Philadelphia’s Chris Rabb, a far-left state lawmaker backed by the «Squad,» won the crowded and at-times-heated Democratic primary contest for Pennsylvania’s 3rd Congressional District.

The district — rated the most Democratic in the nation — includes much of Center City, all of North Philadelphia and West Philadelphia, and is one of the few Black-majority districts in the country, with Tuesday night’s results essentially foreshadowing November’s likely outcome.

Rabb, whose district includes Mount Airy and West Oak Lane, celebrated endorsements from progressive figures, including members of the «Squad.»

SOROS-BACKED PHILADELPHIA DA SURVIVES PRIMARY CHALLENGE, BUT POTENTIAL GOP WRINKLE AHEAD

State Sen. Sharif Street is the son of former popular yet controversial Mayor John Street, and is endorsed by several officials including his father’s predecessor Ed Rendell.

He is a former chairman of the Pennsylvania Democratic Party and appeared to characterize himself as the true Philadelphian in the race.

«People who are from, live and can vote in Philadelphia have supported me,» Street told the Penn Capital-Star. «People who are from outside the city, they’re cozying up to my opponents.»

Besides Rendell, Street had the endorsement of the state party, Mayor Cherelle Parker and other noted Philadelphians.

Street, who is Muslim, made news when he spoke out against a virulent anti-Israel protest in the city earlier this year, telling Fox News Digital at the time he «forcefully condemn[s] the antisemitic rally that took place today in Rittenhouse Square.»

Rep. Gregorio Casar, D-Texas, was one of several lawmakers to endorse Rabb, saying in a joint statement with Reps. Pramila Jayapal, D-Wash., and Maxwell Frost, D-Fla., that Rabb is a «social justice activist [and] an educator who helped unionize 1,500 adjunct professors and a legislator who has taken on Republicans and the billionaire class to create a democracy that works for everyone rather than just the wealthy few.»

PHILLY’S FIREFIGHTERS UNION BACKS BOB CASEY’S RIVAL IN SENATE RACE

Pennsylvania State Rep. Chris Rabb, D-West Oak Lane, is shown. (Joe Lamberti/Getty Images)

Rabb, 56, said in a statement that he also welcomed the endorsement of the left-wing Working Families Party and the Justice Democrats — a group that has supported «Squad» members and other federal candidates of similar ideology.

«Our coalition is people-powered, and our allies are united in our fight to demand a prosperous future for the multiracial working class families and communities who are the heart of Philly and represent our city’s incredible strength and potential,» he said.

Rabb’s political history includes working with the first elected Black Democrat in the Senate, Sen. Carol Moseley-Braun of Illinois, in the 1990s. Two Black Republicans had been elected previously in the 1880s from Mississippi.

Rabb was endorsed by Philadelphia City Council Minority Leader Kendra Brooks and Minority Whip Nicolas O’Rourke, both of the WFP. Republicans have just one member on council — longtime Northeast Philadelphia representative Brian O’Neill, whose presence is considered the «third party.»

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Pa. State Sen. Sharif Street speaks during a rally at the Capitol Building against life without parole on Oct. 25, 2017.

Dr. Ala Stanford was recently a Biden administration HHS appointee — as she led the agency’s «Region III» covering Delaware, Maryland, District of Columbia, West Virginia, Virginia and Pennsylvania.

The pediatric surgeon made news during her tenure for setting up a major 24-hour COVID-19 vaccine site at Temple University’s Liacouras Center at 15th Street and Montgomery Avenue and reportedly making house calls to offer testing.

With no clear Republican challenger, Tuesday night’s winner is expected to sail to victory in November in what is considered the nation’s most Democratic Congressional District.

Ledy Ordonez estaba en el trabajo en una tienda mayorista de pescados y mariscos de San Antonio en julio pasado cuando unos agentes de migración entraron en las instalaciones y se la llevaron a ella, y a cerca de una decena de personas, bajo custodia. Ordonez, quien es madre soltera, sigue detenida y fue separada de su único hijo, Alonzo, un niño de 2 años nacido en Estados Unidos que ahora está al cuidado de una amiga.

“Ya puede andar y hablar”, dijo Ordonez desde un centro de detención de Texas. “Me he perdido de mucho”.

Un nuevo análisis sugiere que más de 100.000 niños han sido separados de sus padres durante las medidas represivas contra la inmigración ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. Y aproximadamente tres cuartas partes de esos niños, como Alonzo, son probablemente ciudadanos estadounidenses, según estimaciones que la Institución Brookings compartió con The New York Times.

La estimación de Brookings sobre el número de niños que son ciudadanos estadounidenses es más del doble de lo que cabría esperar en el mismo periodo de tiempo según los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Los investigadores, cuyo informe se basa en un análisis estadístico de la población detenida, sostienen que las estadísticas oficiales son un recuento insuficiente debido a la forma en que el gobierno recoge esa información.

Los hallazgos apuntan a una escala de separaciones familiares que eclipsa con creces la de la política de “tolerancia cero” del primer gobierno de Trump en 2018, cuando unos 5500 niños fueron separados de sus padres inmediatamente después de cruzar la frontera sur.

El DHS no respondió directamente a las preguntas sobre el número de padres que habían sido detenidos o el análisis que sugería que las estadísticas oficiales no reflejaban el número total de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres habían sido arrestados.

El DHS dijo en un comunicado que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos, o dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos con una persona designada.

“Se mire como se mire, hay decenas de miles de niños que han sufrido la detención de sus padres desde que este presidente entró en funciones”, dijo Tara Watson, investigadora principal de Brookings. “La mayoría son ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Los investigadores calculan que unos 205.000 niños han pasado por la detención de uno de sus progenitores –que suele ser un paso previo a la deportación–, de los cuales unos 145.000 son ciudadanos. Utilizaron datos de la Oficina del Censo y de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para determinar el número probable de hijos de los detenidos en función de su situación migratoria, sexo, edad, nacionalidad y si estaban casados.

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En Estados Unidos viven más de 13 millones de migrantes que son vulnerables a la deportación, ya sea porque son indocumentados o porque tienen un estatus temporal. Unos cinco millones de niños menores de 18 años viven con al menos un padre migrante no autorizado, según estimaciones de varios centros de investigación, y más de cuatro millones de ellos son ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de Trump ha detenido a unos 400.000 inmigrantes durante operaciones de control en el interior del país. No hay información fiable sobre cuántos hijos tienen los detenidos o qué pasó con esos niños cuando sus padres fueron puestos bajo custodia.

Watson, economista, y su coautora, Maria Cancian, profesora de política pública en la Universidad de Georgetown, dijeron que trataron de responder a estas preguntas.

Las estimaciones parten del supuesto de que la aplicación de las leyes migratorias es esencialmente aleatoria, es decir, que los migrantes que son padres tienen las mismas probabilidades de ser detenidos que los migrantes sin hijos. Pero los investigadores también crearon una herramienta interactiva que calcula el número probable de niños afectados por la detención de los padres en diferentes escenarios y supuestos de aplicación de la ley. Su estimación más conservadora del número de niños nacidos en Estados Unidos con un padre detenido es de unos 117.400. Su estimación más alta es de aproximadamente 175.000.

Los investigadores dijeron que consideraban que 145.000 era su estimación más precisa, y predijeron que aumentará porque el Congreso asignó 45.000 millones de dólares en el llamado proyecto de ley grande y hermoso para ampliar la capacidad de detención.

Su estimación contrasta con las cifras publicadas por el DHS, según las cuales los padres de unos 60.000 niños nacidos en Estados Unidos fueron detenidos en el mismo periodo. En su informe, los investigadores teorizan que la discrepancia se debe a que el DHS no pregunta sistemáticamente por los niños, o a que los detenidos temen revelar que tienen hijos, preocupados por ponerlos en peligro a ellos o a sus cuidadores.

Basándose en entrevistas con organismos de protección de la infancia, los investigadores calculan que solo una pequeña parte de los niños acaban en familias de acogida u otras situaciones similares.

“La mayoría de los niños se quedan con amigos y familiares que no tienen la obligación legal de cuidar de ellos”, dijo Cancian, que estudia el bienestar infantil y la migración.

Muchas escuelas y organizaciones de ayuda legal han ayudado a los migrantes a designar un cuidador para sus hijos en caso de que se separen.

Sin embargo, los niños suelen quedar al cuidado de hermanos mayores o de familias de clase trabajadora que ya tienen que enfrentar dificultades económicas y una precaria situación migratoria, por lo que, en última instancia, estos acuerdos resultan insostenibles, afirman los expertos.

Si el gobierno separa a los niños de buenos padres que resultan ser indocumentados, tiene “la obligación de salvaguardar su bienestar”, dijo Cancian.

Public Counsel, una organización de ayuda legal sin fines de lucro de Los Ángeles, ha instruido a más de 4000 migrantes sobre los planes de custodia desde el año pasado, asegurándose de que alguien está facultado para tomar decisiones médicas y relacionadas con la escuela.

Sin embargo, la organización recibe regularmente llamadas de escuelas, iglesias y otros que buscan ayuda para los niños cuyos padres acaban de ser detenidos.

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“Estamos viendo a niños en situaciones delicadas, abandonados con vecinos que no tienen la documentación adecuada que necesitan; hermanos mayores que tienen hijos propios, y casos en los que un padre no puede encargarse de niños pequeños”, dijo Sharon Cartagena, abogada de derecho de familia de Public Counsel.

Casey Revkin, directora ejecutiva de Each Step Home, que comenzó ayudando a familias migrantes durante las separaciones fronterizas de 2018, ahora se centra casi exclusivamente en ayudar a padres detenidos que han vivido en Estados Unidos durante muchos años y fueron separados de sus hijos.

“Casi todos los días nos contacta una mamá detenida que fue arrestada y separada de sus hijos”, dijo Revkin, cuyo grupo recauda fondos para ayudar a los padres detenidos a pagar las llamadas telefónicas a sus hijos. “Esta vez la crueldad suele infligirse a niños que son ciudadanos estadounidenses”.

La madre de Samantha Lopez, ciudadana estadounidense de 3 años, fue entregada al ICE el mes pasado por un ayudante del sheriff tras un control de tráfico cuando ella se dirigía a su trabajo en un restaurante, según su marido.

El padre de Samantha Lopez, quien pidió que no se revelara su nombre completo por temor a que pudiera ser blanco del ICE, dijo que su esposa les había dicho a los agentes que tenía una hija pequeña, sin que eso cambiara nada.

“Siento un gran vacío y mucha angustia”, dijo. “Cuando nuestra hija habla con su madre, escucha atentamente y luego se pone a llorar”.

“Le están haciendo daño a mi hija estadounidense”, dijo.

Lopez, obrero de la construcción, dijo que necesitaba trabajar tantas horas extraordinarias como fuera posible para costearse un abogado que lograra la liberación de su esposa, pero también debe cuidar a su hija después de la guardería.

Irónicamente, tener un hijo nacido en Estados Unidos puede separar a las familias.

Ordonez, quien lleva más de 10 meses separada de su hijo nacido en Estados Unidos, dijo que hace tiempo les suplicó a los agentes que permitieran a la pareja permanecer en un centro de detención familiar mientras ella luchaba por su caso. Pero los ciudadanos estadounidenses no pueden ser retenidos en centros de detención de migrantes.

“Nunca quise que me separaran de mi único hijo”, dijo.

Los agentes le han advertido a Ordonez que su deportación es inminente, dijo. Para acompañar a su madre, Alonzo necesita un pasaporte. Ordonez ha tenido dificultades para conseguirlo, añadió. Los agentes le advirtieron recientemente que la deportarían sin el niño si no obtenía el documento, y lo dejarían con sus actuales cuidadores.

“No son familia ni nada, solo lo cuidan como un favor”, dijo llorando. “Si me deportan, quiero llevarme a mi hijo”.

*Por Miriam Jordan, periodista que reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base, y Jeff Adelson, un reportero del equipo de periodismo de datos del Times que se especializa en el uso de datos demográficos para explorar las tendencias sociales, las dinámicas de la población y los efectos de las políticas públicas.

“¿Quiere que le incluya el 5%, 10%, 20% o 30% de propina?”. La pregunta de los meseros es habitual en los restaurantes de Panamá al entregarle la factura a los comensales, por lo que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la gratificación por el servicio recibido es completamente voluntaria.

Por ello, ningún establecimiento puede exigirla, y menos incluirla de antemano en la factura.

La disposición, según la entidad gubernamental, está contemplada en la Ley 45 de 2007, específicamente en su artículo 56 sobre la información de precios, el cual fue modificado por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016.

Ante esta norma, se reitera que sin un restaurante incluye la propina dentro del total de la cuenta, el cliente tiene el derecho de decidir si la paga o no.

En cuanto al porcentaje sugerido, el jefe del Departamento de Investigación de la Acodeco, Jaime Guzmán, señaló que en algunos comercios oscila entre el 10% y el 30%.

Aclaró que no existe una regulación al respecto, aunque manifestó que la práctica más común es sugerir un 10%.

“El agente económico puede sugerir la propina, pero su pago no es obligatorio”, enfatizó.

Guzmán manifestó que el monto de la propina queda a criterio del consumidor, quien puede determinarlo según la calidad del servicio, la atención recibida y su nivel de satisfacción.

Muchas de las denuncias que se presentan ante la entidad de protección al consumidor surgen cuando en la factura no se detalla claramente el consumo y la propina sugerida, lo que puede generar confusión en el cliente.

La Acodeco también informó que entre 2019 y marzo de este año ha impuesto un total de 393 sanciones, que suman $98,435.00, por incumplimientos a la ley que regula el uso de bolsas reutilizables.

En Panamá es común que los comercios vendan las bolsas reutilizables, que vienen en diferentes materiales con la publicidad del establecimiento incluida.

Al detallar el principal motivo de estas sanciones, se indicó que corresponde al incumplimiento del requisito de contar con el certificado de conformidad, con 317 casos que representan multas por $74,500.00.

Este documento es indispensable para la comercialización de bolsas reutilizables y debe ser obtenido por los agentes económicos ante la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, entidad encargada de los procesos de normalización técnica, evaluación de la conformidad y certificación de calidad.

La entidad también registró 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas reutilizables, por un monto de $13,885.00, mientras que se impusieron 22 multas por cobrar precios superiores al costo declarado ($8,850.00) y siete sanciones por no mantener los precios a la vista ($1,200.00).

De acuerdo con la normativa vigente, la Acodeco es la entidad responsable de fiscalizar que las bolsas reutilizables se vendan al precio de costo declarado por los agentes económicos, así como de aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley 45 de 2007.

Esta legislación fue creada con el objetivo de reducir el uso de bolsas plásticas de polietileno y fomentar el uso de alternativas biodegradables, para tratar de disminuir la contaminación ambiental y el impacto negativo en la fauna.

La medida entró en vigencia el 20 de julio de 2019 para supermercados, farmacias y comercios minoristas, y desde el 20 de enero de 2020 para mayoristas.

La normativa establece que estas bolsas deben venderse al precio de costo o por debajo del mismo, o de lo contrario los establecimientos se exponen a sanciones, indicó en una nota de prensa la entidad de protección al consumidor.