia”.
Giuliano también reclamó “un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.
Por su parte, el senador nacional (PJ), Marcelo Lewandowski consideró que el calendario que se filtró “son más o menos las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril”. Y a renglón seguido, compartió un recuerdo familiar pero con un fuerte impacto en la lectura política. “Mi vieja siempre dice ’13 de junio, San Antonio milagroso’; así que a lo mejor se da el milagro y el peronismo vuelve al gobierno”, consideró en diálogo con el diario El Litoral.
En este contexto político, Pullaro se muestra como un aliado del gobierno de Javier Milei y se espera que su fuerza política se mantenga distante al peronismo/kirchnerismo para el próximo turno electoral. “Yo estoy convencido de que lo peor que le puede pasar a la República Argentina es que nosotros volvamos atrás, que volvamos a un populismo que derrocha los recursos del Estado nacional con una matriz de corrupción muy fuerte que hizo que la Argentina perdiera muchas oportunidades”, sostuvo en la conferencia de prensa.
Cronograma electoral de Santa Fe
Según informó el senador Felipe Michlig días atrás, y que replicó El Litoral, estas son las fechas probables de celebración de los comicios locales de la provincia litoraleña.
-7 de febrero de 2027: cierre para inscribir las alianzas electorales.
-12 de febrero de 2027: fecha límite para presentar las listas de candidatos.
-18 de abril de 2027: se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe.
-13 de junio de 2027: se realizarán las elecciones generales para la elección de gobernador y de los demás cargos provinciales.
Maximiliano Pullaro,cárcel de máxima seguridad,servicio penitenciario
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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