LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof reunió este martes en La Plata a la mitad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ante quienes arremetió contra la política de salud del presidente Javier Milei, a la que calificó de “criminal”. Lo hizo en la antesala de la marcha federal de la salud, que arribará mañana a la ciudad de Buenos Aires para protestar a las puertas del ministerio nacional, a cargo de Mario Lugones.

“Creí adecuado hacer esta reunión con intendentes para poder adjudicar las responsabilidades que corresponden. El abandono es inmenso. Estamos en una crisis sanitaria que acompaña a una crisis alimentaria y social” enfatizó Kicillof, en un claro reproche al presidente de la Nación.

Según Kicillof, el país afronta una “catástrofe sanitaria”, que se traduce en aumento de la mortalidad infantil (+6,25%), la mortalidad materna (+37%), la necesidad de atención en los hospitales públicos (+80%), entre otros índices. Basado en esas estadísticas, el Gobernador afirmó que marchará para apoyar el reclamo de sindicatos y trabajadores del sistema.

“Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó Kicillof. Tras afirmar que la provincia intenta sostener los servicios que recorta la Nación, el mandatario enumeró las dificultades que enfrenta para administrar la salud pública en este territorio.

“Los recursos con que tenemos que atender estos padecimientos van menguando por los recortes que hace el gobierno nacional, por merma de coparticipación y por la enorme deuda que tiene el gobierno nacional con los 17 millones de bonaerenses”, enfatizó el gobernador. Lo aplaudieron más de 60 intendentes, en su mayoría peronistas, mezclados con una pequeña comitiva de radicales.

Los alcaldes de la UCR alzaron su voz diferenciada del gobierno peronista. “Los municipios vienen sosteniendo, muchas veces en soledad, una creciente demanda sobre los hospitales públicos locales, en un contexto de fuerte presión económica, aumento de costos y deterioro general de las condiciones del sistema de salud”, dijeron los alcaldes radicales.

“Resulta evidente el impacto que está generando el retiro o debilitamiento de programas nacionales vinculados a medicamentos, vacunación, prevención y financiamiento sanitario, trasladando cada vez más responsabilidades y costos a las provincias y municipios. Entendemos que la situación requiere responsabilidad institucional de todos los niveles del Estado y una coordinación efectiva entre Nación, Provincia y Municipios para sostener el acceso a la salud de millones de bonaerenses”, señaló la comitiva de la UCR.

Estos intendentes no se alinearon de manera irrestricta con Kicillof. Por el contrario consideraron “imprescindible incorporar a la agenda de discusión la situación y el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una herramienta central del sistema sanitario provincial y de la cobertura de cientos de miles de trabajadores y jubilados bonaerenses. El sistema de salud bonaerense necesita diálogo, coordinación y capacidad de gestión. Los municipios seguiremos acompañando cada instancia de trabajo que permita construir soluciones concretas”.

La convocatoria de Kicillof fue para analizar el sistema de salud, que “está en una situación crítica tras la desregulación de costos de tratamientos y la caída de ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave”. En la reunión tuvo protagonismo Nicolás Kreplak, ministro de Salud y uno de los cuatro ministros de Kicillof alineados con La Cámpora.

Kicillof busca mostrarse como líder de todo el arco político antes que como candidato de un sector. Pero los intendentes de la oposición mostraron un aval condicionado. Lejos de un apoyo irrestricto al Gobernador como “escudo” en la provincia, también lanzaron críticas a su gestión.

El presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, no asistió. En cambio asistieron los intendentes Miguel Lunghi (Tandil); Francos Flexas (General Viamonte); Martín Randazzo (General Lamadrid); Myriam Mongay (Lezama); Lisandro Hurcade (Magdalena); José Luis Salomón (Saladillo) y Román Bouvier (Rojas), en representación del foro que agrupa a 28 alcaldes de la UCR.

Los dos alcaldes de La Libertad Avanza, Rodrigo Aybar (Tres de Febrero) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento) no asistieron, dado que se entendió como una cita para criticar a Milei y responsabilizarlo por la crisis.

La mayoría de los presentes fueron los 45 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Y alcaldes peronistas de otros espacios como el Frente Renovador: Javier Gastón (Chascomús); Estefanía Bordoni (Tornquist) ; Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles); Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz).

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Estuvieron también presentes alcaldes alineados al peronismo federal, como Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza). Por este mismo grupo se lo vio a Federico Otermin (Lomas de Zamora), uno de los vicepresidentes del PJ bonaerense. No todos llegaron convencidos a La Plata: “Vengo porque necesito una ambulancia. No venía si no”, confesó un alcalde peronista ante .

La interna en los sectores peronistas no tiene descanso: los carteles con la consigna Axel o Milei con la que el Movimiento Derecho al Futuro busca posicionar al mandatario bonaerense aparecieron escrachados, a menos de 24 horas de haber sido colocados, en las inmediaciones de San José 1111, el lugar de detención de Cristina Kirchner. Pintada en rosa apareció la consigna “Cristina Libre”.

Kicillof no se refirió en ningún momento a su candidatura. Tampoco a la interna. Entre los principales puntos en agenda se abordaron las consecuencias derivadas de la interrupción de programas sanitarios, creciente demanda en hospitales públicos vinculado al aumento en las prepagas de salud, dificultades en acceso a provisión de medicamentos y vacunas.

“El problema de las vacunas es impresionante”, dijo Kreplak. “Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó a comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis”, cuantificó el ministro de Salud bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional atrasos por más de 24,6 billones de pesos: equivalen, según el gobierno de Kicillof, a dos presupuestos anuales para el área de salud.

“Estamos frente a una crisis sanitaria muy grave”, manifestó Kicillof. “La lista de abandonos, recortes y ausencia es inmensa. En materia de vacunas, de equipamiento, de tecnología médica”, enumeró el gobernador.

Tras la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia que dijo que es inconstitucional descontar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejará de presentar apelaciones en los juicios por ese cobro.

Con esta decisión, no solo los jubilados podrán acortar sus procesos, sino que se reducirá la cantidad de causas por este motivo que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia.

Las causas por reajuste de jubilaciones son las que ocupan el 60% de los expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida, si bien se refiere a los casos iniciados por ARCA, tiende a bajar los casos que involucran a jubilados.

ARCA decidió dejar de apelar los fallos que impedían que se aplique el impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios, ante la reiterada jurisprudencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde 2019, declaró la inconstitucionalidad de esos descuentos para los contribuyentes de la clase pasiva.

A través de la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, ARCA reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso cambiar la “estrategia procesal a seguir”: dejar de apelar en este tipo de causas ante el máximo tribunal o desistir de los recursos que ya se han presentado y aún no fueron resueltos.

“Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, se afirmó. Esto implica además que caerán los casos que estén en la Corte por este motivo.

La decisión tiene su fundamento en el fallo que dictó el 26 de marzo de 2019 la Corte Suprema de Justicia en la causa conocida como “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la norma que gravaba con el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios de la contribuyente. El caso se hizo conocido en el mundo jurídico como “el fallo García”.

En aquel momento, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que era inconstitucional cobrar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones.

El fallo sostuvo que el principio de igualdad que surge de los artículos 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, impide clasificaciones y categorizaciones discriminatorias entre contribuyentes.

Indicaron que si bien el Poder Legislativo tiene una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos y sujetos imponibles, el establecimiento de categorías para la percepción de los impuestos debe ser compatible con el principio de igualdad.

Al momento de presentar la demanda, en 2015, la jubilada tenía 79 años, graves problemas de salud y los descuentos en su haber jubilatorio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

Según estableció la Corte, “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad, lo cual implica que se requiera de mayores gastos para hacer frente a tal situación, siendo que, en el caso, la contribuyente tenía 79 años al momento de interponer la demanda y padecía problemas de salud que se tuvieron por acreditados”.

En ese contexto, en aquel fallo, la Corte puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue ese factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial y ordenó reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas.

Y, por último, dispuso que hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional.

El máximo tribunal resolvió de manera colectiva, aplicando la doctrina en distintos fallos, entre los cuales destacó que las modificaciones introducidas en la ley no alteraban el criterio jurisprudencial.

La Corte dijo que las modificaciones estuvieron fundadas en criterios patrimoniales que no revelaban un trato diferenciado para la tutela de personas jubiladas y en condiciones de vulnerabilidad.

Según la instrucción de ARCA, “los representantes fiscales no deberán interponer recursos extraordinarios contra los decisorios respectivos ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados” y “en aquellos juicios en los cuales se haya interpuesto el remedio federal y el mismo aún no hubiera sido sustanciado, los representantes fiscales deberán proceder a su desistimiento”.

En ese marco, se destacó que “cuando el temperamento adoptado por la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda implique el rechazo sistemático de los recursos de apelación articulados por el organismo contra las sentencias dictadas en primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir las mismas respecto de la cuestión de fondo y, en su caso, proseguir la vía recursiva con relación a la imposición de honorarios profesionales y costas en contra del organismo. Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

Se aclaró que esta estrategia no aplicará “en aquellos supuestos en los que la actora carezca de legitimación activa (como asociaciones o colegios) ni en “aquéllos juicios en los que la representación fiscal considere que, por alguna circunstancia fáctica, existen posibilidades de revertir el criterio de la instancia judicial”.