POLITICA
Waldo Wolff logró una medida judicial contra un usuario de X que lo agredió con una expresión antisemita
Una palabra. Eso bastó para desencadenar un proceso judicial que derivó en un fallo sin precedentes en Argentina frente a los discursos de odio en redes sociales. El legislador porteño Waldo Wolff recibió en la plataforma X el mensaje “gordo jabón” de parte del usuario Marcelo Fredes, en el contexto de una discusión política. Lejos de ignorar el insulto, el diputado advirtió al agresor que esa expresión constituye un delito en el país y, ante la provocación del tuitero —quien le respondió “dale, hacelo”—, presentó una denuncia formal por discriminación y antisemitismo.
El término “jabón” no es un insulto vulgar ordinario. Su uso contra una persona judía evoca una de las prácticas más aberrantes del régimen nazi durante el Holocausto: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio. Se trata, por tanto, de una referencia directa al genocidio, y su empleo como arma en una disputa política online representa una forma de banalización de esa tragedia histórica.
Wolff lo explicó con precisión: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”.
La denuncia no quedó en el vacío. La causa fue receptada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación, a cargo de la doctora Andrea Scanga, bajo la conducción del Fiscal General Martín López Zabaleta. El hecho fue encuadrado en el artículo 71 del Código Contravencional porteño, que tipifica las conductas discriminatorias. A lo largo de aproximadamente un año, la fiscalía logró identificar la cuenta desde la que se emitió el mensaje.
El tuit que originó la causa fue: “Mirá, nunca le pegás al desfinanciamiento de Nación, siempre le echás la culpa a PBA. Andá a meter presos a grafiteros, gordo jabón”. Con ese texto, Fredes no solo atacó al legislador con un epíteto antisemita, sino que lo hizo en el marco de un intercambio sobre política argentina, lo que subraya la naturalidad con la que ese tipo de expresiones puede circular en el debate público digital.
Una vez identificado el autor, el proceso avanzó hacia una instancia de mediación penal. Allí, Fredes reconoció los hechos y pidió disculpas públicas a Wolff, a la comunidad judía y a las víctimas del Holocausto y sus descendientes. Según relató el propio diputado, el agresor, “de manera sincera, se disculpó, dijo que no sabía lo que estaba diciendo” y formalizó ese reconocimiento mediante una carta dirigida a todos los damnificados.
“Los damnificados somos todos los argentinos, porque eso es ilegal”, subrayó Wolff.
Como parte del acuerdo alcanzado en la mediación, Fredes también se comprometió a participar de una jornada de reflexión y capacitación en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires. La visita, que tendrá lugar este martes, tiene por objeto que el agresor tome contacto directo con el registro histórico del exterminio nazi y comprenda el peso real de las palabras que utilizó.
Wolff fue explícito al valorar el trabajo del Ministerio Público Fiscal: “Quiero agradecerle al doctor Martín López Zabaleta y a la doctora Scanga por el trabajo que hicieron”, declaró. El legislador también extendió el reconocimiento a Fredes por las disculpas ofrecidas e invitó a quienes participan del debate político a entender que “hay límites, que no vale todo”.
El caso instala un punto de inflexión en el tratamiento judicial del antisemitismo en plataformas digitales dentro del país. Hasta ahora, la impunidad relativa de los mensajes de odio en redes sociales se sostenía, en parte, en la dificultad para identificar a sus autores y en la falta de precedentes que demostraran la viabilidad de ese tipo de procesos.
“Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, resaltó Wolff.
POLITICA
Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de ganado
La fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.
La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.
Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.
El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.
Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.
La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.
Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.
Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.
Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.
La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.
La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.
Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.
Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.
Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.
Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.
La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;
“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.
Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.
El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.
Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado volvió a dictaminar la validación de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado volvieron a firmar esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos holdouts, que implicará un pago total de USD 171 millones. El Congreso tiene un nuevo plazo para sancionar esto y será hasta el 30 de junio próximo.
El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.
Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La iniciativa ya había sido dictaminada y estuvo a punto de aprobarse en el recinto de la Cámara alta la semana pasada. No ocurrió debido a una adenda de último momento enviada por el Ejecutivo y el pleno decidió que el articulado volviera a foja cero. Esta tarde se rubricó en las comisiones que comandan el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Economía Nacional).
Una de las primeras aclaraciones que dio esta tarde el primer expositor y procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, fue que no hubo error alguno desde el Estado, sino que el fondo Attestor informó tarde que uno de los bonos -a entregar por el pago y fin del litigio- ya no estaba más en su poder, lo que obligaba a readecuar con una enmienda.
Amerio disertó junto a su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y al secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, quien en una hora evacuaron las consultas de legisladores opositores y dialoguistas.
De hecho, los peronistas Jorge Capitanich -el chaqueño es uno de los pocos que suele ir preparado a los debates- y el puntano Fernando Salino agradecieron a los funcionarios por haberse presentado a explicar el tema, algo tan básico como necesario.
Fue Amerio quien remarcó que la adenda en cuestión se gatilló tras una notificación sobre bonos comprometidos en el convenio que Attestor ya no tenía en su haber y que “la Argentina no tenía la posibilidad” de verificar ello “de forma independiente”. “No hay ninguna modificación sobre el otro grupo”, aseguró. Y sumó: “A pesar del cambio, no se modificó el monto del acuerdo y no generó una exposición adicional de alguna forma o condición”.
“Se eliminaron los bonos que el acreedor no estaba en condiciones de entregar, pero no hay cambio sobre monto. Todos van a ser entregados, no se modifica la sentencia y es lo que no hay que perder de vista. Es un acuerdo para cerrar juicios y los bonos serán entregados”, observó Stampalija.
Por su parte, García Hamilton detalló que la compulsa en los tribunales norteamericanos implicaba un total de USD 465 millones que, tras la quita en cuestión, quedará en USD 171 millones. “De 2001, son los dos más grandes que teníamos, con sentencias firmes con ‘Discovery’ y en el juzgado de -Loretta- Preska”, añadió, y deslizó el nuevo plazo -consensuado vía mail- hasta el 30 de junio.
De todo el embrollo de 2001 y la costosa cesación de pagos quedaría una puja menor, por USD 15 millones. Los invitados también advirtieron sobre lo costoso que implica contratar abogados en los Estados Unidos para seguir este tipo de causas que, en algún caso, superan en el tiempo a los juicios que se realizan contra el país.
Un conflicto que continúa vigente apunta a los bonos atados al cupón PBI que empuja Palladium, en Inglaterra, por 1.500 millones.
La presentación de un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa se ha convertido en causa de una dura polémica a partir de la denuncia del senador libertario y autor de la iniciativa, Francisco Paoltroni (Formosa), contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por, supuestamente, ceder a las presiones del jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), y del gobernador de la provincia norteña, el peronista Gildo Insfrán.
“Me llamó hoy temprano el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para decirme que, por pedido de Victoria, me querían sacar el Salón Azul y mandarme al (edificio) Anexo con el evento que ya está confirmado con mail oficial y publicado en todas las páginas del senado”, se quejó Paoltroni en diálogo con .
Paoltroni impulsó poco menos de un mes atrás un proyecto de ley de intervención federal de Formosa. En pocas palabras, la iniciativa provocaría el desplazamiento del gobernador Insfrán, que lleva más de 30 años al frente de la provincia, y su reemplazo por un delegado del Poder Ejecutivo.
Ese texto iba a ser presentado esta tarde con un acto en el Salón Azul que prometía tener a Paoltroni como principal orador y en el que iban a participar “víctimas” de lo que el legislador libertario califica como “la dictadura de Insfrán” y la violación de derechos humanos en la provincia.
Sin embargo, en una escueta comunicación firmada por una funcionaria que depende de Giustinian, el acto se trasladó “por razones de agenda parlamentaria” al Salón Auditorio en el edificio Anexo.
Aunque no lo manifestó de manera directa, el legislador sospecha que el pedido de la vicepresidenta para que modifique la sede del evento y acepte trasladarlo a un salón en el edifico Anexo del Senado, lo que le quitaría vidriera al acto, está motivada por la presión del senador Mayans y del gobernador Insfrán.
Se basa en una nota presentada en la noche del lunes por Mayans y María Teresa González, los dos senadores kirchnerista de Formosa que responden al caudillo peronista, en la que le piden a Villarruel que rechace el proyecto e impida la concreción del acto convocado por Paoltroni.
“Resulta particularmente alarmante la convocatoria del senador (Paoltroni) para el próximo 19 de mayo en los salones del Congreso, con el fin de reunir testimonios que justifiquen su pedido de intervención. El Senado de la Nación, como órgano representativo de los estados provinciales, no puede permitir que manifestaciones de este tipo se produzcan en su seno, ni habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran”, sostiene la nota de los legisladores kirchneristas en uno de sus párrafos.
Como si esto fuera poco, y tras asegurar que la iniciativa consiste en “un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional”, los legisladores le piden a la vicepresidenta que, como presidenta del Senado, “arbitre los medios necesarios para preservar la dignidad de esta Cámara y garantizar que el Congreso de la Nación siga siendo el garante de la unión nacional y el respeto a las autonomías provinciales, rechazando cualquier intento de desvirtuar los principios republicanos que nos rigen”.
Paoltroni es un duro crítico de Insfrán y desde que llegó al Senado sostiene un permanente enfrentamiento con Mayans. Dos años después de haber asumido su banca y luego de varias advertencias, finalmente presentó su proyecto de ley de intervención federal.
En los considerandos de la iniciativa, Paoltroni explica su reclamo, una medida que se suele usar en casos de extrema crisis social, en el hecho de quecon la gestión de Insfrán se lleva a cabo “el quebrantamiento sistemático de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático, el agotamiento de las vías judiciales para su restitución y una profunda crisis social que vulnera los derechos humanos más elementales de sus ciudadanos”.
Gustavo Ybarra,Conforme a,,Rectificación. El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda,,En el Malba. El anfitrión de Milei es investigado en la causa del dólar blue,,Interna. Se posterga la reunión de la mesa política del Gobierno por la pelea entre Menem y Caputo
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