ECONOMIA
Cómo es el plan para eliminar las retenciones al campo en tiempo récord
La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.
Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.
De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.
Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa
La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».
El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.
En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.
La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es
En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».
Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.
El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años
El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.
La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.
El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.
A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.
En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.
La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.
También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.
«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.
El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo
Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.
El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».
La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.
El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».
Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.
En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.
En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.
Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.
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Cómo funcionará la nueva norma de la CNV que frenó un circuito para las pymes que reducía el impuesto al cheque
La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que la única vía para depositar o retirar dinero de las cuentas comitentes sea la transferencia desde o hacia una cuenta bancaria. La decisión impedirá a las empresas depositar cheques electrónicos en sus cuentas radicadas en un agente de liquidación y compensación (Alyc), una práctica que se había vuelto habitual para evitar el pago del impuesto al cheque, sobre todo entre las pymes.
La CNV informó que “la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control”. No obstante, en el mercado financiero se la vinculó con la caída en la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, nombre formal del impuesto al cheque. Con el uso del echeq, muchas empresas, en especial pequeñas y medianas, habían encontrado un modo legal de evitar el tributo llevando su dinero al mercado de capitales.
Por otra parte, los tributaristas destacan la sucesión de cambios en esta materia en un plazo muy corto. A comienzos de mayo, con la resolución 1139 la CNV habilitó el depósito de cheques electrónicos en cuentas comitentes sin límite alguno. Un par de semanas después, la resolución 1141 lo limitó a 2 echeqs por día y por cliente. A partir de hoy, se lo excluye por completo como medio de pago o cobro.
El mecanismo que se había habilitado en mayo consistía en depositar cheques directamente en una Alyc, sin que los fondos ingresaran primero en una cuenta bancaria. Con ese circuito, las pymes evitaban el 0,6% correspondiente al impuesto al cheque. Luego podían invertir ese dinero durante al menos un día en un fondo común de inversión, habitualmente money market, y rescatar el dinero a su cuenta. Así, obtenían un rendimiento y solo tributaban el 0,6% cuando utilizaban los fondos.
Pero el uso de los cheques electrónicos permitía una alternativa adicional. En el último paso del mecanismo anterior, en lugar de mandar el dinero a su cuenta bancaria la empresa podía pedir a la Alyc un echeq, endosarlo y usarlo para pagarle a un proveedor. De esa forma, los fondos no ingresaban al banco y la firma evitaba pagar el 0,6% del impuesto tanto en el crédito como en el débito.
“A partir de hoy, directamente se eliminó la posibilidad de depositar cheques en la Alyc y de pedirle uno. Entonces, las pymes que utilizaban esto como una manera de hacer una inversión financiera por lo menos de un día y de evitarse pagar el total o al menos la mitad del impuesto, ya no tienen esa posibilidad. Tienen que depositar el cheque en su banco”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
La CNV señaló que la medida apuntó a resguardar la adecuada trazabilidad de las operaciones y “preservar la transparencia e integridad” del mercado. Pero lo cierto es que obligará a muchas pequeñas y medianas empresas a pagar el impuesto que antes no pagaban, además de quitar fondeo al mercado de capitales.
“El Gobierno habla de desregulación pero, en este caso, volvió a regular”, explicó la tributarista Elisabet Piacentini. “Hasta ahora, las pymes lo resolvían haciendo un clic en su home banking y se evitaba el pago del impuesto al cheque. Era un ahorro lógico y legal. Después de cuatro meses prohíben un circuito que funcionaba muy bien solamente por un motivo recaudatorio”, aseguró.
La especialista recordó que las pymes pueden recuperar parte del impuesto al cheque a través de cargas sociales o anticipos de Ganancias, entre otras vías. “Esto lleva todo un proceso de compensación, y lleva tiempo. No es lo mismo que te cobren ahora el impuesto al débito y crédito a que te lo recuperes dentro de un año. La medida perjudica a las pymes”, explicó Piacentini.
Según Domínguez, el nuevo esquema perjudica a las empresas pero en especial a las pymes, que eran las que más lo utilizaban. Y tiene tres ganadores claros: “Gana el Gobierno nacional, por la mayor recaudación del impuesto al cheque; también las provincias y CABA, porque ahora cuando la pyme deposite los cheques le van a descontar Ingresos Brutos vía SIRCREB o algún régimen recaudatorio, algo que antes con el cheque endosado se evitaba. Y ganarán los bancos, por las inversiones en su familia de fondos comunes”.
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